Amnistía Internacional

Declaración pública

1 de abril de 2009

Tailandia: Los ataques de los insurgentes contra civiles son abusos contra los derechos humanos

Amnistía Internacional ha pedido hoy, 1 de abril de 2009, que se ponga fin de inmediato a los ataques contra la población civil llevados a cabo últimamente por insurgentes armados en las provincias de mayoría musulmana del sur de Tailandia.

En lo que va de año ha aumentado considerablemente, no sólo el número, sino también la brutalidad de los ataques de los insurgentes, que constituyen abusos graves contra los derechos humanos.

Los insurgentes dirigen algunos de sus ataques, no contra las fuerzas de seguridad tailandesas, sino contra civiles a los que acusan de cooperar o colaborar con las autoridades. También llevan a cabo ataques indiscriminados, que causan muertos y heridos en la población civil. Amnistía Internacional ha señalado que estos ataques contra civiles son ilegítimos e inaceptables.

La organización ha pedido a los insurgentes que respeten las normas mínimas de humanidad reflejadas en el derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de los ataques directos contra la población civil y los ataques indiscriminados, y el requisito de dispensar un trato humano a quienes sean capturados.

El hecho de que se esté atacando deliberadamente y de manera habitual a civiles demuestra que los insurgentes del sur de Tailandia no cumplen los principios más básicos de humanidad.

Aunque el número de actos violentos y de víctimas descendió considerablemente en el sur del país en 2008, es evidente que los insurgentes están intentando reafirmarse en 2009. Además, los ataques de este año son más notables por su brutalidad, que ha incluido al menos cinco decapitaciones confirmadas:

• El 31 de enero, en el distrito de Rue-Soh, Narathiwat, Awae Salama, ex profesor de religión islámica que vendía productos cerca de una mezquita local, resultó muerto a causa de disparos efectuados desde un vehículo en marcha cuando regresaba a casa desde el mercado del distrito.

• El 16 de febrero, en el distrito de Waeng, Narathiwat, cinco civiles, entre ellos un estudiante, resultaron heridos al hacer explosión una bomba hacia las siete de la mañana al paso de la escolta militar de unos monjes que iban recogiendo limosnas.

• El 22 de febrero, en el distrito de Raman, Yala, mataron a una pareja civil que estaba sangrando caucho; al hombre lo decapitaron.

• El 7 de marzo, en Pattani, dos hermanos de mediana edad, uno de los cuales era ayudante del cacique local, murieron al ser alcanzados por disparos cuando viajaban en motocicleta. Los responsables prendieron después fuego a los cadáveres y dejaron una nota que decía: “Esto es una venganza contra las autoridades del Estado”.

• El 12 de marzo, en el distrito de Krongpenang, Yala, Laila Paaitae Daoh, defensora de los derechos humanos, murió de un disparo a plena luz del día, convirtiéndose en la cuarta persona de su familia (tras sus dos hermanos y su esposo) víctima de homicidio en el sur del país; ya sólo la sobreviven sus tres hijos de corta edad.

• El 27 de marzo, en el distrito de Khok Pho, Pattani, Bhuvanart Yeeji, profesor del centro educativo Muhammadeeya School, murió, y Solahuddin Hayeewaeji, director del centro, resultó herido, a causa de disparos, cuando se hallaban reunidos con otros profesores.

Amnistía Internacional ha pedido a los líderes de la insurgencia que pongan fin de inmediato a todos los ataques contra la población civil, que ordenen a todas las fuerzas bajo su mando que no ataquen a civiles ni bienes civiles en ninguna circunstancia, que retiren a toda persona sospechosa de perpetrar tales ataques de todo puesto donde pueda repetirlos y que condenen públicamente todos estos ataques.

Información complementaria

La insurgencia de las provincias de mayoría musulmana del sur de Tailandia, que resurgió a principios de 2004, se ha cobrado más de 3.500 vidas, en su mayoría civiles. Está formada por una serie inconexa de grupos dispares, que jamás han revelado totalmente su estructura organizativa, su liderazgo ni sus demandas, si bien se cree que actúan en el marco de un sistema formado al menos por células parcialmente autónomas. Raras veces se atribuyen la responsabilidad de sus ataques, y no han expresado de manera creíble el deseo de negociar con el gobierno tailandés.

Amnistía Internacional reconoce totalmente que el Real Gobierno Tailandés tiene el derecho y el deber de proteger a la población civil del sur del país mientras lleva a cabo su campaña contra la insurgencia. El 14 de enero de 2009, el primer ministro Abhisit señaló que el decreto de excepción vigente en el sur se había renovado 14 veces desde que comenzó a aplicarse en julio de 2005 y manifestó su intención de revisar sus disposiciones con objeto de revocarlo definitivamente y restablecer el control civil de las fuerzas de seguridad allí. Amnistía Internacional había pedido anteriormente que se reformará o eliminara la sección 14 de dicho decreto, que concede inmunidad penal a los funcionarios autores de violaciones de derechos humanos, incluida tortura (véase el informe de Amnistía Internacional Thailand: Torture in the southern counter-insurgency, ASA 39/001/2009). A pesar de que, en diciembre de 2008, tras conocerse los resultados de la autopsia, la investigación sobre la muerte bajo custodia del imán Yapha Kaseng determinó que había muerto torturado, el gobierno no ha entablado aún acciones penales contra los presuntos responsables.

FIN/

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