AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 36/002/2009

13 de enero de 2009

Singapur: Las ejecuciones realizadas desde diciembre van en contra de la tendencia mundial

Singapur, que según se calcula tiene uno de los índices de ejecución per cápita más elevados del mundo, debe poner fin al uso de la pena de muerte y unirse a los 138 Estados de todo el mundo que han abandonado las ejecuciones en la ley o en la práctica, ha declarado Amnistía Internacional.

La ciudad-Estado, que tiene una población de 4,6 millones de habitantes, ha ejecutado al menos a 420 personas desde 1991. Singapur ha condenado a muerte como mínimo a tres personas desde el 18 de diciembre, fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría la “suspensión del uso de la pena de muerte” en una resolución que Singapur criticó enérgicamente. Al menos dos personas han sido ejecutadas desde entonces.

Los medios de comunicación han informado de la ejecución, el 19 de diciembre, del singapurés Moahammed Ali Johari, condenado por asesinato. Tan Chor Jin, otro singapurés, fue ahorcado el 9 de enero, también por asesinato. Además, el 30 de diciembre, el Tribunal Superior condenó a la pena capital a Chijioke Stephen Obioha, ghanés de 20 años, por tráfico de cánnabis. Las últimas noticias no mencionaban a su presunta cómplice, zambiana, pero dado que en Singapur el tráfico de drogas lleva aparejada preceptivamente la pena de muerte, se teme que sea condenada asimismo a la pena capital.

Amnistía Internacional reconoce la gravedad de estos delitos y respalda todos los llamamientos en favor de la justicia. Sin embargo, la organización se opone a la pena de muerte en todos los casos porque es una violación del derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. La pena de muerte es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia y no hay modo de eludir el riesgo de error, que puede llevar a la ejecución de una persona inocente.

En Singapur, la mayoría de las condenas a muerte son impuestas tras declaraciones de culpabilidad de tráfico de drogas. LaLey sobre el Abuso de Drogas (1973) establece la imposición preceptiva de la pena de muerte para al menos 20 delitos diferentes y contiene una serie de presunciones que desplazan la carga de la prueba de la acusación a la defensa.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha pedido la eliminación de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, afirmando que el carácter preceptivo de esta pena constituye una violación de las normas legales internacionales.

Tanto las políticas como la práctica de Singapur van en contra de la firme tendencia, iniciada hace ya tiempo, hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, ocho países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Sesenta años después, la cifra es de 138. En la región de Asia y Oceanía, Singapur es uno de los 9 Estados que conservan la pena de muerte en la ley y en la práctica. En esta región hay 27 Estados que han abolido esta pena o que mantienen una suspensión de hecho de las ejecuciones.

Dado que no se informa públicamente de todas las condenas y ejecuciones, es posible que en las últimas semanas haya habido más casos de pena de muerte. Amnistía Internacional ha pedido que el gobierno de Singapur dé a conocer públicamente información exhaustiva sobre el uso de la pena capital por parte del Estado. Por otra parte, Singapur aún no ha facilitado públicamente las estadísticas anuales solicitadas sobre el periodo comprendido entre 1993 y la actualidad.

FIN/

Documento público

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