Indice AI: ASA 22/03/91/s

Distr: SC/PO

15:01 Hrs. GMT

del jueves 24 de enero de 1991

J A P O N

AMNISTIA INTERNACIONAL HACE UN LLAMAMIENTO PARA QUE SE PONGA FIN

A LAS EJECUCIONES Y SOLICITA SALVAGUARDIAS CONTRA

LOS MALOS TRATOS

Amnistía Internacional ha instado hoy al gobierno japonés a que conmute todas las condenas a muerte en Japón y a que prohíba las ejecuciones.

En un informe hecho público hoy, la organización también hace un llamamiento para que se emprendan investigaciones sobre los informes según los cuales la policía somete a malos tratos a los sospechosos de algún delito que se encuentran bajo custodia. En el llamamiento también se piden salvaguardias contra estas prácticas.

En la actualidad hay más de 80 presos a la espera de ser ejecutados, de los cuales, casi la mitad han perdido los recursos que plantearon contra sus condenas. El Tribunal Supremo fue la instancia que dio los recursos por concluidos.

El gobierno rara vez conmuta condenas a muerte individuales --la última fue en 1975-- y no ha habido una amnistía general de conmutación de penas capitales desde 1952.

Según Amnistía Internacional, 15 personas han sido ahorcadas a lo largo de la última década, aunque las ejecuciones no se anuncian ni se informa de ellas en la prensa.

Una persona puede ser condenada a la pena capital en Japón por 18 delitos, pero sólo se ha impuesto en casos de asesinato en los últimos 20 años.

El gobierno afirma que la mayoría del pueblo apoya la pena de muerte "para castigar a los que cometen delitos graves".

Sin embargo, Amnistía Internacional considera que muchas más personas estarían en favor de la abolición de este castigo si fueran informadas adecuadamente de las circunstancias que rodean su aplicación, que constituye un castigo cruel e inhumano que viola el derecho fundamental a la vida.

La organización también ha investigado las denuncias de malos tratos a manos de la policía durante varios años. En 1989 entrevistó a diversos ex presos que declararon haber sido golpeados, amenazados con prolongadas condenas u obligados a someterse a largas sesiones de interrogatorio que los dejaron extenuados y confusos.

Un joven de 18 años detenido en 1979 aseguró a Amnistía Internacional que agentes de la policía le habían golpeado repetidamente hasta que confesó un asesinato. Cuando fue absuelto y quedó en libertad en 1986, el tribunal de apelación dijo: "No podemos decir con certeza si la confesión ¿falsa? fue resultado de la violencia, pero no puede negarse que ésta fuera utilizada".

Un estudio realizado en 1988 por el comité conjunto de los tres colegios de abogados de Tokio registró también 26 denuncias de abusos policiales desde 1983, una de las cuales tuvo como resultado la muerte del preso. La mayoría de los detenidos en estos casos fueron absueltos cuando los tribunales de apelación concluyeron que las pruebas que había contra ellos, incluidas las confesiones realizadas durante los interrogatorios policiales, no resistían un estudio detallado.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se emprenda una revisión de los actuales procedimientos de detención que, según la organización, generan con facilidad los abusos policiales.

A menudo se recluye a los sospechosos de haber cometido un delito en las celdas de las comisarías en lugar de hacerlo en centros de detención, a pesar de que las celdas policiales sólo deben utilizarse en casos excepcionales.

La organización ha dicho que, de acuerdo con su experiencia, cuando la policía investiga un caso y, al mismo tiempo, se encarga de la detención de los sospechosos, el riesgo de abusos es mucho mayor.

Amnistía Internacional ha afirmado que las autoridades encargadas de realizar los interrogatorios y las encargadas de la detención de los presos deben ser independientes entre sí. El uso de amenazas o de intimidación contra los presos debe prohibirse, deben reforzarse los procedimientos de denuncia y el gobierno debe ratificar también, sin demora, la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas.

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