Document - Japon. Un procès en révision met en évidence la nécessité d'une réforme de la justice
AMNISTÍA
INTERNACIONAL
DECLARACIÓN
PÚBLICA
EMBARGADO
hasta las 0001 horas GMT del 22 de octubre de 2009
Índice
AI: ASA 22/011/2009
Japón:
La revisión de una causa pone de manifiesto la necesidad de una
reforma judicial
El
23
de junio, el Tribunal Superior de Tokio concedió un nuevo juicio a
Sugaya Toshikazu, que lleva 17 años encarcelado tras ser condenado a
cadena perpetua en 1993 por el asesinato de una niña de cuatro años
en Ashikaga, prefectura de Tochigi. Su sentencia condenatoria se basó
en gran medida en una prueba de ADN, que se demostró errónea cuando
la defensa de Sugaya solicitó una nueva prueba a la facultad de
Medicina Legal de la Universidad de Nihon, y en la confesión de
Sugaya, de la que éste se retractó dos veces en el transcurso de
sus juicios. El nuevo juicio comienza hoy.
La
fiscalía ha afirmado que pedirá la absolución de Sugaya. La
Fiscalía General Suprema ha anunciado la formación de un equipo
para examinar el proceso de investigación y los juicios del
asesinato de 1990.
Sugaya
confesó ser autor del crimen tras ser interrogado por la policía,
pero más tarde se retractó, afirmando que lo habían obligado a
confesar. Sugaya apeló ante el Tribunal de Distrito de Utsunomiya
basándose en nuevas pruebas de ADN, independientemente de la
credibilidad de su confesión, y en otras nuevas pruebas que habían
surgido. Su petición para que se revisara su causa fue rechazada el
13 de febrero de 2008. Amnistía Internacional pide al gobierno de
Japón que se asegure de que ninguna declaración conseguida mediante
tortura u otros malos tratos sea admitida como prueba en ninguna
actuación, excepto contra personas acusadas de tortura como prueba
de que las declaraciones se efectuaron.
El
caso de Sugaya ha planteado graves dudas sobre el procedimiento
judicial japonés en un momento en que se está introduciendo en el
país el sistema del jurado popular. El sistema japonés de daiyo
kangoku
o prisión preventiva permite mantener detenido al sospechoso hasta
23 días sin cargos. No hay normas ni reglamentaciones sobre la
duración de los interrogatorios que se realizan durante este
periodo. Las sesiones de interrogatorio no se graban. En la práctica
no es raro que a los abogados no les concedan autorización para
entrevistarse con sus clientes hasta dos o tres días después de
presentar la solicitud, y la duración de las entrevistas se limita a
15 o 20 minutos. En el Código Penal de Japón no hay ninguna
disposición sobre estas limitaciones.
El
sistema de justicia japonés está muy basado en las confesiones, que
por lo general se consiguen mientras el sospechoso está en régimen
de daiyo
kangoku.
Este régimen suele utilizarse para conseguir “confesiones” bajo
tortura u otros malos tratos, tales como golpes, intimidación,
privación de sueño, interrogatorios que van desde primera hora de
la mañana hasta última de la noche y largos periodos en la misma
postura. Todos estos métodos han sido documentados por Amnistía
Internacional. La organización pide al gobierno japonés que suprima
el sistema de daiyo
kangoku,
introduzca la grabación electrónica completa de todos los
interrogatorios y permita que durante todas las sesiones de
interrogación haya asesoramiento letrado.
El
29 de septiembre de 1999, Kuma Michitoshi fue condenado a muerte en
Fukuoka por el asesinato de dos escolares el 20 de febrero de 1992.
Su sentencia condenatoria se basó en el mismo método de prueba de
ADN que el de Sugaya, que ahora se ha demostrado inexacto. Kuma, que
mantuvo que era inocente a pesar de la “prueba” de ADN, fue
ejecutado el 28 de octubre de 2008. Sus abogados han decidió
solicitar una revisión de su causa a título póstumo.
En
mayo de 2007, el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó al
gobierno de Japón que garantizara la presencia de asistencia letrada
durante los interrogatorios, la grabación electrónica y en vídeo
de todos los interrogatorios y la disponibilidad de dichas
grabaciones en los procesos penales. El Comité de Derechos Humanos
de la ONU reiteró estas recomendaciones en octubre de 2008. Sin
embargo, el gobierno de Japón aún no las ha aplicado.
FIN/