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ÍNDICE AI: AMR 52/01/97s

20 DE MAYO DE 1997

URUGUAY: EL VALOR DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA ES IMPRESCINDIBLE

Amnistía Internacional reitera hoy su llamamiento a las autoridades uruguayas para que aseguren que las violaciones de derechos humanos cometidas durante pasados gobiernos militares sean investigadas exhaustivamente.

“La organización acoge con satisfacción la reciente decisión del juez Álvaro Reyes de investigar el destino de varios detenidos desaparecidos, quienes habrían sido supuestamente enterrados en cuarteles militares durante el período de 1973 a 1985", señala Amnistía Internacional. “Los familiares de las víctimas tienen el derecho innegable a una investigación exhaustiva de la verdad sobre el destino de sus seres queridos".

A comienzos de 1996, antiguos miembros de las fuerzas armadas uruguayas declararon que las muertes y “desapariciones” ocurridas durante el período de 1973 a 1985 habían sido perpetradas por personal militar. En esa ocasión, Amnistía Internacional exhortó a las autoridades uruguayas a “reconocer la verdad para poder superar el pasado”.

Un año después, el pasado 19 de marzo, el senador Rafael Michelini interpuso una denuncia judicial en la que se alega que un oficial general en situación de retiro le había informado que “los detenidos desaparecidos en el Uruguay fallecieron mientras eran sometidos a interrogatorios en unidades militares, [y que] posteriormente los cuerpos de estas personas fueron inhumados clandestinamente en predios militares”.

Aunque las reparaciones legales sobre estos hechos quedaron truncadas en Uruguay con la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, Amnistía Internacional apela nuevamente a las autoridades uruguayas para que se atengan a las normas internacionales de derechos humanos, se realicen investigaciones completas e independientes sobre todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante gobiernos anteriores, y se lleve a los responsables ante la justicia .

Información General

En diciembre de 1986, durante el primer gobierno del presidente Julio María Sanguinetti, el Parlamento Uruguayo aprobó la Ley de Caducidad. Mediante esa ley quedaba exento de castigo todo el personal militar y policial responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985, si tales actos tuvieron motivación política o fueron cometidos en cumplimiento de órdenes. En abril de 1989, en un referéndum nacional, el electorado votó por mantener la Ley de Caducidad.

De conformidad con la Ley de Caducidad, el gobierno tenía la responsabilidad de las investigaciones administrativas sobre las “desapariciones” que hubieran ocurrido durante el periodo del gobierno militar. Sin embargo las investigaciones fueron confiadas a fiscales militares, lo que dio lugar a serias dudas sobre la imparcialidad de las mismas.

Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación en cuanto a la Ley de Caducidad, ya que la misma no establece garantías para una investigación completa, independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos del pasado. La organización considera que dicha ley es una afrenta a las víctimas y a sus familiares. En efecto, la Ley de Caducidad ha privado a los familiares de los medios legales para determinar la suerte y el paradero de sus seres queridos.

FIN.../

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