Document - People’s Republic of China: The Olympics countdown – crackdown on Tibetan protesters

FECHA DE EMBARGO: 22:01 GMT 1 Abril de 2008 Público


Amnistía Internacional



REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Represión de manifestantes tibetanos


El presente documento es una actualización, publicada en respuesta a los sucesos que vienen produciéndose en el Tíbet y las provincias vecinas desde el 10 de marzo de 2008. Debe leerse junto con el informe general que Amnistía Internacional ha publicado a la vez, República Popular de China - La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico, abril de 2008, Índice AI: ASA 17/050/2008.


Introducción


Desde el 10 de marzo de 2008 se vienen recibiendo informes sobre comisión de graves violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma del Tíbet (en adelante, “el Tíbet”) y las zonas tibetanas de las provincias vecinas en relación con la represión policial y militar de manifestantes tibetanos. Al parecer, las protestas que se produjeron inicialmente en Lhasa, capital del Tíbet, fueron pacíficas, pero se reprimieron, violando el derecho de los manifestantes a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluso con uso excesivo de la fuerza.


Los manifestantes recurrieron posteriormente a la violencia, y algunos llegaron a agredir a personas que creían que eran de etnia china han. Según informes, algunas de estas agresiones se saldaron con muertos y heridos, así como con daños a bienes. Amnistía Internacional condena estos ataques y reconoce que las autoridades chinas tienen el derecho y el deber de proteger a todas las personas contra la violencia, incluidas las que corren el riesgo de ser agredidas debido únicamente a su identidad étnica.


Sin embargo, Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, para restablecer el orden, las autoridades chinas hayan recurrido a medias que violan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Según informes, entre tales medidas figuran el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluso con medios letales; la detención arbitraria, y la intimidación. La organización teme que, aunque tal respuesta pueda sofocar las protestas a corto plazo, a la larga estas violaciones de derechos humanos no hagan más que agudizar el resentimiento y comprometer todo esfuerzo que se realice en el futuro para abordar los motivos legítimos de queja de muchos tibetanos por la política oficial del gobierno en la región.


Amnistía Internacional considera en especial motivo de preocupación el trato dispensado a centenares de personas que han sido detenidas en respuesta a los disturbios. La organización ya ha documentado anteriormente reiterados casos de detenidos sometidos a tortura y otros malos tratos por las fuerzas de seguridad chinas en el Tíbet, especialmente de personas acusadas por las autoridades chinas de actividades “separatistas”. La experiencia de otras partes del mundo demuestra que la tortura y otros malos tratos tienden a florecer en los entornos caracterizados por el secretismo, la falta de transparencia, la violación del derecho a un juicio justo y la falta de rendición de cuentas, China prohíbe desde hace mucho el acceso al Tíbet de observadores independientes de la situación de los derechos humanos, y la región está ahora prácticamente acordonada para impedir la entrada de periodistas extranjeros y otros observadores. Por esta razón, Amnistía Internacional teme por la seguridad y el bienestar de las personas que se encuentran detenidas.


Resumen de los sucesos ocurridos en el Tíbet y sus alrededores entre el 10 y el 25 de marzo de 2008


Desde el 10 de marzo de 2008, cuando se cumplían 49 años del alzamiento fallido tibetano de 1959 contra la dominación china, una oleada de protestas de la población local sacude el Tíbet y las zonas tibetanas vecinas. Comparadas con las de 1989, que estuvieron restringidas en gran medida a Lhasa, las actuales protestas con de alcance mucho mayor, pues se han extendido a varias provincias vecinas con grandes concentraciones de tibetanos. La respuesta a estas protestas ha consistido en una de las mayores operaciones militares y de seguridad emprendidas en la región en años, en la que participan millares de soldados, agentes de la policía armada y miembros de otras unidades de seguridad de élite.

El 10 de marzo 2008 se produjeron marchas de protesta de monjes y miembros de la población laica en varias zonas del Tíbet y de provincias vecinas con altos porcentajes de residentes tibetanos. Según informes, a las afueras de Lhasa, varios centenares de monjes del monasterio de Drepung comenzaron una marcha pacífica previamente acordada hasta el centro de la ciudad, con objeto de llamar la atención sobre la restricción de la libertad de religión y de plantear demandas específicas, relativas a la eliminación de las medidas de control de la práctica religiosa impuestas por el gobierno. De acuerdo con los informes, pedían que se moderara la campaña de “educación patriótica” emprendida por el gobierno, en virtud de la cual se obligada a los monjes a, entre otras cosas, asistir a clases de política y condenar por escrito al Dalai Lama y se intensificaba la presencia de vigilantes policiales en los monasterios. La información recibida indica que, a medio camino de Lhasa, agentes de la policía armada china apostados en un control de carreteras impidieron a los monjes seguir adelante. Unos testigos dijeron haber visto en el puesto de control 10 vehículos militares, 10 de la policía y varias ambulancias.

En otro incidente del que se tuvo noticia, unas 10 personas, entre las que había monjes y laicos, comenzaron una marcha pacífica desde el templo de Tsukhakhang hasta la calle de Barkhor de Lhasa. Según los informes, portaban banderas nacionales tibetanas prohibidas y distribuían panfletos. Al parecer, las 10 fueron detenidas de inmediato y golpeadas brutalmente. Los informes indican que se ordenó a los comerciantes y los vendedores ambulantes de la zona cerrar sus negocios y que las calles continuaron vigiladas por patrullas de policía.


Según informes, el mismo día, en otro incidente, la policía rodeó a seis o siete monjes del monasterio de Sera que se estaban manifestando delante del templo de Jokhang, en el centro de Lhasa. Un testigo presencial ha contado que, de manera espontánea, centenares de tibetanos laicos formaron pacífica y silenciosamente un círculo en torno a la policía. Cuando llegaron refuerzos policiales, y varios agentes secretos comenzaron a filmar, la multitud se dispersó. A los monjes que habían iniciado la protesta, se los llevaron detenidos.


En otro incidente ocurrido el mismo día, un grupo de manifestantes formado por unos 140 monjes y más de 200 personas laicas comenzaron, según informes, una marcha pacífica desde el monasterio de Lhutsang, en la comarca de Mangra (Guinan), Prefectura Autónoma Tibetana de Tsolho (Hainan), provincia de Qinghai, hasta la sede de la administración comarcal.1De acuerdo con los informes, la Policía Armada Popular de Mangra les bloqueó el pasó cuando comenzaron a aproximarse al edificio.


Según testigos presenciales, el 11 de marzo de 2008, en Lhasa, una fuerza de más de mil agentes de la policía armada y personal del Departamento de Seguridad Pública lanzaron gas lacrimógeno contra centenares de monjes que protestaban por la detención de los monjes de Sera el día anterior.


El 12 de marzo de 2008, las autoridades chinas dejaron de conceder permisos de entrada al Tíbet a los periodistas, y los reporteros y turistas que se encontraban en la capital y las zonas circundantes comenzaron a ser evacuados. Se bloquearon numerosos sitios web, se censuraron emisiones de televisión y, según informes, se bloquearon o restringieron las comunicaciones por teléfono móvil y el acceso a Internet.


El 14 de marzo de 2008, las protestas degeneraron en violencia en Lhasa. Según informes, algunos manifestantes tibetanos prendieron fuego a vehículos de la policía, arrojaron cohetes contra ésta y agredieron específicamente a personas de etnia china e incendiaron comercios chinos en el marco de ataques de motivación étnica. De acuerdo con los informes, entre las víctimas figuran los cinco miembros de una familia de Lhasa, incluido un bebé de 8 meses, que aparecieron muertos en el garaje de un edificio incendiado. La CNN y la BBC comenzaron a informar de que se estaban censurando sus servicios de noticias en China, señalando que a menudo se cortaba la transmisión en cuanto empezaba a emitirse información sobre la situación en el Tíbet.

Según informes, las fuerzas de seguridad respondieron a veces con fuerza excesiva, recurriendo a medios como infligir fuertes palizas y disparar con munición real para dispersar a las multitudes. A continuación se practicaron detenciones arbitrarias. El 15 de marzo de 2008 se bloquearon todas las carreteras de acceso a Lhasa, se obligó a cerrar todas las tiendas y se impuso el toque de queda en toda la ciudad. Las autoridades chinas dieron un ultimátum a los tibetanos participantes en las protestas para que se entregaran voluntariamente antes del 17 de marzo a medianoche. Sin embargo, incluso antes de emitir el ultimátum ya habían empezado, según informes, a practicar detenciones masivas de tibetanos sospechosos de participar en las protestas tras efectuar registros casa por casa. Se vio a la policía armada ir de puerta en puerta y sacar a los sospechosos a rastras de las casas, a menudo golpeándolos antes de llevárselos.


Según los informes, en el curso de estas operaciones se detuvo a muchos ex presos políticos, entre ellos el ex monje del monasterio de Drepung Ngawang Namgyal. La información recibida indica que agentes del Departamento de Seguridad Pública de Lhasa irrumpieron en su domicilio a medianoche y se lo llevaron detenido por presunta “incitación y apoyo a las protestas de Lhasa”. No se sabe actualmente dónde se encuentra recluido ni en qué estado. Según informes, algunas personas fueron perseguidas únicamente por tener colgado en su casa un retrato del Dalai Lama, y la policía llegó a golpearlas y detenerlas. A juzgar por los informes, con millares de soldados patrullando por las calles, en la ciudad imperaba una atmósfera de miedo e intimidación.


A los pocos días de estallar los disturbios en Lhasa, las protestas, protagonizadas ya por millares de tibetanos, se extendieron rápidamente más allá de la Región Autónoma del Tíbet. Según informes, se organizaron protestas en más de 42 comarcas de las provincias de Sichuan, Gansu y Qinghai, en las que hay grandes concentraciones de tibetanos. En algunas de ellas participaron millares de personas, y en otras, relativamente pocas, como varias decenas. Muchas de las protestas empezaron siendo, al parecer, pequeñas manifestaciones pacíficas de monjes, a los que a veces se sumaron otros monjes y gran número de personas laicas. Según informes, una protesta de miles de tibetanos que tuvo lugar en Amdo Labrang, comarca de Sangchu, provincia de Qinghai, el 15 de marzo de 2008, comenzó siendo una marcha pacífica de 50 monjes, a los que se unieron 500 más, así como centenares de personas laicas. Se han recibido informes de violencia dirigida por los manifestantes contra edificios del gobierno. En una localidad, los manifestantes quitaron, al parecer, la bandera china de un edificio público para sustituirla por la del Tíbet y atacaron un restaurante dependiente del gobierno por se negaba, al parecer, a contratar a tibetanos.


Las autoridades efectuaron una importante concentración militar en la zona, enviando allí a miles de soldados, fuerzas paramilitares especiales y otros refuerzos de las fuerzas de seguridad para sofocar las protestas. Testigos presenciales aseguran haber visto convoyes de vehículos militares de un kilómetro de largo que transportaban personal a la región. Un periodista extranjero ha informado de que, en Chengdu, capital de la provincia de Sicuani, vio a la policía patrullar por las calles del barrio tibetano en grupos de cinco agentes, armados con metralletas, para impedir posibles manifestaciones. En numerosas zonas se ha informado de fuertes palizas propinadas por la policía.


Según informes, las fuerzas de seguridad de algunas zonas utilizaron medios letales para sofocar protestas pacíficas. Testigos presenciales han denunciado que la Policía Armada Popular mató a tiros al menos a ocho manifestantes pacíficos, incluidos monjes del monasterio de Ngaba Kirti, en la comarca de Ngaba (Aba), provincia de Sicuani, el 16 de marzo de 2008. Según informes, los cadáveres del algunas de las víctimas fueron arrastrados hasta el monasterio, donde se tomaron fotografías de ellos. La información publicada inicialmente por los medios de comunicación oficiales chinos indicaba que la policía había matado a cuatro “agitadores” al disparar en “legitima defensa”, pero en información posterior se dijo que los cuatro habían resultado heridos y habían “escapado con otros gángsteres en medio del caos”.2


En otro incidente del que se tuvo noticia, al menos 3 tibetanos murieron y otros 15 resultaron heridos al disparar las fuerzas armadas con munición real contra los participantes en una protesta pacífica organizada el 18 de marzo en la comarca de Kardze (Ganzi), provincia de Sicuani. Según informes, en una protesta similar que tuvo lugar el 24 marzo en la misma comarca, al menos una persona murió y otra quedó en estado crítico al disparar las fuerzas de la Policía Armada Popular contra los manifestantes. La información publicada por los medios de comunicación oficiales chinos indicaba que la policía se había visto obligada a hacer “disparos de advertencia” contra manifestantes que la atacaban con piedras y cuchillos. Se decía también que un agente de policía había resultado muerto, pero no se mencionaba la muerte de ningún manifestante.3


Según cálculos de organizaciones tibetanas con sede en el extranjero, el número de muertes causadas por la represión en todo el Tíbet y las zonas tibetanas vecinas varía entre 79 y 140, y el de personas detenidas, entre 1200 y más de 2000, con al menos 100 desaparecidas. El gobierno afirma que en Lhasa han muerto 19 personas (18 civiles y un policía) y que un agente de policía ha muerto y más de 600 personas han resultado heridas en los disturbios que se han producido en toda la zona.4El 26 de marzo, la agencia oficial de noticias Xinhua afirmó que hasta ese momento se habían “rendido” a las autoridades 661 personas, 280 en Lhasa y 381 en la provincia de Sicuani, y que se había detenido a más de 1.000.


Constantes de violaciones de derechos humanos


Las violaciones de derechos humanos perpetradas en Tíbet y sus alrededores tienen características comunes con constantes más amplias de violaciones de derechos humanos cometidas en China, incluidas varias que se tratan en el informe principal publicado junto con este documento, República Popular de China - La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico (Índice AI: ASA 17/050/2008).5Por ejemplo:


  • Las medidas tomadas por las autoridades para acordonar la zona e impedir la entrada de periodistas extranjeros siguen una constante más individualizada de obstrucción y hostigamiento a los periodistas extranjeros que tratan de informar de cuestiones consideradas políticamente delicadas en China. Tal obstrucción se ha mantenido a pesar de una nueva normativa temporal para los periodistas extranjeros, introducida el año pasado con objeto darles más libertad para cubrir noticias en China durante los preparativos de las Olimpiadas.6


  • La imagen incompleta de las protestas que se transmite al público chino –centrada en gran medida en la violencia perpetrada por los tibetanos– es una indicación más del control oficial del gobierno sobre los medios de comunicación del país y de su censura intermitente de las emisiones de los medios de comunicación internacionales. Este control y esta censura violan el derecho humano fundamental a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información.


  • La represión de las protestas ha supuesto la detención arbitraria de manifestantes pacíficos, violando su derecho humano fundamental a la libertad de expresión y asociación.7 Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades parezcan haber incluido en la misma categoría a quienes participan en protestas pacíficas y a quienes cometen actos de violencia. Según informes, en algunos casos las fuerzas de seguridad han utilizado también munición real contra la multitud en protestas pacíficas.8


  • Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a tibetanos bajo custodia, especialmente a personas detenidas por presuntas actividades “separatistas”, incluidos monjes y monjas budistas tibetanos.9 Algunos casos recientes son: un grupo de tibetanos detenidos al intentar huir a Nepal en septiembre de 2006 informaron al quedar en libertad de que los habían golpeado con porras de goma y aplicado picanas;10 según informes, unos niños detenidos en septiembre de 2007 por hacer una pintada en favor del Dalai Lama en una pared fueron golpeados, y uno de ellos, de 14 años, tuvo que ser atendido en el hospital de graves lesiones sufridas bajo custodia;11 unos solicitantes de asilo tibetanos devueltos a China desde Nepal en 2003 informaron tras quedar en libertad de que habían sido sometidos bajo custodia a tortura y otros malos tratos, como darles patadas y golpes, aplicarles descargas con porras eléctricas, insertarles agujas de coser bajo las uñas, obligarlos a permanecer de pie y desnudos durante largo tiempo y hacerles objeto de comentarios humillantes sobre sus creencias religiosas.12 Ante tales casos, se teme que cualquier persona detenida por las autoridades en relación con las protestas, sean éstas pacificas o violentas, sea sometida a palizas y otras formas de tortura o maltrato, y tal temor se ve agudizado por testimonios de varios testigos presenciales según los cuales la policía ha golpeado a manifestantes al detenerlos.


  • Habida cuenta de la injerencia política que existe en todos los niveles del sistema de justicia penal de China, es muy poco probable que las personas detenidas en relación con las actuales protestas sean sometidas a un juicio justo, conforme a las normas internacionales. A los detenidos se les niegan también elementos esenciales del derecho a un juicio justo debido a las deficiencias del Código de Procedimiento Penal chino, que no garantiza, por ejemplo, el acceso con prontitud a un abogado. La falta de recursos en el sistema de justicia penal, especialmente en las provincias relativamente pobres del Tíbet, Sichuan, Qinghai y Gansu, también comprometerían todo intento de garantizar un juicio justo a los acusados.

  • Las autoridades chinas han anunciado que toda persona detenida por participar en la violencia puede ser acusada de “poner en peligro la seguridad nacional”, cargo formulado en aplicación de disposiciones del Código Penal que llevan mucho tiempo utilizándose para condenar y encarcelar a activistas tibetanos pacíficos, violando su derecho a la libertad de expresión y religión. El uso de definiciones excesivamente amplias y poco precisas de “seguridad nacional” y de los actos que ponen en peligro la “seguridad nacional” ha caracterizado el trato que dispensa China a los defensores de los derechos humanos en general, violando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.


  • La afirmación oficial de que las personas acusadas de delitos violentos, así como de “poner en peligro la seguridad nacional”, serán “castigadas severamente” hace temer que las autoridades recurran a la pena de muerte. Ya se ha condenado anteriormente a tibetanos a muerte por delitos denominados “separatistas”. Lobsang Dhondup fue ejecutado en enero de 2003 tras haber sido declarado culpable en un juicio secreto de participar en una serie de atentados con bomba perpetrados en la provincia de Sichuan.13Además de imponerles penas de cárcel en aplicación del Código Penal, a quienes se considera que han cometido “delitos menores” puede condenárseles a “reeducación por el trabajo”, sistema abusivo de detención administrativa al que se somete a la persona si cargos, juicio ni revisión judicial de su caso.


Recomendaciones al gobierno chino


  • Dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas únicamente por participar en protestas pacíficas, incluidas las convocadas en apoyo del Dalai Lama, la independencia del Tíbet y mayor autonomía para la región.


  • Dar cuenta de todas las personas detenidas, comunicando sus nombres, su paradero y los cargos que puedan haberse presentado contra ellas.


  • Garantizar que todas las personas detenidas tienen acceso con prontitud a abogados, a miembros de sus familias y a los servicios médicos que puedan necesitar.


  • Garantizar que toda persona detenida por presuntos actos de violencia es puesta en libertad si no está acusada de delitos comunes reconocibles ni va a ser llevada ante un tribunal independiente.


  • Al restablecer el orden y proteger a personas y bienes, hacer uso de la fuerza sólo cuando sea necesario y, en tal caso, de manera proporcionada; en particular, las fuerzas de seguridad deben utilizar medios letales sólo como último recurso, cuando haya una amenaza inmediata para la vida.


  • Dar cuenta de todas las personas que han resultado muertas o heridas.


  • Garantizar que todos los homicidios, agresiones y demás ataques contra personas y bienes se investigan con prontitud y de manera independiente y efectiva, cualquiera que sea la identidad de los responsables y de las víctimas, y que los presuntos autores son procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin que se imponga la pena de muerte.


  • Permitir que la ONU lleve a cabo un examen independiente de la situación actual de los derechos humanos en la Región Autónoma del Tíbet y las provincias vecinas.


  • Permitir el acceso sin restricciones de periodistas y otros observadores independientes a la Región Autónoma del Tíbet y a las provincias vecinas.


  • Poner fin a la censura de los medios de comunicación en China y permitir una información plena y diversa, respetando el derecho a la libertad de expresión e información, incluso en el caso de la información sobre el Tíbet de los medios de comunicación extranjeros en China.


  • Tomar medidas urgentes para abordar las causas subyacentes de las protestas, incluidos los motivos de queja que tanto tiempo llevan exponiendo los tibetanos por violaciones de sus derechos humanos, como restricciones a la práctica religiosa, persecución por ejercer la libertad de expresión y reunión, políticas oficiales dirigidas aparentemente a menoscabar la cultura y la identidad étnica tibetanas y aparente exclusión de los tibetanos de los beneficios económicos del desarrollo.

Recomendaciones a otros gobiernos, al COI y a las empresas patrocinadoras de los Juegos Olímpicos


  • Amnistía Internacional pide a los líderes mundiales, particularmente a los que tengan intención de asistir a los Juegos Olímpicos, que utilicen su influencia con las autoridades chinas para que tomen medidas urgentes conforme a las recomendaciones formuladas en el presente documento. Se insta a los gobiernos que hayan entablado un “diálogo sobre los derechos humanos” con China a que garanticen que la actual situación de los derechos humanos en el Tíbet figura en el orden del día de la próxima sesión de ese diálogo y que se invita a participar en ésta a representantes de ONG independientes y con experiencia en el Tíbet.


  • A fin de hacer valer los principios fundamentales del olimpismo con respecto a la “dignidad humana” y los “principios éticos fundamentales universales” y de intentar garantizar que las Olimpiadas dejan un legado positivo a Pekín y a China, el COI debe utilizar su influencia con las autoridades chinas para que tomen medidas urgentes conforme a las recomendaciones formuladas en el presente informe.


  • Las empresas patrocinadoras de las Olimpiadas de Pekín también deben utilizar todas las vías posibles de influencia para garantizar que las autoridades chinas aplican las recomendaciones formuladas en el presente informe.


  • Además de utilizar vías diplomáticas, los gobiernos y el COI deben manifestar públicamente su preocupación por la situación de los derechos humanos en el Tíbet: el hecho de no expresar la preocupación públicamente y con energía podría interpretarse como una aprobación tácita de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los preparativos de los Juegos Olímpicos.






TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

1 Las palabras entre paréntesis son los nombres chinos de esos lugares.

2 Véanse “‘Police: 4 rioters wounded in Aba of Sichuan’, Xinhua, 21 de marzo de 2008, http://www.china.org.cn/2008-03/21/content_13190976.htm y “China shot dead 4 in weekend riot in Tibet – Xinhua”, Reuters, 20 de marzo de 2008, http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL20843642.

3 ‘Tibet deaths and protests shadow Olympics’, Reuters, 25 de marzo de 2008. http://www.iht.com/articles/reuters/2008/03/25/asia/OUKWD-UK-CHINA-TIBET.php. Véase también, ‘Questions, answers about casualties, damages of recent riots’, Xinhua, 25 de marzo de 2008.

4 Véase Xinhua, “ Q & A”, supra, nota 3.

5 El informe principal es el último de una serie centrada en cuatro constantes generales de violaciones de derechos humanos cometidas en China durante los preparativos de los Juegos Olímpicos, a saber: la persistencia de la pena de muerte; el uso de formas abusivas de detención administrativa; la detención arbitraria, encarcelamiento, tortura y hostigamiento de defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas y abogados, y la censura en Internet.

6 Al igual que los turistas, en China los periodistas extranjeros han tenido siempre que solicitar un permiso para visitar el Tíbet. En la normativa introducida a principios del año pasado no se indica explícitamente si la libertad que se pretende concederles se ha hecho o no extensiva al Tíbet. Sin embargo, el 13 de febrero de 2007, Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, manifestó que la normativa no era aplicable al Tíbet debido a limitaciones no especificadas de las condiciones naturales y la capacidad de recepción en el Tíbet, y añadió que los corresponsales extranjeros tenían que seguir solicitando permiso a las autoridades locales para informar desde la región. Véase “China back-tracking on media freedoms”, Human Rights Watch, 31 de mayo de 2007.

7 Por ejemplo, véase la acción urgente emitida por Amnistía Internacional en respuesta a la detención de 15 monjes tibetanos, incluido un niño de 15 años, por participar en una manifestación pacífica organizada en Lhasa el 10 de marzo, AU 76/08, de 18 de marzo de 2008 (ASA 17/057/2008).

8 Tales informes sobre uso ilegítimo de armas de fuego han ido precedidos de testimonios de testigos presenciales según los cuales al menos dos personas murieron al disparar las fuerzas de seguridad chinas contra un grupo de tibetanos que intentaba huir a Nepal en septiembre de 2006. Para más información, véase la acción urgente de Amnistía Internacional emitida el 12 de octubre de 2006 con índice AI ASA 17/054/2006.

9 Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, People’s Republic of China: Call for accountability for Tibetan deaths in custody in Drapchi Prison, febrero de 2002 (ASA 17/009/2002).

10 Para más información, véase Amnistía Internacional, China: Tibetanos menores de edad detenidos corren peligro de sufrir tortura y malos tratos, 15 de octubre de 2007.

11 Véase Amnistía Internacional, China: Tibetanos menores de edad detenidos corren peligro de sufrir tortura y malos tratos, 15 de octubre de 2007.

12 Para más información, véase Amnistía Internacional, People’s Republic of China: Uighurs fleeing persecution as China wages its “war on terror”, julio de 2004 (ASA 17/021/2004), pp. 22-23

13 Para más información, véase Amnistía Internacional, People’s Republic of China: Executed ‘according to law’ – the death penalty in China, marzo de 2004 (ASA 17/003/2004).

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