Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: ASA 21/013/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 89/03

14 de abril de 2003

Indonesia/Timor Oriental: La justicia es responsabilidad internacional

Amnistía Internacional ha recordado a la ONU su obligación de garantizar que los autores de los crímenes de lesa humanidad y demás delitos graves cometidos en Timor Oriental son enjuiciados.

En un informe publicado hoy, 14 de abril de 2003, con el título Indonesia & Timor - Leste: International responsibility for justice (ASA 03/001/2003, sólo disponible en inglés), la organización de derechos humanos ha manifestado: «En los juicios realizados por Indonesia se ha faltado a la verdad, la honestidad y la justicia . Es hora de que la ONU busque otra forma de garantizar que se administra justicia de manera efectiva y creíble».

Cuando la violencia alcanzó su punto culminante en 1999 y las milicias, apoyadas por las fuerzas de seguridad indonesias, lanzaron ataques generalizados y sistemáticos contra la población de Timor Oriental, tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como la Comisión de Derechos Humanos adoptaron resoluciones en las que se pedía el enjuiciamiento de los autores de los abusos que se estaban cometiendo.

En un periodo extraordinario de sesiones convocado en septiembre de 1999, la Comisión condenó «las violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Timor Oriental» y exhortó al gobierno indonesio a garantizar que «las personas responsables de actos de violencia y de violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos comparezcan ante la justicia».

El Consejo de Seguridad, por su parte, pidió igualmente que se hiciera comparecer ante la justicia a los responsables de esa violencia e instó a todas la partes a colaborar en la investigación de los informes sobre violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

Una comisión internacional de investigación sobre Timor Oriental establecida por el secretario general de la ONU a instancias de la Comisión de Derechos Humanos recomendó que se instituyera un tribunal internacional para enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, señaló que la ONU debía participar en todo el proceso de investigación, para determinar la responsabilidad y castigar a los autores de los abusos cometidos, y que era importante ocuparse de manera efectiva de estas cuestiones a fin de garantizar el respeto de las futuras decisiones del Consejo de Seguridad.

En vez de establecer un tribunal internacional, la ONU aceptó las garantías de Indonesia de iniciar investigaciones y enjuiciamientos en sus propios tribunales. Mientras tanto, su misión de mantenimiento de la paz en Timor Oriental creó una unidad especial encargada de investigar los delitos graves cometidos en 1999, así como equipos especiales con competencia respecto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra para ver causas.

Estos equipos han hecho considerables progresos en los últimos meses, pero les queda aún mucho trabajo para completar su tarea. En cambio, los procedimientos judiciales entablados en Indonesia han tenido un alcance sumamente limitado y, aunque se han dictado algunas sentencias condenatorias, apenas han servido para conocer la verdad y hacer justicia. Además, no hay confianza en que las autoridades indonesias tengan capacidad o voluntad para llevar a cabo la substancial reforma jurídica e institucional necesaria para garantizar que los restantes juicios se realizan con integridad.

Amnistía Internacional ha manifestado: «El presidente de la Comisión de Derechos Humanos debe expresar en su declaración su condena a Indonesia por no haber llevado a cabo el proceso con buena fe ni con la diligencia debida. Asimismo, tiene que instar a que se tomen otras medidas, entre las que podría figurar el establecimiento de un tribunal internacional».

La organización pide también al Consejo de Seguridad que encargue la realización por juristas internacionales de un examen independiente para evaluar los procedimientos judiciales entablados hasta la fecha en Indonesia y Timor Oriental. Se deben considerar en él todas las formas posibles de hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores, incluida la potenciación del proceso en Timor Oriental, el establecimiento de un tribunal especial a instancias del Consejo de Seguridad y la celebración de juicios en terceros Estados. Tales opciones podrían aplicarse simultáneamente.

Información general

Se calcula que alrededor de 1.300 personas fueron víctimas de homicidio en Timor Oriental durante los meses previos al referéndum sobre la independencia celebrado el 30 de agosto de 1999 bajo los auspicios de la ONU e inmediatamente después de él. Asimismo, más de un cuarto de millón fueron expulsadas o huyeron a Timor Occidental o a Indonesia, donde se calcula que quedan unas 28.000, viendo en campos de refugiados. Un número no determinado de personas fueron objeto de otras violaciones de derechos humanos, como tortura y violación.

Estos delitos no fueron espontáneos, sino que formaban parte de una campaña perfectamente coordinada, emprendida por miembros del ejército, la policía y las autoridades civiles indonesios con objeto de influir en los resultados del referéndum e impedir su aplicación. Un importante aspecto de esta campaña fue la creación de milicias a las que se prestó apoyo incluso con fondos y armas.

En un tribunal especial de derechos humanos formado al efecto en Indonesia se ha sometido a juicio a 18 personas en total. De ellas, 11 han resultado absueltas, y 5 han sido declaradas culpables y condenadas a entre 3 y 10 años de prisión. Todavía están en curso los juicios de dos militares de alta graduación.

En Timor Oriental, la unidad de delitos graves de la ONU ha dictado acta de acusación contra más de 230 individuos, en muchos casos por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran altos cargos indonesios, incluidos el ex jefe de las Fuerzas Amadas y ministro de Defensa general Wiranto, y los jefes de los mandos militares regional y de Timor Oriental general Adam Damiri y general Suhartono Suratman. Las autoridades indonesias no han querido cooperar en la investigaciones y enjuiciamientos entablados en Timor Oriental, negándose incluso a trasladar a acusados para someterlos a juicio allí.

Encontrarán el informe Indonesia & Timor-Leste: International responsibility for justice en

http://web.amnesty.org/library/index/endasa030012003

Documento público

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