AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 21/002/2009

3 de febrero de 2009

Indonesia: Debe investigarse el uso de fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos de Papúa

Amnistía Internacional insta a las autoridades indonesias a llevar a cabo investigaciones imparciales sobre los informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para dispersar una manifestación pacífica en Nabire, provincia de Papúa.

El 27 de enero de 2009, la “Coalición de personas preocupadas por la elección de jefe de la región” (Koalisi Masyarakat Peduli Pemilihan Kepala Daerah) organizó una manifestación pacífica para pedir que, tras varios aplazamientos, se convocaran elecciones locales. La manifestación, en la que participó un centenar de personas, tuvo lugar ante el edificio de la Comisión Electoral General en Nabire. Los manifestantes montaron una tienda de campaña que bloqueó una de las carreteras principales y, cuando la policía les instó a retirarla, se negaron.

Según los informes, dos días después, unidades de la policía dispersaron violentamente a los manifestantes pacíficos que aún permanecían allí, y lo hicieron de madrugada, cuando los manifestantes aún dormían. Según fuentes locales, la policía disparó balas de goma contra los manifestantes, e hirió al menos a cinco. También propinó a algunos de ellos patadas y golpes con palos de ratán y las culatas de sus rifles. Muchas personas sufrieron hematomas y cortes a consecuencia de los golpes.

Asimismo, según los informes, los agentes propinaron tres patadas con las botas a un defensor de los derechos humanos, Yones Douw, lo golpearon en los oídos y le propinaron un puñetazo en la cara cuando trató de intervenir para detener los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Además, destrozaron su lápiz de memoria delante de él. Yones Douw es miembro de la iglesia papuana Kingmi (rama de Papúa de la Iglesia del Tabernáculo del Evangelio de Indonesia) y voluntario de la organización de derechos humanos ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Instituto para el Estudio y la Defensa de los Derechos Humanos).

La policía, a continuación, detuvo e interrogó a Yones Douw y a siete manifestantes y, al parecer, les negó el acceso al mundo exterior y los mantuvo privados de comida y agua durante el día que los mantuvo recluidos. Los que tenían lesiones aseguran que la policía no les permitió acceder a atención médica adecuada. A Yones Douw lo recluyeron después en una celda, él solo, y lo interrogaron durante varias horas. El 30 de enero, los ocho detenidos quedaron en libertad, pero con órdenes de presentarse todos los días en comisaría.

La actuación policial durante las manifestaciones no debe negar a los participantes el derecho de reunión pacífica. Este incidente se ha producido en el contexto de una represión más amplia de la libertad de expresión y reunión en Papúa. El 14 de enero de 2009, Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata e incondicional de 11 manifestantes papuanos que se enfrentaban a tres años o más de prisión exclusivamente por haber desplegado una bandera prohibida. Las autoridades indonesias deben garantizar públicamente que la libertad de expresión y de reunión no corren peligro alguno en Papúa. También deben manifestar su apoyo al trabajo legítimo llevado a cabo por defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el país, y deben tomar medidas inmediatas para garantizar que estos defensores y defensoras gozan de plena protección al realizar su trabajo.

Amnistía Internacional reconoce los desafíos que entraña la actuación policial durante las manifestaciones, y es consciente de que algunos manifestantes han obstaculizado el acceso a edificios públicos después de que se les pidiera que se dispersaran. Sin embargo, las acciones de la policía en este caso pueden haber sido contrarias a los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establecen, entre otras cosas, que la fuerza sólo debe utilizarse como último recurso, de manera proporcional a la amenaza enfrentada, y de manera que se reduzcan al mínimo los daños o lesiones.

Amnistía Internacional insta a que se lleve a cabo sin demora una investigación sobre el incidente de Nabire, en la que se examinen las tácticas y armas utilizadas por la policía, y que sus resultados y recomendaciones se hagan públicos de forma oportuna. Las autoridades indonesias deben sancionar y llevar ante la justicia a los implicados si se concluye que la fuerza utilizada ha sido excesiva y ha contravenido los principios de necesidad y proporcionalidad. También deben adoptar medidas e impartir formación para garantizar que, en el futuro, las operaciones policiales son conformes a las normas internacionales.

Información complementaria

Papúa, la provincia más oriental de Indonesia, ha sido escenario de un deterioro de la situación de los derechos humanos durante los últimos años. La población indígena, étnicamente diferente de la de otras partes del país, ha cuestionado cada vez con más frecuencia las políticas gubernamentales relativas a los recursos naturales de la provincia y la migración de personas no papuanas a la zona. El gobierno indonesio mantiene allí una fuerte presencia policial y militar, cuyos miembros han sido acusados de intimidar y amenazar a miembros de la comunidad indígena local que apoyan, por medios pacíficos, una mayor autonomía o independencia de Indonesia.

El 18 de agosto de 2008, Amnistía Internacional instó al gobierno indonesio a garantizar que se rinden cuentas debidamente por el homicidio del manifestante pacífico Opinus Tabuni, muerto por arma de fuego ese mismo día. El 25 de septiembre de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM), que había enviado un equipo para investigar el homicidio, declaró que la bala “no era una bala reglamentaria de la policía; la bala era de 9 mm; pertenece sin lugar a dudas al ejército”. Desde entonces no ha habido ningún progreso en la investigación sobre este asesinato. La familia ha intentado en numerosas ocasiones entrevistarse con el jefe de policía de Papúa para hablar del caso, pero sus intentos han sido infructuosos. Las autoridades indonesias deben iniciar una investigación inmediata, imparcial, independiente y transparente sobre el homicidio para garantizar que los responsables rinden cuentas de sus actos.

Documento público

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