AMNISTÍA INTERNACIONAL/

HUMAN RIGHTS WATCH

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Índice AI: ASA 39/010/2008

3 de diciembre de 2008

Tailandia: Tanto los grupos de protesta como el gobierno deben rechazar la violencia política

Terminadas las protestas, es hora de rendir cuentas

(Londres y Nueva York) Human Rights Watch y Amnistía Internacional han afirmado hoy, 3 de diciembre de 2008, que, terminada la ocupación de los aeropuertos y de edificios gubernamentales de Bangkok, el gobierno tailandés, sus aliados y los grupos antigubernamentales deben comprometerse a poner fin a la violencia política, que en los últimos meses ha causado un gran número de muertes y heridas. Ambas organizaciones han pedido al gobierno de Tailandia que cree una comisión independiente encargada de llevar a cabo sin demora una investigación efectiva e imparcial sobre la violencia de motivación política ejercida en los últimos meses por todas las partes implicadas, y de hacer rendir cuentas a los responsables.

“El fin de las protestas y de la violencia relacionada es un paso positivo, pero los actos violentos podrían reanudarse si hay grupos políticos que se oponen al próximo gobierno”, ha afirmado Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Ha llegado el momento de que los líderes de las protestas y el gobierno hagan público su compromiso de que las protestas serán pacíficas y la acción policial, legítima. También es hora de rendir cuentas. Muchas personas han muerto o resultado heridas en los últimos meses, algo que no puede olvidarse sin más.”

El 2 de diciembre de 2008, el Tribunal Constitucional de Tailandia disolvió por motivos de fraude electoral el gobernante Partido del Poder Popular y otros dos partidos de coalición, el Partido de la Nación Tai (Chart Tai) y el Partido por la Democracia (Matchimathipataya), aplicando una disposición constitucional promulgada por la junta militar que derrocó al primer ministro Thaksin Shinawatra en septiembre de 2006. Asimismo, el Tribunal inhabilitó al primer ministro Somchai Wongsawat, del Partido del Poder Popular, y a otros 108 miembros de los tres partidos para el ejercicio de la política durante cinco años con efecto inmediato, pues se estimó que no habían impedido el fraude cometido por miembros de los comités ejecutivos de sus formaciones políticas. El Partido del Poder Popular ha asegurado que se reconstituirá bajo otro nombre y que seguirá gobernando.

Los líderes de la opositora Alianza Popular por la Democracia han reivindicado el fallo del Tribunal Constitucional como una victoria y han puesto fin a sus protestas hoy, 3 de diciembre. Sin embargo, la Alianza ha advertido que reanudará las protestas si otra persona considerada subordinada a Thaksin Shinawatra, como era el caso de Somchai Wongsawat, crea un nuevo partido, forma gobierno y se convierte en primer ministro.

“Los miembros de la Alianza Popular por la Democracia, los grupos progubernamentales y los cargos del gobierno responsables de la violencia y de otros abusos contra los derechos humanos deben rendir cuentas ante la justicia”, ha declarado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “El legado de la época de Thaksin y del régimen militar ha sido un grave debilitamiento del Estado de derecho y de la rendición de cuentas. Debido a la volatilidad de la situación actual es necesario un compromiso de todas las partes para reforzar el respeto por los derechos humanos y acabar con la impunidad.”

Durante los meses recientes de turbulencias políticas, la policía ha hecho en ocasiones un uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes de la Alianza Popular por la Democracia. El incidente más violento tuvo lugar el 7 de octubre, cuando la policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a unos dos millares de manifestantes congregados ante la sede del Parlamento. Las imágenes de los servicios de noticias y las declaraciones de testigos ponen de manifiesto que la policía disparó el gas lacrimógeno en línea recta, a corta distancia y directamente contra los manifestantes. Dos simpatizantes de la Alianza Popular murieron y 443 resultaron heridos, incluidos cuatro casos en los que fue preciso realizar amputaciones. Seguidores de la Alianza Popular, que dispararon pistolas, tirachinas y lanzaron ladrillos y tuberías de metal, hirieron a una veintena de policías. Algunos agentes fueron arrollados por camionetas o apuñalados con astas de banderas.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido al gobierno de Tailandia que emplee medios legítimos para salvaguardar la seguridad pública y han destacado que todas las medidas adoptadas por las autoridades deben ser proporcionales al grado de amenaza o al objetivo legítimo que se persigue. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que, en la medida de lo posible, las autoridades deberán utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando ese uso sea inevitable, las instancias encargadas de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito. Los Principios Básicos también prevén procedimientos eficaces para la presentación de informes y la revisión, sobre todos en casos de heridas graves o muerte.

“Aunque la policía tiene derecho a emplear la fuerza para defenderse y para proteger a terceros de los ataques, el elevado número de víctimas exige una investigación sobre si el uso de la fuerza policial ha sido excesivo”, ha afirmado Brad Adams. “Cuando se infligen heridas graves durante unas protestas, este tipo de investigaciones debe ser obligatorio.”

Desde el 23 de noviembre, la Alianza Popular por la Democracia ha llevado a cabo lo que ha dado en llamar “la guerra final” para derrocar al gobierno elegido del primer ministro Somchai Wongsawat por sus estrechos vínculos con Thaksin Shinawatra. La Alianza Popular, que cuenta con un fuerte respaldo económico, político y logístico de partidos políticos antigubernamentales, personas de negocio y sectores del ejército y la policía, propone la promulgación de una nueva Constitución que otorgue más poderes a las fuerzas armadas y a cargos no elegidos. Muchos de sus simpatizantes están armados y algunos han participado en ataques violentos contra la policía y grupos afines al gobierno.

El 24 de noviembre, Sonthi Limthongkul y otros dirigentes de la Alianza Popular por la Democracia lideraron a miles de manifestantes desde la sede del gobierno (ocupada por la Alianza Popular el 26 de agosto) hasta el Parlamento para rodearlo y cortar el suministro eléctrico en el complejo, con lo que forzaron a la cancelación de la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado. A continuación, otro grupo de manifestantes rodeó la jefatura cercana de la Policía Metropolitana de Bangkok. La policía decidió no emplear la fuerza para dispersar a los simpatizantes de la Alianza Popular porque temía que, si lo hacía, el ejército vería una excusa para dar un golpe de Estado.

Alegando que su objetivo era asegurar el perímetro que rodeaba el Parlamento y la sede del gobierno, miembros armados de la Alianza Popular por la Democracia que actuaban como agentes de seguridad para el movimiento requisaron autobuses de pasaje y los usaron como barricadas en cortes de carreteras y como lanzaderas para transportar a los manifestantes entre los diversos puntos de concentración. La Autoridad de Transporte Público de Bangkok informó de que varios autobuses de las líneas 3, 53, 56 y 515 habían sido confiscados por guardias de la Alianza Popular. Miles de personas quedaron bloqueadas en paradas de autobús después de que el servicio de autobuses del centro de Bangkok tuviese que ser desviado o suspendido por motivos de seguridad. El 24 de noviembre, la policía detuvo a seis guardias de la Alianza Popular que trataban de apoderarse de un autobús de la línea 53 ante la sede regional de la ONU usando machetes, pistolas y granadas de fabricación casera.

El 24 de noviembre, tras declarar su triunfo al forzar la cancelación de la sesión parlamentaria, los líderes de la Alianza Popular por la Democracia ordenaron a sus seguidores que sitiaran la sede temporal del gobierno establecida en el aeropuerto internacional de Don Muang. El 25 de noviembre, desbarataron los intentos del gobierno de celebrar una reunión del consejo de ministros en la sede de las fuerzas armadas de Tailandia. Después, simpatizantes de la Alianza Popular ocuparon los aeropuertos internacionales de Suvarnabumi y Don Muang de Bangkok, el 25 y 27 de noviembre respectivamente.

En contra de las afirmaciones de que la Alianza Popular por la Democracia es un grupo no violento y no armado, sus líderes han provisto de armas a muchos de sus miembros y no han hecho esfuerzos visibles por desarmar a sus seguidores. Numerosos manifestantes y guardias de seguridad de la Alianza Popular detenidos en controles policiales de Bangkok llevaban armas, explosivos, navajas y machetes. Por ejemplo, el 25 de noviembre, la policía tailandesa informó de que había arrestado a un guardia armado de la Alianza Popular que estaba en posesión de una metralleta, un revólver, una navaja, granadas de fabricación casera y gran cantidad de munición. El 28 de noviembre, 17 manifestantes de la Alianza Popular fueron detenidos en un control policial cuando intentaban usar una camioneta con el logotipo de la Cruz Roja para transportar armas a los lugares de protesta del aeropuerto internacional de Suvarnabumi. Material fílmico de los noticiarios y declaraciones de testigos muestran que guardias armados de la Alianza Popular agredieron y detuvieron a numerosas personas en los lugares de concentración, acusándolas de apoyar al gobierno.

El 28 de noviembre, Sonthi Limthongkul, dirigente de la Alianza Popular, que no pasaba las noches con los manifestantes en el aeropuerto ni en otros puntos de las protestas, emitió un mensaje por televisión y por Internet en el que decía a los seguidores y guardias armados de la Alianza Popular que debían estar dispuestos a dar su vida por la defensa de los lugares que habían ocupado. “Protegeremos nuestros bastiones”, afirmó. “Si tenemos que morir, que así sea [...] No se preocupen, hermanos y hermanas [...] Derramen su sangre si es necesario [...] Nuestra protesta es justa y constitucional […] No abriremos la puerta a la policía. Si cargan contra nosotros y nos disparan, les devolveremos los disparos.”

“La Alianza Popular por la Democracia lleva meses intentando provocar una respuesta violenta de la policía a las protestas con la esperanza explícita de desencadenar un golpe de Estado militar que derroque al gobierno actual”, ha manifestado Sam Zarifi. “La Alianza Popular debe entender que cuando usa la fuerza, incluidas las armas de fuego, y pone en peligro las vidas no sólo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sino también de ciudadanos y ciudadanas de a pie, no puede reivindicar su condición de movimiento pacífico.”

La Alianza Popular ha mostrado una hostilidad manifiesta hacia los medios de comunicación. El 29 de noviembre, Somkiat Pongpaiboon, uno de los líderes de la Alianza, transmitió lo siguiente a reporteros que informaban sobre las protestas: “Estamos en guerra y no podemos controlarlo todo. La gente se puede enfadar [por los informes de los medios de comunicación]. No podemos garantizar su seguridad”.

Periodistas de la red de medios de comunicación gubernamentales National Broadcasting of Thailand (NBT) han recibido frecuentes amenazas de manifestantes y han sido expulsados de los lugares en los que se celebraban las protestas. El 30 de noviembre, una unidad móvil de la cadena de televisión por cable TNN-24 fue blanco de disparos mientras informaba sobre el asedio al aeropuerto internacional de Suvarnabumi. Los manifestantes obligaron a los reporteros a quitarse las camisetas con eslóganes contra la violencia cuando entraron en los lugares de protesta, especialmente en Suvarnabumi.

La Alianza Popular por la Democracia ha defendido activamente el uso de cargos de lesa majestad (injurias a la corona) contra simpatizantes del gobierno para coartar la libertad de expresión. Ha acusado a numerosos sitios web progubernamentales de promover sentimientos antimonárquicos, lo cual constituye un grave ataque a la libertad de expresión, dada la estricta legislación de Tailandia sobre delitos de lesa majestad. Se han cerrado más de 400 sitios web en 2008, algunos por orden de la policía y otros por miedo.

“El conflicto político de Tailandia ha puesto en peligro la libertad de prensa y la libertad de expresión”, ha afirmado Brad Adams. “La Alianza Popular por la Democracia ha mostrado escaso respeto por estos derechos humanos básicos.”

También ha habido abusos cometidos por grupos progubernamentales. Miembros de la Alianza Democrática contra la Dictadura atacaron convoyes de manifestantes con ladrillos, botellas de agua y tirachinas. Casi todas las noches, los lugares de concentración de la Alianza Popular por la Democracia y la sede de su red de medios de comunicación, Asia Satellite Television (ASTV), eran objeto de ataques con granadas y disparos, que han causado cuatro muertos y más de 50 heridos hasta la fecha. Los líderes de la Alianza Popular por la Democracia acusan a los grupos afines al gobierno, incluidos los dirigidos por el general Khattiya Sawatdiphol, de estar detrás de los ataques. Sin embargo, los equipos de investigación criminal de la policía han tenido dificultades a la hora de hacer las indagaciones, pues la Alianza Popular les ha impedido el acceso oportuno a los lugares de protesta y ha manipulado pruebas.

En los últimos siete meses, grupos progubernamentales han atacado aproximadamente una decena de concentraciones de la Alianza Popular por la Democracia en Tailandia. Según los informes, muchos de estos ataques han sido financiados y coordinados por miembros del partido del primer ministro Somchai Wongsawat. El 24 de julio, más de un millar de miembros del Club Khon Rak Udorn, afín al gobierno, empleó la fuerza para disolver una manifestación de unos 200 simpatizantes de la Alianza Popular en la provincia de Udorn Thani. Se perpetraron ataques similares en las provincias de Bangkok, Udorn Thani, Sakol Nakhon, Chiang Mai, Sri Saket, Chiang Rai, Mahasarakham y Buriram. El 2 de diciembre se lanzó una granada desde un paso elevado cercano al aeropuerto internacional de Don Muang, que causó la muerte a un manifestante contrario al gobierno e hirió a otras más de 20 personas. Ninguno de los responsables de estos ataques ha comparecido ante la justicia.

“En los últimos meses, las fuerzas progubernamentales han ejercido violencia impunemente contra los manifestantes”, ha declarado Sam Zarifi. “El sistema judicial tailandés tiene que hacer rendir cuentas a estos delincuentes; de lo contrario, es probable que el ciclo de violencia continúe.”

Se han cerrado las escuelas cercanas a los lugares de protesta de la Alianza Popular por la Democracia para proteger al alumnado y al profesorado de la propagación de la violencia. Numerosos enfrentamientos violentos entre la Alianza Popular y grupos progubernamentales han quedado filmados, por ejemplo el que tuvo lugar el 25 de noviembre ante la sede del Grupo Radio Taxi, afín al gobierno. Taxistas partidarios del gobierno se congregaron ante su sede de Bangkok y lanzaron ladrillos y botellas de agua a convoyes de la Alianza Popular. En respuesta, los manifestantes de la Alianza Popular abrieron fuego con pistolas y utilizaron tirachinas contra los agresores. Algunos de los seguidores de la Alianza Popular saltaron de sus camiones para atacar a miembros del Grupo Radio Taxi con machetes, palos de madera y astas de bandera. Antes de huir, los simpatizantes de la Alianza Popular incendiaron motocicletas y trataron de obligar a los reporteros de televisión a borrar las cintas grabadas. Al menos 11 miembros del Grupo Radio Taxi fueron trasladados rápidamente al hospital, la mayoría con heridas de bala.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional también sienten una honda preocupación por la violencia desencadenada fuera de Bangkok. El 26 de noviembre se produjo un enfrentamiento mortal entre el grupo Rak Chiang Mai 51 y la Alianza Popular por la Democracia en la provincia septentrional de Chiang Mai, donde el primer ministro Somchai Wongsawat se había visto obligado a establecer una sede temporal. El grupo Rak Chiang Mai 51, cuyos miembros van vestidos de rojo, creó unidades armadas para proteger allí al primer ministro. En primer lugar, atacaron e hirieron gravemente a dos funcionarios del Tribunal Constitucional, a quienes confundieron con manifestantes de la Alianza Popular, en el aeropuerto de Chiang Mai. Seguidamente se dispusieron a “dar caza” a los miembros de la Alianza Popular, vestidos de amarillo, y a impedirles celebrar protestas contra Somchai Wongsawat. Petchawat Watanapongsirikul, destacado partidario del gobierno en el norte de Tailandia, ordenó a un centenar de miembros del grupo Rak Chiang Mai 51 atacar la emisora de radio Vihok, de la Alianza Popular, en la provincia de Chiang Mai, con machetes, granadas de fabricación casera, pistolas, tirachinas, palos de madera, tuberías de hierro y ladrillos. Imágenes de noticiarios y declaraciones de testigos muestran que la policía y las autoridades locales no hicieron ningún esfuerzo por impedir los actos violentos, durante los cuales un integrante de la emisora de radio Vihok murió al recibir hachazos y disparos.

“La policía no puede tomar partido en las luchas entre grupos armados”, ha manifestado Brad Adams. “Cuando estalla la violencia, tiene el deber de intervenir con imparcialidad y respetando escrupulosamente la ley.”

Durante las protestas se vio comprometida la seguridad de la infancia. Pese a que muchos manifestantes de la Alianza Popular por la Democracia estaban armados y en sus lugares de protesta a menudo había explosiones y disparos, estaban presentes muchas personas menores de edad. En vez de mantenerlos apartados del peligro, los líderes de la Alianza Popular llevaban habitualmente consigo a niños y niñas a los lugares de conflicto en la sede del gobierno, que había sido blanco de varios ataques mortales con granadas. Si las protestas se reanudan, los líderes de la Alianza Popular, los manifestantes y la policía deben tomar medidas para garantizar que se mantiene apartada a la infancia de las zonas peligrosas y, en particular, de los potenciales lugares de enfrentamiento. La policía y otras fuerzas gubernamentales deben asegurarse de que sus acciones no ponen en peligro a los niños y niñas.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado preocupación por la posibilidad de cometer abusos que brindan los amplios poderes otorgados a la policía en virtud del decreto de emergencia anunciado por el primer ministro Somchai Wongsawat el 27 de noviembre. El decreto, que sigue en vigor, autoriza a la policía a poner fin a la ocupación de los dos aeropuertos y le permite activar en cualquier momento los siguientes poderes de emergencia:

1. Prohibir a toda persona abandonar su vivienda durante el periodo establecido;

2. Prohibir la reunión o concentración de personas en un lugar determinado o cualquier conducta que pueda incitar o llevar a una situación de malestar social;

3. Prohibir la publicación, distribución o difusión de cartas, material impreso o cualquier otro medio de comunicación que pueda generar temor entre la población o cuyo objetivo sea tergiversar la información y hacer que se malinterprete la situación de emergencia de modo que afecte a la seguridad o a la moral pública, tanto en la zona o localidad donde se ha decretado el estado de emergencia como en el país en su totalidad;

4. Prohibir el uso de rutas de comunicación o vehículos o fijar condiciones sobre el uso de tales rutas o vehículos;

5. Prohibir el uso de edificios o impedir el acceso o la salida de ellos;

6. Evacuar a personas de una zona designada o prohibirles entrar allí para garantizar su seguridad.

El artículo 5 del decreto de emergencia no establece límite alguno al número de veces que puede prorrogarse el estado de emergencia. Esto supone un riesgo de que se restrinjan de forma arbitraria, desproporcionada e indefinida los derechos y las libertades consagrados en el derecho internacional.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han manifestado su inquietud por el hecho de que el decreto de emergencia contenga además una amplia disposición de inmunidad. El artículo 17 estipula que las autoridades competentes u otras personas que tengan las mismas atribuciones y obligaciones no estarán sujetas a responsabilidad civil, penal o disciplinaria por utilizar los poderes de emergencia, siempre que tales actos se realicen de buena fe, no sean discriminatorios, sean razonables en las circunstancias dadas y no excedan las necesidades. Este artículo, que abarca todas las actuaciones policiales, incluidas aquéllas que pueden violar derechos humanos no derogables, como el derecho a la vida y a no sufrir tortura u otros malos tratos, infringe las obligaciones internacionales de Tailandia, incluidas las consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de investigar todas las violaciones de esa índole, sean cuales sean las circunstancias, y de hacer rendir cuentas a los responsables.

Una vez que han terminado las protestas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han instado al gobierno de Tailandia a que derogue inmediatamente el decreto de emergencia en los aeropuertos internacionales de Don Muang y Suvarnabhumi.

“Nadie debe estar por encima de la ley", ha manifestado Sam Zarifi. “Es importante que los autores de los abusos comparezcan ante la justicia y rindan cuentas de sus actos.”

FIN/

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