ÍNDICE AI: ASA 12/11/98/sServicio de Noticias 233/98

PÚBLICO

EMBARGADO HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 1998, A LAS 12.00 HORAS GMT

AUSTRALIA: EL GOBIERNO AMENAZA CON AMORDAZAR A AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional ha reaccionado con indignación ante el aviso del gobierno australiano de las «graves consecuencias» que podría acarrear a la organización continuar mencionando el nombre o publicando información en la que figure la identidad de un solicitante de asilo somalí al que el gobierno ha intentado en repetidas ocasiones deportar a Mogadiscio, donde podría ser torturado o muerto. El propio solicitante de asilo ha autorizado que se dé a conocer su nombre.

«Este hecho equivale en la práctica a una censura. Es completamente inaceptable, ya que no son los gobiernos los que tienen que decidir si el hecho de informar sobre el caso de alguien que puede sufrir tortura o muerte cuando sea deportado va en interés de esa persona. La tarea de los gobiernos es cumplir con su obligación ─contraída mediante la firma de tratados─ de no deportar a personas que pueden sufrir graves abusos contra sus derechos humanos», ha afirmado Amnistía Internacional. «Si al gobierno australiano le preocupaba verdaderamente la seguridad de este somalí cuando volviera a Mogadiscio, no debería haber intentado por tres veces devolverlo allí».

La primera medida que tomó Amnistía Internacional para proteger al solicitante de asilo somalí fue escribir al gobierno australiano el 28 de octubre de 1998, un día antes de la fecha prevista para su deportación. El Tribunal Superior australiano detuvo la deportación al día siguiente. El gobierno trató entonces de conseguir un mandamiento judicial que prohibiera la publicación de cualquier información identificativa sobre el caso. En otros casos recientes de solicitantes de asilo somalíes a punto de ser deportados no se tomó una medida de este tipo.

El 18 de noviembre, un día antes de la nueva fecha prevista para su deportación, Amnistía Internacional publicó una Acción Urgente alertando a sus miembros en todo el mundo sobre la deportación inminente del somalí, cuyo nombre se mencionaba con su consentimiento. Horas después, 10 funcionarios y agentes de seguridad lo llevaron al aeropuerto con un cinturón de inmovilización y lo obligaron a embarcar en un avión con destino a Mogadiscio.

Sin embargo, durante una escala en Perth y tras las intervenciones de urgencia del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, así como de Amnistía Internacional y el sindicato de transportes australiano, que actuaron para impedir que transbordara al vuelo que salía de Perth, se le concedió una suspensión temporal de última hora y permiso para permanecer temporalmente en Australia.

El gobierno australiano permitió al somalí permanecer en el país mientras el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas examina el caso, a condición de que permanezca detenido a 4.000 kilómetros ─y tres husos horarios─ de Melbourne, donde está su abogado. No obstante, las autoridades no han dado ninguna garantía de que mientras tanto no será deportado, limitándose a garantizar que se avisará de la deportación con cuarenta y ocho horas de antelación.

El 19 de noviembre, el fiscal jefe del gobierno australiano, «en nombre del ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales», escribió a la Sección Australiana de Amnistía Internacional en relación a la Acción Urgente, advirtiendo a la organización que «fuera consciente de las graves consecuencias que podrían derivarse» de vulnerar el mandamiento judicial de prohibición de publicación emitido esa tarde a petición del ministro.

Sin dar ninguna explicación de las razones por las que el gobierno ha decidido suprimir la publicidad sobre el caso, la carta reproducía el mandamiento judicial, en virtud del cual no es posible publicar en Australia el nombre ni «información alguna que pudiera identificar» al somalí.

Un principio fundamental del derecho internacional es que todas las actuaciones de los tribunales estén abiertas al público y a los medios de comunicación como salvaguardia de su integridad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Australia, dispone que «Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley [...] para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil».

Según el artículo 14 (1) del pacto, los medios de comunicación y el público no podrán ser excluidos ni siquiera de parte de los juicios excepto en casos excepcionales y estrictamente definidos, como «cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia». La supresión del nombre o cualquier otra información identificativa de este hombre, que desea que el público conozca su caso, no constituye ninguna de estas excepciones.

El 8 de diciembre continuarán las diligencias para levantar el mandamiento que prohíbe la publicación de información sobre el caso.

«Los intentos del gobierno australiano de ejercer la censura en este caso son profundamente lamentables. No podemos ni queremos dejar de hacer campaña contra la deportación de un individuo a un lugar en el que podría sufrir graves violaciones de derechos humanos o incluso morir.»"

Para más información, pónganse en contacto con Heinz Schurmann-Zeggel, investigador sobre Australia, en el +44 171 413 5720