EXTERNO

Índice AI: ASA 17/01/95/s

Distrib: PG/SC

Red de Profesionales de la Salud

Acción de redacción de cartas

Marzo de 1995

China

El uso de órganos de presos ejecutados

Palabras clave

Tema: ejecución/ética médica/trasplante de órganos

Resumen

Amnistía Internacional está muy preocupada por el extendido uso de la pena de muerte en China y la falta de salvaguardias para los presos. Además, a pesar de las crecientes protestas de las organizaciones de derechos humanos y del sector internacional dedicado a los trasplantes de órganos, la extracción para trasplante de los órganos de presos ejecutados sigue siendo una práctica común en China. Según los informes, éste es el origen de la inmensa mayoría de los órganos trasplantados en el país. Las normas oficiales exigen el consentimiento del preso o de su familia antes de la extracción de los órganos del cuerpo, pero según numerosas fuentes ese consentimiento se solicita en escasísimas ocasiones, por no decir en ninguna, y las degradantes condiciones en las que permanecen retenidos los presos condenados impediría que, aun en caso de solicitarlo, se diera en condiciones de verdadera libertad e información. Los presos seleccionados para servir como fuente de órganos tras su ejecución están sujetos a un tratamiento

degradante que consiste en la realización de estudios médicos que no les benefician y cuyo objetivo no se les revela. En estos estudios participan profesionales de la salud que incumplen su obligación ética de actuar por el bienestar del paciente. También toman parte en la extracción de órganos de los cuerpos de presos ejecutados y en la implantación de estos órganos en los receptores, aunque, según los informes, el sistema a través del cual se organizan estos trasplantes incluye el pago de grandes sumas a los hospitales y el trato preferente de los pacientes políticamente favorecidos, incumpliendo los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos de la Organización Mundial de la Salud. Por último, este sistema de abastecimiento de órganos tiene como telón de fondo un proceso judicial que dista mucho de cumplir con las normas internacionales, lo cual plantea la preocupación de que en algunos casos la sentencia y la fecha de aplicación de la pena de muerte se vean influidas por la necesidad de órganos para trasplante. Incluso aunque no se diera esta manipulación, es probable que la existencia del comercio de órganos actúe como obstáculo para limitar la amplitud de las ejecuciones y la posible abolición de la pena capital en China.

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que pongan fin inmediatamente a la práctica de usar para trasplante los órganos extraídos de los cadáveres de los presos ejecutados. También solicita a los organismos profesionales médicos chinos que exijan a todos los profesionales de la salud chinos que se nieguen a tomar parte en las ejecuciones o en la extracción o el uso de los órganos de los presos ejecutados.

Acciones recomendadas

Se pide a los grupos médicos que escriban a su asociación nacional de trasplantes pidiéndole que denuncie públicamente la práctica de utilizar los órganos de los presos ejecutados en China, y que escriban a la Asociación Médica China y a la Sociedad Asiática de Trasplantes exigiéndoles que indiquen claramente a los profesionales médicos chinos que la participación médica en ejecuciones, incluida la extracción de órganos antes y después de la muerte, es inaceptable.

Se pide a los profesionales de la salud que escriban al mayor número posible de las direcciones que aquí se indican, en inglés o en su propio idioma, llamando la atención sobre los siguientes puntos:

■ a pesar de los desmentidos oficiales, hay abundantes indicios de que la extracción de órganos de los cuerpos de los presos ejecutados es una práctica común en China, y que rara vez, si acaso alguna, cuenta con el consentimiento previo del preso o de su familia

■ los presos condenados que han sido seleccionados para proporcionar órganos suelen ser objeto de estudios médicos cuyo propósito no se les revela, lo cual vulnera la ética médica básica

■ el sistema de distribución de órganos que hace uso de los tejidos de presos ejecutados incumple las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el trasplante de órganos debido a la falta de consentimiento del donante, a las elevadas sumas que se pagan a los hospitales y a los criterios no médicos que influyen en la asignación de órganos

■ la deplorable falta de salvaguardias existente en el proceso legal chino, muy por debajo de las normas internacionales, proporciona pocas garantías de que la decisión de imponer o llevar a cabo sentencias de muerte no esté influida por la necesidad de órganos para trasplante

y solicitando a:

■ las autoridades chinas que pongan fin inmediatamente a la práctica de extraer órganos de los cuerpos de los presos ejecutados, sustituyendo esta fuente de órganos, si es necesario, por un sistema verdaderamente voluntario de donación de órganos de personas vivas y de cadáveres de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud

■ los profesionales de la salud que se nieguen a participar en la extracción de órganos de los presos ejecutados o en el uso de tales órganos, sea cual sea la etapa del proceso en la que participen

■ la Asociación Médica China que adopte una política contra la extracción de órganos de presos ejecutados o el uso de tales órganos, de acuerdo con el consenso cada vez mayor existente en la comunidad médica internacional

Se pide a los grupos médicos que usen la información de este informe para preparar un breve artículo o carta para la prensa médica de su país. Si en su grupo hay cirujanos dedicados a trasplantes, éstos pueden escribir un artículo para la prensa especializada (más adelante se facilitan unas cuantas direcciones de revistas sobre trasplantes).

DIRECCIONES

1) Autoridades gubernamentales

LI Peng Zongli

Guowuyuan

9 Xihuangchenggenbeijie

Beijingshi 100032

República Popular China

Télex: 210070 FMPRC CN o 22478 MFERT CN

Fax: + 86 1 512 5810

(a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

(Presidente de la República Popular China)

CHEN Minzhang Buzhang

Weishengbu

44 Houhai Beiyan, Gulou Xidajie

Beijingshi

República Popular China

Télex: 210070 FMPRC CN (22193 según FEandA 1993)

(A la atención del Ministro de Sanidad Chen Minzhang)

Telegrama: Minister of Public Health Chen Minzhang, Beijing, China

Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

(Ministro de Sanidad de la República Popular China)

XIAO Yang Buzhang

Sifabu

Xiaguangli

Beijingshi 1100016

República Popular China

2) Asociaciones médicas/de trasplantes

Dr Chawalit Ongcharit

President

Asian Society of Transplantation

Department of Surgery

Chulalongkorn University Hospital

Rama VI Rd

Bangkok 10330

Tailandia

WU Jieping Mingyu Huizhang

Zhonghua Yixuehui

42 Dongsi Xidajie

Beijingshi 100710

República Popular China

(Presidente honorario de la Asociación Médica China)

CHEN Minzhang Huizhang

Zhonghua Yixuehui

42 Dongsi Xidajie

Beijingshi 100710

República Popular China

(Presidente de la Asociación Médica China)

LIN Juying Lishizhang

Zhonghua Huli Xuehui

42 Dongsi Xidajie

Beijingshi

República Popular China

(Presidenta de la Asociación de Enfermeras China)

3) Hospitales donde se cree que se están efectuando trasplantes

The Director

West China University of Medical Sciences

37 Guoxue Xiang

Wainan 610041

Chengdushi

Sichuansheng

República Popular China

The Director

Institute of Organ Transplantation

Tongji Medical University

Wuhanshi

Hubeisheng

República Popular China

The Director

No.3 Hospital of Beijing Medical College

Beijingshi

República Popular China

The Director

Nanfeng Hospital

Guangzhoushi

Guangdongsheng

República Popular China

The Director

Chongshan University of Medical Sciences

Guangzhoushi

Guangdongsheng

República Popular China

The Director

Zhengzhou People's No.3 Hospital

Zhengzhoushi

Henansheng

República Popular China

4) Revistas sobre trasplantes

Transplantation

William & Wilkins Ltd

428 East Preston St

Baltimore, MD 21202-3993

EE. UU.

- o -

William & Wilkins Ltd

Broadway House

2-6 Fulham Broadway

London SW6 1AA

Reino Unido

Nephrology Dialysis Transplantation

Oxford Journals

Science, Medical and Journals Division

Oxford University Press

Walton St

Oxford

Oxon OX2 6DP

Reino Unido

Transplantation Reviews

W.B. Saunders Co.

Periodicals Dept

6277 C. Harbor Drive

4th floor

Orlando, Fl. 32887

EE. UU.

Transplantation Proceedings

PO Box 3000

Denville, NJ 07834

EE. UU.

China:

El uso de órganos de presos ejecutados

Desde hace algún tiempo se sabe que los órganos extraídos de presos ejecutados se usan para trasplantes en China. Amnistía Internacional informó sobre esta práctica en 1993 y en esa ocasión pidió al gobierno chino que prohibiera el uso de órganos de presos ejecutados sin su consentimiento previo, dado de una manera libre e informada. (China: Víctimas a miles; la pena de muerte en 1992, Índice AI: ASA 17/09/93/s). Sin embargo, el uso de órganos procedentes de esta fuente continúa produciéndose, de forma generalizada según los informes. Al no existir un sistema de donación voluntaria de los órganos de los cadáveres, se dice que la principal fuente de órganos en China son los presos ejecutados. Aunque se efectúa un pequeño número de trasplantes de órganos de personas vivas, se estima que el porcentaje de riñones para trasplante procedentes de presos ejecutados es del 90%¹. Según los informes, los órganos procedentes de esta fuente incluyen córneas, riñones y corazones. Varios informes recientes indican que los extranjeros también pueden viajar a China y comprar trasplantes en los que se utilizan órganos de presos ejecutados.

Órganos de presos ejecutados: el procedimiento

Los detalles del proceso de obtención de órganos son celosamente guardados por el gobierno chino. La información ha aflorado en gran medida de declaraciones confidenciales hechas a Amnistía Internacional y a otras organizaciones por personal de seguridad y salud que ha participado en el proceso. Según la experiencia de una fuente médica que dio testimonio para el informe China: Víctimas a miles; la pena de muerte en 1992, cuando las ejecuciones eran inminentes, se iniciaba el siguiente procedimiento: el presidente del Tribunal Municipal Intermedio del Pueblo daba aviso al vicepresidente de la oficina ejecutiva del tribunal, que a su vez lo notificaba al departamento de salud gubernamental pertinente. El funcionario de este departamento responsable de este tipo de casos se ponía en contacto con los hospitales adecuados e informaba sobre el número y la fecha de las ejecuciones, así como los detalles médicos de los condenados. Según la experiencia de esta fuente, el uso de órganos era habitual después de las ejecuciones.

Los condenados a los que se selecciona para utilizar sus órganos después de su ejecución son objeto de estudios médicos, entre ellos procedimientos invasivos, como la toma de muestras de sangre para análisis, sin que por lo general se les diga la razón por la que se efectúan estas pruebas. Si a pesar de la apelación la sentencia a muerte se confirma, al preso se le informa pocas horas antes de la ejecución y es posible que pase su última noche esposado y atado a una silla, mientras los otros detenidos lo observan, para evitar intentos de suicidio o actos de insubordinación. Al día siguiente, la ejecución puede ir precedida de un «acto público de imposición de sentencia», durante el cual se anuncia ante una multitud el nombre, el delito y el castigo del preso, mientras se le obliga a permanecer de pie con la cabeza baja y las manos atadas a la espalda. Por último, es conducido al lugar de la ejecución y ejecutado. Aunque el método oficial de ejecución en China es un solo disparo en la nuca, hay informes que indican que puede sustituirse por un disparo al corazón si se van a aprovechar las córneas del preso.

Una vez efectuada la ejecución, se traslada el cadáver en ambulancia al hospital designado. Hay ocasiones en las que los órganos para trasplante se extraen del cuerpo inmediatamente en un vehículo aparcado en el mismo lugar de la ejecución. Por lo general, luego se incinera el cadáver y a la familia sólo se le devuelven las cenizas, por lo que no puede comprobar si se han extraído órganos. Si la familia solicita que le devuelvan el cadáver intacto, normalmente le presentan una factura con los gastos de mantenimiento del preso durante su detención, que suele ser demasiado alta para que puedan pagarla.

Consentimiento

En abril de 1993, Jin Yongjian, embajador de China ante las Naciones Unidas en Ginebra, declaró ante el Comité contra la Tortura de la ONU que sólo se habían utilizado órganos para operaciones de trasplante en raras ocasiones y «con el consentimiento del individuo». En su informe sobre China de agosto de 1994², Human Rights Watch/Asia publicó las Normas provisionales sobre la utilización de cadáveres u órganos de cadáveres de criminales ejecutados, un conjunto de normas oficiales comunicadas en octubre de 1984 a los Tribunales Superiores del Pueblo, las Fiscalías del Pueblo y los Departamentos de Seguridad Pública, Salud y Asuntos Civiles de cada provincia, región autónoma y ciudad con administración directa de China. La Sección 3 de las Normas provisionales establece:

3. El cadáver o los órganos de los criminales ejecutados pueden facilitarse para su uso en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Cuando nadie reclama el cuerpo o la familia renuncia a ello;

2. Cuando el criminal ejecutado ha consentido voluntariamente en donar su cuerpo para un tratamiento médico o unidad de salud;

3. Cuando la familia consienta en que se utilice el cadáver.

Sin embargo, múltiples fuentes concuerdan en que los órganos para trasplante no suelen proceder normalmente de cadáveres no reclamados ni obtenerse después de consultar a la familia del preso, y que rara vez se le pide a éste el consentimiento para utilizar sus órganos.

Los estudios médicos que son necesarios antes de la donación de órganos se efectúan sin revelar al preso su objetivo. Desde el momento en que la sentencia de muerte se anuncia y ─en los casos en que el preso la apela─ durante el procesamiento de la apelación, el condenado es retenido en condiciones degradantes, a menudo inmovilizado con esposas en las manos o con grilletes en los pies o ambas cosas. Por lo general, se le informa del rechazo de su apelación sólo unas horas antes de la ejecución.

En esas circunstancias, si efectivamente se buscara el consentimiento para la donación de órganos, es difícil concebir cómo podría darlo el preso de una manera verdaderamente libre e informada. Y en el caso de que se negara, resulta difícil imaginar cómo podría dar a conocer su deseo en las horas previas a la ejecución. Los presos condenados tienen derecho a redactar un testamento, pero las autoridades tienen oficialmente la facultad de censurarlo. Aunque haya testamento, no hay garantía de que éste llegue a la familia del preso, a través de los guardias y de los funcionarios de la cárcel, especialmente si en él el condenado expresa el deseo claro de que no se utilicen sus órganos.

El realizar a un preso estudios médicos invasivos que no lo benefician, sin explicar su objetivo y sin obtener su consentimiento expreso, supone una explotación médica de esa persona y es claramente una forma de tratamiento degradante que Amnistía Internacional condena.

Participación médica en el proceso de extracción de órganos

La participación de los profesionales de la salud en el proceso de extracción de órganos comienza antes de la ejecución, cuando se realizan estudios médicos encaminados a determinar la adecuación del preso como donante de órganos. Sin embargo, la ONU, en el Principio 3 de los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de la Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes afirma:

Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el personal de salud, en particular los médicos, tengan con los presos o detenidos cualquier relación profesional cuya sola finalidad no sea evaluar, proteger o mejorar la salud física y mental de éstos.

Los profesionales de la salud que toman parte en estudios previos a la ejecución para el trasplante de órganos violan este principio y también incumplen su deber ético ─formulado tanto en los Principios de Ética Médica de la ONU como en la Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial─ de no participar en formas de trato cruel, inhumano o degradante.

Tras la ejecución, los profesionales de la salud participan en la extracción de los órganos del cuerpo, que puede efectuarse en el mismo lugar. Hay fuentes que informan de la presencia de vehículos sin identificación alguna en la zona de ejecuciones dentro de los cuales hay personal médico que extrae los órganos del cuerpo. Las Normas provisionales sobre la utilización de cadáveres u órganos de cadáveres de criminales ejecutados afirman:

La utilización de los cadáveres u órganos de criminales ejecutados debe mantenerse en estricto secreto, y es preciso tratar de evitar repercusiones negativas. [La extracción de los órganos] normalmente se realizará en la unidad [de trasplantes] que los utilice. En los casos en que sea absolutamente necesario, y con el permiso del tribunal del pueblo que esté llevando a cabo la sentencia de muerte, puede autorizarse a trasladar hasta el lugar de ejecución un quirófano móvil del departamento de salud para extraer los órganos, pero no está permitida la utilización de ningún vehículo que lleve señales de identificación del departamento de salud ni el uso de batas blancas por parte del personal. Mientras la extracción de órganos tiene lugar, deben permanecer apostados guardias alrededor de las zonas de ejecución.

La participación sistemática de personal médico en un proceso que se pretende mantener en secreto, y el carácter clandestino del procedimiento en sí, indican que esta participación no se ajusta a la ética profesional y que las autoridades son conscientes de ello.

Los hospitales reciben dinero de los pacientes chinos o de sus unidades de trabajo por efectuar trasplantes con órganos de presos ejecutados. En países asiáticos vecinos que tienen largas listas de espera para trasplantes es un secreto a voces que en China es posible concertar rápidamente un trasplante a cambio de dinero. En ambos casos, la suma pagada probablemente exceda en mucho los costes de tratamiento de la operación, lo cual vulnera los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos de la OMS (1991), según los cuales el pago por un trasplante debe limitarse a una cantidad justificable por los servicios prestados. El carácter lucrativo del negocio de trasplantes de órganos supone que los hospitales tienen que «competir» por los órganos. Las fuentes que han hablado con Amnistía Internacional informan que el personal hospitalario hace obsequios a los agentes de policía que participan en las ejecuciones tratando de asegurar así el abastecimiento de órganos en el futuro.

También se han expresado algunas preocupaciones respecto a que las prioridades en la asignación de órganos están basadas en criterios no médicos, como la posición política o la posibilidad de pagar elevadas sumas.

La pena de muerte en China

El sistema de abastecimiento de órganos de presos ejecutados en China tiene como telón de fondo un sistema judicial que incumple las normas internacionales prácticamente en todas las etapas, desde la detención a la ejecución. Amnistía Internacional ha subrayado en repetidas ocasiones las numerosas imperfecciones del proceso legal que desemboca en la pena capital en China (China: The Death Penalty, Índice AI: ASA 17/01/89; China: Víctimas a miles; la pena de muerte en 1992, Índice AI: ASA 17/09/93/s). La falta de salvaguardias legales suscita la preocupación de que el uso de los cadáveres de presos ejecutados como fuente de órganos fomente la imposición de la pena de muerte.

Es imposible dar una cifra exacta del número de personas ejecutadas en China cada año. Estas estadísticas se consideran «secreto de estado» y no se hacen públicas. En 1993, Amnistía Internacional observó 2.564 sentencias de muerte dictadas por tribunales chinos y registró la ejecución de 1.419 presos. Estas cifras son más altas que las registradas por la organización para 1992: 1.890 sentencias de muerte y 1.079 ejecuciones. Sin embargo, muchos casos de pena capital se mantienen en secreto y no llegan a oídos de Amnistía Internacional, y las verdaderas cifras, tanto de sentencias de muerte como de ejecuciones, son mucho mayores que las aquí indicadas.

La imposición de la pena de muerte se basa en el Código Penal chino y en su Ley de Enjuiciamiento Criminal, ambos adoptados en 1979 para establecer una legislación fundamental que no existía previamente. En 1982 se hicieron enmiendas al Código Penal, ampliando el número de delitos punibles con la muerte, y también en 1983, como parte de una «campaña contra el crimen» de ámbito nacional. Desde esa fecha se han efectuado otras enmiendas. Hoy en día, aproximadamente 65 delitos son punibles con la muerte en China, entre ellos muchos no violentos y de carácter económico, como la «especulación» y el «soborno». En 1992, Luo Deming fue condenado a muerte porque, al parecer, había vendido licores sin marca bajo el prestigioso nombre de Maotai. Hasta donde sabe Amnistía Internacional, ésta era la primera vez en China que se aplicaba la pena de muerte por infringir los derechos de marca.

Una vez bajo sospecha de haber cometido un delito punible con la muerte, los acusados se encuentran atrapados en un proceso legal sumamente sesgado en su contra. Los pobres y los que tienen menos formación están especialmente mal preparados para oponer resistencia al procedimiento que se pone en marcha, ya que por lo general desconocen sus derechos y la legislación según la cual pueden ser condenados a muerte, y su acceso al asesoramiento legal suele ser inadecuado o incluso inexistente.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la policía retener a los acusados durante al menos cuatro meses y medio antes de que se tome una decisión sobre si debe o no juzgárseles. Durante este periodo, la policía puede interrogar al detenido, pero éste no tiene derecho a un abogado ni a ver a un juez. Hay numerosos informes sobre el uso de la tortura y la intimidación física para obtener confesiones durante estos interrogatorios. En China: La pena de muerte (ASA 17/56/90/s y ASA 17/17/91/s), Amnistía Internacional documentó casos en los que se admitía oficialmente que la condena a muerte se había dictado basándose en confesiones obtenidas mediante los malos tratos de la policía.

Una vez tomada la decisión de juzgar un caso, a menudo tras un periodo de varios meses de detención policial, el detenido puede buscar la ayuda de un abogado. Normalmente, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juicio puede llevarse a cabo sólo siete días después de recibir el acusado la orden de procesamiento, con lo cual la cantidad de tiempo para la preparación de una defensa eficaz es muy escasa. Además, según la legislación adoptada en 1983, algunos casos de pena capital pueden ser juzgados sin que al acusado se le haya avisado previamente del juicio. En tales casos, a los acusados se les juzga sin abogado o con un abogado designado por el tribunal, que no ha tenido tiempo en absoluto para preparar su defensa. Los abogados defensores se enfrentan con graves obstáculos por las prácticas judiciales establecidas. Sólo tienen acceso a una parte del expediente sobre el acusado, no pueden carear a los testigos y de hecho se les prohíbe poner en cuestión la validez de los cargos. Algunos abogados han sido víctimas de degradación, detención e incluso violencia física por tratar de elaborar una defensa adecuada en casos penales, por lo que muchos declinan hacerse cargo de este tipo de casos o, si lo hacen, rara vez intentan probar la inocencia de sus clientes.

En cualquier caso, es probable que la defensa del acusado tenga poco efecto sobre la sentencia del juicio, ya que en la práctica legal china no existe la presunción de inocencia. Las decisiones sobre culpabilidad o inocencia suelen tomarse fuera del tribunal, por comités sujetos a influencias políticas. En algunos casos, un «tribunal preparatorio» (yupei ting) se reúne para decidir sobre el caso basándose en las averiguaciones de la policía y las peticiones de la acusación. Los casos «importantes y difíciles», entre los que se encuentran los punibles con la muerte, son remitidos para su determinación al «comité de adjudicación» (shenpan weiyuanhei) del tribunal, que toma decisiones basándose en los expedientes y sin la presencia del acusado ni de su abogado. En consecuencia, los procedimientos formales del juicio tienen poco que ver con el resultado de los casos. En la inmensa mayoría de los casos que Amnistía Internacional conoce, las sentencias del tribunal reproducen casi literalmente las acusaciones de los fiscales.

Una vez hallado culpable y sentenciado a muerte mediante este proceso, el acusado puede interponer una sola apelación ante un tribunal superior. El proceso de apelación no incluye vista: el tribunal superior se limita a volver a ver los expedientes del caso junto con las alegaciones del acusado o de su abogado. Una vez confirmada la sentencia por el tribunal superior, el acusado tiene, en principio, derecho a solicitar su conmutación al presidente de la República o al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular. Que se sepa, no se ha producido ninguna conmutación al menos desde principios de los ochenta. De hecho, este derecho a pedir la conmutación casi no existe en la práctica, ya que al condenado se le suele informar del rechazo de su apelación ante el tribunal superior sólo horas antes de su ejecución, y una petición de conmutación no suspende la ejecución de la sentencia.

La falta de salvaguardias legales es una consideración sumamente importante en el proceso que desemboca en la extracción de los órganos del cadáver de un preso ejecutado. Dada la estrecha relación entre los tribunales, los departamentos de salud y los hospitales sobre la distribución de los órganos para trasplante, y teniendo en cuenta el hecho de que el trasplante de órganos representa una fuente de ingresos para los hospitales y de que, según los informes, los agentes que participan en el proceso de ejecución reciben «obsequios», surge la posibilidad de que en algunas circunstancias individuos declarados culpables sean condenados a muerte y la fecha de la ejecución fijada con el fin de cubrir una necesidad de órganos para trasplante. El sistema legal chino, plagado de fallos, no proporciona protección alguna contra tal eventualidad.

Conclusión

Hay informes que indican que el uso de órganos de presos ejecutados es la fuente de la inmensa mayoría de los órganos para trasplante en China. A pesar de los desmentidos oficiales, diversas fuentes con experiencia directa en esta práctica coinciden en que son raras, por no decir inexistentes, las ocasiones en que tal abastecimiento de órganos se produce con el consentimiento previo del preso y, dadas las degradantes condiciones que sufren los condenados presos en China, es difícil concebir cómo podrían dar éstos un consentimiento libre e informado.

El proceso de abastecimiento de órganos supone estudios médicos previos a la ejecución, cuyo propósito en raras ocasiones, por no decir en ninguna, se revela al preso. Por consiguiente, el personal médico que toma parte en esta práctica está violando su obligación ética de actuar en beneficio de los pacientes, de llevar a cabo procedimientos médicos únicamente con consentimiento informado y de no participar en tratos degradantes, y también está violando varios de los principios rectores de la OMS sobre trasplante de órganos. En vista de la deplorable falta de salvaguardias legales en el sistema judicial chino, hay un riesgo real de que la decisión de imponer la pena de muerte, ya un castigo común en el país, y la fecha de su ejecución, esté dictada al menos parcialmente por la necesidad de cubrir una necesidad en el suministro de órganos para trasplante. Por último, la existencia de un comercio lucrativo de órganos basado en presos con pocos derechos legales, por no decir ninguno, supone un importante obstáculo para reformar la práctica de la pena de muerte y, a ser posible, abolirla.

En vista de la gran falta de adecuación de las actuales salvaguardias judiciales en China, Amnistía Internacional solicita al gobierno chino que ponga fin inmediatamente a la práctica de abastecerse de órganos de presos ejecutados y, si desea asegurarse un suministro de órganos para trasplante con destino a quienes tienen una verdadera necesidad médica, que instituya un sistema de donación de órganos de cadáveres y de personas vivas que sea verdaderamente voluntario y de acuerdo con los principios rectores de la OMS. Amnistía Internacional también pide a las asociaciones médicas chinas que informen a todos los profesionales de la salud chinos de que la participación en ejecuciones, incluida la extracción ─antes y después de la muerte─ de los órganos de los presos condenados con destino a su trasplante no es ética. Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que consideren la práctica de la pena de muerte con vistas a su reducción y a su posible abolición.