Índice AI: ASA 17/022/2001/s Servicio de Noticias 115/01

No difundir hasta la 00:01 horas GMT del 6 de julio de 2001 Documento público

China: Más mano dura que nunca

«Al menos 2.960 personas han sido condenadas a muerte y 1.781 ejecutadas en los últimos tres meses de la campaña de mano dura emprendida en China contra la delincuencia —ha manifestado hoy Amnistía Internacional—. En estos tres meses han sido ejecutadas en China más personas que en el resto del mundo en los últimos tres años».

«Como en el caso de la anterior campaña de mano dura, es muy poco probable que la represión tenga un efecto duradero en el creciente problema de la delincuencia en China — ha añadido la organización—. La campaña no es más una sucesión febril de ejecuciones, una matanza».

Hacía mucho que no se veían actos públicos de imposición de condenas de esta magnitud. Se tiene noticia de ejecuciones llevadas a cabo en todo el país por delitos tan diversos como soborno, proxenetismo, malversación de fondos, fraude fiscal, robo de gasolina y venta de comestibles nocivos, así como delitos violentos. También se ha ejecutado a centenares de personas por delitos imputados en virtud de una campaña cuyo lema es «sí a la vida, no a las drogas».

Las mayoría de las ejecuciones tienen lugar tras actos de imposición de condenas celebrados ante una gran multitud en estadios o plazas públicas. Asimismo, los condenados desfilan por la calles atestadas de gente hasta el campo o patio donde les aguarda el pelotón de ejecución. Según informes, uno de estos actos celebrado en la provincia de Yunnan se emitió en directo por la televisión estatal, y los que tuvieron lugar en Shaanxi en abril y mayo congregaron a 1.800.000 espectadores. También se ha expuesto públicamente en actos masivos de este tipo a decenas de miles de presuntos delincuentes detenidos y a millares de personas sometidas a «reeducación por el trabajo» sin cargos ni juicio.

La campaña de mano dura iba dirigida en principio a la delincuencia violenta organizada, pero las autoridades nacionales y provinciales van a ampliar su ámbito de aplicación durante los próximos dos años. La autoridades de la Región Autónoma Uigur de Sin-kiang pretenden «asestar un golpe decisivo a las fuerzas separatistas, eliminando el separatismo y las actividades religiosas ilegales». Muchos presos políticos uigures han sido ejecutados, acusados de «separatismo» y de diversos delitos violentos. En el Tibet se persigue, entre otros, a los «guías ilegales que ayudan a cruzar la frontera».

En Guandong y en otras provincias se ejecuta a las personas declaradas culpables de delitos económicos, como fraude financiero y fiscal, falsificación de moneda y «perturbación del mercado de valores». Las autoridades afirman que se hace a fin de «abordar la grave situación creada por la delincuencia económica antes de la entrada en la Organización Mundial del Comercio y del reto de la globalización». Varias personas han sido condenadas a muerte o ejecutadas por fraude en asuntos de seguros o fiscales.

Se ha instado a la policía y a los fiscales a simplificar y no «entrar en detalles», a fin de obtener «permisos rápidos, detenciones rápidas, juicios rápidos y resultados rápidos». En la provincia de Hunan, la policía llevó a cabo del 23 al 25 de abril una operación «trueno de primavera» en la que se jactó de «resolver 3.000 casos» en dos días. En la provincia de Sichuan la policía informó de que había «resuelto» 6.704, casos, incluidos 691 asesinatos, robos y atentados con bomba, en seis días, del 19 al 24 de abril, y detenido a 19.446 personas.

Según informes, en las reuniones organizadas para preparar la campaña de mano dura se pidió a los abogados que se pusieran de acuerdo con la policía y los fiscales y no entorpecieran el proceso judicial. Los tribunales también han alardeado de su rapidez y de sus «procedimientos especiales» durante la campaña.

Según informes, los tribunales de la provincia de Shandong celebraron 65 juicios penales al día por término medio del 10 de abril al 25 de mayo. Los de la ciudad de Suqian, provincia de Jiangsu, han informado de que están utilizando nuevos procedimientos que les permiten realizar todas las actuaciones judiciales en 20 días por término medio. Este ejemplo se ha difundido ampliamente en los medios de comunicación oficiales. En tales circunstancias, los recordatorios que hacen periódicamente las autoridades sobre la «rigurosidad» de las causas por delitos penados con la muerte son mera retórica.

«La brevedad de los procedimientos, sumada a la gran presión ejercida sobre la policía y las autoridades judiciales, hace que el riesgo de cometer errores judiciales, imponer condenas arbitrariamente y ejecutar a inocentes sea inmenso», ha manifestado Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha hecho un llamamiento al gobierno chino para que ponga fin al vertiginoso aumento de la aplicación de la pena de muerte y, de conformidad con la tendencia mundial, sustituya esta cruel y contraproducente política por la imposición de penas más humanas.

Las cifras expuestas en este comunicado están basadas en informes públicos que Amnistía Internacional ha recogido, pero son muy inferiores al número real de condenas de muerte y ejecuciones llevadas a cabo en China. Sólo una pequeña parte de éstas se hacen públicas, pues las autoridades son muy selectivas a la hora de publicar información al respecto. Las estadísticas nacionales sobre la aplicación de la pena de muerte siguen siendo secreto de Estado.

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de Amnistía Internacional en Hong Kong, en el número + 852 92672116, o con la oficina de prensa en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o visiten nuestro sitio web en: <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.