PÚBLICO Índice AI: AMR 51/167/2006

2 de noviembre de 2006

AU 291/06 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Texas) Willie Marcel Shannon, negro, de 33 años de edad

Está previsto que Willie Shannon sea ejecutado en Texas el 8 de noviembre de 2006. Fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato de Benjamin Garza, cometido durante el secuestro de un automóvil en Houston en julio de 1992.

Willie Shannon tenía 19 años en el momento del delito. Mantiene que no tenía intención de matar a Benjamin Garza, pero que el arma se disparó cuando forcejeaba con él. En la fase de determinación de la pena del juicio, la acusación presentó testimonios de que Willie Shannon había violado a una mujer el mismo día del secuestro del auto. Con ello, la fiscalía intentaba demostrar que, si se le permitía vivir, Shannon constituiría un peligro futuro para la sociedad, requisito necesario para imponer la pena de muerte en Texas. Los intentos realizados en los últimos años para que se realizaran análisis de ADN a las pruebas forenses obtenidas en la presunta agresión sexual fueron infructuosos, ya que las autoridades dijeron que el laboratorio criminal del Departamento de Policía de Houston había destruido esas pruebas en 1997.

Cuando la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas denegó las apelaciones de Willie Shannon contra su declaración de culpabilidad y su condena de muerte, el caso pasó a los tribunales federales. Tras presentarse una apelación en marzo de 2002, el estado de Texas pidió que el tribunal federal de primera instancia la rechazara porque se había presentado demasiado tarde según los plazos de presentación de apelaciones federales establecidos por la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz de 1996. Esta ley imponía nuevas restricciones a los presos que alegaran violaciones constitucionales en peticiones de hábeas corpus, e imponía plazos límite a la presentación de alegaciones constitucionales, lo que restringía la capacidad de los tribunales federales de revisar las decisiones de los tribunales estatales, ponía límites a los tribunales federales para que permitieran y celebraran vistas probatorias y prohibía las apelaciones “sucesivas” salvo en circunstancias muy limitadas.

En julio de 2005, el tribunal federal de primera instancia concedió la moción del estado de que se desestimara la petición de Willie Shannon. En abril de 2006, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, corte federal, confirmó la resolución del tribunal federal de primera instancia, manifestando que “la igualdad de remedios no está pensada para quienes se toman sus derechos con tanta calma”.

Los abogados encargados de la apelación de Willie Shannon han alegado que la asistencia letrada con la que éste contó durante su juicio en 1993 no tuvo la calidad necesaria. Según afirman, el abogado no llevó a cabo una investigación adecuada sobre las posibles circunstancias atenuantes para presentarlas en la fase de determinación de la pena del juicio, y no presentó en esa fase ni un solo testigo. Las apelaciones indican que, con ello, el jurado no supo de las discapacidades de aprendizaje de Willie Shannon y de su desestructurada vida familiar. El rechazar las apelaciones por considerar que, en virtud de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz, se habían presentado fuera de plazo significa que los tribunales federales no han considerado la cuestión de si la actuación de la defensa durante el juicio fue inferior a lo establecido por las normas constitucionales.

Los abogados de Willie Shannon han pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos una suspensión de la ejecución alegando que existe otro caso pendiente ante esta Corte que podría afectar al de su cliente. El 31 de octubre de 2006, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales de la causa Lawrence vs. Florida, y ahora estudiará si la apelación del condenado a muerte de Florida Gary Lawrence ante los tribunales federales se presentó dentro de plazo en virtud de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz. Entre las cortes de apelación de los distintos circuitos federales existen discrepancias respecto a los plazos de presentación de apelaciones en virtud de esta ley.

La petición de suspensión de la ejecución presentada por Willie Shannon, en la que se señala que la Corte Suprema de Estados Unidos probablemente decidirá sobre el caso de Gary Lawrence para junio de 2007 a más tardar, manifiesta: “El suspender la ejecución del señor Shannon, fijada para el 8 de noviembre de 2006, sólo causará una demora mínima en caso de que esta Corte resuelva en contra de todas las cuestiones contra Lawrence. El no suspender la ejecución del señor Shannon dará lugar de forma evidente a un daño irreparable si las alegaciones de Lawrence prevalecen [...] ya que una resolución en favor de Lawrence [...] modificará la situación del caso del señor Shannon y permitirá que los tribunales federales examinen la negligencia de su abogado defensor al no presentar ni un solo testigo en la fase judicial de determinación de la pena”.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Al firmar, el 24 de abril de 1996, la entrada en vigor de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz, el presidente Bill Clinton manifestó que “a partir de ahora, los delincuentes condenados a muerte por sus atroces crímenes ya no podrán utilizar apelaciones sin fin para retrasar la ejecución de su sentencia”. En 1998, tras su visita a Estados Unidos, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias escribió que: “La promulgación de la Ley contra el terrorismo y por una pena de muerte eficaz, de 1996, [...] [ha] hecho peligrar todavía más la aplicación del derecho a un juicio con las debidas garantías previsto en el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y otros instrumentos internacionales”. En 1997, un destacado abogado estadounidense escribió: “Las disposiciones de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz de 1996 que restringen la facultad de los tribunales federales de corregir los errores constitucionales en casos penales equivale a decidir que los resultados son más importantes que el proceso, que la irrevocabilidad es más importante que la justicia, y que llevar a cabo una ejecución es más importante que determinar si las declaraciones de culpabilidad y las condenas se obtuvieron de forma justa y fiable”.

Texas está a la cabeza de los estados que aplican la pena de muerte en Estados Unidos, y tiene en su haber 378 de las 1.054 ejecuciones llevadas a cabo en el país desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977 (el 36 por ciento). Texas ha violado sistemáticamente las normas y salvaguardias internacionales sobre la pena de muerte, al no garantizar, entre otras cosas, ni durante el juicio ni durante las apelaciones estatales, una asistencia letrada adecuada para los acusados de delitos punibles con la muerte que carecen de medios económicos (véase, por ejemplo, Texas: In a world of its own as 300^th execution looms, Índice AI: AMR 51/010/2003, del 23 de enero de 2003, http://web.amnesty.org/library/index/engamr510102003).

La Corte Suprema de Estados Unidos accedió recientemente a examinar tres casos de pena de muerte de Texas, en una decisión que algunos observadores han interpretado como una señal de que esta Corte se siente frustrada por la manera en que la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito manejan las apelaciones de los condenados.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:

- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Benjamin Garza, y explicando que no pretenden disculpar este violento crimen ni menospreciar el sufrimiento que ha causado;

- oponiéndose a la ejecución de Willie Shannon;

- manifestando preocupación por lo inadecuado de la asistencia letrada con que contó Willie Shannon durante el juicio, y por el hecho de que el jurado no escuchó ningún testimonio atenuante que contrarrestara la petición de pena de muerte, ni siquiera testimonios relativos a las discapacidades de aprendizaje del joven acusado y a su desestructurada vida familiar;

- expresando preocupación por el hecho de que los tribunales federales no han podido o no han querido examinar esta cuestión, a causa de los límites que les impone la ley federal;

- señalando que la facultad del ejecutivo para otorgar clemencia no se ve sujeta a los límites impuestos a los tribunales;

- pidiendo al gobernador que intervenga para detener esta ejecución en caso de que los tribunales no lo hagan.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador de Texas

Governor Rick Perry

Office of the Governor
P.O. Box 12428
Austin, Texas 78711-2428

EE. UU.
Fax: +1 512 463-1849

Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.