Amnistía Internacional

CHINA

Secretos de Estado, pretexto para la represión

versión resumida

MARZO DE 1996RESUMEN ÍNDICE AI: ASA 17/37/96/s

Desde que en 1988 se introdujo en China una ley para «proteger los secretos de Estado», decenas de personas han sido detenidas, entre ellas personas que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Algunas ya han sido excarceladas, pero otras continúan en prisión, entre las que se cuentan periodistas.

Amnistía Internacional ve con preocupación que esta legislación se esté utilizando para impedir el debate público de cuestiones que poco tienen que ver con la seguridad nacional y para encarcelar a personas por el ejercicio legítimo y pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación. También le preocupa que los encausados por delitos relacionados con el secreto de Estado sean sometidos a un proceso judicial injusto.

Este documento es una versión resumida de un documento más largo con el mismo título (Índice AI: ASA 17/42/96).

PALABRAS CLAVE: CENSURA1 / PRESOS DE CONCIENCIA1 / PERIODISTAS1 / JUICIOS / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / RÉGIMEN DE AISLAMIENTO / CARGOS PENALES POR MOTIVOS POLÍTICOS / MALA SALUD / ENCARCELAMIENTO POR UN PERIODO PROLONGADO / ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / MUJERES / MARINEROS / DIRECTORES / LEGISLACIÓN / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / FOTOGRAFÍAS /

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA

Amnistía Internacional

CHINA

Secretos de Estado: pretexto para la represión

versión resumida

Marzo de 1996

Índice AI: ASA 17/37/96/s

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

CHINA

Secretos de Estado: Pretexto para la represión

Desde que en 1988 se introdujo en China una ley para «proteger los secretos de Estado», decenas de personas han sido detenidas, entre ellas personas que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Algunas ya han sido excarceladas, pero otras continúan en prisión, entre las que se cuentan periodistas.

Amnistía Internacional ve con preocupación que esta legislación se está utilizando para impedir el debate público de cuestiones que poco tienen que ver con la seguridad nacional y para encarcelar a personas por el ejercicio legítimo y pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación. También le preocupa que los encausados por delitos relacionados con el secreto de Estado sean sometidos a un proceso judicial injusto.

Entre las víctimas hay periodistas como Qi Lin, que estuvo encarcelado durante un año en aplicación de esta legislación y al salir en libertad condicional se encontró sin empleo. Qi Lin había sido subdirector de la sección internacional del periódico oficial Beijing Ribao y miembro del Partido Comunista Chino (PCC). Fue arrestado en Pekín en julio de 1991 y acusado de «filtrar secretos de Estado». La sentencia, de cuatro años de cárcel, se dictó dictada en abril de 1992 tras varias vistas en secreto. Se le acusó de haber facilitado información «secreta» a un reportero de un periódico de Taiwán y de redactar artículos relacionados con la cuestión «para su publicación en el extranjero». Esta información se refería a las medidas disciplinarias tomadas por las autoridades del PCC contra Hu Jiwei, ex redactor jefe del periódico oficial Renmin Ribao, por sus actividades durante el movimiento de 1989 en favor de la democracia. Hu Jiwei también pertenecía al PCC y al Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (parlamento chino). La información sobre las medidas disciplinarias adoptadas contra él, que fueron ampliamente divulgadas entre los intelectuales chinos, difícilmente podía calificarse de «secreto de Estado». Qi Lin es diabético y cayó gravemente enfermo en prisión. Tras los llamamientos en su favor por parte de su familia y los grupos internacionales de derechos humanos, fue puesto en «libertad condicional por razones de salud» en junio de 1992. Entretanto lo habían expulsado del partido y despedido de su trabajo, de manera que, al salir en libertad, se encontró con que no tenía trabajo y estaba sujeto a restricciones.

Legislación: amplísima definición del secreto de Estado

El significado dado al término «secretos de Estado» en China es muy amplio. Engloba cuestiones que en otros países serían objeto de debate público y excede con mucho lo necesario para proteger la seguridad nacional. Entre los asuntos clasificados como secreto de Estado se encuentran, por ejemplo, las estadísticas nacionales sobre el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas anualmente.

La Ley de Protección de Secretos de Estado de 1988, la más importante de toda la legislación relativa al secreto de Estado, se aprobó en 1988. Esta ley define los secretos de Estado como «aquellos asuntos que afectan a la seguridad y los intereses del Estado». Si bien comprende los asuntos que convencionalmente atañen a la seguridad nacional, como la defensa nacional y las relaciones diplomáticas, también engloba los «secretos relativos a importantes decisiones políticas sobre asuntos del Estado», «secretos relativos al desarrollo económico y social del país» y «otros secretos de Estado que los departamentos estatales que velan por la protección de estos secretos han determinado que deben salvaguardarse».

Esta definición, ya de por sí bastante general, se amplía todavía más con otra disposición contenida en la ley, según la cual «los secretos de los partidos políticos» también se consideran «secretos de Estado» cuando «afectan a la seguridad y los intereses del Estado». Esto, en un país donde los asuntos del Partido Comunista Chino (PCC) están intricadamente ligados a los del Estado, prohíbe en la práctica dar a conocer o debatir públicamente cualquier asunto político que las autoridades del partido no quieran que se conozca.

Con la adopción de los Procedimientos de Aplicación de la Ley de Protección de los Secretos de Estado en 1990, se amplió nuevamente el ámbito de aplicación de los llamados secretos de Estado. Estipulan que, cuando el acto de revelar información sobre ciertos asuntos tenga determinadas «consecuencias», dicha información será clasificada como secreto de Estado. Se definen ocho consecuencias posibles, entre ellas «poner en peligro la estabilidad y la defensa del poder político estatal» y «causar perjuicio a la unificación estatal, la unidad nacional y la estabilidad social». En la práctica, esto puede aplicarse a la información sobre cualquier asunto político o social.

Según la Constitución, todo ciudadano tiene el «deber» de salvaguardar los secretos de Estado. La ley de 1988 hace responsable ante la justicia a cualquier persona que revele secretos de Estado, aunque sea «en conversación privada» y prescindiendo de si la revelación de tales datos secretos se ha hecho «deliberada o inadvertidamente». La ley establece que la sanción por revelar secretos de Estado en los casos graves se impondrá en virtud del artículo 186 del Código Penal, que prevé una pena máxima de siete años de prisión. No obstante, las normas complementarias a la ley de secretos de Estado, adoptadas también en 1988, señalan que podrá imponerse hasta la pena de muerte a quienes «sustraigan, reciban secretamente, compren o revelen ilícitamente secretos de Estado» a «organizaciones, grupos o individuos de fuera del territorio». En los últimos años, este artículo se ha venido utilizando contra personas acusadas de «filtrar secretos de Estado», que han sido condenadas a penas de diez años de cárcel o más.

Periodistas y otros acusados de filtrar «secretos de Estado»

En los últimos años, periodistas y otras personas de nacionalidad china que trabajaban para periódicos o corresponsales extranjeros también han sido encarcelados por el cargo de «filtrar secretos de Estado» a causa de su ejercicio pacífico de los derechos humanos fundamentales.

Entre ellos se encuentran Xi Yang, reportero del periódico de Hong Kong Ming Pao, a quien impusieron doce años de cárcel en 1994 por obtener y publicar información que se consideraba «secreto de Estado», y Bai Weiji y su esposa, Zhao Lei, condenados a penas de diez y seis años de prisión respectivamente por «revelar ilícitamente secretos de Estado» a un corresponsal de prensa extranjero en Pekín.

Bai Weiji y su esposa Zhao Lei fueron juzgados en secreto por el Tribunal Intermedio del Pueblo de Pekín y condenados el 20 de mayo de 1993. Otras dos personas detenidas en relación con el caso también fueron juzgadas y condenadas a penas más leves de prisión. A Bai lo apresaron en su domicilio de Pekín el 5 de mayo de 1992. Ex empleado del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, había sido despedido de su puesto por participar en las manifestaciones de 1989 en favor de la democracia. Fue acusado de haber entregado documentos clasificados a una antigua compañera de clase, Lena Sun, que por aquel entonces trabajaba como corresponsal en Pekín del Washington Post. El 17 de mayo de 1992, la policía registró el despacho de Lena Sun en Pekín y confiscó lo que, según dijeron, eran documentos secretos. Casi un año después, el 21 de abril de 1993, la policía también arrestó a Zhao Lei. Fue acusada de haber traducido algunos de los documentos presuntamente entregados por su marido a Lena Sun.

De acuerdo con el testimonio de Lena Sun, los documentos en cuestión no eran más que informes económicos, análisis de política exterior y discursos de dirigentes chinos, ninguno de los cuales podría ser considerado «secreto de Estado». Formaban parte de publicaciones «internas» cuya circulación era restringida, pero que estaban al alcance de numerosos miembros del PCC y llegaban a una audiencia mucho más numerosa en China. Bai Weiji y Zhao Lei fueron juzgados en secreto y las autoridades nunca han aportado datos que demuestren que la información en cuestión concernía a algún asunto legítimo de seguridad nacional. Amnistía Internacional considera que son presos de conciencia, encarcelados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de asociación.

Xi Yang, ciudadano chino y reportero del periódico de Hong Kong Ming Pao, fue detenido en Pekín el 27 de septiembre de 1993 y acusado diez días después de «sustracción e intromisión en secretos de Estado». Fue condenado a doce años de prisión en marzo de 1994 en un juicio secreto. Le acusaron de haber obtenido, entre junio y julio de 1993, «secretos económicos» y otros datos confidenciales relativos al Banco del Pueblo de China de manos de un empleado del banco ─que también fue condenado por el mismo delito─ y de haberlos comunicado a una «publicación de Hong Kong», lo cual había «causado graves perjuicios a la economía nacional».

Pese a que la prensa oficial se ocupó del caso en varias ocasiones, en ningún momento se describieron el carácter y el alcance de los daños causados a la economía ni se citaron los artículos inculpatorios. Según ciertos informes aparecidos en la prensa oficial, la información «secreta» filtrada por Xi Yang se refería a los planes del banco modificar en los tipos de interés para depósitos y créditos y a su política sobre las transacciones internacionales de oro. El periódico Ming Pao publicó, en efecto, una serie de artículos sobre asuntos económicos de China en julio de 1993, en uno de los cuales se mencionaban estas cuestiones y se describía el plan del vice primer ministro Zhu Rongji para reestructurar el Banco del Pueblo de China. Pero, según fuentes de Hong Kong, la mayoría de estos datos ya se habían publicado o debatido anteriormente en Hong Kong.

A Amnistía Internacional le preocupan diversos aspectos del caso de Xi Yang, principalmente que el proceso judicial seguido contra él, incluida su prolongada detención en régimen de incomunicación y el juicio celebrado a puerta cerrada, fue manifiestamente injusto; que los numerosos datos disponibles sobre el caso indican que lo procesaron por razones políticas, para que cundiera el ejemplo entre otros periodistas; y que las autoridades no han demostrado que la información presuntamente filtrada por Xi Yang entrañara una amenaza para los intereses legítimos de la seguridad nacional. Por todo ello, Amnistía Internacional considera que el procesamiento de Xi Yang constituye una restricción arbitraria de su derecho a la libertad de expresión y que se trata de un preso de conciencia.

Otro caso es el de Gao Yu, conocida periodista en China, detenida en Pekín el 2 de octubre de 1993, al poco tiempo de ser detenido Xi Yang. Gao Yu fue acusada diez días después de «filtrar secretos de Estado» y condenada el 10 de noviembre de 1994 a seis años de cárcel tras varios procesos judiciales manifiestamente injustos (véase más adelante el apartado Juicios sin las debidas garantías). Según el fallo del tribunal, la presunta información «secreta» cuya filtración se le imputaba a Gao Yu se refería a reformas estructurales dentro de los organismos estatales y a un discurso realizado por un dirigente chino. Gao Yu fue acusada de haber obtenido esta información a partir de dos documentos clasificados que le mostró un amigo y de escribir artículos al respecto para una revista de Hong Kong no especificada durante el primer trimestre de 1993. Con anterioridad a su arresto, Gao Yu trabajaba como periodista independiente y había escrito artículos para publicaciones de Hong Kong.

En su recurso contra la sentencia, Gao Yu declaraba que el primero de los documentos inculpatorios hacía referencia a ajustes estructurales (tales como una reforma del régimen salarial) dentro de las instituciones estatales, lo cual era de dominio público en China y ya había sido publicado en Hong Kong, en el periódico procomunista Wen Wei Po. El segundo documento era un discurso del dirigente del PCC Jiang Zimin, donde se aludía a tres «directrices» lanzadas por Deng Xiaoping que, con los años, se habían convertido en parte establecida de la política exterior de China.

El recurso de Gao Yu fue desestimado y el fallo inicial y la condena fueron ratificados en diciembre de 1994. La resolución del tribunal no aportaba ninguna prueba de que la información cuya divulgación se imputaba a Gao Yu concernía a asuntos de seguridad nacional. Amnistía Internacional considera que Gao Yu es una presa de conciencia, encarcelada exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Personas de otra condición muy diversa han sido detenidas en aplicación de la legislación sobre secretos de Estado. En 1992, once marineros fueron detenidos arbitrariamente en Tianjin y tres de ellos acusados posteriormente de «filtrar secretos de Estado». El cargo se refería a una disputa de carácter laboral y salarial que los marineros habían tenido con un patrono extranjero cuando trabajaban a bordo de un carguero en el exterior de China. Aparentemente, la razón para presentar los cargos fue que los marineros habían revelado la cuantía de su salario a una «organización extranjera» ─la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (International Transport Workers Federation)─ que les había ayudado en la disputa salarial. Un tribunal de Tianjin los absolvió del cargo en enero de 1995, pero al parecer la fiscalía local apeló contra esta decisión y, a mediados de 1995, aún no se había dictado sentencia sobre el recurso.

Bao Tong ha sido el cargo más importante del PCC condenado por el cargo de «filtrar secretos de Estado» desde 1989. Antes de su arresto, Bao Tong era estrecho colaborador del ex secretario general del PCC, Zhao Ziyang, a quien obligaron a dimitir poco antes de decretarse la ley marcial en Pekín el 20 de mayo de 1989 y después colocaron virtualmente bajo arresto domiciliario. Bao Tong fue detenido poco después, el 28 de mayo de 1989. En aquel tiempo era miembro del Comité Central del PCC y director del Centro de Investigación para la Reforma de la Estructura Política, dependiente del Comité Central. Según informes, como parte de su labor en el centro había emprendido un proyecto de reforma política al que se oponían elementos reaccionarios de la dirección del PCC.

La sentencia dictada contra Bao Tong, al cabo de más de tres años de su detención, pareció tratarse más de un acto de represalia política que de una aplicación oportuna de la Ley de secretos de Estado. De hecho, los cargos no se presentaron hasta 1992, cuando ya había permanecido un año detenido y dieciocho meses más bajo arresto domiciliario; además, la información recibida indica que la decisión de acusarlo y condenarlo en lugar de poner fin a su detención fue tomada por la dirección del PCC.

Bao Tong estuvo encarcelado durante un año en régimen de aislamiento en la prisión de Qincheng, y en mayo de 1990 lo pusieron bajo arresto domiciliario. El 21 de enero de 1992 volvieron a arrestarlo en su domicilio y lo acusaron de «incitación contrarrevolucionaria» y de «filtrar secretos de Estado». El 21 de julio de ese año fue condenado a siete años de prisión tras un juicio celebrado a puerta cerrada. Según el fallo del tribunal, el cargo de «filtrar secretos de Estado» se basaba exclusivamente en una conversación privada que Bao Tong había tenido con otro importante cargo del partido la noche del 17 de mayo de 1989. El fallo no indicaba la naturaleza de ese «importante secreto de Estado» que Bao Tong había comunicado presuntamente a su colega pero, según datos obtenidos de otras fuentes, estaba relacionado con la inminente declaración de la ley marcial y la dimisión de Zhao Ziyang como secretario general del PCC, ambas anunciadas públicamente el 20 de mayo de 1989. El otro cargo presentado contra Bao Tong, de «propaganda e incitación contrarrevolucionarias», se basaba en su supuesto asentimiento cuando le acusaron de haber puesto a disposición de terceros la trascripción de parte de una conversación privada con un alto cargo celebrada el 20 de mayo de 1989.

Bao Tong, que actualmente tiene sesenta y dos años, padece un precario estado de salud desde su arresto en 1989, y ha sido sometido a cinco operaciones quirúrgicas de pólipos en el colon. Las reiteradas peticiones de su familia para que lo pongan en libertad condicional por razones de salud han sido denegadas. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. Su excarcelación está prevista para mayo de 1996.

El caso de Harry Wu, a quien expulsaron de China poco después de ser condenado en 1995, suscitó el interés de la comunidad internacional. Activista chino de derechos humanos y ciudadano de Estados Unidos, fue arrestado en junio de 1995 al intentar entrar en China, y estuvo encarcelado en régimen de incomunicación durante más de tres semanas acusado de delitos relacionados con el secreto de Estado. El 24 de agosto de 1995, el Tribunal Intermedio del Pueblo de la ciudad de Wuhan lo condenó a quince años de prisión por «sustraer secretos de Estado» y «hacerse pasar por funcionario del Estado» en una visita anterior a China, durante la cual había reunido información sobre cuestiones de derechos humanos. El tribunal también lo condenó a la expulsión, llevada a efecto unas horas después.

Juicios sin las debidas garantías

Según la legislación china, los casos relativos a secretos de Estado deben juzgarse a puerta cerrada (artículo 111 de la Ley de Procedimiento Penal). Esto se ha cumplido en todos los juicios sobre «secretos de Estado» que han llegado al conocimiento de Amnistía Internacional. Esta práctica contraviene las normas internacionales para un juicio justo. Además, la sentencia en estos casos suele dictarse en secreto, lo cual infringe la propia legislación china, que establece que la sentencia de un juicio deberá anunciarse públicamente «en todos los casos» (artículo 121 de la Ley de Procedimiento Penal).

Un ejemplo sería el caso de Gao Yu (véanse anteriormente los detalles). Su sentencia fue pronunciada en una vista secreta en noviembre de 1994: ni su marido ni sus abogados fueron avisados de su celebración tal como exige la legislación del país. No tuvieron noticia de ella hasta después de concluida ni recibieron ninguna información de los pormenores. Gao Yu escribió lo siguiente al poco de oír la sentencia:

El gobierno nunca admite que hay presos políticos encarcelados [...]. Hoy vuelven ustedes a avergonzar a nuestro país condenándome a seis años de prisión y a la suspensión de mis derechos políticos durante un año más [...] Esta sentencia podrá acabar con mi salud pero nunca con mi ánimo [...]. Antes de traspasar las puertas de la prisión con este cuerpo vencido, quisiera decir que la historia demostrará mi inocencia y no habrá que esperar un siglo para que emita su sentencia... ¹

Todos los indicios apuntan a que el tribunal ya había condenado a Gao Yu bastante antes del juicio. Su caso pasó por una serie de procesos judiciales claramente injustos. Con anterioridad al anuncio de esta sentencia, Gao Yu fue llevada a juicio en tres ocasiones a lo largo de 1994. El tribunal concluyó en todas ellas que las pruebas inculpatorias presentadas contra Gao Yu «aún no habían sido verificadas», lo que significaba que no bastaban para condenarla. Con todo, en lugar de absolverla, el tribunal volvía a remitir el caso una y otra vez a la fiscalía de Pekín «para que prosiguiera el proceso de investigación y verificación». Y en todos los procesos, el tribunal hizo caso omiso de la información y los argumentos presentados por la defensa, que ponían en tela de juicio la validez de las pruebas contra Gao Yu.²

La historia de Gao Yu no es una excepción. El procedimiento empleado por el tribunal en su caso ─devolverlo a la fiscalía «para continuar la investigación» hasta reunir las pruebas inculpatorias suficientes─ se ha empleado en otros casos políticos, como el de Xi Yang (véase anteriormente) y otras personas acusadas de delitos relativos a «secretos de Estado». Este procedimiento, previsto en el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Penal, suelen aplicarlo los tribunales para menoscabar los derechos de la defensa.

Esta es sólo una muestra de la ausencia de justicia en los juicios políticos que se celebran en China. En los casos políticos, son las autoridades políticas quienes determinan invariablemente la resolución del caso, y la sentencia se suele decidir antes del juicio conforme a una práctica vulgarmente conocida en China como «primero el fallo, después el juicio».³

Incluso cuando no hay injerencias de las autoridades políticas, lo normal es que juicios no sean más que un mero trámite formal. En la inmensa mayoría de los casos que conoce Amnistía Internacional, los fallos del tribunal son reproducciones prácticamente literales de las actas de acusación presentadas por los fiscales y apenas tienen en cuenta nada de lo expuesto por la defensa.

El derecho a la defensa está gravemente restringido en todos los casos y los procesos judiciales distan mucho de reunir las garantías exigidas por la normativa internacional. No existe la presunción de inocencia y la carga de la prueba recae en la defensa. Los acusados que van a juicio por lo general llevan varios meses detenidos en régimen de incomunicación, sometidos a presiones por las autoridades encargadas de la instrucción del caso y sin posibilidad de acceso a un abogado. Los detenidos no pueden reclamar la asistencia de un abogado hasta que el tribunal no decide juzgar su causa, lo cual no suele ocurrir hasta varios meses después del arresto.

El propio derecho de los abogados a entrevistarse con sus defendidos y la posibilidad de recusar las conclusiones de la acusación se coartan en la práctica. Los defensores sólo tienen acceso a una parte del expediente relativo a un encausado. Habitualmente no pueden realizar careos con testigos de la acusación ni impugnar de hecho la validez de los cargos. Casi nunca se autoriza a los testigos de la defensa a declarar ante el tribunal, aunque en teoría pueden ser citados.

Además, no todos los acusados disponen de asistencia letrada durante su proceso; puede ocurrir que no conozcan su derecho a la defensa o que les parezca inútil. Xi Yang, por ejemplo, no tuvo asistencia letrada en su juicio. Fuentes oficiales chinas alegaron que había declinado dicha asistencia, pero dado que ninguna fuente independiente ha tenido acceso a Xi Yang durante los meses que precedieron al juicio, no hay pruebas que respalden esta afirmación.

Conclusiones y recomendaciones

Amnistía Internacional cree que la legislación sobre secretos de Estado es intrínsecamente arbitraria y se está aplicando para coartar la libertad de expresión y encarcelar a personas por el ejercicio no violento de sus derechos humanos fundamentales. Además, le preocupa que los juicios y sentencias contra personas procesadas en aplicación de esta legislación no cumplan las debidas garantías procesales.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades chinas a:

♦revisar y modificar toda la legislación relativa a los secretos de Estado, con arreglo a las normas internacionales, para garantizar que sus disposiciones no vuelven a aplicarse arbitrariamente para detener o encarcelar a personas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos fundamentales, y que cumplen las garantías exigidas por la normativa internacional;

♦poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia detenidos o encarcelados arbitrariamente y acusados de delitos relativos al secreto de Estado, de acuerdo con las normas internacionales;

♦revisar todos los casos de presos políticos juzgados por delitos relativos al secreto de Estado, y ponerlos en libertad si no les garantizan un juicio justo y público conforme a las normas internacionales.