PÚBLICO Índice AI: ASA 21/011/2008

10 de julio de 2008

AU 199/08 Pena de muerte / Temor de ejecución inminente

INDONESIA Tubagus Maulana Yusuf (h)

Rio Alek Bulo (h)

Nyonya Sumiarsih (m)

Sugeng (h), hijo de la anterior

Las autoridades indonesias tienen previsto ejecutar a las cuatro personas cuyos nombres aparecen en el encabezamiento, condenadas por asesinato, antes de que termine el mes de julio. El fiscal general adjunto de Asuntos Penales Generales declaró a la agencia de noticias indonesia Antara el 4 de julio que las ejecuciones se llevarían a cabo tan pronto como la fiscalía general hubiera notificado a los presos que iban a ser ejecutados.

El fiscal general adjunto afirmó que los cuatro forman parte de un grupo de ocho que será ejecutado en breve, ya que han llegado al final del proceso de apelaciones y sus peticiones de indulto han sido rechazadas. Los otros cuatro son Achmad Suradji (véanse AU 27/08, ASA 21/002/2008, del 25 de enero de 2008 y su actualización) y los tres hombres condenados por los atentados con explosivos de Bali en 2002, Amrozi, Ali Ghufron e Imam Samudera (véanse AU 109/06, del 28 de abril de 2006, ASA 21/002/2006 y sus actualizaciones).

Tubagus Maulana Yusuf fue condenado a muerte en marzo de 2007 por el asesinato de ocho personas creyendo que esto aumentaría sus poderes de brujería. Aunque no ha apelado ni pedido el indulto, esto no exime al Estado de su deber de garantizar que se han protegido sus derechos y que ha sido debidamente procesado.

Nyonya Sumiarsih y su hijo, Sugeng, fueron condenados a muerte en 1989 por el asesinato de una familia de cinco personas en la ciudad de Surabaya. Otras personas implicadas en el asesinato ya fueron ejecutadas a comienzos de la década de 1990. Ambos llevan casi 20 años en espera de ejecución y sus peticiones de indulto fueron rechazadas en 2003.

Rio Alek Bulo fue condenado a muerte por asesinato en 2002. Su petición de indulto fue rechazada en 2007.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tras una pausa de 14 meses, Indonesia reanudó las ejecuciones el 26 de junio de 2008 con la ejecución de los ciudadanos nigerianos Samuel Iwachekwu Okoye y Hansen Anthony Nwaliosa, condenados por narcotráfico.

El sistema de ejecución es el pelotón de fusilamiento. El preso puede elegir entre permanecer de pie o sentado y pedir que le coloquen una venda en los ojos. Los pelotones de fusilamiento están compuestos por 12 personas, 6 de las cuales disparan con munición real y otras 6 con balas de fogueo. El disparo se efectúa a una distancia de entre 5 y 10 metros.

Las autoridades no publican estadísticas oficiales sobre la pena de muerte, pero se sabe que en Indonesia hay al menos 112 personas condenadas a muerte, 11 de las cuales lo fueron en 2007.

Amnistía Internacional reconoce la necesidad de que los gobiernos se ocupen del asesinato y otros delitos graves, pero cree que la pena de muerte no es la solución. No hay ninguna evidencia clara de que esta forma de castigo disuada del delito más eficazmente que otras. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte sin reservas en todos los casos, y apoya la tendencia mundial a dejar de utilizarla, expresada enérgicamente en la resolución del 18 de diciembre de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pide la suspensión mundial de las ejecuciones. Actualmente hay 137 países abolicionistas en la ley o en la práctica, entre los que figuran 27 de los 41 estados de Asia.

En 2006, Indonesia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que afirma que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”. Sin embargo, las autoridades no autorizaron la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo de dicho Pacto, encaminado hacia la abolición de la pena de muerte.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:

- pidiendo que se detengan inmediatamente los preparativos para ejecutar a Tubagus Maulana Yusuf, Nyonya Sumiarsih, Sugeng y Rio Alek Bulo, y se conmuten sus penas;

- reconociendo el derecho y la responsabilidad de Indonesia de resolver los delitos graves y expresando solidaridad por sus víctimas, pero afirmando que no hay muestras claras de que la pena de muerte sea una medida disuasoria eficaz;

- pidiendo a las autoridades que conmuten todas las penas de muerte impuestas en Indonesia, por constituir éstas una violación de uno de los derechos humanos más fundamentales, el derecho a la vida;

- instando a las autoridades a que den información sobre el número de presos actualmente condenados a muerte en Indonesia, la fecha de su condena y el estado de su proceso de apelación, así como los procedimientos para informar a los presos y sus familiares cuando la ejecución es inminente;

- instando al gobierno de Indonesia a que firme y ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que establezca una suspensión de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena capital según pide la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 2007.