Document - Indonesia must stand up against torture and other ill-treatment
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: ASA 21/005/2008 (Público)
Fecha: 2 de mayo de 2008
Indonesia debe hacer frente a la tortura y otros malos tratos
Entre el 5 y el 7 de mayo de 2008, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se reunirá en Ginebra para debatir el cumplimiento por parte de Indonesia de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Amnistía Internacional expresa su satisfacción por esta oportunidad y espera que conduzca al gobierno indonesio a comprometerse seriamente a prohibir la tortura y los malos tratos en todas sus formas en el país.
En un documento publicado el 15 de abril de 2008, Indonesia: Briefing to the UN Committee against Torture (Índice AI: ASA 21/003/2008), Amnistía Internacional proporciona información y análisis sobre la aplicación de la Convención por parte de Indonesia y expone formas en que el gobierno indonesio podría cumplir mejor con sus obligaciones en virtud de ésta. En el documento se ponen de relieve diversos aspectos, como la insuficiencia de las disposiciones que prohíben actos de tortura en el Código Penal; la insuficiencia de las salvaguardias en el Código de Procedimiento Penal; la ausencia de disposiciones legales específicas que prohíban la devolución (refoulement), la tortura y otros malos tratos bajo custodia, la pena de muerte y los golpes con vara; la poca solidez de los mecanismos de rendición de cuentas y la inadecuada aplicación de la Ley sobre Violencia Doméstica.
Amnistía Internacional reconoce los avances que ha realizado Indonesia en los últimos años en ciertos aspectos para resolver el problema de la tortura y los malos tratos, por ejemplo mediante las reformas legales, la formación en derechos humanos a policías y militares y los esfuerzos por reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la organización cree que estas medidas distan mucho de ser suficientes.
La ausencia de unas salvaguardias legales y procedimentales sólidas que impidan el uso de la tortura en toda circunstancia es una de las debilidades del sistema. Aunque el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de Indonesia están en proceso de revisión desde hace muchos años, aún no incluyen suficientes disposiciones que prohíban el uso de la tortura. El Código Penal no tiene una definición exhaustiva de tortura, y carece de disposiciones que hagan estos delitos punibles mediante penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. Además, el Código de Procedimiento Penal contiene disposiciones que permiten la detención prolongada de sospechosos sin llevarlos ante el juez y no incluye salvaguardias suficientes que prohíban utilizar como prueba declaraciones realizadas bajo tortura en las actuaciones judiciales. El resultado es que en Indonesia la tortura y otros malos tratos son aún prácticas generalizadas.
Según un estudio reciente (2007-2008) llevado a cabo en cuatro centros de detención o cárceles de Java por la Fundación Indonesia de Asistencia Jurídica de Yakarta (Lembaga Bantuan Hukum, LBH), más del 80 por ciento de las 367 personas detenidas entrevistadas, entre las que había mujeres y menores, habían sido sometidas a tortura u otros malos tratos durante su detención y su interrogatorio. Las formas de tortura y otros malos tratos infligidos por los funcionarios –en su mayoría policías– eran físicas, psicológicas y también de índole sexual, e incluían puñetazos, patadas, bofetadas, amenazas a punta de pistola, así como obligar a la persona detenida a masturbarse o desnudarla en público. Muchas de las personas entrevistadas no denunciaron estos delitos por temor, porque no sabían que podían presentar denuncia o porque no creyeron que éstas fueran a ser tomadas en serio. Quienes denunciaron torturas y otros malos tratos ante los tribunales, informaron de que los jueces no tomaron en serio sus denuncias durante los procedimientos y que éstas no dieron lugar a sanciones para sus autores.
Los casos indicados arriba confirman algunos de los resultados del documento presentado por Amnistía Internacional al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. A pesar de los avances realizados desde la caída de Suharto hace diez años, entre los policías y los militares indonesios sigue prevaleciendo una cultura de violencia, fomentada por la falta de mecanismos creíbles de rendición de cuentas. Las víctimas, sus familiares y los abogados no tienen acceso a ningún mecanismo independiente para presentar denuncias e informar de crímenes de tortura y otros malos tratos, y el sistema de justicia penal no hace justicia, no establece la verdad ni concede reparaciones.
En un reducido número de casos de violaciones de derechos humanos –incluidas torturas y otros malos tratos– perpetradas por miembros de las fuerzas policiales ha habido investigaciones internas o los agentes han sido sometidos a procedimientos disciplinarios internos. Aunque Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el uso de medidas disciplinarias como parte de un sistema que garantiza el respeto de los derechos humanos, la organización subraya que tales medidas no pueden sustituir a la investigación y el procesamiento con arreglo al Código Penal, como dispone la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Además, la ley debe proteger contra la tortura y los actos deliberados de maltrato, y prohibir explícitamente su uso. Por consiguiente, toda denuncia e investigación de presuntos casos de tortura y otros malos tratos debe efectuarse siempre como si de un delito común se tratara y llevarse ante un tribunal civil independiente. También es fundamental que las víctimas reciban información completa de las actuaciones legales contra los presuntos perpetradores y que se les garanticen reparaciones con arreglo a las normas internacionales.
Amnistía Internacional espera sinceramente que el próximo periodo de sesiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que se celebrará entre el 5 y el 7 de mayo sea un foro fundamental para debatir algunas de las cuestiones planteadas en el documento presentado por la organización y en los presentados por otras organizaciones no gubernamentales. Diez años después de la ratificación de la Convención contra la Tortura por parte de Indonesia, este periodo de sesiones debería ser un punto de inflexión en el compromiso de Indonesia con la erradicación de la incidencia de la tortura y otros malos tratos en su territorio.
Documento público
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