16 de mayo de 2000

índice AI: ASA 22/01/00/s

DECLARACIÓN PÚBLICA

Japón

Persecución de un nepalí por la Fiscalía: Aunque ha sido absuelto de asesinato, Govinda Prasad Mainali continúa detenido y expuesto a ser condenado a muerte

Govinda Prasad Mainali, que fue acusado de asesinato en marzo de 1997 y se encuentra detenido desde entonces, fue absuelto de ese cargo el 14 de abril del 2000 por el Tribunal de Distrito de Tokio, pero el 8 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Tokio aceptó la apelación presentada por el fiscal contra la sentencia absolutoria y prorrogó la detención bajo amenaza de ejecución de Mainali. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que Mainali continúe detenido a pesar de haber sido absuelto y pide que se le deje de inmediato en libertad. Su detención en tales circunstancias constituye una violación de su derecho a la libertad y de los derechos que le asisten en virtud de la legislación japonesa (artículo 345 del Código de Procedimiento Penal) y de las normas internacionales de derechos humanos (artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En un documento publicado en agosto de 1997, Amnistía Internacional había expresó preocupación por las numerosas infracciones de la ley cometidas durante la investigación policial de este caso. Mainali, trabajador inmigrante nepalí, fue detenido el 22 de marzo de 1997 por continuar en el país un vez caducado su visado, pero posteriormente lo acusaron del asesinato de una japonesa en 1997. El 20 de mayo de 1997 le impusieron una condena condicional por estancia ilegal en Japón, pero en vez de expulsarlo del país, como deberían haber hecho, lo acusaron formalmente de asesinato y robo, a pesar de que en Japón es ilegal que la policía investigue a un detenido por delitos no relacionados con los cargos presentados originalmente contra él.

Amnistía Internacional ha pedido también que se realice una investigación independiente sobre los malos tratos infligidos a Mainali por la policía japonesa y sobre el hecho de que, según informes, varios testigos clave de este caso también fueran golpeados e intimidados para obligarlos a firmar confesiones falsas. El interrogatorio policial, que se prolongaba desde primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche y sin los servicios de un intérprete, duró varios días. Mainali contó después a sus abogados que durante el interrogatorio lo sacudieron asiéndolo de la camisa, lo empujaron, le dieron golpes y patadas y lo inmovilizaron contra la pared con una mesa. Otros tres nepalíes que vivían con Mainali tuvieron que presentarse en la comisaría de policía para ser interrogados en relación con el asesinato. Al parecer recibieron amenazas y golpes y firmaron declaraciones en japonés que no entendían del todo. La policía los obligó a mudarse a direcciones distintas, aparentemente con objeto de dificultar a los abogados de Mainali el acceso a ellos.

El tribunal estuvo de acuerdo en que se había negado a los abogados de Mainali el acceso a su cliente. El 22 de abril de 1997, la policía se lo denegó a uno de ellos dos veces. El 23 de marzo de 1999, el Tribunal de Distrito de Tokio ordenó al Estado pagar 350.000 yenes al abogado de Mainali por daños y perjuicios tras determinar que los fiscales le habían impedido ilegalmente reunirse con su cliente.

Al absolver a Mainali de asesinato, el presidente del Tribunal de Distrito de Tokio, Obuchi Toshikazu, dijo que no se habían presentado a éste pruebas que relacionaran directamente al acusado con el asesinato y que los fiscales no habían despejado toda duda razonable de que Mainali hubiera cometido el asesinato y el robo. Después del fallo, Mainali quedó en libertad, pero las autoridades de inmigración lo detuvieron inmediatamente para proceder a su expulsión a Nepal.

Aunque se habían iniciado los trámites de expulsión, el 18 de abril la Fiscalía del Tribunal de Distrito de Tokio interpuso una apelación contra la sentencia absolutoria ante el Tribunal Superior de Tokio y pidió al Tribunal de Distrito que dictara una orden de detención contra Mainali, aduciendo para ello que la expulsión dificultaría las nuevas acciones judiciales entabladas contra él. Esta solicitud fue rechazada el 19 de abril por el Tribunal de Distrito, y el 20 de abril la rechazó también el Tribunal Superior. Según informes, el juez Kitani Akira, del Tribunal Superior de Tokio, criticó a los fiscales por ejercer reiteradamente su autoridad para pedir la detención de Mainali cuando «deberían haberse esmerado en el juicio ante el Tribunal de Distrito, pues bien sabían que podían surgir dificultades si interponían una apelación dado que el acusado iba a ser expulsado». El Tribunal Superior manifestó también que los aspectos formales le impedían detener a Mainali pues la instancia inferior no le enviaría la documentación necesaria hasta el final de abril. El 1 de mayo recibió el informe oficial y no dictó la orden de detención hasta el 8 de mayo. Mainali se encuentra recluido en el Centro de Detención de Tokio de los servicios de inmigración desde su absolución. Tiene acceso a sus abogados, pero su bienestar físico y mental es motivo de preocupación, ya que está perdiendo peso y da muestras de tensión mental.

La práctica de apelar ante el Tribunal Superior contra las sentencias absolutorias de los tribunales inferiores, particularmente en las causas por delitos penados con la muerte, hace que la detención se prolongue durante años, al final de los cuales el Tribunal Superior puede imponer, como ha ocurrido en varias ocasiones, la pena capital. Los ficales pueden estar años persiguiendo a presuntos delincuentes por medio de los tribunales. El 7 de abril de 1974, una maestra de enseñanza preescolar fue detenida por el presunto asesinato de dos niños, pero el 28 de abril quedó en libertad en espera de la decisión de dictar acta de acusación formal contra ella y el 23 de septiembre el fiscal retiró los cargos. Sin embargo, en octubre de 1976, una comisión de investigación de la Fiscalía determinó que el fiscal había tomado una decisión equivoca al retirar los cargos y la maestra fue detenida de nuevo. Desde su primera detención el 7 de abril de 1974 hasta que volvieron a detenerla el 27 de febrero de 1978, tanto ella como dos testigos de descargo a los que se acusó de perjurio fueron absueltos en tres ocasiones distintas, la útima de ellas en septiembre y octubre de 1999, cuando el fiscal abandonó por fin el caso.

Documento público de Amnistía Internacional (índice AI: ASA 22/01/00/s) - Servicio de Noticias 090/00

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