Público

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Vergüenza en el siglo XXI

Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000

Diciembre de 1999 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 51/189/99/s

DISTR: SC/PG/CC/CO/DP/GR (49/99)

No creo que deba enorgullecernos el hecho de que Estados Unidos sea el líder mundial en la ejecución de menores

Senador estadounidense Russ Feingold, 11 de noviembre de 1999

Estados Unidos lleva camino de iniciar el siglo XXI con una triple violación de derechos humanos, una violación de un tipo que prácticamente todos los demás países del mundo han abandonado. Está previsto que tres presos de entre 20 y 30 años, Douglas Christopher Thomas, Steve Edward Roach y Glen Charles McGinnis, sean ejecutados en enero del 2000 por unos crímenes que cometieron cuando eran menores de edad. Todos ellos tenían 17 años cuando cometieron los delitos por los que van a ser ejecutados, por lo que su ejecución se convierte en una violación flagrante del derecho internacional, ya que éste prohíbe la utilización de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometer su delito.

Estados Unidos se ha ganado la vergonzosa distinción de encabezar un grupo de Estados, diminuto y cada vez más reducido, que cometen esta violación específica de derechos humanos. Desde 1990, sólo se ha sabido de cinco países, aparte de Estados Unidos, que hayan ejecutado a menores. Uno de ellos, Yemen, ya ha declarado ilegal esa práctica, al igual que China, país con la cifra anual de ejecuciones judiciales más elevada del mundo. Estados Unidos, por el contrario, ha ejecutado a diez menores durante la última década, más que los otros cinco países juntos, y los cuatro menores de cuya ejecución se ha tenido noticia en el mundo desde octubre de 1997 murieron en Estados Unidos. Estas estadísticas, por sí solas, echan por tierra las afirmaciones de Estados Unidos en las que este país se presenta como paladín del respeto por los derechos humanos y las normas internacionales.

Chris Thomas, Steve Roach y Glen McGinnis fueron declarados culpables de crímenes espantosos, con trágicas consecuencias para los seres queridos de las víctimas. Sin embargo, el consenso global contra la ejecución de estos jóvenes no es un intento de justificar sus delitos ni de menospreciar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. Ese consenso surge del deseo de conseguir un mundo en el que se reconozcan la inmadurez de los menores (que resulta evidente en los delitos por los que estos tres jóvenes van a morir) y su capacidad de rehabilitarse, en el que se respeten las leyes internacionales de derechos humanos, y en el que todos y cada uno de los Estados intenten terminar con la cultura de la violencia, en lugar de arraigarla cada vez más profundamente.

La ejecución de menores rechaza asimismo toda noción de que la sociedad adulta debe asumir una responsabilidad, por mínima que sea, respecto a los delitos cometidos por niños. El perfil típico del adolescente condenado no es el de un joven procedente de un entorno estable y que lo apoya, sino el de un adolescente con problemas mentales o emocionales criado en un ambiente de abusos, privación y pobreza. Basta con echar un vistazo al entorno en el que han crecido los menores ejecutados en Estados Unidos desde 1990 (enumerados en el apéndice) para darse cuenta de que la sociedad, mucho antes de decidir matar a estos jóvenes, ya les había fallado.

Todas las ejecuciones transmiten el mensaje de que matar es una respuesta adecuada para aquellos que matan; ese mensaje sólo sirve para minar los esfuerzos por enseñar a los jóvenes, o a los adultos, el valor de la vida. La ejecución de menores transmite el mensaje adicional de que el que los países burlen el derecho internacional resulta aceptable, por mucho que su actitud dañe el sistema de protección internacional de los derechos humanos en su conjunto. Ha llegado el momento de que otros gobiernos, que comparten la responsabilidad de la protección mundial de los derechos humanos, hablen claramente para poner fin a ese doble rasero. Ya es hora de que todos los ciudadanos a los que les importan los derechos humanos pidan a Estados Unidos que, al entrar en el siglo XXI, termine con esta injusticia y acate las disposiciones del derecho internacional.

PALABRAS CLAVE:PENA DE MUERTE1 / MENORES1 / CONDENA A MUERTE / SALUD MENTAL / JUICIOS / INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL / DISCRIMINACIÓN RACIAL / FOTOGRAFÍAS

Esto es un resumen del documento titulado Estados Unidos de América: Vergüenza en el siglo XXI. Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000(Índice AI: AMR 51/189/99/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1999. Quien desee más información o emprender alguna acción al respecto deberá consultar el documento completo. También pueden encontrar una amplia variedad de nuestros materiales sobre este y otros temas en la dirección http://www.amnesty.org (los materiales en español están en la dirección http://www. edai.org), y pueden recibir por correo electrónico los comunicados de prensa de Amnistía Internacional en la dirección:

http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Vergüenza en el siglo XXI

Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000

Una cuestión de liderazgo

No creo que deba enorgullecernos el hecho de que Estados Unidos sea el líder mundial en la ejecución de menores

Senador estadounidense Russ Feingold, 11 de noviembre de 1999(1)

Estados Unidos lleva camino de iniciar el siglo XXI con una triple violación de derechos humanos, una violación de un tipo que prácticamente todos los demás países del mundo han abandonado. Está previsto que tres presos de entre 20 y 30 años, Douglas Christopher Thomas, Steve Edward Roach y Glen Charles McGinnis, sean ejecutados en enero del 2000 por unos crímenes que cometieron cuando eran menores de edad. Todos ellos tenían 17 años cuando cometieron los delitos por los que van a ser ejecutados, por lo que su ejecución se convierte en una violación flagrante del derecho internacional.(2)

No resulta difícil demostrar el consenso global contra la ejecución de menores, es decir, de personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer el delito. Un total de 191 países —todos los del mundo salvo Estados Unidos y el Estado colapsado de Somalia— han ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, adoptada hace diez años y que prohíbe la aplicación de la pena de muerte a menores. Por su parte, el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que entró en vigor en 1976 y fue ratificado por Estados Unidos en 1992, incluye la misma prohibición, que no puede ser suspendida.(3) Durante los últimos años apenas se han tenido noticias de países que hayan incumplido esta obligación, por lo que la prohibición de ejecutar a menores se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los países independientemente de los instrumentos internacionales que éstos hayan o no ratificado.

Estados Unidos se ha ganado la vergonzosa distinción de encabezar un grupo de Estados, diminuto y cada vez más reducido, que cometen esta violación específica de derechos humanos.(4) Desde 1990, sólo se ha sabido de cinco países, aparte de Estados Unidos, que hayan ejecutado a menores. Uno de ellos, Yemen, ya ha declarado ilegal esa práctica, al igual que China, país con la cifra anual de ejecuciones judiciales más elevada del mundo. Estados Unidos, por el contrario, ha ejecutado a diez menores durante la última década, más que los otros cinco países juntos,(5) y los cuatro menores de cuya ejecución se ha tenido noticia en el mundo desde octubre de 1997 murieron en Estados Unidos.(6) Estas estadísticas, por sí solas, echan por tierra las afirmaciones de Estados Unidos en las que este país se presenta como paladín del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional.

El doble rasero con el que actúa el gobierno estadounidense es digno de ser destacado. Unos de los tratados más conocidos del mundo son los Convenios de Ginebra, que Estados Unidos ratificó en 1955 y los cuales ha citado y ha utilizado como justificación de sus actos en innumerables ocasiones. El artículo 68.4 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe explícitamente que una potencia que ocupe un territorio extranjero aplique la pena de muerte a un ciudadano de ese territorio extranjero «cuya edad sea de menos de dieciocho años cuando cometa la infracción». Estados Unidos aceptó esta prohibición sin reservas, por lo que, durante los últimos 45 años, ha accedido a no ejecutar a menores en otros Estados, ni siquiera en tiempo de guerra. Sin embargo, se niega a ofrecer esa misma protección a los menores de dentro de sus fronteras.(7)

El gobierno de la potencia económica más poderosa del mundo sigue sin mostrarse dispuesto a dejar de utilizar sus recursos o su imaginación para que ciertos menores sean tachados de individuos más allá de toda redención y conducidos a la cámara de ejecuciones.(8) Esto quedó demostrado una vez más en octubre de 1999, cuando el fiscal general adjunto de Estados Unidos presentó ante la Corte Suprema del país un informe en el que exponía la opinión del gobierno federal de que Estados Unidos no está obligado por ningún tratado ni ley internacional a eximir a los menores de la pena de muerte. En su informe, el fiscal general adjunto mantenía que el rechazo expreso de la prohibición de ejecutar a menores manifestado por Estados Unidos cuando ratificó el PIDCP es válido. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de expertos que supervisa el cumplimiento del Pacto por parte de los Estados, no está de acuerdo con esta opinión, al igual que tampoco lo están muchos otros observadores internacionales.(9)

La postura del gobierno estadounidense va más allá de la mera cuestión de la moralidad, o incluso de la legalidad, de matar a menores que han matado a otras personas. ¿Acaso puede esta actitud interpretarse de otra forma que no sea la de un ataque deliberado contra el propio esfuerzo de crear un sistema internacional viable para la protección de los derechos humanos fundamentales? Cuando cualquier nación, no digamos una tan poderosa como Estados Unidos, insiste en su derecho de adoptar un enfoque selectivo de las normas internacionales, la integridad de esas normas se erosiona. ¿Qué impide que cualquier otro Estado reclame su prerrogativa de cumplir sólo las partes de las leyes internacionales de derechos humanos que le parecen cómodas de aplicar? ¿Cómo puede establecerse y mantenerse un sistema de leyes internacional y legítimo cuando la política de cada nación lo va minando?

El informe presentado en octubre por el fiscal general adjunto concluía instando a la Corte Suprema a no llevar a cabo su propio examen de las obligaciones internacionales de Estados Unidos respecto al uso de la pena de muerte contra menores. El 1 de noviembre de 1999 este deseo del gobierno se cumplió, y se confirmó la falta conjunta de liderazgo entre los niveles más altos de los círculos oficiales estadounidenses, cuando la Corte anunció que no iba a estudiar el asunto.(10) Tres días después, un jurado de Texas condenó a muerte a un joven de 17 años, que se sumó así a los otros setenta menores condenados a muerte en 16 estados por delitos que cometieron cuando tenían 16 o 17 años de edad.(11)

Estos setenta condenados, entre los que se encuentran Chris Thomas, Steve Roach y Glen McGinnis, fueron declarados culpables de crímenes espantosos, con trágicas consecuencias para los seres queridos de las víctimas. Sin embargo, el consenso global contra la ejecución de estos jóvenes no es un intento de justificar sus delitos ni de menospreciar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. Ese consenso surge del deseo de conseguir un mundo en el que se reconozcan la inmadurez de los menores y su capacidad de rehabilitarse, en el que se respeten las leyes internacionales de derechos humanos, y en el que todos y cada uno de los Estados intenten terminar con la cultura de la violencia, en lugar de arraigarla cada vez más profundamente.

El 11 de noviembre de 1999, el senador Russ Feingold, del Congreso estadounidense, pidió la abolición de la pena de muerte federal «para conmemorar el nuevo milenio». En su declaración de nueve páginas decía: «Con cada nuevo estatuto de pena de muerte que se pone en vigor y con cada ejecución que se lleva a cabo, nuestros poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto estatales como federales, acrecientan la cultura de violencia y muerte. Con cada persona ejecutada, enseñamos a nuestros hijos que la mejor manera de resolver las cuentas pendientes es utilizar la violencia, hasta el punto incluso de arrebatar una vida humana». La declaración del senador Feingold es un valeroso acto de liderazgo en materia de derechos humanos, un liderazgo lamentablemente escaso en un país en el que, con demasiada frecuencia, el apoyo inquebrantable a la pena de muerte se considera un requisito ineludible para una victoria electoral.

Hace más de medio siglo, Estados Unidos fue uno de los principales artífices de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración, que marcó el periodo central de un siglo sangriento, trazó una visión de un mundo en el que todas las personas tuvieran garantizado su derecho a la vida y a no ser sometidas a penas crueles, inhumanas y degradantes. Ahora que entramos en un nuevo siglo, qué mejor manera tienen los dirigentes de Estados Unidos de honrar aquella visión que detener las ejecuciones de Chris Thomas, Steve Roach y Glen McGinnis como un primer paso hacia la abolición real de este anticuado castigo.

Agosto de 1999 - George W. Bush, gobernador de Texas, reunido con unos niños en Roanoke, Virginia, durante su campaña para convertirse en candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. © AP/Steve Helber

Durante el mandato del gobernador Bush, Texas ha seguido estando a la cabeza de Estados Unidos en lo que se refiere a la pena de muerte, con más de cien ejecuciones. Texas cuenta con más de un tercio de los menores condenados a muerte de toda la nación: en sus pabellones de condenados a muerte hay 28 presos condenados por delitos que cometieron cuando tenían 17 años; de ellos, 12 son negros, 12 latinos y 4 blancos. En 1998, Texas ejecutó a dos menores, y está previsto que un tercero, Glen McGinnis, sea ejecutado allí el 25 de enero del 2000.

Douglas Christopher Thomas - ejecución prevista para el 10 de enero del 2000 en Virginia

Si quieren que les diga la verdad, no sé qué hacer. Estoy empezando a asustarme de verdad. Soy demasiado joven para morir...

Carta escrita por Chris Thomas desde el pabellón de los condenados a muerte, Virginia, 1992.

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A Chris Thomas, que ha vivido toda su vida adulta bajo la amenaza de morir a manos del Estado, le quedaban cinco horas para ser ejecutado el 16 de junio de 1999 cuando la Corte Suprema de Virginia suspendió su ejecución.(12) Cuando sus abogados le comunicaron la noticia, la recibió «entre lágrimas» y «con gran alegría», e inmediatamente telefoneó a sus padres (con los que se ha reconciliado en los últimos años) para decírselo. Una hora antes se había despedido de ellos por última vez. Ahora vuelve a enfrentarse a la ejecución.

Chris Thomas, hijo único, nació el 29 de mayo de 1973. Sus padres se divorciaron antes de su nacimiento, y el muchacho no tuvo ningún contacto con su padre hasta 1996, cuando éste le visitó en la prisión en la que permanecía condenado a muerte. Cuando tenía dos años, su madre se mudó y él fue adoptado por sus abuelos maternos. Aparte de mostrar un acusado temor a quedarse solo, parece ser que Chris fue un niño feliz hasta que cumplió los 12 años, en 1985; entonces, varios miembros de su familia fallecieron en rápida sucesión. Un tío suyo con el que estaba especialmente unido murió en un accidente, y sus abuelos (sus padres adoptivos) murieron poco después de cáncer.

Chris entonces se fue a vivir con su madre. No estaban unidos, y ella no respondía a las inseguridades de su hijo como lo habían hecho sus abuelos. El muchacho empezó a cometer pequeños delitos, como robos en tiendas, y a consumir drogas. Faltaba con frecuencia a la escuela y sus calificaciones cayeron en picado. Las pruebas psicológicas que le realizaron durante ese periodo lo describen como un adolescente solitario, cargado de rabia, con una fuerte depresión y distanciado tanto de su entorno escolar como de su entorno familiar. En 1989 intentó suicidarse. En enero de 1990 se trasladó a vivir con unos tíos paternos que amenazaron con devolverlo a su madre al ver que seguía cometiendo delitos.

En el verano de 1990, Chris Thomas conoció a Jessica Wiseman, de 14 años, y ambos iniciaron una intensa relación emocional y sexual. Los padres de Jessica, Kathy y James Wiseman, desaprobaban esa relación, y su desaprobación fue en aumento hasta el punto de que, al parecer, James Wiseman amenazó con matar a Chris si seguía viendo a su hija. Los dos jóvenes entonces trazaron un plan para matar a los padres de Jessica. La noche del 9 de noviembre de 1990, tras consumir grandes cantidades de alcohol y marihuana, Chris Thomas tomó la escopeta de su abuelo y se reunió a Jessica en el dormitorio de ésta, en la casa en la que vivían los Wiseman en Piankatank Shores, condado de Middlesex. En la madrugada del 10 de noviembre, los jóvenes dispararon contra James y Kathy Wiseman mientras éstos estaban en la cama. En el dormitorio de los padres se realizaron dos disparos: el primero causó la muerte de James Wiseman; el segundo alcanzó a Kathy Wiseman, pero ésta sobrevivió y consiguió recorrer el pasillo hasta el dormitorio de Jessica. Cuando estaba en el umbral del dormitorio de su hija, recibió otro disparo, el tercero que se realizaba aquella noche; este último disparo la mató.

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Cualquier plan que los jóvenes tuvieran para evitar ser descubiertos se desmoronó rápidamente, y el 10 de noviembre, al atardecer, Chris Thomas fue interrogado por la policía en la casa de sus tíos. Sin la presencia de ningún adulto o de un abogado, todavía bajo los efectos del alcohol y las drogas,(13) y tras haber dormido sólo dos horas en las últimas cuarenta, Chris confesó ambos asesinatos: «... Disparé el arma dos veces en el dormitorio - la verdad es que no podía verlos. Después de eso no recuerdo... Su madre venía [hacia el dormitorio de Jessica]... y no parecía que estuviera herida... Jessica dijo "Dios mío, Chris, por favor, dispárale otra vez". Entonces disparé...» Posteriormente se retractó de parte de la confesión, y dijo que él no había realizado aquel último disparo. Dijo: «Estaba dispuesto a cargar con las culpas. No sabía nada de la pena capital. Pensé que me condenarían a diez o doce años de prisión y que al menos ella [Jessica] vendría a verme».

En enero de 1991, Chris Thomas fue transferido a un tribunal ordinario para ser juzgado como un adulto. Por su parte, Jessica Wiseman, al tener sólo 14 años, no pudo ser juzgada como adulta en virtud de las leyes vigentes en Virginia en aquel momento. En junio de 1991 fue juzgada por separado como menor y condenada a permanecer recluida en un centro para menores hasta el día que cumpliera los 21 años de edad. Fue liberada en 1997.

El juicio de Chris Thomas comenzó el 21 de agosto de 1991 en el tribunal de distrito del condado de Middlesex. El juez denegó la petición presentada por la defensa para que el juicio se celebrara en otro lugar; la defensa consideraba que el cambio de lugar era necesario, teniendo en cuenta la amplia publicidad que había recibido el caso y la posibilidad de que muchos de los posibles miembros del jurado de aquella pequeña comunidad rural conocieran al acusado y a las víctimas. Chris Thomas se declaró culpable del asesinato en primer grado de James Wiseman, y se declaró inocente del asesinato de Kathy Wiseman, punible con la pena capital; al hacerlo, siguió los consejos de sus abogados, que tenían poca experiencia en casos de pena capital y pensaban que, si se declaraba culpable de uno de los asesinatos, no podría ser juzgado por el otro, ya que la ley impide que se juzgue dos veces a una persona por un mismo delito.(14) La moción que los abogados presentaron a continuación para pedir que Chris Thomas no fuera juzgado por el asesinato de Kathy Wiseman, amparándose en que se trataba del mismo crimen que el asesinato de James Wiseman, fue denegada de forma sumaria por el tribunal, que declaró que la elaboración de esa teoría había hecho que los abogados malgastaran una cantidad considerable del tiempo de que disponían para preparar la defensa.

La confesión de Chris Thomas ante la policía se admitió como prueba, a pesar de las circunstancias en las que se había realizado. La defensa no preparó ni presentó ninguna prueba, testimonial o pericial, de la posibilidad de que Chris Thomas no hubiera sido el autor del tercer disparo, el que mató a Kathy Wiseman, a pesar de que, al parecer, dichas pruebas existían. El jurado declaró al adolescente culpable de asesinato punible con la pena capital, y el juicio entró en la fase de determinación de la pena, una fase independiente en la que se decidiría si Chris Thomas debía vivir o morir.

En Virginia, para dictar una condena de muerte, el jurado debe considerar que se da al menos una de dos condiciones: que exista la probabilidad de que el acusado cometa «actos de violencia criminal que constituyan una amenaza constante para la sociedad» si se le permite vivir (lo que se llama «peligrosidad futura»), o que la conducta del acusado durante el crimen fuera «indignante o gratuitamente cruel, horrible o inhumana en cuanto que implicara tortura, depravación o daño agravado a la víctima» (conocido legalmente como «crueldad»). Tras estudiar las pruebas de la defensa y la acusación, los miembros del jurado concluyeron que sí se daba la condición de «crueldad», aunque no la de «peligrosidad futura». Chris Thomas fue condenado a muerte por el asesinato de Kathy Wiseman y a una pena de 65 años de prisión por el de James Wiseman.

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Los abogados defensores habían contratado a un psicólogo para que examinara a Chris y elaborara un informe con el fin de presentarlo durante la fase de determinación de la pena. El psicólogo concluyó que Chris Thomas era un adolescente inmaduro que, al asumir toda la culpa de los asesinatos, trataba de proteger a Jessica. Sin embargo, a los abogados defensores les preocupó que este psicólogo resultara un testigo poco efectivo y, la víspera de la vista para determinar la condena, pidieron al psicólogo de la acusación que testificara en favor de Chris Thomas; entre otras cosas, debía declarar que Jessica Wiseman había sido el factor que había impulsado las acciones del muchacho. El experto de la acusación accedió, y testificó tanto para la acusación como para la defensa. En una declaración jurada que realizó en 1993 dijo que «sin una evaluación adecuada y con un plazo literalmente inferior a veinticuatro horas para prepararme, era imposible hacer nada que se asemejara a un trabajo decente y adecuado». También dijo que, en su opinión, basada en su experiencia de más de veinte casos de pena capital, durante la fase de determinación de la pena los abogados defensores habían presentado sus pruebas atenuantes de forma «totalmente inadecuada».

Poco después del juicio, los abogados de Chris Thomas recibieron una llamada telefónica anónima en la que una mujer afirmaba saber personalmente que varios de los miembros del jurado conocían a James y Kathy Wiseman. Identificó a uno de esos miembros por su nombre, pero se negó a nombrar a otros por temor a que la identificaran. Después, los abogados recibieron una carta anónima que formulaba denuncias similares. Se pusieron en contacto con el miembro del jurado cuyo nombre les habían dado por teléfono. Éste admitió haber conocido a las víctimas, a las que llamaba por su nombre propio, y dijo que creía haberlo mencionado durante el proceso de selección del jurado (no lo había hecho). En diciembre de 1991, los abogados defensores presentaron una moción de juicio nulo, pero fue denegada, al igual que todas las apelaciones presentadas posteriormente ante tribunales superiores contra la condena de muerte de Chris Thomas.

Durante los días anteriores a la ejecución de Chris Thomas, fijada inicialmente para junio de 1999, los medios de comunicación locales se hicieron eco del creciente apoyo a la petición de indulto. Uno de los que apoyaban dicha petición era el psicólogo que había testificado tanto para la defensa como para la acusación durante el juicio. Según los informes, este hombre declaró que la condena a muerte contra Chris Thomas había sido «la mayor derrota de mi carrera», y añadió que es partidario de la pena de muerte pero que «odiaría ver cómo se ejecuta a este muchacho». También se ha informado de que el juez que presidió el juicio oral, fallecido en 1998, había manifestado en numerosas ocasiones su inquietud por la condena de muerte de Chris Thomas. Un abogado, amigo íntimo del magistrado, afirmó que el juez «durante los años que siguieron a esta condena, me dijo muchas veces que le preocupaba mucho ese resultado. Dijo que había hecho todo lo posible por sugerir a los abogados que representaban a Thomas que, si su cliente se declaraba culpable, no lo condenaría a muerte».(15)

Dos mujeres, «Nicolle» y «J.»,(16) se pusieron en contacto por separado con los abogados de Chris Thomas tras enterarse por los medios de comunicación locales de la inminente ejecución. Dijeron que durante su adolescencia habían estado recluidas en el mismo centro de detención de menores que Jessica Wiseman (esta declaración se confirmó posteriormente) y, en declaraciones juradas, aseguraron que Jessica Wiseman había dicho que ella y Chris habían matado a sus padres por los abusos a los que la sometían y porque querían prohibir su relación con Chris. Nicolle afirma que Jessica dijo que, en realidad, Chris quería que se fugaran en lugar de llevar a cabo el asesinato. Las dos mujeres aseguran que Jessica Wiseman les dijo que ella había realizado el último disparo contra su madre porque Chris se había quedado paralizado. Jessica Wiseman ha negado estas declaraciones.(17)

En una entrevista realizada en el pabellón de los condenados a muerte unos días antes de la fecha prevista para su ejecución en junio, Chris Thomas manifestó sus remordimientos por los asesinatos de 1990: «Durante ocho años y medio, he revivido una y otra vez en mi cabeza aquella noche. Y no digo esto porque esté aquí [en la celda de la muerte]. Lo digo porque lo que sucedió no era propio de mí». Reiteró su aseveración de que él no había sido el autor del segundo disparo contra Kathy Wiseman y declaró que estaba «tratando de mantener la esperanza» de que el gobernador le concediera el indulto.

El gobernador Gilmore, que permitió que la ejecución del menor Dwayne Wright siguiera adelante en 1998, no había anunciado su decisión sobre la petición de indulto de Chris Thomas cuando la Corte Suprema de Virginia dictó la suspensión en junio de 1999. Ante la ausencia de otra suspensión judicial, en breve tendrá que decidir si permite que su estado, y Estados Unidos, violen una vez más el derecho internacional ejecutando a Chris Thomas. Tres días después, el gobernador tendrá que volver a enfrentarse a la misma decisión, esta vez en el caso de Steve Edward Roach.

Steve Edward Roach - ejecución prevista para el 13 de enero del 2000 en Virginia

No sé qué me pasó por la cabeza... Ojalá pudiera devolverle la vida

Steve Roach manifiesta sus remordimientos en la vista para determinar su pena por el asesinato de Mary Hughes

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En una vista de determinación de la pena celebrada en 1995 y que duró menos de un día, un jurado decidió que Steve Roach representaba una amenaza permanente para la sociedad y debía ser ejecutado por un asesinato que cometió cuando tenía 17 años. Este joven no tenía antecedentes de violencia.

Steve Roach nació en mayo de 1976 en el seno de una familia conflictiva en la que los padres estaban ausentes con frecuencia. Cuando tenía seis años, su padre sufrió una herida de bala y estuvo hospitalizado durante seis meses; en el hospital contrajo hepatitis C a causa de una transfusión de sangre y, a consecuencia de la medicación que tuvieron que administrarle, sufría bruscos cambios de humor. Durante la infancia de Steve, sus padres se separaron y reconciliaron repetidas veces. Su padre ha declarado que, cada vez que su esposa lo abandonaba, se dedicaba a beber y la vida «era peor» para los niños, que muchas veces vagaban por ahí sin ninguna supervisión. También ha admitido que Steve tenía acceso a todas las armas que había en la casa.

A los 14 años, Steve abandonó la escuela cuando sus padres solicitaron que fuera eximido de la educación obligatoria porque lo necesitaban para hacer tareas en la casa y para cuidar de sus hermanos. El muchacho, como voluntario, ayudó a redecorar la iglesia local y trabajó en un campamento para niños en el Bosque Nacional George Washington, en el noroeste de Virginia. También ayudaba a familiares y vecinos con tareas tales como cortar leña, cocinar y lavar la ropa.

El 3 de diciembre de 1993, una vecina a la que Steve Roach solía visitar y ayudar, Mary Ann Hughes, de 70 años, murió de un único disparo de escopeta en el umbral de su casa en la pequeña localidad rural de Stanardsville, en el condado de Greene, Virginia. El asesino se llevó su tarjeta de crédito, algún dinero en efectivo y su automóvil.

Tres días después, tras haber sido visto en Carolina del Norte y del Sur y después de que, en una conversación telefónica, su tía le instó a regresar a casa y entregarse, Steve Roach volvió a Virginia y se entregó al sheriffdel condado de Greene. En presencia de un testigo, pero no de un abogado, admitió haber disparado contra Mary Hughes: «Fui allí y la vi contando el dinero, así que, cuando me marchaba, levanté la escopeta que había dejado junto a la puerta y le disparé, agarré el dinero y el automóvil y me fui a Carolina del Norte. Intenté sacar dinero con la tarjeta de crédito o utilizarla unas cuatro veces, pero no funcionó». Steve Roach ha declarado que confesó su delito con la creencia errónea de que con ello sería castigado a una pena más leve.

Quince meses después de la muerte de Mary Hughes, Steve Roach fue juzgado por asesinato punible con la pena capital ante el tribunal de distrito del condado de Greene después de que el juez denegara una moción para que el juicio se celebrara en otro lugar. La defensa había alegado que la amplia publicidad que el caso había recibido en aquella pequeña comunidad rural había sido perjudicial para el acusado. El 2 de marzo de 1995, el jurado declaró a Steve Roach culpable y el juicio entró en la fase de determinación de la pena. Como ya mencionamos en el caso de Chris Thomas, en Virginia, para dictar una condena de muerte, el jurado debe considerar que se cumple al menos una de estas dos condiciones: la «peligrosidad futura» del acusado o la «crueldad» del crimen. En el caso de Steve Roach, el juez retiró el argumento de la «crueldad» (el jurado ni siquiera llegó a considerarlo) porque no había pruebas que lo respaldaran. Aunque el crimen había sido espantoso, parecía haber sido cometido por un impulso, sólo había habido una víctima, ésta había recibido un único disparo (la muerte probablemente había sido instantánea), no había habido lucha y la fallecida no había sufrido ningún otro tipo de agresión. Por lo tanto, el jurado únicamente debía sopesar las pruebas para decidir la posible «peligrosidad futura» de Steve Roach.

La defensa presentó pruebas de la inestable infancia que había vivido Steve Roach y de sus antecedentes favorables de ayuda a otras personas. Un psicólogo que había entrevistado en repetidas ocasiones a Steve y a su familia declaró que el acusado era «especialmente inmaduro» para su edad, tenía «poco control de sus impulsos» y «en muchas situaciones mostraba una capacidad escasa de controlar sus emociones o su comportamiento tal como debería hacerlo un individuo de 17 o 18 años». Este mismo psicólogo relacionó la inmadurez de Steve Roach con el hecho de que éste no había contado con las guías o las estructuras que los niños necesitan para madurar.

Para convencer al jurado de la «peligrosidad futura» de Steve Roach, el fiscal presentó pruebas de los problemas anteriores del adolescente con la ley, aunque ninguno de ellos implicaba actos violentos contra personas y todos tuvieron lugar durante un periodo de «desintegración» familiar. Steve había tenido problemas con la policía por primera vez en su vida unos meses antes del asesinato de diciembre de 1993. En mayo había sido declarado culpable de robar un automóvil, de conducción temeraria y de no detenerse ante las indicaciones de la policía tras marcharse en un automóvil que había encontrado con las llaves en el contacto. En junio fue declarado culpable de entrar en una casa particular desocupada y robar un arma. En agosto volvió a ser declarado culpable de robar un automóvil que alguien había dejado con las llaves de contacto puestas.(18) Por estos delitos menores se le condenó a arresto domiciliario, y se le asignó un funcionario encargado de vigilar la libertad condicional.

Para reforzar el argumento de la acusación, el fiscal presentó al funcionario encargado de vigilar la libertad condicional de Steve Roach, que declaró que el joven había infringido los términos de dicha libertad al poseer un arma de fuego. Sin embargo, la policía había permitido que Steve se quedara el arma cuando éste la llevó a la oficina del sheriffdel condado de Greene unos días antes del asesinato; el motivo de que la llevara allí era que había querido acallar los rumores que circulaban por la comunidad, que afirmaban que se trataba de un arma robada. El día antes del crimen, Steve Roach y dos amigos habían utilizado la escopeta en el patio trasero de un vecino para hacer prácticas de tiro. Parece ser que las armas de fuego eran algo tan natural en la vida del condado de Greene que ningún adulto consideró que el hecho de que Steve Roach poseyera una supusiera nada más que una infracción técnica de su libertad condicional. Durante la vista para la determinación de la pena, la madre de Steve declaró que no se había dado cuenta de que la posesión de un arma infringiera los términos de la libertad condicional de su hijo porque los documentos sobre la libertad condicional no lo decían explícitamente.(19)

Tras escuchar los testimonios presentados por la acusación y la defensa, los miembros del jurado se retiraron para decidir si Steve Roach debía vivir o morir. Uno de ellos pidió al tribunal que aclarara si Steve Roach podría salir en libertad condicional en caso de que lo condenaran a cadena perpetua en lugar de a muerte. El juez se negó a responder, y dijo a los miembros del jurado que «lo que pudiera suceder después» no les incumbía. Eso significa que a los miembros del jurado no se les hizo saber que, si votaban en favor de una condena a cadena perpetua, Steve Roach tendría que pasar 25 años en la cárcel antes de poder solicitar siquiera la libertad condicional. Por lo tanto, es posible que el jurado basara en parte su decisión final, la de imponer una condena de muerte, en el temor a que Steve Roach fuera liberado al cabo de poco tiempo si le permitían vivir. Sin embargo, según la ley, este joven no habría tenido ninguna posibilidad de ser liberado antes del año 2020, a la edad de 44 años.

Aunque los recursos presentados por Steve Roach contra su condena no han tenido éxito, su caso ha suscitado cierta preocupación entre los tribunales de alta instancia. En 1998, un juez de un tribunal federal de primera instancia describió los argumentos contra la condena de muerte de Steve Roach como «convincentes», e indicó que «es posible que este tribunal no hubiera llegado a la misma conclusión» que el jurado que juzgó a Roach; asimismo, declaró que la condena de muerte contra Steve Roach era «inquietante».(20) Sin embargo, ni él ni ningún otro juez se han dignado a conceder un remedio judicial. Ante la ausencia de una suspensión por parte de los tribunales, el gobernador Gilmore es quien debe decidir si la ejecución de este joven de 23 años debe seguir adelante, una ejecución que viola tanto las normas de decencia como las leyes internacionales.

Glen Charles McGinnis - ejecución prevista para el 25 de enero del 2000 en Texas

trpar«¿De verdad puede alguien esperar que se rehabilite una persona que, para empezar, nunca se ha "habilitado"?»

Declaraciones del fiscal del distrito argumentando en favor de la pena de muerte en el juicio de Glen McGinnis, 1992(21)

Glen McGinnis, de 26 años y raza negra, nació en Houston, Texas, el 11 de enero de 1973. Su muerte está prevista para el 25 de enero del 2000 en Huntsville, donde unos doscientos presos han sido ejecutados desde que Texas reanudó los homicidios judiciales en 1982.

Glen McGinnis el día que cumplía 21 años, en el pabellón de condenados a muerte de Texas. © Ken Light

Glen McGinnis apenas tuvo contacto con su padre natural, que el que no vivía. Su madre ejercía la prostitución en el apartamento de un solo dormitorio que compartía con el pequeño Glen. Era adicta al crack (Glen la recuerda consumiendo drogas desde que él tenía ocho o nueve años) y pasaba periodos en la cárcel por posesión de drogas. En muchas ocasiones, el niño se quedaba solo, sin nadie que cuidara de él. Su padrastro, que vivió en el apartamento durante dos años, lo sometía a abusos tales como palizas con cables eléctricos. El Servicio de Protección al Menor del estado intervino tres veces: una, cuando el niño fue violado por su padrastro a los nueve o diez años de edad; otra, cuando lo golpearon en la cabeza con un bate de béisbol; y la tercera, cuando su madre y su padrastro le quemaron el estómago con grasa caliente de salchichas. Las tres veces, el Servicio de Protección al Menor devolvió a Glen a casa de su madre después de proporcionarle tratamiento para sus lesiones, y las tres veces él se escapó de casa, sólo para ser atrapado robando en tiendas y devuelto a casa de nuevo por las autoridades. A los 11 años huyó de casa definitivamente y abandonó sus estudios. Fue alternando entre las calles de Houston y los centros estatales para menores, a los que lo enviaban cuando lo atrapaban robando automóviles. Cuando estaba en las calles, vivía en automóviles y apartamentos vacíos, y en ocasiones con algún amigo adulto. Seguía robando ropa y comida en las tiendas.

Cuando tenía 17 años, robó un automóvil en un incidente en el que, al arrancar, pasó con el vehículo por encima de los pies de su propietario. Considerado ya entonces como un adulto por las leyes estatales, pasó tres meses en la cárcel del condado de Montgomery por ese delito. Salió en libertad condicional y fue enviado a vivir con una tía suya que residía en Conroe, una pequeña localidad del condado de Montgomery, a unos treinta kilómetros al norte de Houston. Unos días después, el 1 de agosto de 1990, este joven de 17 años decidió robar en la lavandería Wilkins Cleaners and Laundry, en Conroe, al parecer animado por un vecino. Entró dos veces en la lavandería, pero las dos veces tuvo dudas y se marchó. Según dice, decidió ir a buscar la pistola de su tía para «asustar» a la dependienta, y se llevó consigo ropa para fingir que iba a lavarla. Unos minutos después, la dependienta, Leta Ann Wilkerson, de 30 años, moría a tiros. Glen McGinnis salió del establecimiento dejando tras de sí una bolsa de ropa marcada con el nombre «McGinnis». Al día siguiente, poco después de las siete de la mañana, fue detenido en la casa de su tía y acusado de asesinato punible con la pena capital.

Durante los dos años siguientes permaneció recluido en la cárcel del condado de Montgomery, hasta ser juzgado en julio de 1992. El abogado que lo defendió dijo en noviembre de 1999 a Amnistía Internacional que había «intentado una y otra vez» llegar con el fiscal del distrito a un acuerdo según el cual Glen McGinnis se declararía culpable de dos delitos (robo y asesinato) y sería condenado a dos penas de cadena perpetua consecutivas. El abogado dijo que ya había hecho tratos similares anteriormente, pero que en este caso el fiscal del distrito parecía decidido a conseguir una condena de muerte.

Inicialmente, el grupo de candidatos para miembros del jurado estaba compuesto por 102 individuos: 3 de ellos eran negros; los demás eran blancos. Aunque ese porcentaje se ajustaba aproximadamente a la composición de la población del condado de Montgomery en esa época,(22) lo que sucedió a continuación garantizó que ninguno de los tres candidatos negros formaran parte del jurado.

Según las leyes de Texas, antes de que dé comienzo la selección del jurado propiamente dicha por parte de la defensa y la acusación, el juez estudia las razones que los posibles miembros presentan para ser eximidos de esa labor. Los tres candidatos negros del juicio de McGinnis pidieron que se les eximiera, dos de ellos por motivos médicos y otra porque se iba de vacaciones. A pesar de las protestas del abogado defensor, el juez eximió a los tres sin considerar apenas los motivos aducidos. También eximió a 19 de los 33 candidatos blancos que pidieron ser excluidos.(23) Con su actuación, el juez negó a Glen McGinnis toda oportunidad de que en su jurado hubiera alguna persona de raza negra, ya que su abogado se encontró frente a un grupo de 80 blancos de entre los cuales él y el fiscal tenían que elegir a los 12 miembros del jurado.

Amnistía Internacional ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación porque, en Estados Unidos, las condenas de muerte recaen de manera desproporcionada sobre los más desfavorecidos económicamente y sobre los miembros de los grupos étnicos minoritarios, dentro de un sistema judicial y de cumplimiento de la ley compuesto por una abrumadora mayoría de blancos. Muchos negros han sido condenados a muerte por jurados compuestos exclusivamente por blancos después de que, en el proceso de selección del jurado, se haya eliminado a todos los candidatos negros. Los estudios han demostrado sistemáticamente que el color de la piel de un acusado, o el de la víctima, son un factor que contribuye a que se dicte una condena de muerte.(24) Aunque resulta casi imposible demostrar una discriminación racial real en cada caso individual (requisito establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos para que un condenado a muerte gane una apelación contra su condena alegando motivos raciales) la historia del racismo en la aplicación de la pena de muerte, por sí sola, obliga a las autoridades a asegurar que se toman todas las medidas necesarias para garantizar que el proceso no sólo está libre de todo prejuicio racial sino que no hace concebir la menor duda sobre un posible prejuicio racial. Estudiemos el caso desde donde lo estudiemos, está claro que las autoridades del condado de Montgomery incumplieron esta obligación durante la selección del jurado que juzgó a Glen McGinnis.(25)

El jurado declaró a Glen McGinnis culpable de asesinato punible con la pena capital, y el proceso pasó a la fase de determinación de la pena. En Texas, en los casos de pena de muerte, se pide a los miembros del jurado que decidan si el acusado actuó deliberadamente al matar a la víctima y si constituye una amenaza permanente para la sociedad. Si la respuesta a ambas preguntas en un «sí» unánime, entonces se les pide que consideren si existen factores atenuantes que puedan dar lugar a cierta indulgencia. Si la respuesta a esto último es «no», entonces el acusado es condenado a muerte.

El fiscal del distrito pidió enérgicamente la pena de muerte y retrató a Glen McGinnis como un delincuente habitual que, si vivía, representaría una amenaza constante para la sociedad. La prensa local citó palabras del fiscal en las que decía: «este muchacho ha sido un delincuente habitual desde que tenía 13 años... Ha cometido un delito detrás de otro, y el asesinato no es más que el resultado inevitable». El juez incluso permitió que el fiscal presentara pruebas de un delito en el que no se había identificado a Glen McGinnis como culpable. En Houston, en 1988, un varón negro robó a una mujer blanca su furgoneta a punta de pistola. Más de una semana después, Glen McGinnis, de 16 años, fue hallado en posesión de la furgoneta. La mujer no pudo identificarlo como el individuo que la había apuntado con el arma; de hecho, al denunciar el robo había descrito a alguien con un aspecto diferente. Sin embargo, en el juicio contra Glen McGinnis, y a pesar de las protestas de la defensa, se presentó al jurado el testimonio de aquella mujer sobre el incidente, con lo que se relacionó al acusado con un delito (robo a mano armada, en lugar de posesión de un vehículo robado) del que no había sido declarado culpable. No se sabe cómo influyo esto en el jurado a la hora de sopesar la «peligrosidad futura» del adolescente.

Por su parte, la defensa presentó pruebas de los abusos y la falta de cuidados sufridos por el acusado durante su infancia, así como de su aparente capacidad de prosperar en un entorno adecuado. Cuatro empleados del centro de detención de menores en el que había estado recluido en 1989 y 1990 declararon que tenía un buen expediente disciplinario y que se mostraba amable y respetuoso con el personal adulto. Dijeron al jurado que no era violento ni agresivo, ni siquiera ante las constantes provocaciones y agresiones de otros menores del centro, que lo atacaban por su clara homosexualidad. También declararon que no creían que fuera propio del carácter de Glen McGinnis entrar deliberadamente en un establecimiento con la intención de matar a alguien. Una empleada dijo a los miembros del jurado que, tras tener a Glen McGinnis a su cuidado en el centro de menores, estuvo considerando la posibilidad de adoptarlo.

La defensa presentó también el testimonio de un experto, un ex director del programa de psicología del sistema penitenciario del estado, que declaró que Glen McGinnis era producto del entorno en el que había crecido, y era un adolescente impulsivo que no había actuado deliberadamente al disparar contra Leta Wilkerson. Basándose en sus entrevistas con el muchacho, en exámenes psicológicos y en la revisión de sus antecedentes penales, declaró que no era probable que McGinnis constituyera una amenaza permanente para la sociedad, especialmente si se le recluía en el entorno estructurado de una prisión, y afirmó que el joven tenía capacidad para sentir remordimientos. El psicólogo intentó respaldar su opinión presentando una entrevista que había mantenido con Glen McGinnis, en la que el joven le había dicho que se había visto «asaltado por el pánico y la histeria» cuando Leta Wilkerson le dijo que no tenía la llave de la caja registradora, y que únicamente había disparado el arma en la dirección donde estaba la mujer «para demostrarle que era auténtica» y «para asustarla». El juez no permitió que el jurado escuchara este testimonio alegando que se trataba de un testimonio de oídas y que por lo tanto no era digno de crédito, a pesar de que un psicólogo con amplia experiencia profesional lo había valorado como fidedigno. Los miembros del jurado no pudieron tener en cuenta este testimonio en las deliberaciones que los llevaron a decidir que el joven Glen McGinnis debía ser condenado a muerte.

Independientemente del motivo por el que se realizaron aquellos disparos en la lavandería de Wilkins el 1 de agosto de 1990, ya fuera por pánico y confusión, como asegura Glen McGinnis, o por una decisión deliberada, como aseguró la fiscalía, lo que es innegable es que su resultado final fue la muerte de Leta Ann Wilkerson, que cayó abatida por cuatro balazos. Dejó tras de sí un esposo y dos hijas de corta edad, también ellos víctimas de la violencia. Amnistía Internacional no pretende disculpar este crimen ni sus trágicas consecuencias. Lo único que desea es que el estado no aumente aún más esa violencia cometiendo otro homicidio.

El presidente George Bush ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en junio de 1992, con una salvedad redactada por el Senado estadounidense según la cual los fiscales y tribunales del país podrían hacer caso omiso de la prohibición establecida en el tratado de aplicar la pena de muerte contra menores. Un mes después, se condenó a muerte a un menor, Glen McGinnis; probablemente la suya fue la primera condena de muerte de este tipo dictada tras la ratificación del Pacto por parte de Estados Unidos. El actual gobernador de Texas, George W. Bush Jr, hijo del ex presidente y candidato él mismo a la presidencia del país, será quien diga la última palabra sobre si Glen McGinnis debe ser ejecutado en contra de lo establecido por las leyes internacionales.

Llegó el momento de actuar

Los delitos cometidos por menores pueden ser tan perjudiciales para las víctimas como los cometidos por adultos; sin embargo, merecen una pena menor porque un adolescente tiene menos capacidad que un adulto para controlar su conducta y pensar en consecuencias a largo plazo. Además, los delitos cometidos por los jóvenes no son culpa únicamente de quien los comete; los delitos cometidos por menores constituyen asimismo un fracaso del sistema familiar, escolar y social, que comparte la responsabilidad del desarrollo de la juventud estadounidense.

Informe de la comisión presidencial sobre la delincuencia juvenil en Estados Unidos, 1978.

Si a cualquier persona le piden que enumere las características asociadas a la niñez, probablemente incluirá al menos una de las siguientes: inmadurez, impulsividad, falta de autocontrol, poca capacidad de juicio, un sentido poco desarrollado de la responsabilidad, y vulnerabilidad al dominio o el ejemplo de las personas de mayor edad. El acuerdo común sobre estos atributos, algunos de los cuales quedan patentes en los delitos por los que Glen McGinnis, Steve Roach y Chris Thomas fueron condenados a muerte, yace detrás de la prohibición mundial de utilizar la pena de muerte contra menores que delinquen, ya que esas características hacen que sea imposible alcanzar el supuesto objetivo de la disuasión o el justo castigo y nos llevan a la inevitable conclusión de que la ejecución de un menor constituye un vergonzoso acto de venganza autorizado por el Estado.

El consenso en contra de ejecutar a menores por los delitos que han cometido refleja también el reconocimiento universal de otra característica asociada a la niñez: la capacidad de crecer y cambiar. Se ha acordado que a un niño nunca debe quitársele la vida, por grave que sea lo que haya hecho. El principio rector de la autoridad debe ser sacar el máximo partido del potencial que tienen los menores de reintegrarse con éxito en la sociedad. La ejecución supone la negación máxima de este principio.

Además, la utilización de la pena de muerte contra menores niega toda noción de que la sociedad adulta debe asumir una responsabilidad, por mínima que sea, respecto a los delitos cometidos por niños. El perfil típico del adolescente condenado no es el de un joven procedente de un entorno estable y que lo apoya, sino el de un adolescente con problemas mentales o emocionales criado en un ambiente de abusos, privación y pobreza. Basta con echar un vistazo al entorno en el que han crecido los menores ejecutados en Estados Unidos desde 1990 (enumerados en el apéndice) para darse cuenta de que la sociedad, mucho antes de decidir matar a estos jóvenes, ya les había fallado. La sociedad estadounidense, ahora que está tratando de comprender los recientes casos de jóvenes que han entrado en sus escuelas disparando indiscriminadamente contra sus compañeros, debería reflexionar sobre la facilidad con la que tres menores consiguieron armas con las que disparar a Leta Wilkerson, Mary Hughes y Kathy y James Wiseman. Ése es un elemento esencial de estos crímenes, y de otros por los que otros menores han sido ya ejecutados en Estados Unidos, y es un elemento que difícilmente puede ser pasado por alto.

Todas las ejecuciones transmiten el mensaje de que matar es una respuesta adecuada para aquellos que matan; ese mensaje sólo sirve para minar los esfuerzos por enseñar a los jóvenes, o a los adultos, el valor de la vida. La ejecución de menores transmite el mensaje adicional de que el que los países burlen el derecho internacional resulta aceptable, por mucho que su actitud dañe el sistema de protección internacional de los derechos humanos en su conjunto. Ha llegado el momento de que otros gobiernos, que comparten la responsabilidad de la protección mundial de los derechos humanos, hablen claramente para poner fin al doble rasero aplicado por Estados Unidos. Ya es hora de que todos los ciudadanos a los que les importan los derechos humanos pidan a Estados Unidos que, al entrar en el siglo XXI, termine con esta injusticia y acate las disposiciones del derecho internacional.

Apéndice: Menores ejecutados en Estados Unidos desde 1990(26)

No creo que sea usted consciente aún de que es totalmente responsable de su conducta. Es usted un terrorista callejero... dispuesto a destruir nuestro país trozo por trozo y barrio por barrio.

Juez de distrito de Texas, al condenar a muerte, el 25 de mayo de 1999, a Michael Lopez Jr por matar a un agente de policía cuando tenía 17 años de edad.(27)

Todos los presos enumerados en este apéndice tenían 17 años en el momento en el que se cometió el delito por el que fueron condenados, excepto Sean Sellers, que tenía 16.

Dalton Prejean [negro, Luisiana]. Su madre lo abandonó cuando tenía tan sólo dos semanas. Desde los 13 años le diagnosticaron diversas enfermedades mentales, incluida esquizofrenia. A los 14 años lo ingresaron en una institución por matar a un taxista. Su cociente intelectual era de 71. Los médicos recomendaron una hospitalización a largo plazo bajo estricta supervisión. Pese a ello, fue liberado al cabo de tres años, según los informes por falta de fondos. Un jurado compuesto exclusivamente por blancos lo condenó a muerte por el asesinato de un agente de policía. Lo ejecutaron el 18 de mayo de 1990.

Johnny Garrett [blanco, Texas]. Condenado a muerte por el asesinato de una monja de 76 años. En el juicio no se mencionaron sus antecedentes de enfermedad mental ni los graves abusos físicos y sexuales que había sufrido durante su infancia. Después de ser condenado a muerte, varios médicos declararon que padecía una psicosis crónica y una lesión cerebral causada por las heridas sufridas en la cabeza cuando era niño. Fue ejecutado el 11 de febrero de 1992.

Curtis Harris [negro, Texas]. Miembro de una familia de nueve hijos, se crió en una pobreza extrema. Su padre alcohólico lo golpeaba constantemente. En su juicio no se mencionaron ni su bajo cociente intelectual (de 77) ni el daño cerebral orgánico causado por los golpes recibidos durante su niñez. Un jurado compuesto exclusivamente por blancos lo condenó a muerte por el asesinato de un hombre blanco. Fue ejecutado el 1 de julio de 1993.

Frederick Lashley [negro, Misuri]. Fue defendido por un abogado que nunca había llevado un caso de pena capital. En 1982, un jurado compuesto exclusivamente por blancos lo condenó a muerte por el asesinato de su primo, cometido en 1981. En el momento del crimen estaba bajo los efectos de las drogas. Su madre lo había abandonado cuando era muy pequeño, y lo habían criado otros familiares. Empezó a consumir abundante alcohol a los 10 años de edad, y en el momento del crimen carecía de hogar. Fue ejecutado el 28 de julio de 1993.

Christopher Burger [blanco, Georgia]. Estuvo representado por un abogado sin experiencia que no presentó ninguna prueba atenuante en la fase de determinación de la pena. Su jurado no supo que tenía un cociente intelectual muy bajo, que padecía una enfermedad mental y lesiones cerebrales causadas por los abusos que había sufrido durante su infancia, o que había vivido una niñez sumamente inestable y alterada y había intentado suicidarse a los 15 años de edad. Fue ejecutado el 7 de diciembre de 1993.

Ruben Cantu [latino, Texas]. Su defensa estuvo en manos de un abogado sin experiencia. Cantu creció en un entorno familiar muy alterado; su capacidad intelectual era bastante limitada. Fue ejecutado el 24 de agosto de 1993.

Joseph John Cannon [blanco, Texas]. Condenado a la pena capital por la muerte a tiros de Ann Walsh en 1977. Cuando tenía cuatro años fue atropellado por un camión, y aquel accidente le dejó como secuela una elevada hiperactividad, una lesión cerebral y un impedimento en el habla. A los siete años de edad fue expulsado de la escuela. Empezó a inhalar pegamento y disolventes y, a los 10 años, le diagnosticaron daño cerebral orgánico. También le diagnosticaron una depresión aguda y, a los 15 años, intentó suicidarse. Según los médicos, padecía esquizofrenia y bordeaba la deficiencia mental. Desde los 7 hasta los 17 años sufrió reiterados abusos sexuales, de carácter grave, a manos de varones de su familia. Aprendió a leer y escribir en el pabellón de los condenados a muerte. Fue ejecutado el 22 de abril de 1998.

Robert Anthony Carter [negro, Texas]. Miembro de una familia de seis hermanos con muy pocos recursos económicos. La madre y el padrastro golpeaban a los niños con varas de madera, cinturones y cables eléctricos. Durante toda su niñez estuvo sometido a abusos físicos y sufrió lesiones graves en la cabeza para las que no recibió tratamiento. Poco antes del asesinato por el que fue condenado, recibió un disparo en la cabeza (le disparó su hermano), y la bala se alojó cerca de la sien. A raíz de esta herida, sufría ataques y desmayos. El jurado que lo juzgó, al que no se invitó a considerar como atenuante ni su edad, ni su escasa capacidad mental, ni sus lesiones cerebrales, ni los abusos que había sufrido de niño, tardó diez minutos en decidir que debía ser condenado a muerte por el asesinato de Sylvia Reyes en 1981. Robert Carter fue ejecutado el 18 de mayo de 1998.

Dwayne Allen Wright [negro, Virginia]. Condenado a muerte por el asesinato de Saba Tekle en 1989. Creció en el seno de una familia pobre, en un barrio deprimido plagado de actividad criminal relacionada con las drogas; allí presenció constantes asesinatos y actos violentos relacionados con armas de fuego. Cuando tenía cuatro años de edad, su padre fue enviado a prisión. Cuando tenía diez, su hermano de 23 años, con el que estaba muy unido, fue asesinado. Aquello le ocasionó serios problemas emocionales, y empezó a ir mal en la escuela. Entre los 12 y los 17 años recibió tratamiento como enfermo mental. Su capacidad intelectual fue descrita como próxima a la deficiencia, y su capacidad verbal como retrasada. También presentaba señales de daño cerebral orgánico. Fue ejecutado el 14 de octubre de 1998.

Sean Sellers [blanco, Oklahoma]. Condenado a muerte por matar a tiros a un comerciante, así como a su propia madre y a su padrastro. Cuando él nació, su madre tenía 16 años, así que lo criaron distintos familiares. Estuvo expuesto a la violencia y las agresiones físicas desde muy temprana edad, y pronto empezó a consumir drogas y a implicarse en prácticas satánicas. En los exámenes que le realizaron después de ser condenado se le diagnosticó una psicosis crónica; también presentaba síntomas de esquizofrenia paranoide e importantes transtornos de comportamiento. En 1992 le diagnosticaron un trastorno de personalidad múltiple; esta prueba fue reconocida por un tribunal federal, pero nunca llegó a presentarse ante un tribunal estatal. Fue ejecutado el 4 de febrero de 1999.

Sólo para miembros de AI Índice AI: AMR 51/189/99/s

Distr: SC/PG/CO/CC/DP/GR

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Amnistía Internacional

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PARA USO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Vergüenza en el siglo XXI:

Está previsto que tres menores sean ejecutados en enero del 2000

ACCIONES RECOMENDADAS

Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias del documento, y de que éste se archiva debidamente para futuras consultas. Además, les rogamos que emprendan el mayor número posible de las acciones recomendadas que enumeramos a continuación.

Publicidad

Estados Unidos debe sentirse avergonzado por el hecho de seguir a la cabeza del mundo en lo que se refiere a la ejecución de menores. Las Secciones deben intentar conseguir la mayor publicidad posible sobre esta cuestión mediante peticiones, carteles, manifestaciones ante embajadas estadounidenses, reuniones con autoridades diplomáticas, artículos o anuncios en periódicos. Las Secciones que lo deseen pueden aprovechar el trabajo que realizaron sobre este asunto durante la campaña de Estados Unidos. Algunas Secciones aún no han terminado su participación en esa campaña, y pueden utilizar este informe como parte de las actividades que están llevando a cabo.

También pueden enviar cartas expresando su preocupación a los periódicos de Texas y Virginia que enumeramos a continuación. Las cartas no deben tener más de 250 palabras, y en ellas deben incluir su nombre y dirección; deben ir dirigidas a «Letters to the Editor».

VIRGINIA

Richmond Times-Dispatch, PO Box c-32333, 333 East Grace St., Richmond, VA 23219, EE. UU.

Roanoke Times, PO Box 2491, Roanoke, VA 24010, EE. UU.

Virginian-Pilot, 150 West Brambleton Ave, Norfolk, VA 23510, EE. UU.

TEXAS

Austin American-Statesman, PO Box 670, Austin, TX 78767, EE. UU.

Dallas Morning News, PO Box 655237, Dallas, TX 75265, EE. UU.

Fort Worth Star-Telegram, PO Box 1870, Fort Worth, TX 76101, EE. UU.

Houston Chronicle, 801 Texas Ave, Houston, TX 77002, EE. UU.

San Antonio Express-News, PO Box 2171, San Antonio, TX 78297-2171, EE. UU.

Envío de cartas

Se van a publicar Acciones Urgentes sobre cada uno de los tres jóvenes cuyos casos se exponen en este informe. Esas Acciones Urgentes se centrarán en el envío de peticiones de indulto al gobernador de Texas (en el caso de Glen McGinnis) y al gobernador de Virginia (en el caso de Chris Thomas y Steve Roach). Quienes deseen escribir a los gobernadores deben ponerse en contacto con el coordinador de Acciones Urgentes de su Sección.

Esta acción, por el contrario, se centrará en el envío de cartas a las autoridades federales y a las autoridades estatales distintas del gobernador, así como a las autoridades del gobierno del propio país.

1. Gobierno federal

Según el derecho internacional, el gobierno federal estadounidense es la autoridad que debe garantizar que Estados Unidos cumple las obligaciones que le imponen los tratados internacionales a los que se ha adherido. Tal como dice el informe, las autoridades federales siguen insistiendo en que: (1) la reserva formulada por Estados Unidos al PIDCP es válida; (2) los estados individuales dentro del país sólo están vinculados por los límites constitucionales impuestos por la Corte Suprema de Estados Unidos (que actualmente permite que se condene a muerte a delincuentes de 16 y 17 años). Cuando escriban a las autoridades, probablemente recibirán una respuesta de ese tipo. Es importante mantener a las autoridades federales bajo presión y conseguir que sean conscientes de que Estados Unidos está completamente al margen del mundo en lo que respecta a este asunto; además, las autoridades deben comprender que esta cuestión resta credibilidad a las afirmaciones de Estados Unidos cuando asegura ser el paladín de los derechos humanos.

Envíen cartas, fax, postales o peticiones, redactadas con sus propias palabraspero utilizando como guía los siguientes puntos:

- expresando indignación porque Estados Unidos sigue condenando a muerte y ejecutando a personas por delitos que cometieron cuando eran menores de edad; expresando indignación también por el hecho de que, para enero del 2000, está prevista la ejecución de tres menores más;

- señalando que casi ningún otro país del mundo utiliza la pena de muerte de esa manera;

- declarando que las afirmaciones de Estados Unidos cuando afirma ser un líder en materia de derechos humanos seguirán perdiendo credibilidad mientras el país siga cometiendo esa violación flagrante del derecho internacional;

- instando al gobierno federal a cumplir sus obligaciones; para ello debe intervenir e impedir que se lleven a cabo las ejecuciones de Glen McGinnis en Texas y Steve Roach y Chris Thomas en Virginia.

Pueden escribir a cualquiera de las autoridades federales que enumeramos a continuación, o a todas ellas:

Presidente de Estados Unidos

President Clinton

The White House, Office of the President

1600 Pennsylvania Avenue

Washington, DC 20500, EE. UU.

Fax: + 1 202 456 2461

Tratamiento: Dear Mr President / Sr. Presidente

Secretaria de Estado

The Honourable Madeleine Albright

Office of the Secretary of State

2201 C Street N.W., Washington, DC 20520 EE. UU.

Fax: +1 202 647 1533

Tratamiento: Dear Secretary of State / Sra. Secretaria de Estado

Subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo

The Honourable Harold Koh

Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor, Department of State

2201 C Street, N.W.

Washington, DC 20520, EE. UU.

Fax: + 1 202 647 5283

Tratamiento: Dear Assistant Secretary / Sr. Subsecretario

Fiscal General

The Honorable Janet Reno

Attorney General, Department of Justice

950 Pennsylvania Ave, N.W., Room 440

Washington, DC 20530, EE. UU.

Fax: +1 202 514 4371

Tratamiento: Dear Attorney General / Sra. Fiscal General

Cartas al gobierno de su propio país

Es importante presionar a los gobiernos de otros países para que planteen esta cuestión ante las autoridades estadounidenses. Si es posible, escriban al ministro de Asuntos Exteriores de su propio país, utilizando sus propias palabras pero tomando como guía los siguientes puntos:

- diciendo que escriben para manifestar su preocupación porque Estados Unidos, que es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene intención de ejecutar a otros tres menores en enero del 2000;

- expresando su preocupación porque la postura de Estados Unidos respecto a esta cuestión socava el sistema de protección de los derechos humanos en su conjunto;

- instando a su gobierno a plantear urgentemente este asunto ante las autoridades estadounidenses, con vistas a que se impidan estas tres ejecuciones.

Cartas de dirigentes empresariales

Si es posible, organicen el envío de cartas de dirigentes empresariales (por ejemplo, directores de empresas) de su país, preferiblemente en papel con membrete de su empresa. Aunque Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a la retirada de inversiones o los boicots, es importante que las autoridades estadounidenses sepan que a la comunidad empresarial le preocupa el hecho de que Estados Unidos no esté dando un buen ejemplo en lo que se refiere a las leyes internacionales de derechos humanos.

Cartas de líderes religiosos

Durante los últimos dieciocho meses, la comunidad religiosa de Estados Unidos ha manifestado más enérgicamente su oposición a la pena de muerte, por lo que las cartas de líderes religiosos a las autoridades estadounidenses pueden resultar útiles. Si es posible, envíen copias de esas cartas a los periódicos locales enumerados más arriba.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

El SI ha enviado directamente este documento a: todas las Secciones, la Red Internacional de Pena de Muerte, la Red de Niños, la Red de Jóvenes y Estudiantes, la RAR de Estados Unidos y Canadá, y los coordinadores de Expedientes de Acción sobre Pena de Muerte de Estados Unidos. El documento se ha enviado también a los coordinadores de campaña, ya que algunas Secciones aún siguen trabajando sobre la campaña de Estados Unidos, y otras pueden estar interesadas en recibir el documento como información adicional sobre el tema que constituyó el enfoque principal del elemento de pena de muerte de la campaña: la ejecución de menores.

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(1) Declaración respecto a la Ley Federal sobre la Abolición de la Pena de Muerte, de 1999.

(2) Si desean más información, consulten En la página equivocada de la historia: Los menores y la pena de muerte en Estados Unidos(AMR 51/58/98/s, de octubre de 1998).

(3) El artículo 4 del PIDCP dispone que no se autorizará suspensión alguna del artículo 6, ni siquiera en «situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación».

(4) En Estados Unidos, 15 de los 38 estados que aplican la pena de muerte han fijado los 18 años como edad mínima para ser condenado a la pena capital. El decimoquinto estado, Montana, elevó en 1999 de 16 a 18 años la edad mínima para ser condenado a muerte.

(5) Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado 19 ejecuciones de menores en seis países: diez en Estados Unidos y nueve en Arabia Saudí, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen.

(6) Hay informes que indican que, en octubre de 1999, Ebrahim Qorbanzadeh, de 17 años, fue ejecutado en Irán. En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional no había podido confirmar este dato.

(7) Esto incluye a menores que no son estadounidenses. Dos ciudadanos mexicanos, Martín Raúl Fong Soto y Oswaldo Regalado Soriano, están en espera de ser ejecutados por unos delitos que cometieron a los 17 años. Felipe Petrona Cabanas, otro ciudadano mexicano acusado de un delito que cometió a los 17 años, se enfrenta a un juicio en el que se va a pedir la pena capital y que está previsto que se inicie en Texas en junio del 2000.

(8) Aunque las leyes federales sobre pena capital no permiten el uso de la pena de muerte contra menores, el gobierno federal, en sus respuestas a Amnistía Internacional, sigue insistiendo en que no puede ni quiere intervenir en la forma en la que los estados individuales aplican dicha pena. Sin embargo, existe un antiguo principio del derecho internacional según el cual el Estado está sometido a dicho derecho, independientemente de que tenga un sistema unitario, descentralizado o federal, y es responsable de garantizar que todas las autoridades gubernamentales del país cumplen los principios del derecho internacional. La constitución estadounidense establece expresamente que el poder de firmar y ratificar tratados recae en el Estado federal, y no en los estados individuales.

(9) Estados Unidos, cuando ratificó el PIDCP en 1992, se reservó el derecho de hacer caso omiso de la prohibición establecida en el artículo 6.5 respecto al uso de la pena de muerte contra menores. El Comité de Derechos Humanos ha declarado que la reserva formulada por Estados Unidos contraviene el objeto y el propósito del Pacto, y debe ser retirada. El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, cuyo mandato incluye la pena de muerte, ha reiterado que la reserva formulada por Estados Unidos debe ser considerada nula, y que el uso de la pena de muerte contra menores por parte de este país infringe el derecho internacional. El 16 de junio de 1999, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Virginia que no siguieran adelante con la ejecución de Chris Thomas y que reafirmaran la prohibición establecida por el derecho internacional consuetudinario respecto al uso de la pena de muerte contra menores.

(10) Domingues contra Nevada. Michael Domingues, condenado a muerte en Nevada por un delito que cometió a los 16 años, había apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos alegando que su condena de muerte era ilegal en virtud del derecho internacional consuetudinario y de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del PIDCP. Impulsada por esta apelación, la Corte, en junio de 1999, ordenó al fiscal general adjunto que presentara un informe sobre la postura del gobierno respecto a esta cuestión. Si desean más información, consulten la Acción Urgente 150/99 (AMR 51/102/99/s, del 29 de junio de 1999) y sus actualizaciones.

(11) Bruce Lee Williams, joven de 17 años de raza negra, fue condenado a muerte en el condado de Dallas el 4 de noviembre de 1999.

(12) Los abogados defensores habían presentado un recurso de última hora basado en la resolución emitida por la Corte unos días antes en un caso diferente, según la cual tanto el padre como la madre debían ser informados cuando se procesaba a un menor. La Corte Suprema del estado concedió la suspensión y estudió el recurso de Chris Thomas en una vista celebrada en septiembre. El 5 de noviembre rechazó el recurso, y también se pronunció en contra de Steve Roach, cuya ejecución, fijada para el 25 de agosto de 1999, había sido suspendida por la Corte Suprema el 6 de agosto por el mismo motivo.

(13) Su tía estuvo presente durante parte del interrogatorio. Ha declarado que, antes de que lo interrogaran, había dado a Chris una pastilla (una de las píldoras para dormir o los tranquilizantes que ella tomaba) y que estaba preocupada por el efecto que esa pastilla pudiera haber tenido sobre su sobrino durante el interrogatorio. La madre de Chris Thomas estaba en la casa cuando llegó la policía, pero no le permitieron estar presente mientras interrogaban a su hijo.

(14) La víspera del juicio, Chris Thomas firmó una declaración preparada por sus abogados que decía que si se declaraba «culpable de un cargo de asesinato en primer grado, el principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito impedirá que sea juzgado por el delito de asesinato punible con la pena capital. Tengo entendido que, si la moción tiene éxito, ese principio que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito impedirá que sea electrocutado y probablemente reducirá mi condena a una pena de cadena perpetua. Comprendo mis opciones y decido seguir adelante con el juicio, con la intención de declararme inocente de todos los cargos». Sin embargo, al día siguiente había cambiado de opinión y, tal como sus abogados querían, se declaró culpable del asesinato de James Wiseman confiando en la teoría de que así no podría ser juzgado por el asesinato de Kathy Wiseman.

(15) Hampton Roads Daily Press, 15 de junio de 1999.

(16) La identidad de estas mujeres, así como otros datos sobre ellas, se proporcionó al gobernador Gilmore como parte de la petición de indulto que le fue presentada.

(17) La acusación alega que no importa quién realizó el segundo disparo contra Kathy Wiseman, ya que ambos habrían sido mortales. Sin embargo, los abogados que se encargan de la apelación alegan que los testimonios médicos presentados durante el juicio indicaban que el primer disparo habría sido mortal sólo si no hubiera recibido tratamiento. Los abogados encargados de la apelación también afirman que fue el segundo disparo contra Kathy Wiseman el que hizo que Chris Thomas pudiera ser condenado a muerte, ya que fue el que posibilitó que el jurado considerara que se daba la condición de «crueldad» (por considerar que el tiempo transcurrido entre ambos disparos constituía el «daño agravado» incluido en la definición de «crueldad»). En marzo de 1999, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito falló en contra de este argumento, diciendo que el jurado podría haber considerado que el crimen implicaba «depravación» incluso aunque Chris Thomas no hubiera realizado el segundo disparo.

(18) El psicólogo de la defensa describió los dos incidentes de robo de automóviles como actos poco graves, en los que el joven había sustraído los vehículos para dar un paseo en ellos; este experto no pensaba que esos robos pudieran considerarse como delitos indicativos de futuros actos violentos.

(19) Parece ser que, al denegar una apelación en la que se afirmaba que la acusación no había presentado pruebas suficientes para demostrar la «peligrosidad futura» del acusado, la Corte Suprema de Virginia consideró que la infracción de la libertad condicional que suponía la posesión de una escopeta era un claro indicio de esa peligrosidad futura: «El comportamiento violento se derivó de esa infracción de la libertad condicional, ya que Roach utilizó la escopeta para matar a la señora Hughes. Por ello, tanto la infracción en sí como su carácter específico fueron una prueba pertinente para que el jurado determinara la existencia de "peligrosidad futura"». Steve Roach contra la Commonwealth de Virginia, 1996.

(20) Tal como se citó en la apelación presentada por Roach ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos.

(21) «El psicólogo respalda la rehabilitación», The Courier(Conroe), 30 de julio de 1992.

(22) Según el censo de 1990, la población del condado de Montgomery estaba compuesta por 203.674 personas, de las cuales 7.763 (3,8 por ciento) eran negras. En todo Texas, aproximadamente el 75 por ciento de los habitantes son blancos y el 12 por ciento son negros.

(23) La exención de uno de los candidatos blancos recuerda a un caso anterior, ocurrido también en el condado de Montgomery. El candidato en cuestión pidió ser eximido porque su padre, como miembro del jurado, había sido responsable de que un jurado no pudiera llegar a un veredicto en un caso anterior de pena de muerte, el de Clarence Brandley. El candidato del juicio de McGinnis declaró que aquello había provocado muchos problemas en su hogar, y que él no quería que surgieran problemas similares por participar como jurado en este otro juicio. Este candidato fue eximido de su labor sin que se consideraran adecuadamente los motivos esgrimidos y a pesar de las protestas del abogado defensor. Después de que, en su primer juicio, el jurado no pudiera llegar a un veredicto, Clarence Brandley, de raza negra, fue condenado a muerte en un segundo juicio por un jurado compuesto exclusivamente por blancos; se le juzgaba por el asesinato de una muchacha blanca de 16 años, cometido en 1980. Su declaración de culpabilidad pareció basarse exclusivamente en el color de su piel. Brandley fue liberado en 1990, cuando salieron a la luz pruebas que demostraban su inocencia. Un juez escribió que «ninguna causa ha mostrado de manera tan terrible los efectos de los prejuicios raciales». (Véase Errores fatales: Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos, AMR 51/69/98/s, de noviembre de 1998.)

(24) Véase Prejuicios que matan: La dimensión racial de la pena de muerte en Estados Unidos (AMR 51/52/99/s, de mayo de 1999). En una conversación telefónica con Amnistía Internacional el 23 de noviembre de 1999, el abogado que defendió a Glen McGinnis durante el juicio dijo que pensaba que, si se hubiera tratado de un adolescente blanco acusado de matar a una persona negra, se habría dictado una pena de prisión. El abogado dijo también que sigue considerando la condena de muerte contra Glen McGinnis como la mayor derrota judicial de su carrera.

(25) Parece ser que la escasa representación de negros entre los candidatos a miembros del jurado en este caso no fue una excepción en lo que se refiere a los juicios celebrados en el condado de Montgomery. En nueve juicios de pena capital celebrados en el condado entre 1985 y 1995 (los únicos juicios de pena capital de los que existen estadísticas), la proporción de candidatos de raza negra era inferior en un 40 por ciento al porcentaje de negros en la población. De un total de 781 posibles miembros del jurado en los juicios de Jesse Jacobs, John Weatherred (2 juicios), Daniel Corwin, Gerald Casey, Dennis Dowthitt, Frank Williams, James Colburn y Glen McGinnis, sólo 18 (un 2,3 por ciento) eran negros. Estos datos aparecieron citados en el informe del apelante en el recurso presentado en 1998 por Glen McGinnis contra la denegación de su petición de hábeas corpus.

(26) Entre 1977, fecha en la que Estados Unidos reanudó las ejecuciones, y 1990, tres presos estadounidenses fueron ejecutados por delitos que cometieron cuando tenían 17 años de edad: Charles Rumbaugh [blanco, Texas], ejecutado en 1985, J. Terry Roach [blanco, Carolina del Sur], ejecutado en 1986, y Jay Pinkerton [blanco, Texas], ejecutado en 1986.

(27) «Adolescente condenado a muerte por el asesinato de un agente del orden», Houston Chronicle, 25 de mayo de 1999.