Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: ASA 22/005/2007 (Público)
Servicio de Noticias: 89/07
3 de mayo de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA220052007

Japón: La Dieta decide aprobar la adhesión al Estatuto de Roma

Amnistía Internacional acoge con satisfacción que, el 27 de abril de 2007, la Dieta decidiera aprobar la legislación que hará posible la adhesión de Japón al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La organización insta al gobierno a que concluya el proceso de adhesión lo antes posible depositando su instrumento de adhesión ante la ONU.

Con la decisión de la Dieta, Japón contrae el importante compromiso de sumarse a los esfuerzos internacionales por poner fin a la impunidad de los peores delitos comprendidos en el derecho internacional.

Al adherirse al Estatuto de Roma, Japón se compromete a cooperar con la nueva CPI, establecida para iniciar investigaciones y enjuiciamientos contra las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, como la CPI sólo actuará si los tribunales nacionales no pueden actuar o no están dispuestos a hacerlo, Japón se ha comprometido a actuar complementariamente a la CPI iniciando investigaciones y enjuiciamientos ante sus tribunales nacionales.

Amnistía Internacional hace campaña para que todos los gobiernos secunden a Japón y para que los otros 104 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma o se han adherido a él establezcan una sistema universal efectivo de justicia internacional, que impida la comisión de delitos y garantice que no hay lugares seguros para quienes los cometen.

Amnistía Internacional espera que el gobierno japonés tome medidas para promover más ratificaciones del Estatuto de Roma en todo el mundo, especialmente en la región de Asia y Oceanía.

La organización anima al gobierno a que, tras su adhesión al Estatuto de Roma, tome otras medias importantes para cumplir su compromiso con la justicia internacional.

En primer lugar, Japón debe tipificar como delitos en su legislación interna todos los recogidos en el derecho internacional, entre ellos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra enumerados en el Estatuto de Roma, para poder actuar complementariamente a la CPI. Aunque la legislación que hace posible la aplicación del Estatuto de Roma prevé la cooperación con la Corte, no aborda esta cuestión. Además, Japón debe promulgar legislación que conceda a sus tribunales nacionales jurisdicción universal sobre estos delitos para que puedan iniciar investigaciones u enjuiciamientos con independencia de dónde se hayan cometido y de quién sea su autor.

En segundo lugar, Japón debe reformar su Código de Procedimiento Penal para que incorpore plenamente las garantías internacionales sobre juicios justos, así como los derechos de las víctimas y los testigos consagrados en el Estatuto de Roma y en otras leyes internacionales, como el derecho de los sospechosos a recibir asistencia letrada durante los interrogatorios, la grabación en vídeo o audio de las entrevistas, la protección de víctimas y testigos y las reparaciones a las víctimas.

En tercer lugar, Japón debe ratificar y aplicar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, que concede privilegios e inmunidades a la Corte –incluido su personal, los abogados defensores, los testigos y las víctimas– vitales para un funcionamiento eficaz de la Corte.

En cuarto lugar, se insta a Japón a que, como otros gobiernos, haga contribuciones voluntarias regulares al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y de sus familias.

Amnistía Internacional cree que tomando estas medidas adicionales, Japón avanzará en el compromiso expresado en su Constitución de “ocupar un lugar de honor en una sociedad internacional que se esfuerza por conservar la paz y desterrar para siempre de la Tierra la tiranía, la opresión y la intolerancia”.

Información complementaria
El Estatuto de Roma se aprobó el 17 de julio de 1998 con objeto de establecer un tribunal penal internacional permanente. Cuatro años más tarde se constituyó la CPI, con el apoyo abrumador de la comunidad internacional.

La CPI investiga actualmente delitos cometidos en la República Democrática del Congo, el norte de Uganda y la región sudanesa de Darfur. Se espera que comience su primer juicio en 2007. Thomas Lubanga Dyilo está acusado de reclutar a niños y niñas soldados menores de 15 años durante el conflicto de la República Democrática del Congo.

Amnistía Internacional ha hecho campaña en favor de la adhesión de Japón al Estatuto de Roma desde la aprobación de éste en julio de 1998.

El 27 de abril de 2007, la Cámara de Consejeros de la Dieta decidió en votación aprobar la legislación necesaria para permitir la adhesión de Japón al Estatuto de Roma.