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AI Indice: ASA 43/01/00

Islas Salomón: No hay paz en el paraíso

Los grupos extremistas armados se han comprometido a evitar los combates mientras dure la conferencia de ministros de la Juventud de la Commonwealth, que comienza en las Islas Salomón el lunes. Amnistía Internacional afirmó hoy que deben evitar luchar, pero no sólo durante una semana, ni por los visitantes extranjeros, sino por sus propias familias y pueblos.

La reunión de 200 delegados de 50 países en la capital del país, Honiara, tiene lugar en un momento en que ha aumentado la violencia de un conflicto que la comunidad internacional prácticamente ha dejado de lado y que ha causado al menos 60 muertos y hasta 20.000 desplazados desde octubre de 1998.

La semana pasada, un camión que transportaba escolares fue tiroteado. En un mercado de Honiara se encontró el cuerpo de un hombre decapitado, y en un control de carreteras se mostraba la cabeza de otro cadáver.

El Movimiento de Liberación Isatabu ha obligado a unos 20.000 habitantes de Guadalcanal, la mayoría colonos de la vecina provincia de Malaita, a abandonar sus hogares, trabajos y propiedades y buscar refugio con familiares en la asediada Honiara o en otras islas. Tanto el Movimiento de Liberación Isatabu como su rival paramilitar, las Águilas de Malaita, controlaban la semana pasada los movimientos de la policía en las zonas del este de la capital, cerca del aeropuerto internacional.

Las Águilas de Malaita buscan venganza por los terribles homicidios y la pérdida de prestigio y de propiedades a manos de grupos de extremistas armados empobrecidos del Movimiento de Liberación Isatabu de la isla de Guadalcanal. Entre los extremistas del Movimiento de Liberación Isatabu, como se los suele llamar, hay cientos de niños soldados, algunos procedentes de familias que han sido obligadas a proporcionar reclutas.

Las Águilas de Malaita, armadas y apoyadas ilegalmente por miembros de la policía, en la que predominan los agentes procedentes de Malaita, utilizan la violencia para imponer sus condiciones en un frágil proceso de paz que el año pasado inició el Enviado Especial de la Commonwealth, el ex primer ministro de Fiji Sitiveni Rabuka. Rabuka espera presidir unas nuevas negociaciones el sábado 27 de mayo. Los paramilitares establecieron recientemente un bloqueo de alimentos, combustible y medicamentos que ha dejado inmovilizados los suministros de la Cruz Roja y otras ayudas a las zonas rurales.

La semana pasada, los combatientes de las Águilas de Malaita registraron a punta de pistola cerca del aeropuerto internacional a los 12 integrantes de una fuerza de mantenimiento de la paz que iban desarmados. No se sabe claramente cuántos combatientes han resultado muertos o heridos en la zona.

«Todos los bandos del conflicto étnico de Guadalcanal, tanto los grupos armados rivales como las fuerzas policiales, deben aceptar su responsabilidad en los abusos contra los derechos humanos. Al amenazar, matar o tratar brutalmente a la población civil, los grupos armados sólo están dificultando los actuales y futuros esfuerzos por lograr la paz», ha afirmado Amnistía Internacional.

«Para que los recientes y prometedores esfuerzos de paz sean fructíferos, las autoridades, especialmente la policía, necesitarán ayuda internacional urgente a fin de detener la espiral de violencia y poner fin al sufrimiento y a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por todos los bandos del conflicto.»

Existe una alentadora buena voluntad entre las partes influyentes, y ansias de paz y justicia entre la castigada población civil, que desea volver a la vida normal, pero sin el apoyo de unas fuerzas de seguridad neutrales, cuya capacidad y formación haya mejorado, la policía no podrá recuperar el control sobre el orden público.

Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto armado que respeten las normas internacionales de derechos humanos. Para avanzar hacia la paz y la reconciliación es fundamental que se reconozca y se afronte el hecho de que todos los bandos han cometido abusos contra los derechos humanos.

«Pedimos a todos los líderes de grupos extremistas armados que pongan fin a los homicidios en represalia y no den pábulo a rumores desestabilizadores. Torturar o matar civiles y hacer sufrir a las mujeres y a los niños son graves abusos contra los derechos humanos y las leyes internacionales humanitarias», manifestó Amnistía Internacional.

Información general

En Guadalcanal, la principal isla del suroeste de este país del Pacífico, se ha producido recientemente una escalada en la violencia entre etnias, resultado fundamentalmente de disputas por la tierra no resueltas entre los habitantes de los pueblos locales y los colonos llegados tras la Segunda Guerra Mundial. Desde finales de 1998, grupos armados de jóvenes desempleados, iracundos por considerar que el gobierno no actúa para solucionar sus quejas, recurrieron a las armas, los actos de atroz violencia y la intimidación a fin de expulsar de las zonas rurales de Guadalcanal a casi todos los colonos de otras islas. Miles de familias desplazadas han abandonado desde entonces sus hogares, la mayoría en dirección a la capital, Honiara, situada en la costa septentrional, que ahora es un enclave malaito (malaita, etnia que corresponde a la isla de Malaita) dentro del territorio controlado por los grupos extremistas armados. Cientos de casas han sido incendiadas o saqueadas.

En enero, la policía hizo añicos la esperanza de una vuelta relativa a la normalidad al permitir que el grupo paramilitar Águilas de Malaita, de reciente creación, asaltara un arsenal policial sin llevar a cabo ninguna detención. Desde entonces, las frecuentes operaciones de este grupo, los tiroteos esporádicos y los ataques en venganza contra civiles a los que se escoge por su etnia, han aumentado la presión sobre un gobierno que lucha para resolver las quejas y exigencias de compensación de ambos bandos del conflicto.

Los grupos extremistas armados de Guadalcanal, los delincuentes oportunistas y los grupos de autodefensa malaitos han sido responsables de graves abusos contra los derechos humanos, como tomas de rehenes, homicidios, torturas, violaciones y saqueos e incendios de casas. La policía no pone a los autores de estos abusos a disposición judicial, y permite que ambos grupos armados continúen con sus operaciones prácticamente sin riesgo de ser detenidos. La policía es parcial, teme sufrir represalias o es incapaz de actuar.

Algunos elementos de la policía, en la que predomina la etnia malaita, también han cometido violaciones de derechos humanos en el marco de operaciones contra los grupos extremistas armados, como disparos indiscriminados contra pueblos ocupados por mujeres y niños y malos tratos a menores detenidos como sospechosos de algún delito. Las autoridades no han investigado las denuncias de agresiones sexuales cometidas por algunos agentes ni las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Amnistía Internacional condena los abusos cometidos por los grupos extremistas armados y los grupos paramilitares, pero esta postura no implica que reconozca ni condene a esos grupos ni opine sobre la legitimidad de sus objetivos o su programa político.