[Embargado hasta el 3 de febrero de 2006 ]Público

Amnistía Internacional

Sri Lanka: Clima de temor en el este del país

Febrero de 2006			Resumen
Índice AI: ASA 37/001/2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA370012006

Durante los últimos dos años la situación de los derechos en el este de Sri Lanka ha sufrido un brusco deterioro causado por un aumento vertiginoso del índice de violencia. Aunque desde 2002, año en que se firmó el acuerdo de cese de hostilidades entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, se han venido recibiendo informes sobre abusos contra los derechos humanos, su número experimentó un aumento vertiginoso tras una escisión que se produjo en el grupo Tigres de Liberación en febrero de 2004, con informes de homicidios por motivos políticos, tortura y reclutamiento de menores como soldados en la región oriental del país. La violencia creciente ha suscitado el temor de que se volviera al estado de guerra.

Este informe pone de manifiesto las conclusiones de la investigación de Amnistía Internacional sobre los abusos contra los derechos humanos que se cometen en la región oriental de Sri Lanka, que se llevó a cabo en agosto de 2005. Aunque la situación de los derechos humanos en Sri Lanka ha cambiado de forma radical desde que se llevó a cabo la investigación, ya que la violencia se ha extendido a la región septentrional, se han producido más enfrentamientos armados directos entre los Tigres de Liberación y las fuerzas de seguridad srilankesas y ha aumentado la escala de los abusos contra los derechos humanos, este informe sigue siendo una descripción fiel de la violencia que tiene lugar en la región oriental y de las tensiones que la subyacen.

Este texto resume el documento titulado Sri Lanka: Clima de temor en el este del país (Índice AI: ASA 37/001/2006), publicado por Amnistía Internacional el 3 de febrero de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email_updates.html

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[Embargado hasta el 3 de febrero de 2006 ]

Público

Amnistía Internacional

Sri Lanka

Clima de temor en el este del país

ÍNDICE

Homicidios por motivos políticos 2

Reclutamiento de menores soldados 5

Secuestros 9

Hostigamiento y extorsión 10

La comunidad musulmana 11

Clima de temor 13

Conclusión 15

Recomendaciones 15

Anexo 1 – Presuntos casos de secuestro por los Tigres de Liberación de los que se informó a Amnistía Internacional en Batticaloa, agosto de 2005 17

Sri Lanka:

Clima de temor en el este del país

Durante los últimos dos años la situación de los derechos humanos en el este de Sri Lanka ha sufrido un brusco deterioro causado por un aumento vertiginoso del índice de violencia que ha sembrado un clima dominado por los abusos contra los derechos humanos, el temor y la inseguridad. Desde que se firmó el acuerdo de cese de hostilidades entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en 2002, se ha denunciado un gran número de violaciones de éste,(1) como emboscadas armadas, secuestros e intimidación, así como de actos tipificados como abusos contra los derechos humanos en el derecho internacional, entre ellos homicidios por motivos políticos, torturas y reclutamiento de menores como soldados. Aunque desde 2002, año en que se firmó el acuerdo de cese de hostilidades, se han venido recibiendo informaciones sobre violaciones del acuerdo y abusos contra los derechos humanos, a partir de febrero de 2005 se ha producido un aumento de su número, y en este momento tienen lugar con una frecuencia sin precedentes. Si bien todas las comunidades se han visto afectadas, la mayor parte de la violencia se ha dirigido contra la comunidad tamil.

Aunque el este del país siempre ha sido inestable, la calma relativa que siguió a la firma del cese de hostilidades se quebró cuando en abril de 2004 el comandante de los Tigres de Liberación de la zona este, conocido como coronel Karuna, se separó del movimiento, llevando consigo a miles de cuadros. Tras la separación, tropas de los Tigres de Liberación se desplazaron desde el norte hacia el este a fin de entablar combate con Karuna y sus cuadros, enfrentamiento que se saldó con un importante número de bajas. A pesar de que Karuna licenció a sus tropas y se escondió tras cuatro días de combate, la escisión alteró profundamente la situación política y militar de la región oriental. Desde la separación, los miembros restantes del grupo de Karuna han venido montando emboscadas y ataques continuos contra los Tigres de Liberación y sus asociados, mientras que éstos han tratado de recuperar el control de la región oriental por medio de una violenta campaña de represión, no sólo de los seguidores de Karuna, sino de cualquier disensión dentro de la comunidad tamil. Los Tigres de Liberación han acusado al ejército de Sri Lanka de apoyar al grupo de Karuna, del mismo modo que, según informes, el ejército ha apoyado a otros grupos armados tamiles opuestos a los Tigres de Liberación.

La violencia posterior a la escisión de la facción de Karuna en abril de 2004 quedó circunscrita principalmente al distrito de Batticaloa. Sin embargo, en 2005 se extendió progresivamente a los distritos de Ampara y Trincomalee, donde provocó el aumento de la tensión ya existente entre las comunidades étnicas. Las tensiones en el norte y el este del país aumentaron aún más tras el homicidio del ministro de Asuntos Exteriores, Lakshman Kadirgamar, ocurrido el 12 de agosto, y el estado de excepción que se declaró como consecuencia. Hacia finales de 2005 se produjo también un aumento notorio de la violencia en el norte, que se saldó con numerosos homicidios y enfrentamientos armados entre los Tigres de la Liberación y las fuerzas de seguridad de Sri Lanka, lo que suscitó el temor de que se volviera al estado de guerra.

El maremoto de diciembre de 2004 aumentó aún más las tensiones en la región oriental, donde miles y miles de personas fueron desplazadas y muchas viven en campos temporales esperando un destino definitivo. Los desplazamientos en masa han intensificado disputas de larga data sobre la propiedad o el uso de la tierra, y han afectado a las personas desplazadas, que están especialmente expuestas a la violencia. Además, en un tiempo en que se necesitan con tanta urgencia representantes y organizaciones de la sociedad civil de carácter independiente, éstos se ven enfrentados a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y a la facción de Karuna que los intimidan, ya que ambos grupos tratan de aumentar su control de la sociedad civil.

Ninguno de los mecanismos existentes de defensa de los derechos humanos ha podido investigar con eficacia los abusos contra los derechos humanos, y menos aún facilitar el curso de la justicia o el resarcimiento a las víctimas. La Misión de Vigilancia de Sri Lanka, creada para vigilar el cumplimiento del acuerdo de cese de hostilidades, integrada por representantes de cinco países nórdicos, se ha visto imposibilitada de abordar efectivamente la situación de los derechos humanos en el este de Sri Lanka, que empeora día a día. El mandato de la Misión es el de recibir denuncias de incumplimiento del acuerdo de cese de hostilidades, incluidos homicidios y secuestros, y recabar información al respecto ante las partes firmantes del acuerdo. No está, sin embargo, facultada para investigar de manera independiente estas infracciones y, por lo tanto, casi lo único que puede hacer es plantear las denuncias a las partes presuntamente responsables de ellas. Lo mismo ocurre a los órganos y organismos internacionales cuyo mandato es de vigilancia o protección, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que reciben denuncias de abusos contra los derechos humanos relacionados con sus áreas de competencia, pero que en la práctica se ven constreñidos a plantear estas preocupaciones a los presuntos responsables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la misión de vigilar e investigar violaciones del acuerdo cometidas solamente por agentes estatales, aunque también recoge denuncias de abusos cometidos por los Tigres de Liberación.

Con esta situación se encontró la delegación de Amnistía Internacional que visitó la región oriental de Sri Lanka en agosto de 2005. La delegación visitó los distritos de Ampara, Batticaloa y Trincomalee y se reunió con víctimas de abusos contra los derechos humanos, representantes de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, ONG locales e internacionales, agencias de la ONU y representantes de la policía y de los gobiernos locales. Durante la visita a Sri Lanka, la delegación de Amnistía Internacional también se entrevistó con representantes del gobierno central en Colombo y con representantes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en su sede central de Kilinochchi.

Homicidios por motivos políticos

La actual serie de homicidios por motivos políticos representa uno de los abusos contra los derechos humanos más graves y generalizados que se cometen hoy en día en el este del país. Según informes, los Tigres de Liberación son los autores de la mayoría de estos homicidios ilegítimos, aunque al parecer también el grupo de Karuna es responsable de un gran número de ellos. Aparentemente otros grupos armados tamiles también han cometido algunos homicidios. Según informes, las fuerzas de seguridad han cometido varios homicidios. Durante la visita de Amnistía Internacional a la región oriental del país, la organización documentó cierto número de presuntos homicidios cometidos por los Tigres de Liberación, el grupo de Karuna y el ejército de Sri Lanka. Sin embargo, en este documento no se ofrece información sobre ellos a fin de proteger la seguridad de las familias de las víctimas.

Aunque, según informes, después de firmarse el cese de hostilidades los Tigres de Liberación siguieron matando a quienes consideraban sus opositores, la escala y alcance de los homicidios ha aumentado notablemente desde la escisión de abril de 2004 y, hacia finales de 2005, se informaba de casos de homicidio casi diariamente. De acuerdo con la Misión de Vigilancia, en 2005 las víctimas de homicidio fueron más de 200, aunque algunas organizaciones locales del este del país creen que muchos homicidios no se denuncian, y que la cifra verdadera es mucho más alta.

Teniendo en cuenta el carácter de la lucha entre los Tigres de Liberación y el grupo de Karuna por el control de la comunidad tamil en la región oriental, es inevitable que la mayoría de las víctimas de los homicidios hayan sido tamiles, aunque se han producido algunos homicidios de musulmanes y cingaleses. Sin embargo, la gama de personas que ambos bandos han elegido como objetivos al parecer se está ampliando. Mientras que la mayoría de las víctimas de los homicidios que se produjeron inmediatamente después de la escisión tenían vínculos notorios con los Tigres de Liberación o con la facción de Karuna, cada vez más las víctimas son civiles con poca o ninguna vinculación evidente con las actividades armadas, como periodistas, profesores universitarios, maestros y campesinos, así como ex miembros de grupos armados tamiles que no han estado involucrados en actividades armadas durante largo tiempo. A medida que la cantidad de homicidios aumenta, la población civil se encuentra atrapada entre dos bandos. A menudo se la obliga a cooperar con un grupo, de manera que luego se la ve como cómplice de éste y se vuelve objetivo del otro.

El homicidio deliberado de civiles constituye una vulneración del derecho internacional humanitario. Las disposiciones que contiene el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra ( "Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra"), que se aplican a cualquier conflicto armado que no sea de índole internacional, constituyen normas mínimas que las partes en conflicto siempre deben respetar y se consideran derecho consuetudinario vinculante para todas las partes, incluidos los grupos armados. El artículo común 3 prohíbe "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas" contra "[l]as personas que no participen directamente en las hostilidades", incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad o herida. Los civiles pierden esta protección sólo si participan directamente en las hostilidades, y únicamente durante ese tiempo. Aunque los Tigres de Liberación alegan a menudo que sus víctimas eran espías o estaban participando en las hostilidades de algún otro modo, los hechos a menudo no parecen avalar esa aseveración.

No sólo va en aumento el número y la gama de las personas víctimas de homicidio, sino también las zonas en las que los homicidios tienen lugar. Tras la escisión, los homicidios tenían lugar principalmente en el distrito de Batticaloa, pero en 2005 se informó de homicidios en los distritos de Ampara y Trincomalee, además de en el de Jaffna y en otras zonas del norte.

Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en la parte este del país manifestaron que la violencia política generalizada se vincula cada vez más con la violencia delictiva, confundiendo aún más la situación y acrecentando la sensación de inseguridad en que vive la población. Por ejemplo, se han recibido informes de que algunas personas se valen de la ruptura entre los Tigres de Liberación y el grupo de Karuna para saldar cuentas pendientes personales, acusándose unas a otras de estar implicadas con uno u otro bando. Los homicidios están creando un clima de temor e inseguridad, y muchas personas que tienen recursos que le permiten hacerlo, abandonan la región oriental para huir de la violencia.

La vulnerabilidad de la población civil ante esta violencia aumentó a causa de los enormes desplazamientos que provocó el maremoto. Quienes viven en campos para personas desplazadas internamente tienen escasa protección y pocas posibilidades de huir u ocultarse si son amenazados por un grupo armado y están por lo tanto expuestos en extremo. (2) Según informes, los Tigres de Liberación han matado a algunas personas que vivían en campos para personas desplazadas internamente por el maremoto. Asimismo, el subinspector general de Policía de la región oriental dijo a Amnistía Internacional que los campos para personas internamente desplazadas por el maremoto se estaban convirtiendo en lugares donde se producían frecuentes ataques armados contra las fuerzas de seguridad. Consecuentemente, éstas habían reducido su presencia en algunos de los campos y, en consecuencia, la protección estatal a estas poblaciones vulnerables había disminuido.

Las familias de las víctimas mortales de los grupos armados no tienen posibilidades de obtener resarcimiento ni reparación. Muchas de ellas están demasiado atemorizadas para denunciar los homicidios, y viven con miedo de que se produzcan más agresiones. Aunque la policía tiene la responsabilidad de investigar los homicidios y de detener a los presuntos responsables, el subinspector general de Policía de la región oriental dijo a Amnistía Internacional que la policía no puede investigar con eficacia los homicidios políticos y que "no tenemos manera de capturar a los responsables ni de brindar protección especial a las personas que están en peligro, a menos que se trate de políticos o de otras personas importantes". Cuando las familias denuncian homicidios a la Misión de Vigilancia de Sri Lanka, todo lo que ésta puede hacer es pedir información al Estado de Sri Lanka y a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. De acuerdo con su mandato, la Misión no puede dirigirse al grupo de Karuna, que no es parte en el cese de hostilidades.

En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, Sri Lanka está obligada a proteger a todas las personas bajo su jurisdicción (esta obligación incluye a las personas que se encuentran en zonas del país que están bajo el control de los Tigres de Liberación) de los abusos que cometan los grupos armados y otros agentes no estatales. La obligación de ejercer la "diligencia debida" exige que el Estado tome medidas para prevenir los homicidios y para garantizar que quienes los cometan sean llevados ante la justicia y que las familias de las víctimas puedan obtener resarcimiento. Aunque Amnistía Internacional reconoce las dificultades que impone el contexto de Sri Lanka, es preciso observar que, al parecer, las autoridades no han hecho esfuerzos suficientes para lograr lo antedicho, pese a que la mayoría de los homicidios han tenido lugar en territorio controlado por el gobierno.

La única iniciativa que tomaron las autoridades para abordar la cuestión de los homicidios fue la creación de una comisión presidencial de investigación de los presuntos ataques a cuadros de los Tigres de Liberación en los distritos de Batticaloa y Ampara. Esta medida se tomó como respuesta a los motivos de preocupación planteados por los Tigres de Liberación tras el homicidio de Kaushalyan, comandante del grupo en la región oriental. Kaushalyan murió en febrero de 2005, al parecer a manos del grupo de Karuna. La comisión presidencial fue nombrada en marzo de 2005 y celebró vistas en Ampara en marzo y en Batticaloa en abril. Sin embargo, el alcance de la investigación estaba limitado a un pequeño número de homicidios de cuadros de los Tigres de Liberación, y las únicas personas que prestaron testimonio en la investigación eran miembros de las fuerzas de seguridad y de la Misión de Vigilancia. Ningún civil ni representante de la sociedad civil compareció ante la comisión, en parte por razones de seguridad. Las conclusiones de la investigación todavía no se han publicado.

Al parecer, con la creación de la comisión presidencial se perdió la oportunidad de abordar e investigar en profundidad el clima de violencia en la región oriental y el continuo aumento de los homicidios cometidos por todas las partes. Dadas las enormes restricciones impuestas a sus facultades de investigación y la falta de participación de la sociedad civil –que no se ha facilitado, ya que, entre otras cosas, no se garantizó seguridad y confidencialidad a los testigos civiles–, será difícil que, en sus conclusiones, la comisión logre abordar con eficacia la complejidad y las causas de la violencia en la región oriental o formular recomendaciones significativas que permitan ponerle fin y proteger a los más vulnerables.

Reclutamiento de niñas y niños soldados

Los organismos que trabajan con menores informaron de que antes de la escisión de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y la facción de Karuna en abril de 2004, se consideraba realmente probable que los Tigres de Liberación estuvieran dispuestos a poner fin a la práctica de reclutar menores. Sin embargo, después de la escisión y de que Karuna pusiera en libertad a unos 1.800 menores soldados, éstos fueron reclutados nuevamente de forma generalizada por los Tigres de Liberación durante el resto del año 2004.

Se produjo una pausa en la recepción de información sobre el reclutamiento de menores inmediatamente después del maremoto, pero ésta volvió a aumentar durante el verano de 2005, cuando se reclutó a niñas y niños en festivales religiosos. UNICEF informó de que en julio se había recibido información de 97 reclutamientos de menores, 55 de ellos en el distrito de Batticaloa solamente. (3) Por lo tanto, la importante presencia internacional en el país tras el maremoto al parecer no ha ayudado de forma significativa a proteger a los menores del reclutamiento. Una convicción ampliamente sostenida es que la escalada del reclutamiento de menores desde 2004 se debe a que los Tigres de Liberación están tratando de compensar por los cuadros perdidos a causa de la escisión de Karuna, recuperar el control de la región oriental y prepararse para un posible retorno al estado de guerra. Muchos de los menores reclutados son secuestrados por los Tigres de Liberación, mientras que otros se alistan voluntariamente.

La utilización de niñas y niños de menos de 15 años en conflictos armados está prohibida por el artículo 38.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual Sri Lanka es Estado Parte. Esta práctica, además, está considerada crimen de guerra por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (4) El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en el que Sri Lanka es Estado Parte, prohíbe a los Estados el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años en sus fuerzas armadas, y obliga a los Estados a adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados distintos de las fuerzas armadas del Estado recluten y utilicen en hostilidades a menores de 18 años (incluso de forma voluntaria). Dichas medidas deben incluir la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

El Plan de Acción para los Niños Afectados por la Guerra, firmado en 2002 por el gobierno de Sri Lanka, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, organismos de la ONU y varias ONG, tenía el propósito de proporcionar apoyo integral a los niños afectados por el conflicto e incluía un marco para el licenciamiento y la reintegración en la sociedad de los menores soldados. Sin embargo, gran parte del Plan de Acción no se ha aplicado y los Tigres de Liberación no han cumplido su compromiso de poner fin al reclutamiento y de licenciar a menores en cantidades significativas. Los centros de tránsito construidos para dar alojamiento a los menores licenciados casi no se han usado y las personas residentes en la región oriental con las cuales Amnistía Internacional tuvo ocasión de reunirse expresaron su sentimiento de frustración y desesperanza ante la persistencia del reclutamiento.

En el distrito de Batticaloa, los padres manifestaron a Amnistía Internacional que el reclutamiento de menores que llevan a cabo los Tigres de Liberación es generalizado en las zonas controladas por el gobierno, y que la mayoría de los menores reclutados tienen más de 14 años. Las personas del lugar y los organismos que trabajan con niños y niñas creen que se recluta a menor escala en las zonas controladas por los Tigres de Liberación, incluso si se toma en cuenta que en las zonas controladas por ellos es más dificultoso que las familias puedan informar a UNICEF o a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los padres describieron cómo se recluta a los menores en ciertos cruces de caminos y dieron los nombres de los cuadros de los Tigres de Liberación que consideran responsables. También informaron de que el grupo de Karuna recluta menores por la fuerza, pero existe poca información en concreto sobre esta cuestión, y al parecer los padres tenían temor de hablar sobre ella.

Las personas que tienen hijos o hijas adolescentes informaron de que temían que sus hijos fueran reclutados por los Tigres de Liberación, y por esa razón los habían enviado a vivir con familiares en otras zonas o los habían retirado de la escuela con la esperanza de impedir el reclutamiento.

En el distrito de Batticaloa, unas personas del lugar manifestaron a la delegación de Amnistía Internacional que los Tigres de Liberación habían secuestrado a ocho menores de Sittandy, Batticaloa, en la tarde del 22 de agosto de 2005. También informaron de que a ocho menores los habían secuestrado durante la noche del 4 de agosto y a otros cuatro los habían secuestrado en Morakotanchenai, Batticaloa, en la mañana del 8 de agosto.

La delegación de Amnistía Internacional planteó la cuestión del secuestro y reclutamiento de menores a la policía de Batticaloa y preguntó qué medidas se tomaban para protegerlos. Los funcionarios de la policía manifestaron que el reclutamiento de menores es un problema grave, pero negaron que se llevase a cabo en un lugar en especial o que una mayor presencia policial en alguna zona en especial pudiese ayudar a proteger a los menores contra el reclutamiento.

En el distrito de Trincomalee las organizaciones que trabajan con menores informaron a Amnistía Internacional de que los informes más recientes sobre reclutamiento de menores provenían de la ciudad de Trincomalee, y de que se habían recibido menos informes de reclutamientos en las zonas controladas por los Tigres de Liberación. Como en Batticaloa, se informó de que la mayoría de los ,menores reclutados tienen entre 15 y 17 años.

Durante la visita de Amnistía Internacional, el 23 de agosto, los Tigres de Liberación entregaron a 21 menores soldados de entre 15 y 17 años de edad a la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos. (5) Desde entonces se han producido más entregas a la Secretaría. Éstas, aunque son bienvenidas, son hechos esporádicos a pequeña escala que distan mucho de constituir la desmovilización de ,menores soldados a gran escala que contemplaba el Plan de Acción y que se exige en virtud del derecho internacional. Asimismo, la entrega de menores a la Secretaría del Noreste no sigue los mecanismos dispuestos por el Plan de Acción. Unas ONG del la zona manifestaron a la delegación de Amnistía Internacional que, pese a que los Tigres de Liberación se muestran renuentes a licenciar formalmente a los menores, permiten que algunos de ellos escapen, en especial en aquellos casos que han sido planteados repetidas veces por UNICEF u otros organismos. Al permitir que los menores escapen, los Tigres de Liberación les niegan el licenciamiento formal, incluidos los documentos que atestiguan su liberación y los protegen de un nuevo reclutamiento, y dejan abierta la puerta para reclutarlos nuevamente en el futuro si fuese necesario.

En toda la región oriental, Amnistía Internacional recibió información sobre un nuevo programa de entrenamiento militar con base en las poblaciones de las zonas controladas por los Tigres de Liberación, en el que deben tomar parte obligatoriamente todos los civiles de entre 15 y 50 años de edad. También recibió información sobre un nuevo tipo de entrenamiento militar residencial de seis meses de duración que operan los Tigres de Liberación, luego del cual se permite a las personas que continúen con su vida civil, pero siguen estando a la orden para obligaciones militares. No está claro hasta qué punto los menores están implicados en estos tipos de entrenamiento, pero dado el historial de reclutamiento de menores que poseen los Tigres de Liberación, existe la preocupación de que estos programas brinden una oportunidad más para su reclutamiento.

Las familias cuyos hijos han sido reclutados casi no tienen a quien recurrir. Las quejas que se presentan directamente a los Tigres de Liberación en general no dan resultado, y si las familias informan a organismos externos como UNICEF o la Misión de Vigilancia, éstos pueden plantear el caso a los Tigres de Liberación, pero no pueden obligarlos a entregarles a los menores. Los representantes de unas ONG de Batticaloa manifestaron a la delegación de Amnistía Internacional que los Tigres de Liberación amenazan a las familias para que no informen sobre el reclutamiento de menores y les dicen: "si ustedes informan a los [organismos] internacionales, lo único que volverán a ver es el cadáver de su hijo". Enfrentados a tales amenazas y a la imposibilidad de que los organismos consigan la entrega de los menores, no resulta sorprendente que no se informe de muchos casos de reclutamiento.

Amnistía Internacional ha planteado sus motivos de preocupación sobre el reclutamiento de menores a los Tigres de Liberación. Como respuesta, el grupo negó el reclutamiento de menores a sabiendas y alegó que algunos menores tratan de unirse a los Tigres de Liberación ocultando su edad. Funcionarios del grupo afirmaron que cuando se descubre que estas personas son menores, se los licencia y entrega inmediatamente a sus padres. Esta es la respuesta que los Tigres de Liberación han dado sistemáticamente a las preguntas sobre el reclutamiento de menores; sin embargo, se contradice con los relatos de muchos padres y con los informes de UNICEF y de otras organizaciones que trabajan con menores.

Secuestros

Amnistía Internacional ha recibido con regularidad informes de secuestros de adultos cometidos por los Tigres de Liberación tras la escisión de 2004. Según los informes, la mayoría de los secuestrados han sido civiles de la comunidad tamil, de quienes el grupo sospecha que trabajan en su contra, o a quienes quiere someter a interrogatorio. Algunas víctimas de secuestros que han sido puestas en libertad desde entonces, han relatado a Amnistía Internacional de qué manera los llevaron a campos de los Tigres de Liberación y los sometieron a torturas y malos tratos.

Fuentes locales han manifestado a Amnistía Internacional que el número real de secuestros es mucho más alto del que sale a la luz, debido a que muchas familias no informan del secuestro de uno de sus miembros a autoridad alguna, sino que tratan de lograr que éstos sean puestos en libertad negociando directamente con los Tigres de Liberación.

En el distrito de Batticaloa, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con cinco mujeres cuyos esposos o hijos, de acuerdo con los informes, habían sido secuestrados por los Tigres de Liberación (véase anexo 1). Todas estas mujeres habían preguntado por ellos a los funcionarios locales del grupo, y además habían informado del secuestro al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Misión de Vigilancia de Sri Lanka, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la policía srilankesa. Sin embargo, ninguna de ellas había recibido de los Tigres de Liberación información alguna que permitiese esclarecer el paradero de sus familiares, y la policía no había llevado a cabo ninguna investigación significativa. Las mujeres dijeron a Amnistía Internacional que en julio de 2005 habían acudido colectivamente a plantear la situación al padre Karunaratnam, presidente de la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos, quien expresó sorpresa ante los presuntos secuestros y prometió investigarlos. Sin embargo, la Secretaría del Noreste no ha proporcionado más información al grupo de mujeres. Amnistía Internacional planteó estos casos a funcionarios de los Tigres de Liberación, que prometieron investigar. Las mujeres no recibieron ninguna otra información de los Tigres de Liberación.

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra prohíbe el trato inhumano de las personas que no participan directamente en las hostilidades. En contradicción con esta prohibición, muchos de los secuestrados permanecen detenidos durante periodos prolongados sin contacto con sus familias. Además, existen denuncias de que a algunos de los secuestrados los han sometido a tortura y malos tratos, lo cual, además de vulnerar el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra, también constituye crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma. (6) Los secuestros están prohibidos según el artículo 1.2 del acuerdo de cese de hostilidades.

Se ha recibido información de que los Tigres de Liberación, además de secuestrar a quienes creen sus oponentes, también reclutan por la fuerza a adultos, especialmente a los adultos jóvenes que Karuna licenció tras la escisión. Fuentes locales informaron de que los jóvenes desmovilizados por Karuna están abandonando la región oriental y muchos intentan viajar al extranjero para escapar del hostigamiento de los Tigres de Liberación, y de un nuevo reclutamiento forzoso. Algunas ONG de la zona manifestaron a Amnistía Internacional que, aunque en el pasado sólo se reclutaba a las personas solteras, hoy en día se está reclutando por la fuerza a personas casadas, y que los Tigres de Liberación han comunicado a la población local que el estar casado no da protección contra el reclutamiento.

Amnistía Internacional ha recibido informes no confirmados de que el grupo de Karuna también ha reclutado adultos por la fuerza, pero no se disponía de pruebas concretas de ese extremo. Algunos organismos de Batticaloa informaron de que tanto los Tigres de Liberación como el grupo de Karuna ofrecen dinero a los habitantes de la zona para que se unan a sus fuerzas respectivas.

Mientras que el mandato de UNICEF lo faculta para recoger información del reclutamiento de menores y proporcionar protección y apoyo a ellos y a sus familias, no hay ningún organismo responsable de apoyar a los adultos en peligro de ser reclutados por la fuerza, y ésta es una cuestión que permanece, en general, oculta.

Hostigamiento y extorsión

Además de hacer frente a la amenaza de la violencia directa, gran parte de la población de la región oriental experimenta con regularidad intimidación, hostigamiento y extorsión, principalmente a manos de los Tigres de Liberación, pero, según informes, también por parte del grupo de Karuna. El acuerdo de cese de hostilidades prohíbe la intimidación, la extorsión y el hostigamiento.

El 2 de agosto de 2005, los Tigres de Liberación celebraron una concentración en la ciudad de Batticaloa. Se dieron instrucciones para que los empresarios concurrieran con sus empleados, los maestros con sus alumnos y las ONG con sus beneficiarios. Miembros de los Tigres de Liberación recorrieron la zona recogiendo a los pobladores y llevándolos a la concentración. Por otra parte, los organismos locales confiaron a Amnistía Internacional que el grupo de Karuna había propalado el mensaje de que matarían a quienes asistieran a ella. Aunque muchas personas en definitiva asistieron a la concentración, la participación en ella fue al parecer menor que en concentraciones anteriores de ese tipo. Este episodio demuestra claramente cómo los civiles tamiles están atrapados entre los Tigres de Liberación y el grupo de Karuna, y cuando se ven obligados a obedecer las demandas de una parte corren el riesgo de sufrir las represalias de la otra.

Los Tigres de Liberación también han extorsionado a la población de la región oriental. La extorsión está prohibida por el acuerdo de cese de hostilidades. Empresarios tamiles y musulmanes plantearon a Amnistía Internacional graves motivos de preocupación relativos al alto grado de extorsión. Asimismo, informaron de que a los empresarios y a otras personas que tienen ingresos importantes, los Tigres de Liberación les fijan "impuestos" de entre el 5 y el 10 por ciento de sus ingresos, y quienes se niegan a pagarlos deben hacer frente a amenazas de hostigamiento o secuestro. Los empresarios describieron los problemas que les acarrea esta situación, no sólo por la pérdida de ingresos, sino también debido a que los "impuestos" que pagan a los Tigres de Liberación no pueden figurar en su contabilidad, lo cual causa problemas administrativos. También se informó de que las personas que regresan de Oriente Medio, a donde muchos srilankeses emigran en busca de trabajo, son especialmente elegidas como destinatarias de la extorsión, y de que algunas personas no tienen cuentas bancarias porque creen que los Tigres de Liberación tienen acceso a sus estados de cuenta.

Muchas personas entrevistadas por Amnistía Internacional en Batticaloa informaron de que el grupo de Karuna también fija impuestos a la población de la zona. El subinspector general de Policía de la región oriental dijo a Amnistía Internacional que la policía cree que es posible que la mujer asesinada cuyo cadáver se encontró en la escuela secundaria central de Batticaloa hubiera sido enviada por los Tigres de Liberación para recoger información sobre la identidad de los empresarios de la ciudad de Batticaloa que proporcionan dinero al grupo de Karuna. Este es otro detalle que ilustra la forma en que la población civil se encuentra atrapada entre dos bandos, de modo que las personas que son extorsionadas por el grupo de Karuna pueden tener que hacer frente a amenazas de los Tigres de Liberación.

La comunidad musulmana

Hay una larga historia de desconfianza entre las comunidades tamil y musulmana que viven en la región oriental de Sri Lanka. (7) A partir de la firma del acuerdo de cese de hostilidades se ha producido una mejoría parcial en su relación, ya que los Tigres de Liberación han tratado de asegurar a la comunidad musulmana que ellos no constituyen una amenaza para la comunidad. Con la escalada de las tensiones en la región oriental, los musulmanes han debido hacer frente a una situación de violencia grave. Por ejemplo, en un ataque con granadas en una mezquita de Akkaraippattu, distrito de Batticaloa, el 18 de noviembre de 2005, murieron cuatro personas y hubo más de 20 heridos. No quedó claro quién fue el autor de este ataque.

Todas las comunidades musulmanas con las que se reunió la delegación de Amnistía Internacional en los distritos de Ampara y Batticaloa informaron de episodios de hostigamiento a manos de los Tigres de Liberación y manifestaron su preocupación por el clima de inseguridad que se ha instalado en la zona tras la escisión de los Tigres de Liberación y el deterioro del proceso de paz, que ha aumentado su vulnerabilidad. Algunos musulmanes informaron de que se sentían amenazados tanto por el gobierno como por los Tigres de Liberación. En Kalmunai, distrito de Ampara, un hombre dijo a la delegación de Amnistía Internacional: "En Ampara nadie está seguro. Los cingaleses temen a los Tigres de Liberación, los tamiles temen al gobierno, y los musulmanes tienen temor de los dos". Además, los representantes de la comunidad musulmana expresaron su frustración por su exclusión de las negociaciones de paz(8) y su inclusión en términos desiguales en la Estructura de Gestión Operativa tras el Tsunami. (9)

Los dirigentes musulmanes afirmaron que sus comunidades hacen frente a una diversidad de amenazas y abusos, principalmente a manos de los Tigres de Liberación. Informaron de que los Tigres de Liberación han advertido a los empresarios musulmanes de que no deben comerciar en zonas tamiles y de que, a causa del empeoramiento de las condiciones de seguridad, los campesinos musulmanes ya no se sienten suficientemente seguros como para pasar la noche en sus arrozales, como solían hacer. Informaron también de extorsión generalizada a manos de los Tigres de Liberación, por ejemplo, de que los obligan a pagar "impuestos" sobre todos los árboles maderables que corten. Además las comunidades musulmanas alegan que las autoridades de los gobiernos locales también practican la discriminación. Algunos representantes relataron cómo en julio de 2005, cuando murió un hombre de su comunidad, las autoridades del distrito se negaron a permitir que lo enterraran en el cementerio que usaban anteriormente, diciendo que se les habían retirado sus derechos de sepultura. Aunque Amnistía Internacional no tiene conocimiento de si el gobierno local tenía una razón legítima para retirar los derechos de sepultura, queda claro que esta comunidad cree que se trata de un acto de discriminación.

En Kattankudy, Batticaloa, una comunidad musulmana desplazada hacia la costa en 1990 a causa del conflicto, y desplazada nuevamente a fines de 2004 por el maremoto, ha regresado a las tierras que ocupaba antes de 1990 en Ollikalam, donde ha instalado un campo para personas internamente desplazadas por el maremoto, y espera reconstruir su población original. Los representantes de esta comunidad relataron a Amnistía Internacional el hostigamiento al que han debido enfrentarse tras su regreso a sus tierras de origen. También informaron de que los vecinos de una aldea tamil y los Tigres de Liberación les habían comunicado que si no se retiraban del lugar, les envenenarían el pozo de agua y podrían matarlos. Los aldeanos musulmanes narraron a la delegación de Amnistía Internacional una serie de recientes episodios de hostigamiento que habían sufrido en su nuevo campo. Poco tiempo antes, unos desconocidos habían entrado en el campo por la noche y habían cavado una sepultura que parecía ser de un ser humano. Cuando la comunidad vio la sepultura por la mañana, tuvieron mucho miedo. Sin embargo, cuando desenterraron el cadáver, descubrieron que era de una vaca. Igualmente, en agosto, robaron el altavoz de la mezquita del campo. El altavoz no se usa solamente para llamar a la plegaria, sino también para llamar a la población a recibir las raciones. Inmediatamente antes del robo, había ocurrido un suceso en el que la población tamil vecina había tratado de obtener raciones, pero se les habían negado debido a que no eran personas internamente desplazadas por el maremoto. La comunidad musulmana cree que estos actos tenían el propósito de intimidarlos y ahuyentarlos. La comunidad musulmana de Kattankudy también se refirió a la pasividad de la policía y del gobierno local a la hora de proporcionarles protección y ayuda, incluido el apoyo gubernamental necesario para instalarse nuevamente en sus tierras de origen. También informaron de que las autoridades locales habían hecho caso omiso de sus quejas sobre la invasión de sus tierras. En su opinión, esto se debe a la influencia de los Tigres de Liberación y a sus amenazas a los funcionarios del gobierno local.

El mayor motivo de preocupación que expresó la comunidad musulmana, con mucho, fue con respecto a la tierra. La cuestión de las tierras ha sido desde hace mucho tiempo enormemente conflictiva y ha alimentado muchas de las disputas que se han producido entre las tres comunidades de la región oriental. Las tres han experimentado desplazamientos y pérdida de tierras debido a los conflictos, y sus tierras han sido invadidas por otras comunidades. Por ejemplo, numerosa población cingalesa fue desplazada hacia la región oriental por las autoridades de Sri Lanka, con la consecuencia de que otras comunidades fueron desplazadas de sus tierras, mientras que las comunidades musulmanas también han sido desplazadas de sus tierras de cultivo en el interior del país hacia la costa por las actividades de los Tigres de Liberación. Cada comunidad alberga agravios profundamente arraigados en relación con la tierra.

La tensión ya existente sobre la cuestión de la tierra se ha visto muy intensificada por el maremoto y la política de reasentamiento de todas las personas que vivían a menos de 200 metros de la línea media de marea alta adoptada por el gobierno. (10) Cada comunidad ha manifestado a Amnistía Internacional su temor de que otras comunidades aprovechen el reasentamiento para acaparar más tierras. La comunidad musulmana del distrito de Batticaloa fue la que lo expresó de manera más firme pues según afirmó, los Tigres de Liberación están usando el reasentamiento provocado por el maremoto para asentar poblaciones tamiles en lo que ellos consideran tierras tradicionalmente musulmanas, circunstancia que les preocupaba profundamente. Por otra parte, representantes de los Tigres de Liberación también manifestaron a Amnistía Internacional que tanto la comunidad musulmana como la cingalesa estaban usando el reasentamiento provocado por el maremoto para establecerse en lo que ellos sostienen que es tierra tradicionalmente tamil.

Clima de temor

La situación de tensión y confusión que impera en la región oriental, en la que a menudo no queda claro quién apoya a qué grupo o quién es responsable de determinados abusos contra los derechos humanos, vuelve muy peligrosas las condiciones que les toca sortear a los pobladores locales, sumidos en la incertidumbre.

Se ha producido un número cada vez mayor de enfrentamientos armados entre los Tigres de Liberación y las fuerzas de seguridad srilankesas, y entre los Tigres de Liberación y el grupo de Karuna. Los Tigres de Liberación han declarado que el ejército de Sri Lanka apoya al grupo de Karuna, lo cual parece posible, dado el historial del ejército de Sri Lanka con respecto al apoyo de grupos armados tamiles rivales. Sin embargo, no se dispone de información relativa a la forma en que se daría este apoyo. En general se conoce poco sobre la estructura del grupo de Karuna, y no resulta claro si se trata de un grupo único con campos propios o si es parte de una red más flexible.

Otros grupos armados tamiles continúan activos, aunque en mucho menor grado que el grupo de Karuna. Por ejemplo, unos homicidios recientes cometidos en las regiones septentrional y oriental se atribuyeron al Partido Democrático Popular de Eelam, entre ellos el homicidio de un gramasevaka (funcionario del gobierno local), el 19 de octubre de 2005 en el distrito de Vavuniya.

Los Tigres de Liberación, preocupados por los numerosos ataques que han sufrido sus cuadros a manos del grupo de Karuna, han cerrado muchas de sus oficinas políticas en la región oriental. Aunque algunas personas de la zona han informado de que esto ha significado más libertad y menor control de los Tigres de Liberación sobre la comunidad local, otras han manifestado que a su vez ha interrumpido uno de los posibles caminos para presentar quejas y obtener resarcimiento para las víctimas de los abusos de los Tigres de Liberación.

Los Tigres de Liberación han tratado de recuperar el control de la región oriental desde la escisión de Karuna en 2004, y las organizaciones de la zona informaron de que se están valiendo de la oportunidad que les proporciona el proceso de reconstrucción posterior al maremoto para lograrlo. Según los informes, las ONG locales de la región oriental han recibido presión a fin de que trabajen con la Organización de Rehabilitación Tamil(11) en actividades vinculadas con la reconstrucción posterior al maremoto, y los Tigres de Liberación también están procurando atraer a más ONG y organizaciones de desarrollo a las zonas que están bajo su control. Unas ONG de la zona manifestaron a la delegación de Amnistía Internacional que sus actividades se han visto cada vez más limitadas por los Tigres de Liberación, y que tienen temor de trabajar en zonas controladas por ellos. Unas organizaciones locales informaron de que el papel dominante que los Tigres de Liberación y la Organización de Rehabilitación Tamil han asumido en el proceso de reconstrucción posterior al maremoto ha reducido de forma significativa el espacio de la sociedad civil independiente.

La población civil es la que padece en mayor medida esta situación, ya que recibe presiones de todas partes y debe hacer frente a continuas amenazas de violencia. Familias y comunidades se han escindido al quedar atrapadas por la rivalidad entre los Tigres de Liberación y el grupo de Karuna. Es más, el maremoto ha aumentado la vulnerabilidad de la población civil ante la violencia y el hostigamiento. Las familias se han visto separadas por los desplazamientos, se han desintegrado las estructuras de protección existentes y las personas que viven en campos son mucho más visibles y les es más difícil ocultarse.

La delegación de Amnistía Internacional observó que los civiles y los representantes de ONG locales con quienes se entrevistó tenían miedo de hablar abiertamente, y que la mayoría de ellos sólo estaban dispuestos a hablar sobre la intimidación y la violencia a condición de permanecer en el anonimato. Esta práctica de silenciar a la sociedad civil y a la población de la zona genera grandes problemas, en especial en vista de que el proceso de reconstrucción a gran escala posterior al maremoto está en marcha y es fundamental que la comunidad local pueda participar libremente en consultas, expresar sus puntos de vista y dar a conocer sus necesidades.

Muchas personas informaron a Amnistía Internacional de que quienes viven en la región oriental tratan de abandonar la zona para escapar de la intimidación y la violencia. Asimismo, los organismos locales que trabajan con personas internamente desplazadas a causa del conflicto informaron de que muchas personas a las que se había reasentado en zonas controladas por los Tigres de Liberación tras el acuerdo de cese de hostilidades, están abandonando ahora las zonas de reasentamiento y regresando a las zonas controladas por el gobierno, pues tienen temor del hostigamiento, el reclutamiento y los homicidios. Las ONG de la zona expresaron a la delegación de Amnistía Internacional que la gente tiene miedo de participar en programas de desarrollo y que cada vez más se quedan en su casa o en su zona.

El clima de temor se intensificó aún más a causa de la declaración del estado de excepción el 13 de agosto de 2005, como respuesta al homicidio del ministro de Asuntos Exteriores, Lakshman Kadirgamar, que tuvo lugar el 12 de agosto. Las comunidades tamiles de los tres distritos orientales manifestaron a Amnistía Internacional que habían experimentado hostigamiento creciente a manos de las fuerzas de seguridad tras la declaración del estado de excepción, mientras que las ONG de la región informaron de que el mayor número de controles de carreteras demoraba el transporte de la ayuda y dificultaba el acceso a las zonas controladas por los Tigres de Liberación.

En Karaitivu, distrito de Ampara, los representantes de un campo de desplazados internos para tamiles desalojados por el maremoto dijeron a la delegación de Amnistía Internacional que habían tenido que hacer frente a mayores problemas de seguridad tras la declaración del estado de excepción. En un incidente, todos los residentes del campo habían tenido que abandonarlo en medio de la noche y ocultarse fuera del pueblo debido a que, en las proximidades del campo, la Fuerza Especial de Operaciones estaba efectuando disparos. También informaron de que había mayor número de controles de seguridad en la zona y de que las fuerzas de seguridad les pedían con mayor frecuencia que exhibiesen sus documentos de identidad. Los representantes de la comunidad expresaron que a causa de la situación de inseguridad sus hijas e hijos ya no podían asistir a clases vespertinas debido a que, al volver a casa por la noche, oyen disparos o ven a las fuerzas de seguridad en actividad y tienen que esconderse en los campos durante cierto tiempo en vez de volver directamente a sus casas. Varias comunidades tamiles de personas internamente desplazadas informaron de que son especialmente vulnerables al hostigamiento de las fuerzas de seguridad debido a que viven en campos temporales, y afirmaron que si se produjese cualquier incidente en las cercanías, las fuerzas de seguridad registrarían sus campos inmediatamente.

Cuando Amnistía Internacional planteó estos motivos de preocupación al subinspector general de Policía de la región oriental, éste declaró que el estado de excepción no había acarreado ningún cambio en el trabajo policial ni había supuesto un aumento de los controles en las carreteras. Sin embargo, el estado de excepción, declarado en una situación de por sí tan inestable, ha causado, sin lugar a dudas, un sentimiento de mayor temor.

Conclusión

Resulta claro que, a medida que la situación en la región oriental –y ahora también en la septentrional– se va deteriorando y a los civiles se los elige cada vez más como blanco de la violencia, y se ven atrapados en ella con mayor frecuencia, las mejoras en la situación de los derechos humanos que se habían alcanzado a partir de la firma del acuerdo de cese de hostilidades se están debilitando con rapidez. Es necesario que se tomen medidas integrales y urgentes para abordar la situación. Esta acción debe incluir un compromiso renovado por parte del gobierno y los Tigres de Liberación de respetar los derechos humanos y poner fin a los abusos, así como de establecer un sólido procedimiento de investigación, vigilancia y documentación de las violaciones de los derechos humanos.

Existen varios órganos que abordan las preocupaciones relativas a los derechos humanos en Sri Lanka, y cada uno de ellos desempeña un papel importante, pero ninguno posee facultades exhaustivas ni el acceso necesario para llevar a cabo con eficacia la vigilancia de los derechos humanos en las regiones septentrional y oriental. La Misión de Vigilancia está limitada a observar las infracciones al acuerdo de cese de hostilidades y no tiene facultades para llevar a cabo investigaciones. Además ha debido hacer frente a severas críticas de algunos elementos del cuerpo político y de la sociedad civil cingaleses. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que ambas partes en conflicto identificaron en la última ronda de negociaciones de paz como el órgano que debía desempeñar el papel protagonista en la vigilancia de los derechos humanos en todo el país, ha reconocido que se trata de una tarea imposible y que ninguna entidad nacional de derechos humanos puede vigilar con eficacia la situación de estos derechos en las regiones septentrional y oriental. En 2004 los Tigres de Liberación crearon la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos, encargada de vigilar la situación de los derechos humanos en esas regiones. Sin embargo, este órgano tiene autonomía limitada y existen restricciones de capacidad y de seguridad que limitan su acceso a la región oriental. Además, hay órganos de la ONU como UNICEF y ACNUR que observan y documentan los abusos contra los derechos humanos, pero solamente en el ámbito de su mandato.

En la última ronda de negociaciones, celebrada en abril de 2003, se solicitó al asesor en derechos humanos para el proceso de paz, Ian Martin, que esbozara una declaración de derechos humanos que fuese adoptada por ambas partes como base para mayor vigilancia. Sin embargo, cuando los Tigres de Liberación se retiraron de las negociaciones, los planes de vigilancia de los derechos humanos quedaron estancados. A la luz de la situación de los derechos humanos en deterioro y de los persistentes fracasos a la hora de reanudar las negociaciones de paz, queda claro que deben desarrollarse nuevos modelos para una vigilancia efectiva de los derechos humanos.

Recomendaciones

- Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y los demás grupos armados deben poner fin a todos los abusos, con inclusión de homicidios de civiles, secuestros y tortura y malos tratos, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.

- Los Tigres de Liberación deben desmovilizar inmediatamente a las niñas y niños soldados y poner fin al reclutamiento y utilización de soldados menores de 18 años. El gobierno de Sri Lanka debe tomar todas las medidas posibles para garantizar que se cumpla con esta recomendación, en armonía con sus obligaciones como Estado Parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, disponiendo las medidas jurídicas necesarias para prevenir esta práctica y tipificarla como delito.

- El gobierno de Sri Lanka debe tomar todas las medidas que estén en su mano para proteger a la población civil, haciendo todo lo posible para poner fin a los abusos de los grupos armados, llevando a los responsables ante la justicia con arreglo a las normas internacionales que rigen los juicios justos y garantizando que las víctimas obtengan reparación y resarcimiento.

- Se debe establecer una presencia internacional efectiva de observación de la situación de los derechos humanos. Ésta debe garantizar el acceso sin estorbos de observadores de los derechos humanos a las zonas controladas tanto por el gobierno como por los Tigres de Liberación; facilitar la investigación sistemática e independiente y la documentación de abusos; proporcionar apoyo y capacitación a los órganos locales de derechos humanos; y actuar como interlocutor respetado y experimentado en materia de derechos humanos frente a las partes en conflicto.

- Deben investigarse independiente y efectivamente todos los presuntos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados en las regiones septentrional y oriental. Los investigadores deben estar facultados para determinar los hechos y llevar a cabo su análisis en un marco de derecho internacional pertinente, y entre sus recomendaciones deben incluir medidas que proporcionen resarcimiento por los abusos sufridos en el pasado, entre ellas el enjuiciamiento de sus autores, y medidas para prevenir la comisión de tales abusos en el futuro. Sus conclusiones y recomendaciones deben hacerse públicas.

- Cuando recomiencen las negociaciones de paz, todas las partes deben dar prioridad a la inclusión de un acuerdo exhaustivo sobre derechos humanos como elemento fundamental de éstas. .

Anexo 1 – Presuntos casos de secuestro por los Tigres de Liberación de los que se informó a Amnistía Internacional en Batticaloa, agosto de 2005

Sabaratnam Navaratnam

Sabaratnam Navaratnam, de 39 años de edad, conductor y mecánico, fue presuntamente secuestrado por los Tigres de Liberación el 21 de junio de 2003. De acuerdo con los informes, se lo llevó de su casa en el distrito de Batticaloa un hombre que le dijo que un funcionario del sector inteligencia de los Tigres de Liberación necesitaba de su ayuda para comprar un automóvil. Nunca regresó.

Según su familia, Sabaratnam no había tenido anteriormente ninguna relación con los Tigres de Liberación y la familia no había experimentado ningún problema con ellos en el pasado.

Un mes después del secuestro, tras indagaciones hechas por la familia, unos funcionarios de los Tigres de Liberación al parecer admitieron que el grupo lo había secuestrado, y que sería puesto en libertad tras una investigación. Sin embargo, la esposa de Sabaratnam se encontró después con otro funcionario de los Tigres de Liberación, quien le informó de que llevaría tres años dejar en libertad a su esposo. Después, en febrero de 2004, tras muchos esfuerzos por entrevistarse con funcionarios locales de alto rango de los Tigres de Liberación, un funcionario del grupo dijo finalmente a la esposa de Sabaratnam que su esposo era parte de un grupo de 60 personas detenidas por los Tigres de Liberación. Sin embargo, el funcionario no le reveló el lugar ni la causa de su detención.

La familia de Sabaratnam informó de su secuestro a la policía, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Vigilancia y la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos.

Sivasubramaniam Nesarasa

Sivasubramaniam Nesarasa, de 27 años de edad, fue presuntamente secuestrado por los Tigres de Liberación el 12 de noviembre de 2000 en Kaluwankerny, distrito de Batticaloa, a donde se había dirigido para recoger leña. Un testigo del secuestro informó a su madre, Kathiramalai Kanmani, a quien manifestó que cuatro cuadros de los Tigres de Liberación se habían llevado a su hijo.

Tras el secuestro de Sivasubramaniam, su madre se entrevistó en varias ocasiones con funcionarios de los Tigres de Liberación para preguntar por el paradero de su hijo, pero los funcionarios negaban que lo hubieran secuestrado o le decían que no tenían conocimiento del caso de su hijo. Finalmente un funcionario del grupo le dijo que los Tigres de Liberación habían acusado a su hijo de golpear a alguien. En abril de 2004 le dijeron que habían llevado a su hijo a la zona controlada por el grupo en la región septentrional. La madre de Sivasubramaniam cree que lo secuestraron porque se había negado a unirse a los Tigres de Liberación.

La familia de Sivasubramaniam informó del secuestro a la policía, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos.

Ganeshan Vasantha Reuban

Ganeshan Vasantha Reuban, de 26 años de edad, fue presuntamente secuestrado en la tarde del 9 de septiembre de 2003 en Morakotanchenai, distrito de Batticaloa. Según se informó, se lo llevó en una motocicleta un miembro del sector inteligencia de los Tigres de Liberación.

Tras el secuestro, los Tigres de Liberación dijeron a la madre de Ganeshan, Veerapaththiran Vasantha, que lo habían llevado a Pangudaveli. Cuando fue allí a preguntar por él, unos funcionarios del grupo le dijeron que lo tenían bajo custodia pero que pronto lo pondrían en libertad. Sin embargo, Ganeshan todavía no ha quedado en libertad. Unos funcionarios de los Tigres de Liberación han dicho a su madre que hay un "problema", pero que lo pondrán en libertad tras una indagación.

La familia ha informado del secuestro de Ganeshan a la policía, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Vigilancia y la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos.

Alex Christopher Michael

Alex Christopher Michael, de 32 años de edad, fue presuntamente secuestrado el 23 de enero de 2002 por dos miembros del sector político de los Tigres de Liberación.

El día después de su detención, la esposa de Alex se entrevistó con funcionarios del sector político de los Tigres de Liberación, quienes admitieron el secuestro y, según informes, le manifestaron que habían entregado a Alex al sector inteligencia del grupo. Más tarde, la esposa de Alex procuró en varias ocasiones entrevistarse con funcionarios del grupo con respecto al caso, pero sistemáticamente le contestaron que averiguarían y le informarían.

En septiembre de 2004, un hombre que había sido secuestrado por los Tigres de Liberación y luego puesto en libertad, dijo a la esposa de Alex que su esposo estaba en la región de Vanni. La esposa de Alex cree que tienen detenido a su esposo, que es originario de Colombo, como castigo por negarse a ayudar a los Tigres de Liberación en sus actividades en esa ciudad.

La familia ha informado del secuestro de Alex al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Vigilancia y la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos.

Kanapathipillai Devadas

Kanapathipillai Devadas, de 28 años de edad, fue presuntamente sacado de su casa en el distrito de Batticaloa durante la noche del 19 de julio de 2002 por cuatro cuadros de los Tigres de Liberación. Anteriormente, había sido un cuadro de los Tigres de Liberación durante seis años antes de entregarse a las fuerzas de seguridad. Después de entregarse, había trabajado para éstas.

Tras su detención, la esposa de Kanapathipillai se entrevistó con funcionarios locales del sector político de los Tigres de Liberación, quienes le dijeron que su esposo se encontraba en Karadiyanaru. Sin embargo, cuando fue a ese lugar a preguntar, un miembro del sector de inteligencia del grupo le manifestó que no lo tenían bajo custodia allí. Pese a las indagaciones persistentes de la familia, no se ha recibido más información de los Tigres de Liberación sobre el paradero de Kanapathipillai.

La esposa de Kanapathipillai Devadas informó de su secuestro a la policía, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Vigilancia y la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos.

Ganeshan Pulainthiran

Ganeshan Pulainthiran fue presuntamente secuestrado por los Tigres de Liberación el 4 de mayo de 2004, después de ser citado para asistir a una investigación en las oficinas del grupo en Illuppadichchenai, distrito de Batticaloa. Dijeron a su esposa que quedaría en libertad después de la investigación, pero no fue así.

Desde su secuestro, la esposa de Ganeshan ha visitado continuamente las oficinas locales de los Tigres de Liberación para preguntar por su paradero, pero no se le ha proporcionado ninguna información.

La familia ha informado del secuestro de Ganeshan a la Fuerza de Paz No Violentas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos. ********

(1) El artículo 2.1 del acuerdo de cese de hostilidades establece que "las partes se abstendrán de llevar a cabo actos hostiles contra la población civil, como tortura, intimidación, secuestro, extorsión y hostigamiento, con arreglo a lo dispuesto por el derecho internacional". El artículo 1.2 establece que las partes no tomarán parte en ninguna operación militar de carácter ofensivo, como "el disparo de armas directas o indirectas, incursiones armadas, emboscadas, asesinatos, secuestros, destrucción de la propiedad civil o militar, sabotaje, misiones suicidas y actividades de unidades de penetración profunda", entre otras.

(2) En el momento de la visita de Amnistía Internacional en agosto de 2005, aproximadamente 350.000 personas permanecían desplazadas internamente a causa del conflicto y vivían en campos en las regiones septentrional y oriental. Unas 450.000 permanecían desplazadas a causa del maremoto y vivían en campos junto a la costa.

(3) UNICEF admite que recibe informes de apenas una pequeña parte de los casos. Por lo tanto es probable que el número total de casos de reclutamiento de menores sea mucho más alto que el de los casos denunciados.

(4) Artículo 8.2.e.vii del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativo a los conflictos armados que no sean de índole internacional

(5) La Secretaría del Noreste para los Derechos Humanos fue creada por los Tigres de Liberación en julio de 2004 para promover y proteger los derechos humanos en las zonas controladas por el grupo en las regiones septentrional y oriental.

(6) Estatuto de Roma, artículo 8.2.c.

(7) A comienzo de la década de 1990 los Tigres de Liberación de Eelam Tamil expulsaron de la región septentrional a más de 40.000 musulmanes, la mayoría de los cuales permanecen desplazados.

(8) Las negociaciones de paz entre el gobierno y los Tigres de Liberación comenzaron luego de la firma del acuerdo de cese de hostilidades en septiembre de 2002. Hubo seis rondas de negociación hasta que los Tigres de Liberación suspendieron las negociaciones unilateralmente en abril de 2003.

(9) Un acuerdo entre el gobierno y los Tigres de Liberación sobre la administración conjunta de los fondos de ayuda humanitaria a comunidades afectadas por el maremoto. Este acuerdo se firmó en mayo de 2005, pero nunca se aplicó a causa de una orden de suspensión dictada en julio por el Tribunal Supremo sobre elementos fundamentales del acuerdo.

(10) El ancho de esta "zona tapón" o zona temporal de seguridad es de 200 metros en las regiones septentrional y oriental y de 100 metros en las regiones meridional y occidental. El gobierno ha justificado esta diferencia sobre la base del efecto más devastador que tuvo el maremoto en el norte y el este de la isla.

(11) La Organización de Rehabilitación Tamil es una organización de desarrollo que tiene vínculos muy cercanos con los Tigres de Liberación.