AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 21/001/2009
29 de enero de 2009

Tribunal papú absuelve a defensor de los derechos humanos

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión tomada hoy, 29 de enero de 2009, por el Tribunal de Distrito de Jayapura de absolver al abogado defensor de los derechos humanos Iwanggin Sabar Olif, alias Sabar, de todos los cargos presentados contra él. Esta sentencia envía una positiva señal a la comunidad papú de defensores de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno debe tomar también otras medidas para garantizar que los papués pueden expresar sus opiniones libremente.

 La decisión del tribunal aparece en un contexto de mayor represión de la libertad de expresión en Papúa. El 14 de enero de 2009, Amnistía Internacional pidió que se pusiera en libertad de inmediato y sin condiciones a 11 manifestantes papúes que se enfrentaban a un mínimo de tres años de prisión por el simple hecho de haber mostrado una bandera prohibida.

Iwanggin Sabar Olif no debía haber sido detenido jamás. Su detención desde octubre de 2007 hasta enero de 2008 y su posterior juicio han durado más de 15 meses, en los que no ha podido realizar su trabajo legítimo como defensor de los derechos humanos en Papúa. Como dijo la entonces representante especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, en su informe, tras la visita que hizo en junio de 2007 a Indonesia, deben establecerse procedimientos para impedir el procesamiento de defensores de los derechos humanos con objeto de someterlos a hostigamiento por realizar actividades que son una parte legítima de su función de defensa de los derechos humanos.

Iwanggin Sabar Olif fue acusado, en aplicación del artículo 160 del Código Penal de Indonesia (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), de incitar “en público a cometer un acto punible, un acto violento contra la autoridad pública o cualquier otra desobediencia”. Este artículo, que prevé una pena máxima de seis años de prisión, se ha utilizado en el pasado contra defensores de los derechos humanos de Indonesia, en lugares como Aceh, Java, Kalimantan Oriental y Maluku, para reprimir la libertad de expresión y reunión.

Amnistía Internacional insta al gobierno indonesio a que garantice que no se seguirá utilizando el artículo 160 para menoscabar el derecho a la libertad de expresión, que está reconocido por su Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Indonesia es Estado Pacto.

Información complementaria

En Papúa, la provincia más oriental de Indonesia, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando en los últimos años. La población indígena, de etnia distinta a las de otras partes de Indonesia, cuestiona cada vez más las políticas del gobierno indonesio sobre los recursos naturales de Papúa y la llegada de inmigrantes de otras partes del país. El gobierno mantiene una fuerte presencia policial y militar, a la que se ha acusado de intimidar y amenazar a miembros de la comunidad indígena local que propugnan por medios pacíficos una mayor autonomía para la provincia o su independencia de Indonesia.

Iwanggin Sabar Olif es miembro de la organización papú ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Instituto para el Estudio y la Defensa de los Derechos Humanos). Fue detenido el 18 de octubre de 2007 por haber enviado un mensaje de texto a amigos y familiares en el que se decía a la gente que tuviera cuidado porque el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, había ordenado aplicar junto con el ejército un mortal programa para “erradicar” (membasmikan) a la población papú con envenenamientos de los alimentos y otras acciones violentas.

En el momento de la detención de Iwanggin Sabar Olif, los defensores papúes de los derechos humanos afirmaron que este mensaje de texto circulaba desde julio de 2007 y que lo habían recibido ya millares de papúes. Iwanggin Sabar Olif negó siempre haber escrito o enviado el mensaje, e incluso haberlo recibido.

Iwanggin Sabar Olif fue acusado inicialmente de “insultar al presidente”, pero la policía cambió posteriormente el cargo, porque los artículos 134, 136 y 137 del Código Penal del país, que preveían penas de hasta seis años de cárcel por “insultar al presidente o al vicepresidente”, habían sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de Indonesia en diciembre de 2006.

El equipo de abogados de Iwanggin Sabar Olif ha expresado honda preocupación por ciertas irregularidades de su detención y juicio. Afirman que no se respetaron algunas de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) de Indonesia. En particular, Iwanggin Sabar Olif no tuvo acceso a un abogado durante el interrogatorio policial (artículo 54). Iwanggin Sabar Olif afirma que la policía lo intimidó para obligarlo a confesar que fue él quien envió originalmente el mensaje de texto (artículo 117.1). Según informes, los jueces le gritaron y le culparon durante el procedimiento judicial, violando así el principio de presunción de inocencia (artículo 158).

FIN/

Documento público

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