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7 de junio del 2000

Islas Salomón: Atacada una escuela mientras aumenta el riesgo para los civiles

Ante la intensificación de los combates al este de Honiara, islas Salomón, Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos las partes en el conflicto armado de Guadalcanal para que respeten los principios del derecho internacional humanitario y, en particular, protejan la vida de los civiles.

La organización considera motivo de gran preocupación el ataque, aparentemente indiscriminado, lanzado contra un pueblo por una patrullera de la policía de la que se habían apoderado fuerzas paramilitares.

«Los habitantes del pueblo afirman que están absolutamente aterrorizados —ha explicado Heinz Schurmann-Zeggel, investigador de Amnistía Internacional sobre el sur del Pacífico—. El miércoles por la mañana fue alcanzada una escuela, donde, según los informes, bombardearon el techo de uno de los edificios. Todos los niños habían sido evacuados previamente, pero todavía había civiles en la zona».

«Vamos a seguir verificando la información sobre bajas y otros aspectos de este caso, pero hasta ahora no hemos visto nada que pudiera ser considerado un objetivo militar en el momento del ataque».

Los combates duraron al menos cuatro horas y se desarrollaron en los cultivos y terrenos agrestes de la isla principal de Guadalcanal, en una zona situada al este del aeropuerto internacional controlado, desde hace poco por grupos extremistas armados de Guadalcanal. Según informes, se disparó contra un avión fletado para evacuar a una delegación de altos cargos de la Unión Europea cuanto intentó despegar. No hubo heridos. El martes se intentó evacuar a los granjeros chinos y al personal local, pero, como se esperaba que estallaran intensos combates en cualquier momento, resultó imposible hacerlo.

El jefe de los 20 observadores desarmados llegados de Fiyi y Vanuatu para vigilar el proceso de paz dijo al investigador de Amnistía Internacional que sus hombres se estaban preparando para marcharse a la menor oportunidad.

«Dada la aparente participación de agentes de policía en la operación paramilitar contra los grupos extremistas armados de Guadalcanal, la partida de los observadores del proceso de paz podría tener lamentables consecuencias para la protección de los derechos humanos», ha afirmado Schurmann-Zeggel.

Información general

El intento armado de arrebatar el poder al gobierno de las islas Salomón, realizado por el grupo paramilitar Águilas de Malaita con ayuda de al menos un centenar de miembros de la policía, en la que predominan los agentes procedentes de Malaita, ha puesto a la población civil en gran peligro. El intento de golpe de Estado del lunes pone de manifiesto la falta de determinación de las autoridades nacionales y la comunidad internacional para hacer frente a los graves abusos que se cometen contra los derechos humanos en el contexto de un conflicto étnico cada vez más intenso.

Tras dieciocho meses e violencia étnica y de intensos esfuerzos pacificadores realizados bajos los auspicios de la Commonwealth, aún no se han pedido responsabilidades a nadie por las decenas de homicidios y secuestros cometidos ni por el desplazamiento de más de 20.000 personas.

Las familias de al menos 60 personas muertas o en paradero desconocido esperan todavía justicia. Recientemente los paramilitares dispararon contra un vehículo que llevaba niños a la escuela, y los grupos extremistas armados de Guadalcanal han presionado a muchos menores para que se alisten en sus filas. Ambos bandos afirman estar luchando para proteger su territorio en Guadalcanal.

Las Águilas de Malaita, armadas y apoyadas ilegalmente por miembros de la policía incluso antes del golpe del lunes, recurren desde febrero del 2000 a la violencia para influir en el proceso de paz iniciado el año pasado por el enviado especial de la Commonwealth, el ex primer ministro de Fiyi Sitiveni Rabuka.

La población civil continúa expuesta a sufrir desplazamiento y ataques indiscriminados. La mayoría de los arsenales de la policía han sido asaltados por grupos paramilitares y por grupos extremistas armados enfrentados en un conflicto étnico no sólo por cuestiones de derechos sociales y económicos, sino también por abusos contra los derechos humanos que han quedado impunes.

Amnistía Internacional, que visitó Guadalcanal y Malaita en septiembre, ha hecho reiterados llamamientos a todas las partes en el conflicto para que protejan a la población civil desarmada y respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.