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ÍNDICE AI: ASA 37/10/97/s

11 DE ABRIL DE 1997

SRI LANKA: LA CIFRA MÁS ALTA DE «DESAPARICIONES» DENUNCIADA DESDE 1990

La cifra de «desapariciones» producidas en Sri Lanka ha alcanzado un nuevo récord, según ha advertido Amnistía Internacional ante el examen de la situación de los derechos humanos en el país llevado a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Coincidiendo con el compromiso del gobierno de Sri Lanka ante la Comisión de que «se hará caer todo peso de la ley» sobre los responsables de violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional presentó ante el presidente Chandrika Bandaranaike Kumaratunga más de 400 casos de «desaparición» y le pidió que hiciera comparecer a los responsables ante los tribunales.

Desde que las fuerzas de seguridad recuperaron el control sobre la península de Jaffna, en el norte de Sri Lanka, entre fines de 1995 y principios de 1996, la cifra total de «desapariciones» denunciadas ante la organización ha ascendido a 648 -- la más elevada desde 1990.

Amnistía Internacional ha declarado: «El que en un año puedan producirse más de 600 "desapariciones" a pesar de que el gobierno afirma que está abordando el problema resulta indignante. Este hecho subraya la necesidad de que se tomen acciones ya mismo para impedir que sigan cometiéndose estas violaciones».

Existe una clara pauta que indica que las fuerzas de seguridad recurren a las «desapariciones» como represalia por los ataques dirigidos contra ellas por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. En un incidente ocurrido el 19 de julio de 1996, un día después de que los Tigres de Liberación atacaran el campamento del ejército en Mullaitivu, al menos 40 jóvenes «desaparecieron» tras ser rodeados por personal del ejército en Kaithady y en las aldeas de los alrededores, en la división de Thennamarachchi. Al parecer, estos jóvenes fueron trasladados al campamento del ejército en Navatkuli pero, cuando sus familiares acudieron allí para preguntar por ellos, los militares se negaron a proporcionarles información. Amnistía Internacional teme que los 40 jóvenes puedan haber sido masacrados.

Otras personas «desaparecieron» tras ser llevadas bajo custodia durante redadas. Uno de los casos denunciados fue el de Ayam Madduvil North, en Chavakachcheri, el 19 de abril de 1996. Ese día, el ejército se llevó a decenas de jóvenes entre los que se encontraban numerosos civiles que se habían refugiado en el templo de Madduvil Amman; los soldados seguían las instrucciones dadas por las fuerzas de seguridad al comienzo de la operación militar conocida con el nombre clave de «Riviresa 2». Hay al menos 20 de estos jóvenes detenidos a los que sus familiares no han vuelto a ver.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha informado de que en 1990 recibió 4.774 denuncias procedentes de Sri Lanka. En 1991, esta cifra había bajado a 410, y desde entonces ha seguido disminuyendo. Durante 1995 se denunciaron 36 casos. Incluso tomando esta última cifra, sigue representando uno de los índices más elevados del mundo.

«La situación recuerda a la de mediados de los ochenta», ha declarado Amnistía Internacional. «Entre 1983 y 1987 registramos en el área 860 "desapariciones" que, en prácticamente todos los casos, siguen sin resolverse. Ahora se han producido 600 en un solo año».

Amnistía Internacional pide al presidente que permita que los observadores nacionales e internacionales, incluido el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, visiten Jaffna y ayuden al gobierno a poner en vigor medidas para terminar con las «desapariciones».

«Aunque el gobierno ha tomado algunas medidas para poner fin a las "desapariciones", la tortura y otras violaciones de derechos humanos, resulta evidente que es necesario emprender acciones más vigorosas», ha declarado Amnistía Internacional.

«El gobierno debe comenzar por enmendar la Ley de Prevención del Terrorismo y la Normativa de Excepción, que proporcionan un contexto para que se produzcan estas violaciones de derechos humanos. Además, debe castigar con severidad a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos actos».