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ÍNDICE AI : ASA 12/06/97/s

20 DE JUNIO DE 1997

Australia: la iniciativa gubernamental para que los funcionarios hagan caso omiso de tratados ratificados de derechos humanos transmite un mensaje ambiguo

La presentación por el gobierno australiano de un proyecto de ley que trata de impedir que los australianos denuncien en su propio país violaciones de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Australia transmite al mundo un mensaje erróneo sobre la seriedad del país a la hora de promover y proteger los derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

De promulgarse, la Ley sobre Decisiones Administrativas de 1997 (Efecto de los Instrumentos Internacionales) (Administrative Decisions (Effect of International Instruments) Bill 1997), presentada este semana, eliminaría toda «expectativa legítima» de que los australianos puedan tener el derecho a anular el efecto de una decisión gubernamental basándose en la infracción de tratados internacionales que no se han incorporado aún a la legislación nacional; o cualquier ley nacional que se remita a tales instrumentos.

«Este es el último de una serie de pasos que ha dado el gobierno australiano que erosionan de hecho su compromiso con los derechos humanos», afirmó Amnistía Internacional. «Por una parte, dice al mundo que está vinculado a los tratados que ha ratificado y que, en algunos casos, ha contribuido a desarrollar. Pero, por otra parte, con este proyecto de ley, el gobierno está transmitiendo a sus ciudadanos y al mundo un mensaje muy diferente».

«En lugar de redactar leyes técnicas para eludir sus obligaciones legales, el gobierno debería elaborar inmediatamente leyes que implanten plenamente tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que ratificó en 1990", ha manifestado la organización de derechos humanos.

El gobierno explicó la necesidad de este proyecto de ley afirmando que la mera ratificación de un tratado no debería, en ninguna circunstancia, imponer una obligación nacional. Argumentó que una decisión del Tribunal Supremo australiano de 1995 creó incertidumbre en la toma de decisiones, al permitir que éstas fueran recurridas sobre la base de que no se habían tenido en cuenta las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos.

En virtud del proyecto de ley, las autoridades podrán hacer caso omiso de un tratado de derechos humanos al que Australia está vinculado internacionalmente sin temor a que se recurra formalmente en el país, salvo que el parlamento haya incorporado el tratado a la legislación nacional.

«Australia ha contribuido a crear y promover muchos tratados de derechos humanos de los que es también parte. Estos tratados han de implantarse para que los australianos puedan gozar plenamente de los derechos consagrados en ellos», ha declarado Amnistía Internacional.

El anterior gobierno, ahora en la oposición, había presentado un proyecto legislativo similar sobre decisiones administrativas, que prescribió en el Senado cuando en febrero de 1996 se convocaron elecciones federales.