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8 de diciembre del 2000 Documento público

Japón: Sin progresos respecto a los derechos humanos

«El gobierno japonés debe dejar de hablar de derechos humanos sobre el papel y mejorar su protección en el país y en la región», afirmó el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, al concluir su visita de cinco días a Tokio.

Una delegación del Secretariado Internacional de la organización en Londres se reunió con autoridades del gobierno, partidos políticos, activistas sindicales, abogados y víctimas de abusos contra los derechos humanos.

Pena de muerte

Mientras que la mayoría de los países del mundo han puesto fin a las ejecuciones, en Japón más de un centenar de personas están en espera de ser ejecutadas y 52 de ellas podrían serlo de un momento a otro. La pasada semana mismo, tres presos, cada uno de los cuales pasó más de diez años en el pabellón de los condenados a muerte, fueron ejecutados en secreto y sin previo aviso.

Tras sus reuniones con la delegación de Amnistía, el Partido Socialdemócrata, el Partido Komeito, el Partido Comunista Japonés y la Rengo (Confederación Sindical Japonesa) estuvieron de acuerdo en fomentar el debate público sobre la pena de muerte.

«En última instancia, deseamos que la pena de muerte sea eliminada de los textos legales», afirmó el secretario general de AI..

Tortura y malos tratos

El secreto también es el factor dominante en los centros de detención que preocupan a Amnistía Internacional por las denuncias de torturas y malos tratos en ellos.

Todos los centros de detención del país funcionan bajo regímenes muy estrictos, y los internos deben ajustarse a normas arbitrarias que el personal se encarga de hacer cumplir de forma rigurosa. A menudo los presos no pueden hablar entre sí y ni siquiera mantener el contacto visual. Entre los castigos que se imponen a los internos por incumplir estas normas figura obligarlos a permanecer sentados en la misma postura durante horas seguidas, algunas veces a lo largo de varios meses, o impedirles lavarse o hacer ejercicio.

En algunos centros penitenciarios aún se castiga a los presos encerrándolos en «celdas de protección» o hogobo, donde los mantienen con esposas de metal o de piel, obligándolos a comer como animales y a defecar a través de un orificio en los pantalones. Todo ello constituye un trato cruel, inhumano y degradante y debe ser eliminado.

El preso político Hoshino Fumiaki cumple cadena perpetua por un asesinato que afirma no haber cometido. Su esposa, Hoshino Akiko, contó a la delegación que su marido ha estado dos veces en una hogobo, una de ellas por lavarse el pie tras pisar una cucaracha. Sólo le permiten escribir dos veces al mes, y no puede llamar por teléfono ni tener fotos. A Hoshino Akiko no le dejan ni siquiera tocarle la mano cuando lo visita.

El sistema de prisiones sustitutivas (daiyo kangoku) permite a la policía retener e interrogar a sospechosos durante un plazo de veintitrés días, a pesar de la clara relación existente entre la detención en régimen de incomunicación y la tortura. El gobierno japonés debe reformar este sistema para garantizar que los detenidos pueden ver a sus familiares, recibir asistencia letrada y, si lo precisan, recibir atención médica. Amnistía Internacional lamenta que en las recientes reformas de la legislación de menores no se haya incluido la prohibición de detener a menores en este sistema.

«La posibilidad de poner fin a la tortura y los malos tratos en Japón es muy real, sólo hace falta voluntad política. El gobierno podría comenzar condenando públicamente la tortura, ordenando que se investiguen todas las denuncias de torturas y malos tratos y poniendo a los responsables a disposición judicial».

El gobierno debe dar instrucciones para que se cumpla un código de conducta acorde con las normas internacionales. Asimismo, debe existir un mecanismo independiente de presentación de denuncias.

No hay lugar seguro para los refugiados

Aunque Japón es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, acepta a un número ridículamente bajo de solicitantes de asilo. Entre 1994 y 1997, sólo a uno de 516 solicitantes se le concedió la condición de refugiado. En los centros de prevención en tierra de aeropuertos y puertos están retenidos un número sin determinar de solicitantes. Muchas de estas personas son deportadas a los países de los que huyeron, donde tal vez se enfrenten a violaciones de derechos humanos, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

Zaw Min Htut, de etnia rohingya, huyó de la tortura y la persecución en Myanmar sólo para ser detenido en Japón. Según su testimonio, en 1998 permaneció retenido durante dos meses en una pequeña habitación del aeropuerto de Narita. Zaw Min Htut tenía que comprar su propia comida y sólo podía ducharse una vez a la semana. Luego lo trasladaron a un centro de inmigración, donde estuvo otros nueve meses. Zaw Min Htut contó a la delegación:

«No sé qué hice de malo en Japón [...] para que me retuvieran durante tanto tiempo. No somos delincuentes. Sólo queremos un refugio temporal hasta que podamos volver a Myanmar a ver a nuestra familia.»

Según su testimonio, en el aeropuerto de Narita compartió su pequeña habitación con cinco hombres tamiles a los que se les denegó el asilo y se devolvió a Sri Lanka.

A Zaw Min Htut Japón le ha denegado la condición de refugiado, pero al parecer no ha recibido ninguna explicación. Tiene pendiente un segundo recurso.

La Corte Penal Internacional

Japón es Estado Parte en la mayoría de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. En octubre, un representante del gobierno declaró en la ONU su apoyo a la Corte Penal Internacional. Aunque la fecha límite para firmar este tratado es el 31 de diciembre del 2000, el gobierno aún ha de llevar a la práctica este apoyo.

Japón y la región

«A las empresas japonesas les falta mucho para reconocer que su gran poder está inextricablemente vinculado a los derechos humanos y las responsabilidades, y que deben fomentar y proteger estos derechos allá donde vayan», ha afirmado Pierre Sané.

«También el gobierno debe incluir los derechos humanos en todos los aspectos de su política exterior, como gran donante de ayuda, inversor en el extranjero y mantenedor de la paz. La seguridad y la prosperidad de la región dependen de ello.»

«Japón debe hacer más en el ámbito de los derechos humanos. Amnistía Internacional lleva años planteando al gobierno los mismos motivos de preocupación. Hace mucho tiempo que debería haberse producido un cambio», afirmó Pierre Sané.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.