AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: ASA 17/011/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 24/03

4 de febrero de 2003

República Popular de China: No hay justicia para las víctimas de la campaña de represión de 1997 en Gulja (Yining)

Decenas de personas resultaron muertas o heridas cuando, según los informes, las fuerzas de seguridad chinas abrieron fuego contra manifestantes de etnia uigur en la ciudad de Gulja (Yining), el 5 y 6 de febrero de 1997. La manifestación, inicialmente pacífica, del 5 de febrero vino seguida de varios días de disturbios esporádicos en los que murieron o resultaron heridos tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Miles de personas fueron detenidas a medida que las fuerzas de seguridad recorrían sistemáticamente las calles, deteniendo a presuntos manifestantes y a personas que los apoyaban, incluidos sus familiares. Según los informes, muchos de los detenidos fueron torturados.

Cuando se conmemora el sexto aniversario de aquella manifestación, Amnistía Internacional ha escrito a Ismail Tiliwaldi, presidente recién designado del gobierno la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las denuncias relativas a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la manifestación y después de ella, y pidiendo más información sobre quienes permanecen encarcelados.

«Tememos que muchas personas hayan sido encarceladas violando sus derechos fundamentales o tras juicios sin las debidas garantías», ha declarado Amnistía Internacional, añadiendo que tuvo noticia de 20 personas a las que se cree aún encarceladas, pero que creía que la cifra total era muy superior.

La organización de derechos humanos ha manifestado también: «En aras de la transparencia, las autoridades deben hacer públicos los detalles sobre el paradero de los detenidos, así como su situación legal actual y los cargos que pesan contra ellos. También deben abordar otros abusos graves contra los derechos humanos perpetrados durante la represión de los manifestantes».

Según los informes, a un grupo de varios centenares de manifestantes los empaparon, en un espacio público abierto, con agua helada, utilizando una manguera, tras detenerlos el 5 de febrero. Muchos sufrieron congelación severa, a consecuencia de la cual tuvieron que amputarles miembros. Al menos dos personas detenidas en relación con la manifestación murieron más tarde bajo custodia, al parecer a consecuencia de torturas.

No se tiene noticia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre éstas u otras denuncias de abusos graves contra los derechos humanos perpetrados en aquella campaña de represión.

«Seis años después, a las víctimas de estos trágicos sucesos se les sigue negando la justicia», ha declarado Amnistía Internacional. «La impunidad para quienes han perpetrado violaciones graves de derechos humanos sólo servirá para avivar las llamas de una nueva agitación e inestabilidad en la región».

Desde entonces, las autoridades chinas han alegado que la manifestación y los disturbios fueron organizados por «terroristas», pero no han proporcionado ninguna prueba que lo fundamente. Los relatos de los testigos presenciales indican que los manifestantes eran habitantes de la zona y que los disturbios fueron provocados principalmente por la brutalidad de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional ha subrayado: «Ante la ausencia de pruebas fiables o creíbles sobre la participación de “terroristas” en estas protestas, éste parece ser un ejemplo más de cómo las autoridades utilizan la excusa del “terrorismo” para justificar la represión y las graves violaciones de derechos humanos contra personas que intentan ejercer sus derechos humanos fundamentales en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang».

Información general

La manifestación del 5 de febrero de 1997 se organizó en respuesta a la represión que había ido en aumento en los años anteriores, una represión que incluía las actividades culturales y religiosas tradicionales de los uigures en Gulja y sus alrededores. Entre otras cosas, se habían prohibido los «meshreps» (forma tradicional de reunión social recuperada por los uigures en Gulja en 1994) y una liga local uigur de fútbol, y se habían cerrado escuelas religiosas independientes. Las detenciones arbitrarias de uigures, incluidos líderes comunitarios y religiosos locales, aumentaron a lo largo de los meses siguientes a estos hechos, incrementando la tensión y el descontento.

Centenares de habitantes de la zona participaron en la manifestación del 5 de febrero gritando consignas religiosas y pidiendo igualdad de trato para los uigures. Según testigos presenciales, los manifestantes iban desarmados.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua para disolver la manifestación, y se produjeron violentos enfrentamientos a medida que se fue difundiendo la noticia y la gente se echó a las calles en diversas zonas de la ciudad. Según los informes, algunos policías abrieron fuego contra la multitud. Se cree que murieron o resultaron heridas decenas de personas, pero no se ha llegado a conocer el número total de víctimas. Miles de personas fueron detenidas durante las dos semanas posteriores a la protesta, y muchas de ellas fueron presuntamente torturadas. Algunas permanecieron meses bajo custodia sin que se les imputara ningún cargo.

Los testigos presenciales declararon que a muchos de los detenidos durante las protestas y después de ellas los trataron con una brutalidad extrema. Por ejemplo, según los informes, a un grupo de entre 300 y 400 manifestantes, entre los que había niños, detenidos el 5 de febrero de 1997, los llevaron a un lugar público, identificado por algunos como un estadio deportivo, los empaparon con agua helada, utilizando una manguera, y los tuvieron a la intemperie, mojados, durante dos horas, con las bajísimas temperaturas de febrero. Muchos de ellos sufrieron congelación severa y, al parecer, a algunos tuvieron que amputarles pies, dedos o manos.

Al menos dos personas murieron bajo custodia, al parecer a consecuencia de tortura, tras ser detenidas en relación con la manifestación de Gulja. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre sus muertes:

• Salam Kari, un joven de Gulja que había formado un equipo uigur de fútbol en la ciudad a mediados de los noventa, fue detenido en mayo de 1997 en relación con las protestas de febrero. Unos días después estaba muerto. Su cadáver, que fue devuelto a su familia, presentaba señales de tortura, según los informes. Al parecer, la policía afirmó que se había suicidado en prisión.

• Abdulhelil, empresario de 28 años y fundador de los «meshreps», murió bajo custodia el 17 de octubre del 2000, al parecer a consecuencia de numerosos golpes y otras formas de tortura. Había sido detenido el 5 de febrero de 1997 y acusado de liderar la manifestación ese día. Según los informes, tras detenerlo le negaron el acceso a su familia. Después de su muerte, parece ser que su cadáver fue enterrado en una fosa poco profunda bajo fuerte vigilancia policial. Las autoridades inicialmente negaron que hubiera muerto, pero más tarde dijeron que había fallecido de un fallo cardíaco tras contraer una inflamación respiratoria y miocarditis en prisión.

Entre quienes se cree que permanecen en prisión se encuentran los siguientes:

• Ablat Patar, cirujano del hospital militar de Gulja, detenido según los informes a principios de julio de 1998 y acusado de proporcionar tratamiento médico a «separatistas nacionalistas», entre los que se encontraban personas heridas durante los sucesos de Gulja de 1997. Fuentes no oficiales sugieren que puede encontrarse recluido en la prisión de Yengi Hayat, en Gulja. No se conocen más detalles sobre su condena o sobre su situación legal actual.

• Iminjan, maestro de 28 años, detenido, según los informes, durante las protestas de febrero de 1997 y torturado bajo custodia. Entre otras cosas, lo obligaron a permanecer descalzo sobre la nieve mientras le echaban agua fría, por lo que sufrió congelación grave de ambos pies. Según los informes, lo acusaron de «actividades religiosas ilegales» y lo condenaron a diez años de prisión en un juicio secreto en marzo o abril de 1998. Se desconoce su paradero actual.

• Kasim Haji, Hamit Mejit y Shevket Sakhal (o Shevket Tursun), tres empresarios detenidos en marzo o abril de 1997, acusados de pasar información sobre las protestas de febrero a un grupo de periodistas extranjeros. Informes no confirmados sugieren que posteriormente fueron condenados a 15 o 18 años de prisión, pero su paradero actual se desconoce.

En un informe oficial, publicado en el diario Renmin Ribao el 21 de enero del 2002, las autoridades chinas describieron los sucesos del 5 de febrero y los días posteriores como un «grave disturbio» organizado por el «Partido Islámico de Alá del Turquestán Oriental». Durante una conferencia de prensa celebrada el 12 de septiembre del 2002, Kong Quan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declaró que aquel no era más que otro nombre del Movimiento Islámico de Turquestán Oriental, movimiento citado como «organización terrorista» por el Consejo de Seguridad de la ONU el día anterior tras una intensa labor de captación de apoyos por parte de China.

Documento público

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