Document - Venezuela: Fear for safety: Solmari MADERA
PÚBLICO Índice AI: AMR 53/01/00/s
AU 15/00 21 de enero del 2000
Temor por la seguridad
VENEZUELA Solmari MADERA
Un inspector de policía ha amenazado con matar a Solmari Madera, una mujer que declaró que unos policías que registraron su casa sin orden judicial le habían robado dinero. Amnistía Internacional teme por su seguridad.
Según el testimonio de Solmari Madera, el 11 de enero del 2000, cuando regresó a su domicilio después de haber llevado a sus hijas a la escuela por la mañana, se encontró a varios agentes de policía registrando la casa. Al parecer, los agentes, miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, no tenían orden judicial para registrar la casa, situada en Pinto Salinas, Parroquia El Recreo, un barrio de la capital, Caracas.
Tras un intercambio de palabras, Solmari Madera descubrió que el dinero que guardaba en un portamonedas había desaparecido, y acusó a los policías de haberlo robado. Al parecer, uno de los agentes le devolvió un dinero que había tomado de otro lugar de la casa, pero no el del portamonedas. Un inspector de policía presente en el registro ordenó que Solmari Madera fuera puesta bajo custodia, por lo que los agentes la llevaron a la comisaría de Simón Rodríguez.
Poco antes de ser liberada, a mediodía, el inspector de policía dijo a Solmari Madera que se iba a llevar a cabo una investigación sobre la cuestión del dinero desaparecido. Sin embargo, le advirtió de que no presentara una denuncia al respecto, y luego la amenazó. Según el testimonio de esta mujer, el inspector le dijo: «Yo lo que quiero es que tú no me enlodes [por lo del dinero] porque yo cuando voy a ese barrio voy a matar».
La madre de Solmari Madera, de 73 años, vive en las cercanías, y, al parecer, la policía también registró su casa sin orden judicial. Durante el registro, los agentes la empujaron contra una pared y derribaron a patadas la puerta de su dormitorio, rompiéndola.
Solmari Madera denunció todos estos hechos ante la Fiscalía General de la República, y su denuncia fue asignada al Fiscal Núm. 29 del Área Metropolitana.
En su testimonio, Solmari Madera ha escrito: «Tengo miedo que esta denuncia me genere represalias por parte de funcionarios policiales, ya que es el hecho cotidiano que amenazen y aterroricen, e incluso maten a cualquiera que se atreva a denunciar y defender sus derechos. Esta es una práctica sistemática en mi barrio y hacen lo "que les da la gana", a pesar de todos los discursos que escucho sobre el estado de derecho y los derechos humanos».
INFORMACIÓN GENERAL
A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha recibido de Venezuela centenares de denuncias sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Entre otras cosas, se han denunciado ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos deliberados contra detenidos. Las víctimas son en su mayoría presuntos delincuentes, civiles que protestan por las medidas del gobierno y personas que viven en barrios marginales y zonas pobres. En la gran mayoría de los casos, los responsables de esos graves abusos jamás son llevados ante la justicia.
En febrero de 1999, el coronel Hugo Chávez Frías, que en 1992 encabezó un golpe de Estado militar fallido, se convirtió en presidente de Venezuela. Su gobierno, que llegó al poder en un momento en el que el país padecía graves problemas económicos y la población estaba insatisfecha con los partidos políticos tradicionales y la corrupción oficial, prometió cambios radicales, entre los que se incluían una revisión a fondo del poder judicial y la introducción de medidas para reforzar la protección de los derechos humanos. El pasado mes de diciembre entró en vigor una nueva Constitución que incluía el reconocimiento del derecho a la vida y a la integridad de la persona, el respeto por los tratados internacionales de derechos humanos y la tipificación como delito de las desapariciones forzadas. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos calificaron las disposiciones de derechos humanos de la nueva Constitución como notablemente progresistas, pero advirtieron de que corrían peligro de verse socavadas por otras disposiciones constitucionales que aumentaban el poder político de las fuerzas armadas.
Desde que el gobierno del presidente Chávez llegó al poder, Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por las declaraciones realizadas por las autoridades, según las cuales el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, incluido el problema de la impunidad, son puntos centrales del programa del nuevo gobierno. Sin embargo, la organización ha señalado que para convertir la defensa y la promoción de los derechos humanos en realidad son necesarias medidas legislativas, administrativas y de otro tipo, respaldadas por la voluntad política y los recursos necesarios. Entre otras cosas, es preciso garantizar que las víctimas pueden presentar una denuncia sin sentir que corren peligro de sufrir represalias.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque, al parecer, el 11 de enero del 2000 un inspector de policía asignado al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial amenazó con matar a Solmari Madera, residente de Pinto Salinas, Parroquia El Recreo, Caracas;
- pidiendo que la denuncia presentada por esta mujer sea investigada de forma inmediata e independiente, que se hagan públicas las conclusiones de la investigación y que los responsables de las amenazas comparezcan ante los tribunales;
- manifestando su satisfacción por las declaraciones de las autoridades cuando afirman que la promoción y la protección de los derechos humanos son un componente esencial del programa de gobierno del presidente Hugo Chávez, e instando a que esas declaraciones se traduzcan en medidas prácticas y eficaces.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Javier Elechiguerra
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Parque Carabobo, Av. Universidad
Caracas, Venezuela
Telegramas: Fiscal General, Caracas, Venezuela
Fax: + 582 576 4419 (si responde una voz, digan: «Me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Estimado Doctor
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Organización de derechos humanos
PROVEA
Apartado Postal 5156
Caracas 1010-A, Venezuela
y a los representantes diplomáticos de Venezuela acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 3 de marzo del 2000.