Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - Uruguay: Amnesty International calls for truth and justice for victims of crimes against humanity

Servicio de Noticias: 098/99

ÍNDICE AI: AMR 52/01/99/s

PARA SU PUBLICACIÓN EL 20 DE MAYO DE 1999




DECLARACIÓN PÚBLICA



Uruguay


Amnistía Internacional pide verdad y justicia para las víctimas

de crímenes contra la humanidad



Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a las autoridades uruguayas para que se aseguren de que las violaciones de derechos humanos cometidas durante anteriores gobiernos militares se investigan minuciosamente. La organización recuerda a las autoridades que sólo la verdad y la justicia ayudarán a las víctimas y a sus familiares a poner fin al sufrimiento que han soportado durante más de dos décadas.


Hoy, los familiares de las decenas de «desaparecidos» que hubo en Uruguay entre 1973 y 1985 volverán a preguntar cuál fue la suerte que corrieron sus seres queridos. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar para recibir una respuesta?


En julio de 1998, el gobierno uruguayo tomó parte en la creación de la Corte Penal Internacional en Roma. El Estatuto de la Corte define como crímenes contra la humanidad el uso sistemático y generalizado de la tortura y las desapariciones forzadas.


El gobierno uruguayo debe ser coherente con su compromiso con la Corte. Es imprescindible que se aclaren los crímenes contra la humanidad cometidos durante los anteriores gobiernos militares de Uruguay. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia, dos requisitos esenciales para defender el Estado de derecho.


Información general

La Ley de Caducidad uruguaya garantizó la impunidad a todo el personal policial y militar responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985. En abril de 1989, esta ley se mantuvo en la legislación como resultado de un referéndum nacional. La Ley de Caducidad permitía realizar investigaciones administrativas sobre las decenas de «desapariciones» que se produjeron durante el gobierno militar. Sin embargo, las investigaciones se encomendaban a fiscales militares, con las consiguientes dudas sobre su imparcialidad.

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