Amnistía Internacional

PREOCUPACIONES EN EUROPA

Enero - Junio de 1996

Agosto de 1996RESUMENÍndice AI: EUR 01/02/96/s

DISTR: SC/CO/GR (36/96)

Países y motivos de preocupación:Página

INTRODUCCIÓN1

ALBANIA2

Presos de conciencia2

Presos políticos2

Detención o malos tratos a periodistas2

Elecciones nacionales de mayo: Detención arbitraria y malos tratos a adversarios políticos3

La pena de muerte3

ALEMANIA3

Presuntos malos tratos a detenidos3

Los posibles presos de conciencia Mathias B. y Jan L.5

ARMENIA7

Denuncias de malos tratos a detenidos7

Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías8

El fiscal pide la pena de muerte en el caso «Dro»9

AUSTRIA9

Presuntos malos tratos a detenidos9

AZERBAIYÁN10

Tofiq Masim oglu Qasimov, posible preso de conciencia 10

Denuncias de malos tratos a detenidos11

La pena de muerte12

BÉLGICA13

Abolición total de la pena de muerte 13

BIELORRUSIA13

Violaciones de derechos humanos después de una manifestación contra el gobierno13

BOSNIA-HERZEGOVINA14

El acuerdo de paz de Dayton y su puesta en práctica; se pide el arresto de sospechosos de crímenes de guerra14

Ataques a desplazados que deseaban retornar a sus lugares de origen y contra refugiados; pocos regresos15

Hostigamiento a minorías y a adversarios políticos; expulsiones forzosas16

Detención arbitraria de civiles; personas «desaparecidas» y «en paradero desconocido»17

BULGARIA18

Disparos, muertes bajo custodia, tortura y malos tratos18

CROACIA19

Procesamiento a periodistas19

Abusos contra los derechos humanos en la Krajina; vuelven pocos refugiados20

Actos violentos en otras zonas de Croacia21

ESPAÑA22

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina a España22

Se publican los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT)23

Acciones judiciales por denuncias de torturas y malos tratos23

Abusos de un grupo armado de oposición24

Objeción de conciencia al servicio militar24

FEDERACIÓN RUSA24

Carta abierta a los candidatos a la presidencia24

Conflicto armado en la República Chechena25

Malos tratos y torturas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley25

Presuntos malos tratos a dos familias chechenas en Moscú26

Ataques contra turcos mesjetios por parte de cosacos en el Territorio de Krasnodar27

Presos de conciencia27

La pena de muerte: continúan las ejecuciones28

FRANCIA29

Reuniones con autoridades gubernamentales29

Funcionarios engargados de hacer cumplir la ley condenados en casos de homicidios y malos tratos30

GEORGIA33

La pena de muerte y presuntos malos tratos a detenidos33

La nueva ley sobre el Defensor del Pueblo34

Preocupaciones sobre la disputada región de Abjasia35

GRECIA36

Juicios sobre la libertad de expresión36

Objeción de conciencia al servicio militar36

Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías36

Nuevas denuncias de malos tratos37

ITALIA38

Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 38

Francesco Mazzeo, abatido a tiros por la Guardia di Finanza40

KAZAJSTÁN40

Presuntos malos tratos bajo custodia policial y en el sistema penitenciario40

La pena de muerte41

KIRGUISTÁN42

Llamamiento de Amnistía Internacional en favor del respeto por los derechos humanos42

La pena de muerte 43

MOLDAVIA43

Abolición de la pena de muerte43

Muerte bajo custodia en la autoproclamada República Moldava del Dniéster43

PORTUGAL44

Nuevas denuncias judiciales de malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley44

Homicidio y decapitación de Carlos Rosa45

Ataque policial en Santo Tirso46

Seguimiento de casos anteriores46

REINO UNIDO46

Muertes bajo custodia46

Informes de malos tratos47

Investigaciones en Irlanda del Norte48

Abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares48

Colusión49

Legislación de emergencia49

REPÚBLICA CHECA50

Presuntos malos tratos en un club de rock de Praga50

El caso de Martin Červeňák50

REPÚBLICA ESLOVACA50

Presuntos malos tratos al doctor Vasilij Demidov50

RUMANÍA51

Disparos de agentes de policía51

Presuntos malos tratos a Iulian Vlad52

Violencia anti-romaní en Bucarest53

SUIZA54

Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía54

TAYIKISTÁN57

Amnistía presidencial para un ex preso de conciencia57

Respuesta oficial sobre la ejecución extrajudicial de Muso Isoyev57

La pena de muerte58

Homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por las fuerzas de oposición58

TURKMENISTÁN58

Presos de conciencia y malos tratos a opositores políticos58

TURQUÍA60

La brutalidad en las cárceles tiene como resultado muertes y huelgas de hambre60

Periodista golpeado hasta morir cuando estaba bajo custodia policial61

Indicios de implicación del Estado en la matanza de Güçlükonak61

Pruebas médicas corroboran los informes de tortura de estudiantes de enseñanza secundaria.62

Un niño muerto bajo custodia62

Continúan los homicidios cometidos por grupos de oposición63

UCRANIA63

La pena de muerte: continúan las ejecuciones63

UZBEKISTÁN64

Presos de conciencia64

«Desapariciones» 65

Tortura y malos tratos65

La pena de muerte66

YUGOSLAVIA66

Respuesta a las solicitudes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 66

Ley de amnistía66

Presos políticos, presos de conciencia, liberaciones66

Ataques a serbios en la provincia de Kosovo y posteriores represalias contra la etnia albanesa de la localidad67

Pena de muerte y muertes tras presuntos malos tratos bajo custodia67

RATIFICACIONES - NOVEDADES67

ANDORRA67

AZERBAIYÁN67

ESTONIA68

IRLANDA68

LITUANIA68

MOLDAVIA68

SECCIÓN SUPLEMENTARIA:

LAS MUJERES EN EUROPA; RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL69

PALABRAS CLAVE: PRESOS DE CONCIENCIA / MUJERES / PERIODISTAS / REFUGIADOS / MINORÍAS / OBJETORES DE CONCIENCIA / TORTURA/MALOS TRATOS / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / MUERTE BAJO CUSTODIA / DISCRIMINACIÓN RACIAL / IMPUNIDAD / PENA DE MUERTE / CENSURA / POLICÍA /

Este informe resume el documento Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1996 (Índice AI: EUR 01/02/96/s) publicado por Amnistía Internacional en agosto de 1996. Si desea más información o emprender alguna acción sobre este tema deberá consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

PREOCUPACIONES EN EUROPA

Enero - Junio de 1996

Agosto de 1996

Índice AI: EUR 01/02/96/s

Distr: SC

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

PREOCUPACIONES EN EUROPA

ENERO - JUNIO DE 1996

INTRODUCCIÓN

Este boletín contiene información sobre los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Europa en el periodo comprendido entre enero y junio de 1996. En él no hay información sobre todos los países de Europa, sino sólo sobre aquéllos en los que se produjeron acontecimientos importantes durante ese periodo.

Las cinco repúblicas de Asia Central de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán se incluyen en el documento debido a su condición de miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Se han publicado varios informes dedicados a países individuales sobre las preocupaciones reflejadas en este boletín. En los apartados de los países en cuestión se hace referencia a estos informes. Además, puede encontrarse información más detallada sobre incidentes o preocupaciones concretas en las Acciones Urgentes y los Servicios de Noticias publicados por Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional publica este boletín cada seis meses. Las referencias a boletines anteriores que aparecen en el texto son las siguientes:

Índice AI: EUR 01/01/96/sPreocupaciones en Europa: julio - diciembre de 1995

Índice AI: EUR 01/02/95/sPreocupaciones en Europa: enero - junio de 1995

Índice AI: EUR 01/01/95/s Preocupaciones en Europa: mayo - diciembre de 1994

Índice AI: EUR 01/02/94/sPreocupaciones en Europa: noviembre de 1993 - abril de 1994

ALBANIA

Presos de conciencia

Fatos Nano, dirigente del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, seguía encarcelado (véanse los Informes de Amnistía Internacional 1995 y 1996). En febrero, un tribunal de Berat sentenció a seis meses de prisión a Lambi Mile, testigo de Jehová, que se había negado a hacer el servicio militar por motivos religiosos. En marzo, un tribunal de Saranda sentenció a Sulejman Mekollari y a otros tres hombres a penas de hasta cuatro años de prisión. Habían distribuido panfletos en los que se podía leer la siguiente consigna: «Berisha [el presidente de Albania] es un espía. América, fuera de Albania». Sulejman Mekollari también fue declarado culpable de intentar volver a crear el antiguo Partido Comunista de Albania, prohibido oficialmente en 1992. Tanto las condenas como las sentencias fueron confirmadas en segunda instancia. En marzo, Timoshenko Pekmezi y otros tres hombres fueron arrestados en Tirana bajo acusaciones parecidas y en mayo, según los informes recibidos, un hombre de etnia albanesa de Yugoslavia, Nusret Reçica, fue detenido por distribuir los escritos de Enver Hoxha, el ex gobernante comunista de Albania.

Presos políticos

Más de 40 personas, casi todas ellas antiguos destacados dirigentes comunistas, se encontraban bajo investigación, procesadas o condenadas por los cargos de «genocidio» y «crímenes contra la humanidad» en relación con graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo el anterior régimen comunista. A finales de junio, por lo menos a 14 de ellas las habían declarado culpables de ser responsables del prolongado «internamiento» (exilio interno) de disidentes políticos y de sus familias. A tres las sentenciaron a muerte; a cinco, a cadena perpetua, y al resto a penas de entre 16 y 25 años de prisión. En enero, Idajet Beqiri, dirigente de uno de los partidos de la oposición, Unikomb, fue arrestado por cargos similares aunque no había ocupado ningún puesto oficial destacado. Los informes recibidos por Amnistía Internacional indicaban que se le había negado un juicio con las debidas garantías.

Detención o malos tratos a periodistas

Se ha incrementado la persecución oficial a la prensa independiente y de la oposición. Al menos una docena de periodistas estuvieron detenidos durante breves periodos, acusados o amenazados con cargos, o bien sufrieron malos tratos bajo la custodia de la policía. Entre ellos se encontraba Fatos Veliu, a quien golpearon unos agentes de policía de Saranda. El 28 de mayo, policías vestidos de civil detuvieron a Bardhok Lala, periodista del diario independiente Dita Informacion, cuando se encontraba observando unas manifestaciones de la oposición en Tirana. Le condujeron a un lago en las proximidades de Tirana, le golpearon, desnudaron y sometieron a un simulacro de ejecución. Sufrió graves contusiones en la espalda y en los ojos y, según informes, los médicos dijeron que tenía fractura de cráneo y heridas en la zona genital.

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ión arbitraria y malos tratos a adversarios políticos

La policía detuvo hasta 48 horas y en ocasiones sometió a malos tratos a varios cientos de miembros o simpatizantes de los partidos de la oposición durante los meses anteriores a las elecciones nacionales. Parece ser que a la mayor parte de ellos los detuvieron por ejercer, sin violencia, su derecho a la libertad de expresión, asociación o asamblea. El 28 de mayo, dos días después de las elecciones, los partidos de la oposición convocaron una manifestación en Tirana para protestar contra el fraude electoral. Las autoridades negaron el permiso para que se llevara a cabo la manifestación y la policía la disolvió violentamente y detuvo y golpeó a más de 100 manifestantes, entre los que se encontraban líderes de la oposición, mujeres y personas de avanzada edad. Según los informes recibidos, siete agentes de policía fueron posteriormente destituidos por «incompetencia».

La pena de muerte

De acuerdo con el presidente del tribunal del distrito de Tirana, este tribunal había condenado a muerte a nueve personas durante los seis primeros meses del año. Tres ex dirigentes comunistas fueron sentenciados a la pena capital (véase supra) y otros seis hombres fueron declarados culpables de asesinato. No se había ejecutado ninguna sentencia.

En junio, Amnistía Internacional escribió al presidente Berisha para pedirle la excarcelación de los presos de conciencia. La organización también solicitó que se sometiera a juicios con las debidas garantías a los ex dirigentes acusados de «genocidio» y de «crímenes contra la humanidad». La organización manifestó que consideraba que Idajet Beqiri podría ser preso de conciencia y solicitó la revisión urgente de su caso y que se le dejara en libertad si se demostraba que se encontraba encarcelado únicamente debido a sus convicciones políticas no violentas o bien que se le sometiera a un juicio justo sin dilación de acuerdo con las normas internacionales. Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes relacionados con la detención y malos tratos infligidos a los partidarios de la oposición en relación con las elecciones de mayo y pidió que se pusiera a disposición judicial a los agentes de policía responsables de violaciones de derechos humanos. La organización instó a que se conmutaran todas las penas de muerte y a que se aboliera la pena capital.

ALEMANIA

Presuntos malos tratos a detenidos

El caso de Ahmet Delibas

En octubre de 1995, Ahmet Delibas, de nacionalidad turca, denunció que unos agentes de policía de la ciudad de Hamm, situada en la región de Renania del Norte-Westfalia, le agredieron tras arrestarle cuando salía de una discoteca.

Ahmet Delibas manifestó que tras una pelea en el exterior de la discoteca, de la que él fue testigo pero en la que no participó, le esposaron e introdujeron en un vehículo de la policía. En su interior, le sentaron entre un agente vestido de civil y otro uniformado. Según Ahmet Delibas, el agente de civil le cogió por el cuello con una mano y empezó a estrangularle. Al parecer, ambos agentes le propinaron reiterados puñetazos en la cara.

Según los informes, Ahmet Delibas quedó tan atontado por los golpes que cuando el vehículo llegó a la comisaría de policía tuvieron que arrastrarle hasta su interior. Más tarde le condujeron a un hospital donde confirmaron que había sufrido graves lesiones en la cara, entre ellas fractura del pómulo izquierdo, dos fracturas en la cuenca del ojo izquierdo y otras dos en la del derecho. Hubo que someterle a dos operaciones.

El mismo día en que se produjeron los presuntos malos tratos, las autoridades policiales de Hamm emitieron un comunicado de prensa en el que se decía que dos agentes de policía habían sido agredidos cuando intentaban poner fin a una pelea cerca de la discoteca «Max», y que habían resultado heridos. Los agentes reconocieron a uno de sus agresores y lo detuvieron. Esta persona opuso resistencia a sus esfuerzos para introducirle en el vehículo policial.

Amnistía Internacional instó en abril a las autoridades de Renania del Norte-Westfalia a que llevaran a cabo una investigación pronta e imparcial de los presuntos malos tratos infligidos a Ahmet Delibas, en aplicación del artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) de las Naciones Unidas. En junio, el ministro del Interior informó a la organización de que se estaban investigando la denuncia presentada por Ahmet Delibas y las afirmaciones de la policía de que éste había agredido a los agentes y opuesto resistencia a la detención.

El caso de Mohamed Z.

En enero, el ciudadano marroquí Mohamed Z. denunció que un agente de policía le había propinado puñetazos en la cabeza y el cuerpo cuando la policía le detuvo junto con dos amigos en el centro de la ciudad de Frankfurt. Al intentar evitar los golpes, el agente le esposó las manos a la espalda. Ese mismo agente presuntamente le golpeó en la cabeza con una linterna y le propinó patadas en la cara y el cuerpo mientras permanecía tendido en el suelo. Según Mohamed Z., le introdujeron en un vehículo policial y le condujeron a una comisaría, donde le encerraron en una celda. Allí le hicieron desnudarse y el mismo agente que le había maltratado en la calle volvió propinarle puñetazos y patadas. Según informes, estaban presentes otros dos agentes de policía. Tras quedar en libertad, Mohamed Z. fue derecho a un hospital donde le atendieron de lesiones y abrasiones múltiples, así como de cortes en la cabeza, que requirieron puntos de sutura. Según un artículo publicado en el Frankfurter Rundschau del 17 de febrero, un portavoz de la policía sólo pudo confirmar que el agente acusado de malos tratos por Mohamed Z. había presentado una denuncia contra el ciudadano marroquí por resistirse a la autoridad estatal.

En abril, Amnistía Internacional instó a las autoridades de Hesse a que llevaran a cabo una investigación pronta e imparcial de los presuntos malos tratos infligidos a Mohamed Z. En mayo, el ministro de Justicia informó a la organización de que se estaba investigando a un agente de policía de alta graduación.

El caso de Muhamed A. (Véase Federal Republic of Germany: The alleged ill-treatment of foreigners - An update of the May 1995 report, Índice AI: EUR 03/02/96)

El Director de la Fiscalía de Colonia informó en marzo a Amnistía Internacional que había ordenado que se abriera nuevamente la investigación de la denuncia de que unos agentes de policía habían maltratado a Muhamed A. Con anterioridad, la organización había manifestado al ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia su inquietud por que la primera investigación de la denuncia no hubiera sido «pronta e imparcial», tal y como estipula la Convención contra la Tortura.

El caso de Hidayet Secil (Véase Federal Republic of Germany: The alleged ill-treatment of foreigners - An update of the May 1995 report, Índice AI: EUR 03/02/96)

Las autoridades de Baden-Württemberg informaron en febrero a Amnistía Internacional que la denuncia de malos tratos por parte de la policía presentada por el ciudadano turco Hidayet Secil había sido desestimada. Asimismo, las autoridades criticaron a Amnistía Internacional por su parcialidad en la investigación del caso.

Hidayet Secil había denunciado que un agente le había propinado cuatro puñetazos en el rostro y otro le había golpeado reiteradamente con su porra mientras le sujetaban otros tres policías. Entre las lesiones sufridas por Hidayet Secil figuraban posible fractura nasal, magulladuras en el labio y la mandíbula superiores, siete magulladuras en la espalda y posible fractura de una costilla.

Según los resultados de una investigación, los policías implicados, uno de los cuales resultó con un dedo fracturado como consecuencia del incidente, actuaron en «defensa propia» cuando Hidayet Secil los agredió al resistirse a los intentos de detenerle en su domicilio.

En marzo, Amnistía Internacional expresó a las autoridades de Baden-Württemberg su preocupación ante la posibilidad de que la investigación de las denuncias de Hidayet Secil no hubiera sido imparcial, como estipula el artículo 12 de la Convención contra la Tortura. La organización instó a las autoridades a que reabrieran la investigación y se aseguraran de que esta vez la fiscalía interrogara personalmente a todas las personas presentes durante la detención de Hidayet Secil, incluidos los agentes que la efectuaron; acudiera personalmente al lugar donde presuntamente se habían producido los malos tratos y obtuviera el informe de un médico experto sobre las posibles causas de la herida que uno de los agentes presentaban en el dedo pulgar y las demás lesiones sufridas tanto por el denunciante como por los agentes acusados; prestara especial atención, en su investigación, a los principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley; tratara con imparcialidad las declaraciones de todos los testigos y remitiera el caso a un tribunal si no pudiera aclarar todos los elementos contrarios y contradictorios de los testimonios del denunciante, los agentes acusados y otros testigos.

Amnistía Internacional rechazó también las críticas a su labor efectuadas por las autoridades. La denuncia de malos tratos policiales presentada por Hidayet Secil estaba apoyada por fuertes indicios prima facie, entre ellos pruebas médicas que concordaban con sus denuncias. La organización incluyó también en su descripción del caso la respuesta inmediata a la denuncia efectuada por las autoridades policiales. En las pesquisas llevadas a cabo ante las autoridades pertinentes, Amnistía Internacional no consiguió más información; la autoridad fiscal declinó informar a la organización del resultado de su investigación, el Ministerio del Interior respondió que no era responsable de «las decisiones adoptadas en aplicación de la ley sobre extranjeros» y la autoridad policial que llevó a cabo la investigación respondió que no conocía a ningún «Hidayet Secil».

La autoridad fiscal informó en marzo a Amnistía Internacional que el recurso interpuesto por Hidayet Secil contra la decisión de no presentar cargos contra ninguno de los agentes a los que había denunciado por malos tratos había sido rechazado. Hidayet Secil ha solicitado la revisión judicial de esta decisión.

Los posibles presos de conciencia Mathias B. y Jan L.

En febrero, Amnistía Internacional manifestó a las autoridades de Bremen su inquietud ante la próxima celebración de los juicios de Mathias B. y Jan L., acusados ambos de «ofrecer a la venta escritos en los que...se ataca la dignidad humana de otras personas... difamando a un sector determinado de la población», delito recogido en la sección 130 («Incitación al pueblo») del Código Penal alemán, que estipula para él una pena máxima de tres años de prisión. Según el acta de acusación presentada contra ellos, durante una reunión pública que tuvo lugar en un juzgado de Bremen en mayo de 1995, los dos hombres pusieron a la venta ejemplares de un documento que contenía «numerosos pasajes en los que se difamaba a la policía de Bremen». En la acusación se citaban varios fragmentos del documento ─escrito por la organización no-gubernamental Oficina contra el Racismo, con sede en Bremen─ en los que se acusaba a la policía de esta ciudad de prácticas racistas, entre ellas infligir malos tratos y detener arbitrariamente a personas de raza negra.

En la carta a las autoridades de Bremen, Amnistía Internacional expuso que consideraba que, al poner a la venta copias de dicho documento, Mathias B. y Jan L. habían ejercido su derecho a la libertad de expresión, garantizado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificados ambos por la República Federal de Alemania, que tiene la obligación legal de cumplirlos. Si alguno de los dos hombres fuera a prisión por vender el documento «Agentes de policía que te hacen vomitar», Amnistía Internacional los adoptaría como presos de conciencia y solicitaría su excarcelación inmediata e incondicional.

En la respuesta remitida en marzo a Amnistía Internacional por el Ministerio de Justicia de Bremen, éste calificó de «escandalosa» la acción de la organización y afirmó que tanto el artículo 19 del PIDCP como el artículo 10 del Convenio Europeo, que protegen el derecho a la libertad de expresión, reconocen que el ejercicio de ese derecho puede restringirse. El Ministerio acusó también a Amnistía Internacional de fundar sus preocupaciones en información incompleta y parcial de la Oficina contra el Racismo.

Amnistía Internacional replicó en mayo al Ministerio de Justicia que la postura de la organización, según la cual el encarcelamiento de Mathias B. y Jan L. en virtud de la sección 130 del Código Penal alemán violaría el derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y otras leyes e instrumentos internacionales, coincidía con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea de Derechos Humanos. Las decisiones de ambos organismos son vinculantes para las autoridades alemanas. (En el caso Thorgeirson contra Islandia, vol. 239, serie A, Resolución [1992], el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la condena de una persona por criticar la brutalidad de la policía de Reikiavik «en términos especialmente fuertes», basada, sobre todo, en informes de otras personas, infringía el artículo 10 del Convenio. El Tribunal declaró que la declaración de culpabilidad y la condena «podían desalentar la discusión abierta de asuntos de preocupación pública» [párrafo 68], e hizo hincapié en que «la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática: Según el párrafo 2 del artículo 10, no sólo es aplicable a «información» o «ideas» que tienen una acogida favorable, son consideradas inofensivas o suscitan indiferencia, sino también a las que ofenden, escandalizan o molestan» [párrafo 27]).

Amnistía Internacional rechazó también en la carta al Ministerio de Justicia de Bremen las acusaciones de que su investigación había sido incompleta y parcial. La información de la organización en los casos de los presuntos malos tratos que había abordado se obtuvo de denuncias escritas de las víctimas, informes médicos y artículos publicados por la prensa. Un representante de la organización viajó también a Bremen y entrevistó a las víctimas y los abogados. La información de Amnistía Internacional relativa a los casos de Mathias B. y Jan L. se basó en documentos de los tribunales y en el informe que se les acusó de distribuir.

En febrero se abandonó el caso contra Jan L. en aplicación de la sección 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que estipula que se interrumpan los procedimientos judiciales cuando la culpabilidad del acusado vaya a resultar insignificante en caso de ser declarado culpable. Al mes siguiente, un tribunal de Bremen declaró a Mathias B. culpable de «incitación al pueblo». Se le impuso una multa de 750 marcos. Mathias B. ha recurrido la condena.

ARMENIA

Denuncias de malos tratos a detenidos

En abril, el Comité contra la Tortura de la ONU revisó el Informe Inicial de Armenia según las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité observó aspectos positivos tales como la integración de prohibiciones contra la tortura en la nueva Constitución aprobada el año anterior, pero recomendó, entre otras cosas, que se mencionara la tortura en el código penal como delito por sí mismo y que se definiera con claridad; que se adoptaran medidas para garantizar que no se pudiera expulsar ni extraditar a ninguna persona a otros Estados donde corriera peligro de verse sometida a tortura; y que las autoridades investigaran y presentaran informes sobre todas las denuncias de malos tratos a detenidos. Los miembros del Comité mencionaron los informes de Amnistía Internacional sobre estas denuncias (véase Índice AI: EUR 54/04/95/s y EUR 54/05/95) y, aunque los delegados armenios las negaron, el Comité les recomendó que enviaran un informe después de realizar una investigación de las demandas.

Entre las denuncias que Amnistía Internacional ha seguido recibiendo figuran informes de que reclutas del ejército han sido golpeados por oficiales superiores, por instigación de éstos o con su conocimiento. Por lo general, estas denuncias, entre las que figuran aseveraciones de que hay reclutas que han muerto a consecuencia de las palizas o de la posterior falta de instalaciones médicas básicas, se han generalizado. Muchas de las presuntas víctimas aparentemente tienen miedo de las represalias o no tienen ninguna confianza en que las autoridades lleven a cabo una investigación imparcial o investiguen siquiera.

Un incidente más detallado, que se hizo público durante el periodo considerado en este informe, estaba relacionado con un joven llamado Amayak Oganesyan, al que llamaron a filas el 1 de mayo de 1995. De acuerdo con su padre, Vardazdat Oganesyan, los malos tratos comenzaron cuando los nuevos reclutas habían jurado bandera (tras los 45 días de instrucción inicial) y se les había asignado a una unidad. Una vez allí, parece ser que un sargento, cuyo nombre proporcionó, se burló de él, le infligió una herida de cuchillo en la zona de las costillas y le golpeó en la cabeza con una pica. Según el informe, no llevaron a Amayak Oganesyan a la enfermería y, por el contrario, recibió la amenaza de que «si te quejas, te haremos volar con una mina». Al parecer, un grupo de soldados golpeó a Amayak Oganesyan instigados por el sargento por lo menos en dos ocasiones en el curso de los siguientes días hasta el punto de dejarle inconsciente. Finalmente, le sacaron de allí cuando el jefe de la compañía, que había sido vecino suyo, se enteró de los hechos y le enviaron al hospital. En el hospital, según parece, un auxiliar médico golpeó a Amayak Oganesyan cuando este último se encontraba demasiado débil para realizar las tareas de limpieza de la sala que se le exigían. Dos días después, según los informes recibidos, Amayak Oganesyan volvió a ser golpeado con palos y con una barra de hierro cuando otro soldado le pidió sus ropas y él se negó a dárselas. Finalmente, le trasladaron a un hospital civil en Yerevan, la capital, donde le diagnosticaron que padecía un linfosarcoma y le dieron de baja en el ejército.

Vardazdat Oganesyan cuenta que presentó la primera queja sobre los malos tratos que estaba recibiendo su hijo al fiscal militar en jefe de Armenia el 18 de agosto de 1995 y le notificaron que la queja se le había pasado al fiscal militar del distrito de Zangezur. No recibió ninguna respuesta. Las autoridades centrales informaron a Vardazdat Oganesyan que no mantenían comunicaciones con Zangezur y que tendría que desplazarse allí para que le dieran una respuesta. El 30 de octubre de 1995 Vardazdat Oganesyan se puso en contacto con el ministro de Defensa pero con posterioridad recibió solamente una respuesta verbal del director del departamento médico del ministerio según la cual no había documentación disponible sobre el caso. El 4 de marzo de 1996, todavía sin ninguna respuesta concreta, Vardazdat Oganesyan solicitó la intervención del Procurador General, pero en el momento de redactar este boletín no se sabe que se hayan producido novedades significativas. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades pidiendo una investigación rápida, rigurosa y exhaustiva de las acusaciones, que se hagan públicas las conclusiones de dicha investigación y que se procese a todos los presuntos autores.

Durante el periodo en cuestión, el ministro de Defensa de Armenia respondió a los motivos de preocupación que Amnistía Internacional se había planteado sobre el papel desempeñado, según los informes, por el grupo paramilitar Yekrapah en los ataques a minorías religiosas (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). En una carta a Amnistía Internacional recibida el 16 de mayo, el ministro negaba categóricamente tanto que hubiera tomado parte en los ataques ningún hombre que se encontrara cumpliendo el servicio militar como que Yekrapah formara parte de su ministerio, aunque no indicaba qué investigaciones concretas se habían realizado sobre las acusaciones.

En otro caso, dos agentes de policía fueron condenados a seis años de prisión cada uno a consecuencia de la muerte bajo custodia de Rudik Vartanian, que falleció, a los 21 años, el 21 de enero de 1993 (véase índice AI: EUR 54/05/95). Fuentes extraoficiales han asegurado que siete policías le dieron una paliza y que murió a consecuencia de las heridas recibidas, entre las que figuraban tres fracturas de cráneo presuntamente infligidas con un instrumento contundente. En un principio se acusó a dos de los siete agentes, Samvel Dzhaginian y Artur Atabekian, de asesinato premeditado, aunque en el juicio, celebrado a finales de 1993, el juez devolvió el caso para que se realizaran más investigaciones basándose en la insuficiencia de pruebas. Luego se presentó un cargo diferente, de negligencia: se alegó que los agentes no habían tenido el cuidado suficiente para garantizar que Rudik Vartanian se encontraba adecuadamente vigilado y que había sufrido las heridas cuando se cayó al intentar escaparse. Después de varios acontecimientos, los dos agentes fueron finalmente procesados, en un juicio que comenzó el 30 de enero de 1996, acusados de nuevo de asesinato (artículo 99 parte 6) y de abuso de autoridad (artículo 183 parte 2). El 29 de marzo, una vez más, el tribunal devolvió el caso para que se realizaran nuevas investigaciones sobre el primer cargo, pero condenó a los dos policías por el segundo.

Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías

El 5 de marzo comenzó el juicio contra un destacado miembro del grupo de oposición Federación Revolucionaria Armenia (FRA), Vahan Hovanessian, y de otras 30 personas acusadas de intentar organizar un golpe de Estado armado. Los cargos van desde tenencia ilícita de armas hasta traición, que puede ser castigada con la pena de muerte. Al igual que en el caso «Dro», como veremos más adelante, ha trascendido que los acusados afirman haber sido golpeados o bien que estuvieron sometidos a coacción física y mental para que firmaran las confesiones, y que se les había negado acceso adecuado y completo a un abogado defensor de su elección, especialmente mientras se encontraban en detención preventiva. Manvel Yeghiazarian, por ejemplo, afirma que le agredieron durante su arresto, la noche del 29 al 30 de julio de 1995, y que le interrogaron inmediatamente después de llevarle al hospital de la prisión con conmoción cerebral, magulladuras y fractura de costillas. Otros afirman que les presionaron por medio de amenazas a su familia y se han retractado de su testimonio anterior. En el caso de Vahan Hovanessian, su abogada informó que entre los meses de agosto y octubre del pasado año solamente había podido reunirse con su cliente en tres ocasiones y nunca en privado.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que garanticen a los acusados un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales y a que todas las denuncias de malos tratos se investiguen de forma inmediata, exhaustiva e imparcial.

El fiscal pide la pena de muerte en el caso «Dro»

En otro importante juicio político marcado por las acusaciones de violaciones de procedimiento y malos tratos, el 9 de abril la acusación completó las alegaciones en la causa pidiendo la pena de muerte para cuatro de los 11 hombres acusados de ser miembros de un grupo terrorista clandestino encuadrado dentro de la FRA conocido como «Dro» (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s, EUR 01/01/96/s y EUR 54/05/95). A los cuatro ─Arsen Artsruni, Armenak Mnjoyan, Armenak Zakarian y Armen Grigorian─ se les acusa de varios delitos, entre ellos el asesinato. Los procedimientos del juicio no habían concluido al final del periodo a examen.

AUSTRIA

Presuntos malos tratos a detenidos

Durante el periodo a examen, Amnistía Internacional recibió varias acusaciones de que agentes de la policía austriaca habían utilizado una violencia excesiva o injustificada al practicar detenciones o inmovilizar a personas que o habían sometido deliberadamente a personas bajo su custodia a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Uno de estos casos se describe a continuación y otros dos se incluyen en la sección del informe titulada Las mujeres en Europa. En el mismo periodo, se acusó, juzgó y absolvió a unos agentes de policía por los presuntos malos tratos a que habían sometido a Emad Faltas, cuyo caso ya había documentado Amnistía Internacional.

El caso de Peter Rosenauer

En el mes de marzo, Peter Rosenauer afirmó que había recibido malos tratos de agentes de policía después de su arresto en una manifestación contra la construcción de una presa cerca de la ciudad de Lambach. En la denuncia que presentó ante la fiscalía de Wels, tres días después de su arresto, Peter Rosenauer afirmaba que dos agentes le habían golpeado deliberadamente tres veces la cabeza contra una pared mientras le llevaban a la comisaría de policía de Lambach y cuando él se encontraba con las manos trabadas en la espalda. Una vez en la comisaría, le llevaron a una habitación y le hicieron sentarse en un taburete. Al parecer, uno de los varios agentes que se encontraban presentes le dio un rodillazo en los testículos y le agarró por el pelo mientras otro le comentaba: «Si te atreves a presentar una reclamación, no vas a saber ni por dónde te han venido los golpes». Todos los agentes abandonaron la habitación menos uno, el cual comenzó a golpear a Peter Rosenauer en los hombros con la porra. Peter Rosenauer también afirmó que no había recibido atención médica ni en la comisaría de Lambach ni en el centro de detención de Wels (Gefangenenhaus Wels), donde le trasladaron ese mismo día más tarde. Al día siguiente le interrogó un juez instructor sobre las acusaciones de la policía según las cuales se había resistido al arresto y había agredido a un agente. Después le dejaron en libertad y fue directamente a un médico que certificó que sentía dolor en los dos hombros, en las muñecas y en el testículo derecho, que tenía una contusión en el ojo derecho e hinchazón en la parte posterior de la cabeza. Ese mismo día le acusaron de resistencia a la detención y de agresiones.

En junio, Amnistía Internacional expresó su preocupación a las autoridades austriacas porque mientras la queja contra Peter Rosenauer se había atendido con mucha rapidez, parecía que su denuncia de agresión por parte de la policía había progresado escasamente. El mismo mes, un tribunal absolvió a Peter Rosenauer de los cargos de resistencia a la detención y de agresión a un agente de policía. A finales de junio aún no había concluido la investigación sobre sus acusaciones de malos tratos.

El caso de Emad Faltas (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s)

En febrero, tres agentes de policía fueron acusados de agredir a Emad Faltas, de nacionalidad egipcia, en una estación de ferrocarril de Viena. Los agentes intervinieron para arrestar a Emad Faltas después de verle compartir el paraguas con una mujer, presunta traficante de drogas. Emad Faltas, que no conocía a la mujer y actuó movido por la caballerosidad, pensó que le atacaban individuos racistas y pidió a gritos que le ayudara la policía. A consecuencia de su arresto, el egipcio pasó una semana en el hospital con tres costillas rotas y con cortes y contusiones en los brazos, el estómago y la cara. Posteriormente, agentes de policía de alta graduación pidieron disculpas a Emad Faltas por este caso de «error de identificación».

En abril, un tribunal absolvió a los tres agentes de la acusación de malos tratos a Emad Faltas. De acuerdo con la información aparecida en la prensa, el juez, en su fallo personal, resolvió que: «Incluso a los niños que van al colegio les tienen que controlar a veces los profesores». La fiscalía ha apelado contra la sentencia.

Véase también el apartado Las mujeres en Europa.

AZERBAIYÁN

Tofiq Masim oglu Qasimov, posible preso de conciencia

Durante el periodo a examen, Amnistía Internacional continuó expresando su preocupación por el caso de Tofiq Qasimov, destacada figura de la oposición, detenido en septiembre del año pasado acusado de complicidad en un golpe de Estado fallido (véase índice AI: EUR 55/05/96 y EUR 55/07/96).

Después de su arresto, llevaron a Tofiq Qasimov en primer lugar a una comisaría de policía y luego a la prisión de investigación del Ministerio de Seguridad Nacional en la capital, Bakú. Le mantuvieron aislado en una celda, al parecer muy húmeda. A principios de febrero empezaron a surgir informes según los cuales su salud se estaba deteriorando. Le examinó un médico y diagnosticó que padecía psicosis reactiva, grave problema mental inducido por las circunstancias ambientales, y Amnistía Internacional instó a las autoridades a que le ofrecieran los cuidados médicos adecuados.

Tofiq Qasimov fue trasladado a un hospital central de la prisión y finalmente liberado el 22 de febrero. Sin embargo, no se retiraron los cargos en su contra y su juicio comenzó el 7 de mayo. Amnistía Internacional expresó su preocupación porque Tofiq Qasimov no estaba en condiciones de ser procesado en ese momento: seguía recibiendo atención médica en su casa y se temía que las tensiones del juicio agravasen sus problemas mentales. La organización también expresó motivos de preocupación semejantes por otro hombre también acusado en la misma causa, llamado Adil Hanbaba oglu Hajiyev, asesor del fugitivo ex presidente Ayaz Mutalibov, a quién habían devuelto a la fuerza a Azerbaiyán desde Rusia en febrero de 1996. Al parecer, padecía diabetes mellitus y un problema de corazón no especificado, y había intentado suicidarse en varias ocasiones mientras se encontraba en espera de juicio. Le habían trasladado al hospital de la prisión el 2 de abril.

Cuando el 20 de mayo se reanudó el juicio después de las suspensiones, el juez presidente rechazó una petición de la defensa para que se realizara un reconocimiento psiquiátrico independiente y se presentaran los resultados al tribunal. Finalmente, el tribunal ordenó que se hospitalizara a Tofiq Qasimov para someterle a un reconocimiento médico en el Hospital Psiquiátrico Núm. 1 de Bakú, en el que ingresó el 26 de junio. Amnistía Internacional continuó instando a que cualquier decisión de continuar los procedimientos del juicio se basara en una evaluación exhaustiva e independiente del estado de salud de Tofiq Qasimov. La organización también se siente preocupada por las aseveraciones de que los cargos presentados contra él son falsos.

Denuncias de malos tratos a detenidos

Durante el periodo a examen, la organización continuó recibiendo denuncias de malos tratos a detenidos (véase índice AI: EUR 55/01/96). Entre los casos que Amnistía Internacional planteó a las autoridades azerbayanas se encontraba el de un periodista turco, llamado Isa Yasar Tezel, a quien al parecer golpearon agentes de policía mientras se encontraba recluido en el edificio de la Dirección Principal de Policía en Bakú.

Isa Yasar Tezel, corresponsal de una emisora pública de radio turca, había llegado a Azerbaiyán el 12 de abril para informar sobre la visita del primer ministro turco. Le detuvieron la noche del 16 al 17 de abril, junto con el ex primer ministro de Azerbaiyán, Panah Huseynov. De acuerdo con las informaciones de una fuente, Isa Tezel estuvo primero en detención administrativa durante 15 días y recluido en la Dirección Principal de Policía, donde se produjeron las presuntas palizas. Posteriormente, le trasladaron a la prisión de Bailovsky después de acusarle, según los informes recibidos, de «ocultar un delito contra el Estado» (artículo 82-1 del Código Penal), «ocultar un delito que inplicaba malversación de fondos públicos» (artículo 187-1) y «oponer resistencia a la detención» (artículo 189-1).

Además de las denuncias de que a Isa Tezel le habían golpeado agentes de policía, Amnistía Internacional también expresó su preocupación por su estado de salud general. Parece ser que ha sufrido dos ataques de corazón mientras se encontraba detenido y que le han trasladado a un hospital penitenciario debido a que tenía problemas de tensión arterial. Amnistía Internacional solicitó que se investigaran las denuncias de malos tratos e instó a que Isa Tezel recibiera el tratamiento médico adecuado. Fue excarcelado finalmente el 22 de junio, cuando una delegación turca planteó su caso al presidente Heydar Aliyev. Uno de los cargos en su contra se retiró por falta de pruebas y los otros dos quedaron sin efecto en virtud de una amnistía.

En marzo, Amnistía Internacional recibió una respuesta relacionada con su preocupación por la muerte bajo custodia de Rafiq Shaban oglu Ismayilov (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). La fiscalía de la república afirmaba que la fiscalía regional de Massali, donde había muerto Rafiq Ismayilov, había iniciado un proceso penal basándose en el artículo 168, parte dos, del Código Penal por «abuso de autoridad o de poderes oficiales». El 15 de diciembre de 1995, el departamento de investigación criminal recibió instrucciones para realizar una investigación. Sus resultados, si es que los ha habido, no habían llegado a conocimiento de Amnistía Internacional en el momento de redactar el presente boletín.

Rafiq Ismayilov, barbero de Digah, murió el 8 de diciembre de 1995 mientras se encontraba bajo custodia en el Departamento Regional de Policía de Massali. Según un comunicado del Ministerio del Interior de esa fecha, Rafiq Ismayilov padecía una enfermedad de corazón y murió de un fallo cardíaco. Sin embargo, fuentes no oficiales afirmaron que tres agentes de policía le habían golpeado con gran dureza para forzarle a confesar, y que murió a consecuencia de las lesiones. Según parece, entre ellas figuraban fractura de cuello, brazo y costillas y lesiones renales.

La pena de muerte

En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional ha tenido noticias de que en los primeros seis meses de 1996 se han dictado al menos 13 sentencias de muerte. Aproximadamente la mitad se dictaron en casos con elementos políticos. Por ejemplo, según informes, el Tribunal Supremo sentenció a muerte el 12 de febrero a Alakram Alakbar oglu Hummatov y a Nariman Shamo oglu Imranov sin derecho a apelación. Alakram Hummatov se enfrentaba con varios cargos, entre ellos el de traición: en junio de 1993, en medio de una situación generalizada de agitación política en Azerbaiyán, había anunciado la creación de la efímera y autoproclamada «República Autónoma de Talish-Mugan», y asumido el control de la ciudad meridional de Lenkaran y las zonas circundantes (véase Índice AI: EUR 55/01/96). Fue detenido en diciembre de 1993, se escapó junto con otros tres presos de la prisión del Ministerio de Seguridad Nacional en septiembre de 1994 y, finalmente, le volvieron a capturar en agosto de 1995. Nariman Imranov, ministro de Seguridad Nacional en el momento de la fuga, fue acusado de organizar la fuga y condenado a muerte por traición. En un suceso relacionado con el anterior, uno de los presos que también se habían escapado en ese momento, el ex ministro de Defensa Rahim Hasan oglu Qaziyev, fue devuelto a la fuerza a Azerbaiyán desde Rusia el 16 de abril. Entre otras cosas, había sido acusado de negligencia en el cumplimiento de su deber en situación de combate en relación con la caída de dos ciudades ante las fuerzas de etnia armenia en 1992 (véase índice AI: EUR 55/01/96). Fue sentenciado a muerte in absentia sin derecho a apelar en mayo de 1995. Parece ser que los familiares tanto de Rahim Qaziyev como de Alakram Hummatov fueron golpeados, detenidos arbitrariamente y han sufrido otras formas de acoso mientras los dos hombres se encontraban escondidos, en un intento de las autoridades de conseguir información sobre su paradero. También se dice que Alakram Hummatov se golpeó a sí mismo mientras se encontraba detenido.

Sin embargo, no ha habido informes de ninguna ejecución y al menos a cinco personas les ha sido retirada la condena a muerte. El 19 de abril, a un hombre de etnia rusa, llamado Vasily Logovoy, se le conmutó la sentencia por 15 años de prisión. Los otros cuatro, todos de etnia armenia, se encontraban entre los liberados en mayo como parte de un intercambio de prisioneros para celebrar el segundo aniversario del alto el fuego en el conflicto por la disputada región de Karabaj (véase, por ejemplo, Índice AI: EUR 01/01/95/s). Eran Kamo Saakov, condenado en 1995, y tres de los cinco acusados y condenados en 1992 por el homicidio de un periodista azerí en Karabaj: Garnik Arustamyan, Gagik Arutyunian y Arvid Mangasaryan. Los otros dos acusados habían muerto anteriormente mientras estaban detenidos. Azerbaiyán dejó en libertad, en total, a 39 presos, mientras que Armenia y Karabaj entregaron 67.

Otra nota positiva es que el Parlamento aprobó el 29 de mayo un proyecto de ley que introdujo el presidente Heydar Aliyev para limitar el ámbito de aplicación de la pena de muerte. El número de delitos que en la actualidad pueden ser castigados con la pena de muerte se ha reducido de 33 a 12, y se exime de la pena capital a los hombres mayores de 65 años (las mujeres habían quedado eximidas en octubre de 1994).

Amnistía Internacional expresó su satisfacción por estas medidas pero instó al presidente Aliyev a que tomara en consideración que la abolición total de la pena de muerte en Azerbaiyán es un asunto de prioridad absoluta. La organización sugirió que se conmutaran todas las sentencias pendientes de ejecución y que se declarara una moratoria sobre todas las condenas a muerte hasta que se revisara completamente el asunto. También pidió que se publicaran estadísticas detalladas sobre la aplicación de la pena de muerte con objeto de proporcionar más información para el debate público.

BÉLGICA

Abolición total de la pena de muerte

El 13 de junio, la Cámara de Representantes (una de las dos cámaras del parlamento federal) aprobó, con 129 votos a favor y 13 en contra, un proyecto de ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos. El Senado no hizo uso de su derecho a revisar el proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 1995, y se esperaba que recibiera la aprobación real y se convirtiera en ley para finales de julio. La última ejecución se había producido en 1950.

El Código Penal de 1867 estipulaba la pena de muerte para delitos graves contra las personas y para delitos concretos contra la seguridad del Estado. En la década de los setenta se introdujeron sentencias de muerte preceptivas para el rapto y el secuestro aéreo, siempre que concurrieran circunstancias agravantes. El Código Penal Militar también preveía la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. En el caso de delitos comunes, el método de ejecución que se empleaba era decapitación con guillotina, y en el caso de delitos contra la seguridad del Estado y de los delitos tipificados en el Código Penal Militar, por fusilamiento.

Aunque los tribunales han dictado regularmente sentencias de muerte por delitos comunes, desde 1863, las sentencias de muerte para este tipo de delitos se han conmutado siempre, con una sola excepción. En marzo de 1918, un oficial militar que se hallaba en primera línea del frente fue ejecutado tras haber sido declarado culpable del asesinato de una civil embarazada. No obstante, durante la Primera Guerra Mundial, unas 15 personas fueron ejecutadas por delitos contra la seguridad externa del Estado y, entre noviembre de 1944 y agosto de 1950, otras 242 personas fueron fusiladas por crímenes de guerra contra la seguridad externa del Estado.

En 1983, Bélgica firmó el sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, y en 1990 firmó el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte. Ninguno de ellos ha sido ratificado.

BIELORRUSIA

Violaciones de derechos humanos después de una manifestación contra el gobierno

La policía maltrata a los manifestantes

De acuerdo con los informes, fuerzas de policía regulares y especiales usaron gas lacrimógeno contra los manifestantes en una concentración el 26 de abril en Minsk, la capital, y golpearon y maltrataron de otras maneras a varios de ellos. La concentración se había organizado para conmemorar el décimo aniversario del desastre de la planta nuclear de Chernobil, pero los participantes también denunciaban tanto la política del presidente Alyaksandr Lukashenka de establecer vínculos más fuertes con Rusia como las medidas represivas contra los sindicatos y la prensa de la oposición. De acuerdo con los informes, como reacción a las acciones de la policía, los manifestantes volcaron coches policiales. En total, durante la concentración fueron arrestadas 204 personas, la mayor parte de las cuales permanecieron detenidas entre cinco y quince días acusadas de gamberrismo. La mayor parte de los manifestantes fueron liberados posteriormente.

El 30 de mayo, de nuevo la policía tuvo un enfrentamiento con cerca de 3.000 manifestantes que habían formado un piquete frente al edificio de la administración presidencial en Minsk. Según testigos, la policía golpeó a los manifestantes que exigían, entre otras cosas, que cesara el procesamiento de los líderes de oposición Yury Khadyka y Vyacheslav Sivchyk (véase infra). Los informes aseguran que fueron detenidos hasta 84 manifestantes durante periodos de hasta 15 días. Unos cincuenta manifestantes tuvieron que ser hospitalizados por lesiones presuntamente infligidas por la policía durante el enfrentamiento.

Presos de conciencia

Vyacheslav Sivchyk, secretario del opositor Frente Popular Bielorruso (FPB), fue detenido la noche del 26 de abril junto con otros 11 activistas del FPB, cuando la policía hizo una redada en la sede de la organización. Yury Khadyka, otro importante miembro del FPB, fue arrestado al día siguiente cerca de su domicilio. Aunque al cabo de pocos días el resto de los miembros y activistas del FPB quedaron en libertad, Yury Khadyka y Vyacheslav Sivchyk fueron acusados el 29 de abril de «instigar el desorden entre las masas» (artículo 186 parte 3 del Código Penal) por haber organizado la concentración del 26 de abril. Los dos hombres se enfrentaban a penas de prisión de hasta tres años.

Tanto las circunstancias de su detención como la duración de las posibles sentencias sugerían que los dos dirigentes del FPB se habían convertido en el objetivo de las autoridades simplemente a causa de sus convicciones políticas y sus actividades de oposición. El hecho de que la mayoría de los manifestantes detenidos, líderes del FPB y miembros de otras organizaciones de la oposición que habían participado en la concentración del 26 de abril, quedaran en libertad al cabo de pocos días sugería que las autoridades habían elegido específicamente a Yury Khadyka y a Vyacheslav Sivchyk. Según la información de Amnistía Internacional, parece que las autoridades no han presentado ninguna prueba que vincule directamente a Yury Khadyka y a Vyacheslav Sivchyk con la comisión o instigación de actos violentos durante la concentración. Por esta razón, Amnistía Internacional consideró que Yury Khadyka y Vyacheslav Sivchyk eran presos de conciencia. La organización pidió su liberación inmediata e incondicional y que se les proporcionara toda la atención médica necesaria para paliar las consecuencias de la huelga de hambre en que se declararon poco después de su detención.

Vyacheslav Sivchyk y Yury Khadyka quedaron en libertad en distintas fechas en la segunda quincena de mayo en un estado de salud muy deteriorado. Sin embargo, no se retiraron los cargos en su contra.

BOSNIA-HERZEGOVINA

El acuerdo de paz de Dayton y su puesta en práctica; se pide el arresto de sospechosos de crímenes de guerra

En octubre de 1995 se estableció un alto el fuego efectivo y global que supuso el cese casi total de los masivos abusos de derechos humanos que se habían registrado en el contexto del conflicto armado. También se produjo una reducción de los abusos lejos de las zonas de conflicto. Según el Acuerdo Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina (el acuerdo de paz), que se firmó en Dayton en noviembre de 1995, el país quedó dividido en dos «entidades», la bosniocroata o croata musulmana Federación de Bosnia y Herzegovina (la Federación) y la República Srpska (República Serbia), dominada por los serbios. Desde finales de 1995 se desplegó en las dos entidades una fuerza multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR), bajo la supervisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y según los términos del acuerdo. Desde principios de 1996, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha desplegado observadores de derechos humanos, y las Naciones Unidas observadores de la Policía Civil en la Fuerza Internacional de Policía.

En marzo, Amnistía Internacional envió una carta abierta (véase Índice AI: EUR 63/08/96/s) a los jefes de la IFOR y a los gobiernos de los Estados que han contribuido a ella con efectivos exponiendo las preocupaciones de la organización sobre el fracaso de la IFOR por lo que se refiere a buscar activamente y detener a las personas sospechosas de crímenes de guerra, especialmente a las acusadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el Tribunal). La organización destacó las obligaciones que todos los Estados partes tienen contraídas con los Convenios de Ginebra de 1949; las obligaciones explícitas e implícitas contenidas en el Acuerdo de Paz y la falta de cooperación absoluta con el Tribunal por parte de los firmantes del Acuerdo de Paz, en especial la República Federativa de Yugoslavia, las autoridades serbobosnias, la República de Croacia y las autoridades bosniocroatas. Igualmente, Amnistía Internacional invitó a la IFOR a que garantizara la seguridad adecuada de los lugares en que se sospechaba que había fosas comunes.

En junio, Amnistía Internacional hizo público el informe titulado Bosnia y Herzegovina: La responsabilidad de la comunidad internacional de velar por los derechos humanos (índice AI: EUR 63/14/96/s), en el que planteó sus motivos de preocupación relativos a la poca solidez de las previsiones sobre derechos humanos del Acuerdo de Paz; los mandatos creados bajo él; la lentitud del despliegue y la debilidad logística de los organismos internacionales implicados en la vigilancia de derechos humanos, y la falta de la adecuada información al público sobre sus actividades y descubrimientos. Asimismo, el informe destacaba las preocupaciones de la organización sobre la renuencia de los bandos a aplicar por completo las previsiones sobre derechos humanos del Acuerdo de Paz.

Ataques a desplazados que deseaban retornar a sus lugares de origen y contra refugiados; pocos regresos

Los objetivos clave del Acuerdo de Paz eran la libertad de circulación por toda Bosnia y Herzegovina y el regreso de las personas refugiadas y desplazadas. Sin embargo, durante los primeros seis meses de la aplicación del Acuerdo de Paz, sólo pudo regresar un número proporcionalmente reducido de refugiados y casi exclusivamente a las zonas donde su nacionalidad se encontraba en mayoría. Esta cifra la compensaba el número, muy parecido, de personas recién desplazadas, especialmente serbios de Sarajevo (véase infra). Aunque la IFOR fue efectiva por lo que se refiere a eliminar la mayor parte de los controles militares y policiales, la libertad de circulación prevista en el Acuerdo de Paz no se ha hecho realidad. A pesar de que miles de personas cruzaban diariamente la Línea Fronteriza entre las Entidades, la mayor parte de estos desplazamientos se limitaron a rutas de tránsito por la República Srpska o a reducidos números de personas, de forma excepcional hombres en edad militar, que visitaban otra entidad, pero que en ningún caso suponían desplazamiento a largo plazo. Además, estos mismos problemas también se registraban hasta cierto punto en las zonas de la Federación dominadas por los musulmanes y los croatas. Una de las causas de la renuencia de los hombres a viajar o a regresar era el temor a la detención arbitraria, lo mismo que el temor a ser expulsados a la fuerza. Más adelante se dan algunos ejemplos.

Aunque muchas personas y grupos pequeños pudieron cruzar la Línea Fronteriza entre las Entidades sin incidentes, muchos de los intentos de cruzarla en grupos más grandes tuvieron como resultado enfrentamientos que en ocasiones fueron violentos. Estos problemas se produjeron con mayor frecuencia en casos de musulmanes que intentaban cruzar a la República Srpska, pero también se produjeron incidentes cuando los serbios intentaban visitar zonas controladas por los bosniocroatas o cuando los musulmanes intentaban visitar sus antiguos hogares en zonas bosniocroatas sin abandonar el territorio oficial de la Federación. En un incidente particularmente grave, unos musulmanes que en el mes de abril se dirigían en manifestación a visitar los lugares donde se encontraban sus tumbas familiares en la zona de Doboj de la República Srpska, se encontraron con una contramanifestación de serbobosnios. Dos musulmanes murieron a causa de los disparos y otros resultaron con heridas cuando corrieron a refugiarse en un campo de minas. Las autoridades de todos los bandos fueron acusadas de provocar más tensión deliberadamente con tales incidentes y, en algunos casos, parece que las tropas de la IFOR no proporcionaron la seguridad adecuada.

Hostigamiento a minorías y a adversarios políticos; expulsiones forzosas

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Paz, entre los meses de febrero y abril se transfirieron a la Federación amplias zonas de Sarajevo que habían estado bajo el control de las fuerzas serbobosnias. A pesar de los anuncios oficiales a la población, tanto por parte de las autoridades de la Federación como las de la República Srpska en el sentido de que debían permanecer en esas zonas, antes de la transferencia se recibieron informes de hostigamiento a serbios que deseaban quedarse y a musulmanes y croatas que vivían en las zonas. Se produjeron incendios deliberados de casas y apartamentos y se intimidó a los ocupantes. Se calcula que para la fecha en que se habían completado las transferencias más de 60.000 serbios habían abandonado Sarajevo hacia la República Srpska. Después de las transferencias, se han producido cada vez más denuncias de los serbios y, en algunos casos, de los croatas que se han quedado, sobre más incidentes de acoso perpetrados principalmente por personas desplazadas musulmanas que se trasladaban a la zona. Según los informes, la policía de la Federación no proporcionó protección adecuada a las víctimas y en algunos casos fueron responsables de malos tratos. Las denuncias más frecuentes se refieren a amenazas verbales y al saqueo de casas mientras los ocupantes se encontraban ausentes, aunque también se han recibido informes de palizas. El ambiente de inseguridad lo reforzaban los casos de incendios de casas y de tumbas de serbios profanadas.

En los meses de mayo y junio produjeron preocupación los abusos contra los musulmanes que permanecían en la zona de Teslić de la República Srpska. Los abusos, entre los que figuraban casos de hombres armados que irrumpían en las casas y amenazaban a los ocupantes, granadas que se hacían explotar en el exterior de las casas y las patadas y golpes que sufrió una anciana, se parecían a los utilizados entre 1992 y 1995 para expulsar a la fuerza a miles de no serbios del noroeste de Bosnia. Las autoridades admitieron que unas 90 personas se habían marchado al territorio de la Federación (por lo que habían tenido que pagar 10 marcos alemanes cada uno para conseguir el permiso). Las organizaciones internacionales calculaban que el número de los que se habían marchado era varias veces superior. En junio, unos 30 musulmanes fueron violentamente desalojados de sus hogares en la colonia Vrbanja de Banja Luka, y otros 20 abandonaron sus casas por miedo a ser objeto de esas prácticas. La policía local prometió reintegrar a los desalojados y pocos días después fueron detenidas ocho personas desplazadas serbiobosnias sospechosas de perpetrar la violencia. Sin embargo, los sospechosos quedaron rápidamente en libertad.

Detención arbitraria de civiles; personas «desaparecidas» y «en paradero desconocido»

Según el Acuerdo de Paz, todas las personas detenidas a consecuencia del conflicto armado tenían que quedar en libertad antes del 19 de enero. Aunque no se cumplió este plazo, la mayoría de los civiles detenidos arbitrariamente y los prisioneros de guerra habían quedado en libertad antes de marzo. Sin embargo, no se había liberado a todas las personas que se creía habían sido detenidas arbitrariamente, y todos los bandos detuvieron arbitrariamente a más civiles. En la mayor parte de los casos, los detenidos eran personas o grupos que viajaban por una zona controlada por otra nacionalidad. Estos abusos se produjeron a pesar del requisito de garantizar la libertad de circulación que los bandos aceptaron en el Acuerdo de Paz.

Entre los casos que conoce Amnistía Internacional se encuentra el de cuatro hombres de origen mixto, bosnio musulmán (bosnio) y de oriente medio que viajaban cerca de Kiseljak, a los que detuvieron fuerzas bosniocroatas en febrero. Aunque a uno de ellos lo liberaron en seguida, los otros tres permanecían detenidos a finales de junio. No se habían formulado cargos formales contra ellos en esa fecha y las autoridades bosniocroatas, según los informes, habían condicionado su liberación a la de varios bosniocroatas detenidos en zonas de la Federación controladas por los musulmanes y a los que se había declarado culpables de crímenes de guerra y otros cargos. En otro ejemplo, el 1 de junio, la policía bosniocroata detuvo cerca de Glamoč a cuatro civiles serbobosnios que venían de Banja Luka. La policía bosniocroata ocultó a los hombres de los agentes de la Fuerza Internacional de Policía que intentaron hacerles una visita en la comisaría de policía de Livno. Posteriormente, los trasladaron a Mostar donde las autoridades bosniocroatas, según los informes, condicionaron su excarcelación a la de tres bosniocroatas detenidos por las autoridades de la República Srpska.

El 22 de marzo, fuerzas serbiobosnias detuvieron a tres jóvenes musulmanes, uno de los cuales padece de epilepsia, cerca del pueblo de Zlatište, en la zona de Sarajevo. Según los informes, los tres se encontraban mirando antiguas trincheras del ejército serbobosnio en la zona y los acusaron de haber perpetrado crímenes de guerra y de haber colocado explosivos. Sin embargo, de acuerdo con los informes, en junio todavía no se habían presentado en su contra cargos formales y es posible que se trate de una detención arbitraria.

Las autoridades serbobosnias admitieron que se encontraban detenidos el sacerdote católico padre Tomislav Matanović, y sus padres (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s) pero no proporcionaron detalles sobre el lugar en que se hallaban ni justificaron la causa de su detención, y tampoco las organizaciones internacionales pudieron visitarlo. Aunque los intercambios de cuerpos y las exhumaciones de un reducido número de fosas comunes por parte de las autoridades y de las organizaciones internacionales han revelado el destino de un pequeño número de personas desaparecidas, las autoridades de todos los bandos siguen sin proporcionar mucha información sobre otras. Otras peticiones de trámites de localización que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmaron que seguían sin aparecer unas 6.000 personas después de la caída del enclave de Srebrenica en 1995. También han salido a la luz nuevos casos de personas «desaparecidas». Por ejemplo, varios presos de guerra serbobosnios recluidos por las autoridades de la prisión de Zenica, regentada por musulmanes, fueron vistos allí en enero pero no han sido excarcelados y las autoridades no han proporcionado ninguna confirmación sobre su paradero ni ninguna razón para su prolongada detención. También había preocupación sobre los malos tratos a los detenidos. Por ejemplo, siete soldados musulmanes bosnios se rindieron ante una patrulla de la IFOR cerca de Zvornik, territorio de la República Srpska, y más tarde fueron entregados a la policía local. Posteriormente, las Naciones Unidas informaron de que habían sido golpeados durante los interrogatorios, en los que les habían obligado a confesar que eran los autores de abusos de los que ya se había informado contra civiles serbiobosnios de la zona.

BULGARIA

Disparos, muertes bajo custodia, tortura y malos tratos

Amnistía Internacional siente preocupación por el número creciente de casos en los que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han efectuado disparos, y por las torturas, palizas y otras formas de malos tratos a detenidos, a veces con resultado de muerte. Los informes diarios de tales casos revelan una pauta de violencia fortuita y de actuaciones ilegales por parte de los agentes de policía en todo el país.

En junio, Amnistía Internacional publicó un informe, Bulgaria: Shootings, deaths in custody, torture and ill-treatment (Índice AI: EUR 15/07/96), en el que describía la situación cada vez más deteriorada de los derechos humanos. Los dos apéndices del informe documentan siete casos de muerte bajo custodia en circunstancias sospechosas, tres casos en los que seis personas recibieron disparos y 17 casos de tortura y malos tratos a decenas de víctimas.

Muchas de las víctimas sometidas a tortura y palizas en las comisarías de policía eran sospechosas de haber cometido un delito común. Un número cada vez mayor de víctimas de malos tratos son personas que se encontraban presentes por casualidad en las proximidades o en el lugar donde tenía lugar una acción policial para detener a sospechosos. En algunos casos, los agentes de policía maltrataron a los participantes en manifestaciones o asambleas no violentas. Muchas de las víctimas de las palizas y de otros malos tratos infligidos por la policía son romaníes.

El 30 de enero, en Razgrad, llevaron a Angel Zubchikov, de 17 años, de los calabozos de la policía al hospital donde murió. La autopsia, según los informes, estableció que su muerte había sido consecuencia de una hemorragia cerebral provocada por un golpe en la cabeza.

El 29 de marzo, sobre las 10 de la noche, Anton Mitkov Dimitrov, de 14 años, estudiante de una escuela técnica, se dirigía caminando a su casa por el campo, en las afueras de Sliven. Un automóvil se aproximó a él por detrás, se asustó y se escondió entre los arbustos que bordean la carretera. Salió al ver que tres agentes de policíaⁱse bajaban del auto y se dirigió a ellos. Los agentes de policía comenzaron a interrogarle y uno de ellos al parecer golpeó a Anton Mitkov Dimitrov con la porra y le dió patadas con las botas en las rodillas y en la ingle. A continuación le esposaron, le metieron en el automóvil y le llevaron a la comisaría de policía. Aproximadamente a las 11 de la noche la policía llamó por teléfono a sus padres, que fueron a recogerle. Le llevaron inmediatamente al hospital, donde le examinó un perito médico. Un certificado médico asegura que Anton Mitkov Dimitrov sufría contusiones en la nuca y en la muñeca izquierda.

El 8 de abril, aproximadamente a las 11 de la mañana, unos 40 agentes enmascarados de la Unidad Especializada para Combatir el Terrorismo, popularmente conocida como los Boinas Rojas, y agentes especiales de la Dirección de Asuntos Internos de Sofia llegaron a las oficinas de una empresa privada, «VAI Invest Holding». Golpearon duramente a 15 de los empleados y posteriormente los arrestaron. Dos periodistas del Standart que intentaron entrar en el edificio fueron obligados a permanecer durante media hora de cara a la pared y con las manos en alto. Afirman que los agentes arrojaron a los empleados al suelo y los golpearon brutalmente, hasta que algunos de ellos perdieron el conocimiento. Dos ambulancias se llevaron a los heridos. Los agentes registraron el local y destruyeron muebles, ventanas y accesorios de oficina durante la batida, que duró cuatro horas, y detuvieron a todos los que entraron en el local. También entraron en el piso de al lado y golpearon a Todor Angelov Gochkov y a su hijo Angel, a quien atendió un médico ese mismo día por contusiones en el ojo y la mejilla izquierdos.

Amnistía Internacional instó a las autoridades búlgaras a que se realizaran investigaciones exhaustivas e imparciales de todos estos casos, a que se hicieran públicas las conclusiones y a que se procesara a todos los responsables de violaciones de derechos humanos.

Véase también Las mujeres en Europa.

CROACIA

Procesamiento a periodistas

Antes y durante el periodo que estamos examinando, había una preocupación cada vez mayor por la libertad de expresión en Croacia. En el Código Penal existe una estipulación de acuerdo con la cual el procesamiento de personas a las que se podría acusar de dañar el honor o la reputación de funcionarios del Estado concretos, especialmente del presidente y del portavoz del Parlamento, lo puede iniciar el fiscal del Estado en vez de una acusación privada. En abril se modificó esta ley, artículo 77, párrafo 2, del Código Penal de forma que la responsabilidad de iniciar el procedimiento penal ahora recae en el fiscal del Estado y no hay que esperar a que se produzca una denuncia por parte del funcionario del Estado como sucedía antes.

A consecuencia de esta enmienda de la ley, el 7 de mayo se formularon cargos contra Viktor Ivančić, redactor jefe, y Marinko Čulić, periodista, del semanario satírico Feral Tribune por «calumnias» e «insultos» al presidente croata, Franjo Tudjman. Les pueden condenar a penas de prisión de hasta un año y seis meses respectivamente.

Viktor Ivančić fue acusado en relación con la edición del periódico del 29 de abril, en la que aparecía un fotomontaje en la que se veía al presidente recibiendo un trofeo del que fue dirigente, durante la Segunda Guerra Mundial, del estado colaboracionista de Ustaša en Croacia, Ante Pavelić. Marinko Ćulić fue acusado por afirmar, en la misma edición, que el presidente era un seguidor del dictador español Franco. El juicio comenzó el 14 de junio pero se aplazó después de la sesión del primer día.

Otra de las leyes, el artículo 191 del Código Penal, a la que no habían afectado los cambios legislativos de abril y que se refiere a «difundir información falsa» con la intención de crear dificultades a un amplio número de ciudadanos, se utilizó para formular cargos contra Ivo Pukanić, redactor jefe del semanario Nacional. Se encuentra en libertad pero puede ser condenado hasta a una pena de seis meses si le declaran culpable. La acusación estaba relacionada con un artículo aparecido en la edición del 12 de abril del periódico en la cual un titular sugería que la causa del accidente de un avión militar de Estados Unidos, sucedido en el mes de marzo cerca del aeropuerto de Dubrovnik y en el que había resultado muerto el secretario de Comercio de Estados Unidos, había sido el deficiente equipamiento. La acusación era contradictoria porque admitía que la investigación oficial sobre el accidente no se había completado y, en consecuencia, la causa del accidente era desconocida pero sin embargo aseguraba que la afirmación del titular era incorrecta. Además, la acusación introducía factores que no recogía esta ley como, por ejemplo, la afirmación de que la prohibición por parte de las autoridades de aviación del Reino Unido de realizar vuelos al aeropuerto de Dubrovnik era consecuencia directa del titular del semanario.

Estos procesamientos y la legislación utilizada para iniciarlos despertaron graves preocupaciones. Diversos artículos de importantes instrumentos internacionales tales como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 10 de Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), que Croacia se verá obligada a firmar después de su propuesta de ingreso en el Consejo de Europa, protegen el derecho a la libertad de expresión. Ambos artículos reconocen que ese derecho conlleva «deberes y responsabilidades especiales» y, en consecuencia, puede estar sujeto a restricciones, entre ellas las impuestas tanto por razones de seguridad nacional o de orden público como para proteger los derechos o la reputación de otras personas. Sin embargo, tanto el PIDCP como el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconocen una amplia flexibilidad para hacer duras críticas a los funcionarios del gobierno. Amnistía Internacional considera que sería más apropiado que los funcionarios públicos y las autoridades recurrieran presentar una querella privada por difamación cuando consideraran que los habían difamado. Por estas razones, Amnistía Internacional considerará que Viktor Ivančić, Marinko Ćulić e Ivo Pukanić son presos de conciencia si los encarcelan como consecuencia de las acusaciones anteriores.

Abusos contra los derechos humanos en la Krajina; vuelven pocos refugiados

Aunque ha mejorado la situación en las zonas reconquistadas a las fuerzas rebeldes serbias en agosto de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s), en la primera mitad de 1966 hubo continuos informes sobre abusos contra los derechos humanos en la zona de la Krajina.

Los observadores internacionales y las organizaciones locales de derechos humanos informaron de que continuaban los violentos ataques y amenazas contra la reducida población de serbios que queda en la zona, que es sólo de unas 7.000 personas, la mayor parte ancianas. Asimismo, se denunció también que eran víctimas de hostigamientos los croatas que habían permanecido en la zona o habían regresado después de la reconquista de ésta. Aunque, según los informes, un número considerable de las aproximadamente 200.000 personas de etnia serbia que huyeron a Serbia y a Bosnia-Herzegovina durante el verano de 1995 han mostrado deseo de regresar, los obstáculos burocráticos impuestos especialmente por las autoridades croatas, la preocupación por su seguridad, la posibilidad de juicios sin las debidas garantías y otras preocupaciones han supuesto que las autoridades únicamente han concedido permiso para volver a 7.000 y que solo un reducido número ha regresado realmente a la zona.

Aunque la mayor parte de los sucesos que hicieron temer por su seguridad a los residentes de Krajina han sido actos de pillaje, ha habido muchos casos en los que los soldados croatas han ejercido violencia o amenazado a civiles. Por ejemplo, según los informes, en el mes de marzo, en un pueblo cercano a Vrginmost, dos hombres con uniforme de camuflaje amenazaron y ataron a una valla cerca de su casa a un anciano. Los hombres gritaron que habría que matar a todos los serbocroatas y luego le dieron patadas y golpes y le robaron, y después le golpearon en la cabeza con una pistola. Según parece, un vecino que llegó al lugar de los hechos fue el que salvó a la víctima de nuevos golpes.

Entre el 13 y el 15 de mayo se produjeron una serie de sucesos en el pueblo de Donji Lapac donde, de acuerdo con los informes, un grupo de cuatro hombres con uniforme militar aterrorizaron a los residentes serbios. Uno de los días, el grupo golpeó a dos hombres y obligó a un tercero a empezar a cavar su propia tumba. Aunque en este caso la intervención de una patrulla de policía evitó que hubiera más violencia, los observadores locales e internacionales hicieron una crítica generalizada sobre la falta de medidas de seguridad adecuadas proporcionadas por la policía. Según informes, los jefes de policía locales se han quejado de que les hayan asignado un número de agentes demasiado reducido como para poder ofrecer medidas de seguridad adecuadas.

Se han producido frecuentes quejas sobre la poca eficacia de las investigaciones realizadas por la policía o la ausencia de cualquier tipo de actuación y, al parecer, se han realizado pocas detenciones a pesar de que algunas víctimas han identificado a los autores de los delitos y de que se ha proporcionado el número de la matrícula de algunos vehículos utilizados.

Otros sucesos violentos se utilizaron deliberadamente para desalentar a los serbios refugiados o desplazados que querían regresar. Por ejemplo, se colocaron explosivos en casas propiedad de serbios que habían estado viviendo con familiares en otras zonas de Croacia y que habían vuelto a visitarlas para repararlas antes de regresar. De acuerdo con un informe, dejaron una trampa explosiva en el exterior de la casa de una pareja y ésta hizo explosión cuando la movieron durante una visita. El marido, según los informes, perdió ambas piernas en la explosión. En otro caso las personas que prendieron fuego a dos casas en el pueblo de Dunjak, según los informes, eran agentes de la policía croata. También hubo denuncias según las cuales algunos de los autores habían sido soldados bosniocroatas que cruzaban la cercana frontera.

Actos violentos en otras zonas de Croacia

Algunos militares fueron los responsables de actos de intimidación y violencia contra civiles en relación con asuntos de alojamiento y se han hecho muy pocos esfuerzos, o ninguno, por castigar a los autores.

El 17 de junio, un grupo de tres hombres vestidos de civiles que, según los informes, se presentaron como miembros del comité militar de alojamiento de Split, desalojó a la fuerza a la familia Gugo de su apartamento de Split. Los hombres amenazaron a los observadores de derechos humanos que se encontraban presentes en el apartamento en ese momento y finalmente los obligaron a marcharse. Semina Lončar, presidenta de la rama de Split del Comité de Derechos Humanos, afirma que uno de los hombres, con un movimiento del hacha que llevaba, la amenazó con herirle con ella en la cabeza. De acuerdo con los informes, cuando los observadores de derechos humanos se hubieron ido, los hombres golpearon a Frane Gugo en la cabeza y a su esposa, agarrándola de las manos, la arrastraron por el suelo, a consecuencia de lo cual sufrió contusiones (véase Índice AI: EUR 64/08/96 y EUR 64/11/96).

Algunos agentes de la policía militar fueron los responsables de la detención y malos tratos que sufrió un objetor de conciencia de 19 años, Nikša Violić, Testigo de Jehová. Nikša Violić recibió los documentos para incorporarse a filas en el ejército croata y en ellos se le informaba de que tenía que presentarse en el cuartel de Sinj el 14 de mayo. Se presentó en la base pero se negó a llevar armas a causa de sus creencias religiosas. Fue detenido por la policía militar del Batallón 72 y llevado a las dependencias militares de Lora, en Split. Al parecer, los días 16 y 17 de mayo los agentes de la policía militar le golpearon con tanta dureza que el 17 de mayo, a las 11 de la noche, le trasladaron al hospital en ambulancia. Más tarde, policías militares visitaron el hospital y allí maltrataron y amenazaron de nuevo a Nikša Violić (Véase Índice AI: EUR 64/10/96).

ESPAÑA

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina a España

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó el Cuarto Informe Periódico de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Amnistía Internacional había preparado para el Comité, a título de informativo, un documento (España: Comentarios de Amnistía Internacional al Cuarto Informe Periódico del Gobierno Español al Comite de Derechos Humanos, Índice de AI: EUR 41/07/96/s) en el que comentaba el informe del Estado parte. El gobierno declaró que el informe se centraría «en las prácticas y decisiones de los tribunales y de otros órganos del Estado», y prometió aportar ejemplos de la práctica en el Reino de España en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

En su documento, Amnistía Internacional se concentró en ejemplos concretos de casos en los que no se había producido tal protección y de violaciones individuales de derechos y libertades fundamentales. Durante los últimos dos años, y hasta el mes de marzo, la organización había publicado aproximadamente 25 documentos externos sobre España -referidos a motivos de preocupación que afectan a su mandato- sobre asuntos como el encarcelamiento de objetores de conciencia en calidad de presos de conciencia, debido a que no está regulada la posibilidad de que los reclutas soliciten la condición de objetos de conciencia tras la incorporación al servicio militar; las presuntas torturas y malos tratos a detenidos por delitos comunes, así como a los recluidos en régimen de incomunicación en aplicación de la legislación especial «antiterrorista»; las muertes bajo custodia; los indultos y la impunidad de hecho otorgada a personal de las fuerzas de seguridad condenado por torturas y malos tratos; la pena de muerte; y los asesinatos, homicidios arbitrarios, secuestros y toma de rehenes por parte de los grupos de oposición armada. (La lista completa de los títulos disponibles se publicó como apéndice del documento de Amnistía Internacional).

En las Observaciones Finales (Don. ONU CCPR/C/79/Add.61) que efectuó tras el examen del informe de España, el Comité manifestó «su preocupación de que grupos terroristas siguen cometiendo atentados sanguinarios que ocasionan la pérdida de vidas humanas y afectan a la aplicación del PIDCP en España», lo que influye sobre la aplicación del PIDCP en España.

El Comité destacó también su inquietud «por los numerosos informes que ha recibido de malos tratos, e incluso tortura, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad a los sospechosos de actos terroristas», así como por «que las autoridades públicas no siempre realizan investigaciones sistemáticamente y que, cuando los miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados a penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos, son excarcelados pronto o simplemente no cumplen la condena».

El Comité recomendó que España «establezca procedimientos transparentes y equitativos para la realización de investigaciones independientes sobre las denuncias de malos tratos y de tortura por parte de las fuerzas de seguridad» y exhortó a su gobierno a «llevar a los tribunales y enjuiciar a los funcionarios declarados culpables de cometer tales actos y a imponerles la pena apropiada». El Comité sugirió también «que se imparta a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al personal penitenciario una amplia formación en materia de derechos humanos».

El Comité destacó además que «una legislación especial en virtud de la cual los sospechosos de pertenecer a grupos armados, o de colaborar con ellos, pueden ser detenidos en régimen de incomunicación por periodos de hasta cinco días, no tienen derecho a designar su propio abogado y son juzgados por la Audiencia Nacional sin tener la posibilidad de presentar recurso [...esas disposiciones...] no se ajustan a los artículos 9 y 14 del Pacto.» El Comité recomendó, asimismo, «la abrogación de las disposiciones legislativas que establecen que las personas acusadas de actos terroristas, o los sospechosos de colaborar con ellas, no pueden designar abogado», y exhortó «al Estado Parte a abstenerse de utilizar la detención en régimen de incomunicación».

El Comité manifestó sentir «gran preocupación al oír que las personas no pueden invocar la condición de objetor de conciencia después de ingresar en las fuerzas armadas, pues ello parece ser incompatible con las exigencias del artículo 18 del Pacto, como se señala en el comentario general Nº 22 (48)». El Comité instó a España a enmendar su legislación para introducir en ella ese derecho.

Las Observaciones Finales del Comité se reprodujeron en su totalidad en uno de los apéndices del documento de Amnistía Internacional.

Se publican los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT)

En marzo, el gobierno español accedió a publicar, tras una larga demora, los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre las visitas periódicas de inspección que había efectuado en abril de 1991 y abril de 1994, así como sobre la visita ad hoc realizada en junio de 1994 (CPT/Inf(96)9), y la propia respuesta del gobierno (CPT/Inf (96)10). El CPT señaló que el uso de la tortura y malos tratos graves no constituía una práctica habitual, pero que seguían produciéndose denuncias de tales tratos, sobre todo de personas recluidas en régimen de incomunicación en aplicación de la legislación «antiterrorista». El Comité manifestó también su preocupación porque, durante los últimos cinco años, se habían producido también malos tratos como «puñetazos, patadas, golpes e insultos». El informe de la visita ad hoc de 1994 aportaba pormenores de los resultados de la investigación que eran compatibles, en algunos casos, con las denuncias de malos tratos recibidas.

Acciones judiciales por denuncias de torturas y malos tratos

Catorce guardias civiles del cuartel de Colmenar Viejo, localidad próxima a Madrid, fueron acusados en febrero de diversos actos de tortura, de ocasionar lesiones ilegales, de infligir malos tratos y de proferir amenazas. En octubre de 1994 los guardias habían detenido a tres jóvenes al día siguiente de un enfrentamiento violento en un bar en el que resultaron heridos varios agentes. Las investigaciones administrativas internas establecieron que al menos cuatro de los agentes habían agredido a los jóvenes. Los detenidos denunciaron que gran parte del tiempo que estuvieron detenidos permanecieron esposados y desnudos. Las pruebas médicas de las heridas concordaban con sus denuncias de que les habían propinado puñetazos, bofetadas y patadas en la cabeza y el cuerpo de forma sistemática. En los cargos se describía también cómo intimidó a los detenidos un encapuchado que, en su opinión, era un agente que vestía el tricornio del uniforme de la guardia civil, capote, pantalones cortos negros y guantes de boxeo.

Amnistía Internacional solicitó a las autoridades información sobre los avances en la investigación de la denuncia de los malos tratos infligidos por un guardia municipal a un inmigrante marroquí, Sallam Essabah, que trabajaba en el campo en Orihuela (Alicante), quien afirmó que dos agentes le detuvieron alrededor de las dos y media de la madrugada del 26 de diciembre de 1995, le golpearon y le abandonaron, desnudo e inconsciente, en una zona desierta de las afueras de la ciudad. Fue atendido en un hospital de lesiones múltiples en el estómago, el pecho y la región lumbar (véase el Índice de AI: EUR 41/09/96)

Abusos de un grupo armado de oposición

Continuaron los ataques del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad, ETA).

El 14 de febrero, un pistolero de ETA asesinó a Francisco Tomás y Valiente, profesor de derecho y ex presidente del Tribunal Constitucional, el máximo órgano judicial español. El 6 de febrero, ETA había matado también a Fernando Múgica Herzog, importante miembro del Partido Socialista en el País Vasco, hermano de un ex ministro del Interior (véase el Índice de AI: EUR 41/06/96/s).

ETA reivindicó el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara, ocurrido el 17 de enero, como respuesta a la política de dispersión de los presos vascos por cárceles de toda España (véase el Índice de AI: EUR 41/03/96/s). En junio aún seguía cautivo de ETA.

El 14 de abril, ETA dejó en libertad a José María Aldaya Etxeburua tras once meses de cautiverio. El grupo armado manifestó que su actuación había obedecido a la negativa del empresario a prestar la «ayuda económica» solicitada para continuar la lucha por la libertad del pueblo vasco, y formuló una advertencia a otros empresarios que se encontraban en esa situación.

Amnistía Internacional condenó públicamente y sin reservas estos abusos, y manifestó que los secuestros, los homicidios deliberados e ilegítimos y la toma de rehenes por parte de grupos políticos armados son contrarios a las normas humanitarias internacionales.

Objeción de conciencia al servicio militar

José Antonio Escalada y Manuel Blázquez Solís, objetores de conciencia al servicio militar, encarcelados desde diciembre de 1995 para cumplir una condena de diecisiete meses de cárcel por desertar de las fuerzas armadas, quedaron en libertad condicional en abril y mayo, respectivamente. Amnistía Internacional los había adoptado por primera vez como presos de conciencia durante el periodo de detención preventiva de tres meses en que estuvieron en 1991. Ambos habían sido acusados de deserción tras abandonar las fragatas en que cumplían el servicio militar al estallar el conflicto del Golfo en enero de 1991. Solicitaron la consideración de objetores de conciencia, pero la legislación española sólo lo permite «hasta el momento en que se produzca la incorporación a filas» (véanse Índice AI: EUR 01/01/96/s e Índice AI: EUR 41/01/96).

Amnistía Internacional solicitó su excarcelación subrayando que los ciudadanos deben poder reclamar la condición de objetor de conciencia en cualquier momento, y pidiendo la introducción en la legislación de disposiciones que regulen la objeción de conciencia manifestada tras la incorporación a filas. La organización señaló también que las normas internacionales relativas a la objeción de conciencia al servicio militar sostienen también el derecho a solicitar la consideración de objetor de conciencia durante el servicio militar. En el informe que remitió en marzo al Comité de Derechos Humanos (véase supra), Amnistía Internacional manifestó su inquietud por la ausencia de disposiciones para reclamar la consideración de objetor de conciencia tras ingresar en las fuerzas armadas y señaló que, entre 1986 y 1996, había recibido más de una docena de casos de reclutas encarcelados por su negativa a completar el servicio militar fundándose en motivos de conciencia surgidos tras su incorporación a filas.

FEDERACIÓN RUSA

Carta abierta a los candidatos a la presidencia

En junio, Amnistía Internacional envió una carta abierta a todos los candidatos de las elecciones presidenciales rusas instándoles a que se comprometieran públicamente a reforzar la protección de los derechos humanos y a promover el respeto por los derechos de todas las personas de la Federación Rusa.

En la carta abierta, la organización instó, asimismo, a los candidatos a que se comprometieran a respetar la moratoria de las ejecuciones anunciada en febrero en relación con el acceso de Rusia al Consejo de Europa (véase infra) y a abolir totalmente la pena capital en un plazo de tres años; a poner fin a las torturas y malos tratos en las prisiones, bajo custodia policial y en el ejército, incluidas ciertas condiciones de detención constitutivas de tratos crueles, inhumanos o degradantes; a reformar los sistemas legal y judicial para garantizar el respeto por los derechos humanos; a proteger a las nacionalidades minoritarias; a adoptar una ley de servicio civil alternativo al servicio militar; a respetar la libertad de reunión y de religión; a poner en libertad a todos los presos de conciencia y a garantizar juicios prontos y con las debidas garantías para los presos políticos, y a investigar urgentemente, de manera exhaustiva e imparcial, todas las violaciones de derechos humanos y los abusos contra ellos, sobre todo los cometidos durante el conflicto en la República Chechena. Amnistía Internacional hizo hincapié en que debería juzgarse con prontitud a cualquier persona hallada culpable de perpetrar violaciones de derechos humanos, independientemente del puesto que ocupe o de su posición. (Las personas que deseen información más detallada sobre estas cuestiones deberán consultar el documento Federación Rusa: Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos presidenciales con ocasión de las elecciones presidenciales del 16 de junio de 1996, Índice de AI: EUR 46/26/96/s).

Conflicto armado en la República Chechena

En un informe publicado en abril, Amnistía Internacional destacó su preocupación por el homicidio indiscriminado y la ejecución extrajudicial de centenares de civiles ocurridos en marzo en el pueblo de Samashki y la ciudad de Sernovodsk tras los bombardeos rusos. El informe incluía, asimismo, nuevos informes de torturas en los campos de «filtración», violaciones y toma de rehenes (véase Russian Federation - Brief summary of concerns about human rights violations in the Chechen Republic, Índice de AI: EUR 46/20/96).

En mayo, Amnistía Internacional se puso en contacto con las autoridades rusas y de los rebeldes chechenos y les instó a que efectuaran prontamente investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la muerte en la República Chechena de las periodistas Nadezhda Chaykova y Nina Yefimova, así como de la madre de esta última. Amnistía Internacional cree que las tres mujeres podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o de homicidios deliberados y arbitrarios, y pidió que se procesara de acuerdo con las normas del derecho internacional a las personas identificadas por la investigación como perpetradoras. Además, aparecieron nuevos datos relacionados con la muerte de la periodista Natalya Alyakina, abatida a tiros en Budennovsk por las fuerzas rusas en junio de 1995 (Para más información, véase el apartado Las mujeres en Europa).

Malos tratos y torturas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Amnistía Internacional instó en junio al presidente a que derogara el Decreto Presidencial 1226 del 14 de junio de 1994, «Medidas urgentes para proteger a la población del bandolerismo y otras manifestaciones del crimen organizado», fundándose en que es contrario a las normas internacionales de derechos humanos y a la Constitución rusa. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han utilizado el decreto en numerosas ocasiones, especialmente contra las minorías étnicas del Caúcaso. A menudo, los agentes encargados de hacer cumplir la ley infligen torturas y malos tratos a los sospechosos de haber cometido algún delito detenidos sin cargos y sin acceso a un abogado en virtud de las disposiciones de este decreto durante periodos de hasta 30 días. Amnistía Internacional instó al presidente a que ordenara urgentemente una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante investigaciones, detenciones e interrogatorios, sobre todo los que se han producido en virtud de las disposiciones de este decreto.

Presuntos malos tratos a dos familias chechenas en Moscú

En mayo, Amnistía Internacional se puso en contacto con las autoridades en relación con dos incidentes de presuntos malos tratos infligidos en Moscú a personas de origen étnico checheno, y la posterior detención de dos ellas.

En el primer incidente, ocurrido en marzo, se recibieron informes de que entre 10 y 13 hombres armados que llevaban el rostro cubierto, vestían uniformes de camuflaje e iban dirigidos por un agente de policía que llevaba la cara descubierta, entraron en el apartamento que servía de domicilio a dos familias chechenas ─cinco adultos y seis niños, refugiadas del conflicto de la República Chechena. Al parecer, los intrusos, que no se identificaron, se llevaron los pasaportese de los adultos y, sin razón aparente, empezaron a golpear a los hombres, dándoles patadas y propinándoles golpes con porras y culatas de pistola. Según las víctimas, les golpearon durante una hora ante sus esposas e hijos pequeños. Parece ser que el agente que iba al mando golpeó también a una de las mujeres, Raisa Abdurahmanovna Gunaeva, y las de más mujeres fueron amenazadas. Se recibieron informes de que una de las niñas, A. Takaeva, de 12 años, que acababa de salir del hospital, sufrió una conmoción y tuvo que recibir atención médica urgente. Al parecer, los hombres armados cortaron la línea telefónica y no permitieron que los chechenos llamaran a una ambulancia, además de amenazar con matar a todas las personas que había en la casa por ser chechenas. Según las víctimas, a U.A. Akaev le amenazaron con matarle por haberse opuesto públicamente a la guerra en Chechenia, tomando parte, entre otras cosas, en manifestaciones contra la guerra.

Parece ser que miembros de los servicios médicos se negaron durante los dos días siguientes a enviar una ambulancia para atender a las víctimas. Según los informes, el tercer día acudió una ambulancia, que se llevó a una de las víctimas, Salambek Hamzatov, al hospital, donde ingresó con lesiones graves y varias costillas rotas. Poco después del incidente el grupo de chechenos se fue de Moscú a otra ciudad por temor a ulteriores persecuciones.

El segundo incidente, ocurrido en el mes de abril, afectó a Said Selim Bekmurzayev, de 52 años, y a su hijo Sultan Bekmurzayev, de 24. Al parecer, unos agentes del Departamento de Distrito para Combatir el Crimen Organizado les propinaron una paliza y luego los detuvieron en su domicilio. Según los informes, alrededor de 10 hombres armados con el rostro cubierto entraron en el apartamento de la familia Bekmurzayev y, sin identificarse ni mostrar orden alguna, comenzaron a golpear fuertemente al padre y al hijo, acusándoles de connivencia con los rebeldes chechenos. Según la declaración de la esposa de Selim Bekmurzayev, Diznat Bekmurzayeva, que se encontraba presente, los enmascarados golpearon reiteradamente en la cabeza con las culatas de las pistolas y las ametralladoras a su marido y a su hijo, a quienes posteriormente se llevaron. La familia no supo nada de su paradero durante siete días, hasta que les informaron de que se encontraban detenidos en aplicación del decreto presidencial 1226 en el Departamento de Asuntos Internos de Moscú y de que no se les había acusado de delito alguno.

En el momento de redactar este documento, Said Selim y Sultan Bekmurzayev permanecen en prisión. Además de instar a que se investiguen las denuncias por los malos tratos que sufrieron, Amnistía Internacional pidió a las autoridades pertinentes que se aseguraran de que tuvieran pronto acceso a un abogado defensor y de que les acusaran de un delito tipificado por la ley o los dejaran en libertad.

Ataques contra turcos mesjetios por parte de cosacos en el Territorio de Krasnodar

Amnistía Internacional escribió a las autoridades en relación con los presuntos ataques perpetrados por cosacos contra familias turcas mesjetios en el pueblo de Armyanskoe, en el Territorio de Krasnodar, en tres distintos días del mes de noviembre de 1995. Según la información de que se dispone, unos cosacos hicieron salir de sus viviendas una noche a todas las personas de origen mesjetio, las reunieron en la plaza principal y les propinaron palizas durante dos horas. La noche siguiente, llegaron a la población dos autobuses llenos de cosacos y se produjeron acontecimientos similares. Según los informes, una mujer murió como consecuencia de este ataque. Una semana después tuvo lugar otro parecido. Amnistía Internacional fue informada de que la policía se había negado a tomar medidas para investigar el primer ataque y tampoco intentó impedir que hubiera otros. También se negaron cuidados médicos y protección policial a las familias mesjetias porque carecían de la condición de residentes permanentes en la zona.

En una dirigida a Amnistía Internacional en marzo, el subdirector de la administración del Territorio de Krasnodar manifestó que se habían abierto varios procedimientos penales en relación con los presuntos malos tratos a personas de Armyanskoe. Protestó también porque la organización había efectuado una presentación sesgada de los hechos y negó que se hubiera denegado ayuda médica a los turcos mesjetios. Afirmó también que fueron estos últimos quienes provocaron los incidentes y que el hecho mismo de que estuvieran residiendo en el Territorio de Krasnodar constituía una violación de los derechos de los ciudadanos de la zona y «una violación de la Constitución rusa (artículo 17-3) y del artículo 29-2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

Presos de conciencia

Objeción de conciencia al servicio militar

Amnistía Internacional instó en junio al presidente de Rusia a que se implantara, por decreto presidencial, una legislación que garantizase en la práctica el derecho a la objeción de conciencia y a realizar un servicio civil alternativo, consagrados en el artículo 59 de la Constitución, erradicando así la práctica de encarcelar objetores de conciencia.

Vadim Hesse, de 18 años, fue detenido en enero por negarse a incorporarse a filas, tras haber intentado un mes antes registrar su objeción de conciencia y solicitar la realización de un servicio alternativo. Se le acusó de «evitar la incorporación al servicio militar activo» (Artículo 80 del Código Penal). Amnistía Internacional le consideró preso de conciencia y solicitó su excarcelamiento inmediato e incondicional. Quedó en libertad a mediados de marzo. Además, Amnistía Internacional recibió en abril una notificación del representante presidencial ante el Tribunal Constitucional en la que se decía que la Oficina del Fiscal General iba a revisar el caso y que la Duma (cámara baja del Parlamento) estaba estudiando un proyecto de ley sobre el servicio alternativo.

Los casos de Viktor Orekhov y Alexander Nikitin

Amnistía Internacional instó a las autoridades a que revisaran las circunstancias de la detención y el encarcelamiento de dos posibles presos de conciencia, Viktor Orekhov y Alexander Nikitin.

Viktor Orekhov, es ex agente del KGB (Comité de Seguridad del Estado de la era soviética) y ex disidente. Fue detenido en marzo de 1995 al encontrar la policía una pistola en su automóvil durante un registro, y se le acusó de «tenencia de un arma de fuego» (artículo 218 del Código Penal). En julio de 1995 le condenaron a tres años en una institución correccional de trabajos forzados. La información de las circunstancias de su detención y su historial de disensión suscitan la preocupación de que se le haya procesado para castigarle por sus declaraciones críticas hacia un oficial de alto rango de las fuerzas de seguridad rusas y por las actividades políticas de oposición al KGB que realizó en el pasado. Fue excarcelado a principios de marzo de 1996 según instrucciones del presidente Boris Yeltsin.

Los Servicios de Seguridad Federales detuvieron en febrero en San Petersburgo a Alexander Nikitin, oficial de marina retirado que había colaborado en la elaboración de un informe del grupo no gubernamental noruego Fundación Bellona sobre los peligros de los residuos nucleares de la Flota del Norte rusa. En el momento de redactar este documento seguía aún bajo custodia. Se le acusó de traición (artículo 64 del Código Penal), para el que se estipulan penas de entre diez y quince años de prisión, o la muerte. Amnistía Internacional señaló que la información sobre cuestiones medio ambientales no puede clasificarse como secreta de acuerdo con la Ley de Secretos del Estado rusa de 1993 y la Ley de Información de 1995. Además, tanto una fuente oficial rusa como la Fundación Bellona manifestaron que la información aportada por Alexander Nikitin estaba disponible en publicaciones rusas.

La pena de muerte: continúan las ejecuciones

Amnistía Internacional pidió al presidente de Rusia que concediera clemencia a todos los presos condenados a muerte (unos 700, según los cálculos); que introdujera una moratoria real de las ejecuciones, no sólo declarada, y garantizara su respeto por todos los organismos gubernamentales y judiciales; y que hiciera al gobierno responsable ante el presidente del cumplimiento del compromiso de instituir una moratoria de la pena capital y de abolirla en un plazo de tres años, contraído con el Consejo de Europa.

La organización instó al presidente a que controlara la preparación de un proyecto de decreto presidencial relativo a la reestructuración de la Comisión de Indultos presidencial. En abril, Amnistía Internacional recibió un ejemplar del proyecto «Normas relativas a la concesión de indultos y el proceso de revisión de las peticiones de clemencia de la administración presidencial» que tiene como objetivo, entre otros, reestructurar la Comisión de Indultos y sustituir a las figuras públicas destacadas, como escritores, abogados y defensores de los derechos humanos, que forman parte de ella actualmente, por funcionarios de los organismos gubernamentales pertinentes relacionados con la pena de muerte. En caso de adoptarse, la ley limitaría el control público de la aplicación de la pena de muerte en detrimento de los derechos y garantías constitucionales.

Fuentes no oficiales informaron de que en 1995 se había ejecutado a 90 personas, si bien la cifra oficial presentada al Consejo de Europa fue de dieciséis. Amnistía Internacional registró 62 ejecuciones en Rusia durante ese año, en el que el presidente sólo concedió clemencia a cinco presos. En el momento de redactar este documento se tiene conocimiento de que desde la adhesión de Rusia al Consejo de Europa en febrero, el presidente había rechazado 46 peticiones de clemencia. Se desconocía si estas personas han sido ejecutadas ya pero, según informes de Amnistía Internacional, siguieron realizándose ejecuciones en violación de la moratoria declarada. Según las entrevistas que efectuó la organización en junio con directores de prisión y altos funcionarios del Estado, algunas de las autoridades pertinentes ni siquiera tenían conocimiento de la moratoria de las ejecuciones.

En mayo, el presidente Yeltsin promulgó un decreto sobre «la reducción paulatina de las ejecuciones de penas de muerte en relación con el acceso de Rusia al Consejo de Europa», en el que se ordenaba al gobierno que preparase, en un mes, la presentación ante la Duma de un proyecto de ley federal sobre la adhesión al Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Más tarde ese mismo mes, la Duma aprobó un nuevo Código Penal cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 1997. En él se reduce el número de delitos punibles con la pena capital de veintiocho a cinco: homicidio con agravantes, tentativa de asesinato de una personalidad estatal o pública, tentativa de asesinato de una persona encargada de administrar justicia o realizar una investigación preliminar, tentativa de asesinato de un funcionario de un organismo encargado de hacer cumplir la ley, y genocidio.

A finales de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la Resolución 1097 (1996) relativa a la abolición de la pena de muerte en Europa, en la que se instaba a Rusia a cumplir sus compromisos sobre la aplicación de una moratoria de las ejecuciones y la abolición de la pena capital. Se exigió, asimismo, a Rusia que honrara su compromiso y no realizara ejecución alguna, mencionando expresamente los 46 presos cuyas solicitudes de clemencia habían sido rechazadas.

FRANCIA

Reuniones con autoridades gubernamentales

Una delegación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional mantuvo conversaciones los días 2 y 3 de abril con el ministro de Justicia y con destacados funcionarios de los Ministerios de Defensa e Interior.

El objeto de estas conversaciones era hacer el seguimiento de las recomendaciones del informe publicado por la organización en 1994 titulado Francia: Disparos, homicidios y presuntos malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Índice AI: EUR 21/02/94/s). El informe contenía siete recomendaciones detalladas dirigidas a los ministros responsables de la administración de justicia, de la conducta y del adiestramiento de la policía y el cuerpo paramilitar Gendarmerie nationale. Desde la publicación del informe ha continuado la pauta de disparos y muertes de personas desarmadas a manos de agentes que utilizaban armas de fuego de forma temeraria y con gran frecuencia ilegal, y han seguido produciéndose malos tratos con inquietante frecuencia. Estos a veces asumen la forma de palizas e insultos deliberados para castigar o intimidar, en otras ocasiones, agentes mal adiestrados o guiados utilizan un grado de fuerza completamente desproporcionado. Las víctimas preferidas para estos malos tratos, como se afirmaba en el informe del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, publicado en 1993, son los jóvenes o los miembros de comunidades de etnias no europeas. En un informe reciente de las Naciones Unidas se condenaba la existencia «una creciente oleada de xenofobia y racismo» en Francia.

Amnistía Internacional consideraba de que el gobierno no había dado una respuesta adecuada a su informe de 1994 e intentaba establecer un diálogo serio con el fin de tratar problemas que llevan mucho tiempo preocupando a la organización.

Al mismo tiempo que la organización hacía notar la persistencia del mismo tipo de violaciones de derechos humanos, destacadas en el informe de 1994, también reconocía la buena disposición de las autoridades francesas a entablar un diálogo. En una conferencia de prensa celebrada después de las conversaciones con el gobierno, Amnistía Internacional comentó: «Existe el deseo de establecer un diálogo. La puerta del Ministerio de Justicia está abierta pero la de los Ministerios de Interior y Defensa está entornada».

La delegación planteó su preocupación por el hecho de que siguiera habiendo casos de agentes que habían utilizado la fuerza de forma temeraria y sin el debido respeto a la ley. Los delegados citaron casos concretos de homicidios y presuntos malos tratos que habían sucedido en los 18 meses posteriores a la publicación del informe. Entre ellos estaban los disparos mortales sufridos por el niño de ocho años Todor Bogdanovic, los presuntos malos tratos recibidos por Sid Ahmed Amiri y por 16 sindicalistas en la Polinesia francesa (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). Amnistía Internacional planteó sus preocupaciones por la excesiva duración de los procedimientos de investigación e interposición de una acción judicial relacionados con los abusos contra los derechos humanos. Hizo notar que el Ministerio de Justicia, en una carta de enero de 1995, había considerado que eran inadmisibles las excesivas demoras en los procedimientos y que el ministro dijo a los delegados que una de las prioridades del ministerio era resolver este problema. Resultaba evidente la necesidad de que se tomaran medidas urgentes teniendo en cuenta que, inmediatamente antes de las reuniones, algunos importantes colegios de abogados, como el de Burdeos, habían convocado una huelga como protesta ante las demoras en los tribunales y la ausencia de medidas para solucionar el problema.

Amnistía Internacional también expresó su honda preocupación por el continuo uso que hacen los agentes militares de la gendarmerie de las facultades especiales relacionadas con el empleo de armas de fuego. Esta potestad, otorgada por un decreto de 1903 y modificada por un decreto y una ley promulgada en 1943 por el gobierno de Vichy, permite a los miembros de la gendarmerie utilizar legalmente armas de fuego en un número de circunstancias mucho más amplio que a los miembros de las fuerzas de la policía civil. La diferencia de atribuciones entre el organismo civil y el militar se aplica incluso cuando los dos cuerpos se encuentran realizando una función semejante para hacer que se cumpla la ley.

Está claro que el derecho internacional considera que, aunque los agentes de la gendarmerie sean militares, cuando se encuentren realizando una tarea para hacer que se cumpla la ley deben ajustarse a las mismas normas de las Naciones Unidas que otros cuerpos civiles encargados de hacer cumplir la ley. No es el caso de Francia.

La delegación hizo hincapié en que la legislación francesa actual no se ajustaba a las normas internacionales y que era esencial que Francia derogara la legislación especial que rige el uso de armas de fuego por parte de la gendarmerie. El ministro de Justicia describió esta legislación como «nula y vacía». Sin embargo, las autoridades francesas continúan citándola (véase más adelante).

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el ministro de Justicia haya dado ningún paso para derogar la legislación que recoge las especiales atribuciones de la gendarmerie y para, de esta manera, ajustarse a las normas de las Naciones Unidas sobre el trabajo de los encargados de hacer cumplir la ley.

En las conversaciones con importantes personalidades del Ministerio del Interior, la delegación subrayó la necesidad de mejorar la formación, especialmente en lo que se refiere a la deontología y a la utilización de armas de fuego y de técnicas para el control de los sospechosos. Estas dos áreas han sido objeto de críticas concretas por parte de diferentes sectores, entre los que figuran algunos de los sindicatos de la policía. El gobierno dio seguridades de que mejoraría la formación de la policía.

El informe de 1994 de Amnistía Internacional mencionaba unos 30 casos ilustrativos de disparos, homicidios y denuncias de malos tratos, incluidos casos de agresiones sexuales y abusos raciales. La delegación buscaba información precisa sobre la situación de los agentes implicados en los casos y sobre las sanciones administrativas o disciplinarias que se habían aplicado, caso de haberse hecho, a los agentes declarados culpables de estos delitos por los tribunales. Asimismo, solicitó estadísticas relativas a la aplicación de sanciones. El ministro dijo que esa información no existía. Se debe mencionar que más de la mitad de los casos citados en el informe de 1994 todavía estaban siendo investigados tres años después (véase más abajo).

Funcionarios engargados de hacer cumplir la ley condenados en casos de homicidios y malos tratos

El 15 de febrero, el Tribunal Penal de París condenó a un agente declarado culpable de matar a un joven zaireño de 17 años mientras se encontraba bajo custodia policial en una comisaría.

Makomé M’Bowole había sido detenido en abril de 1993 en relación con una investigación sobre un delito de hurto de cigarrillos. Le llevaron a la comisaría de Grandes-Carrières para interrogarle junto con otras dos personas. La oficina del fiscal ordenó que Makomé M’Bowole’s quedara en libertad y fuera entregado a sus padres porque era menor de edad. El agente, sin embargo, continuó con el interrogatorio debido a que, según los informes, no se pudo encontrar a los padres del muchacho. En cierto momento del interrogatorio, el agente sacó la pistola con el fin de intimidar al adolescente que, al parecer, estaba gritando y el agente aseguraba que le había insultado. En un comunicado de la policía se informaba de que el agente había dicho: «Quería asustarle». Afirmó que la pistola se había disparado accidentalmente cuando Makomé M’Bowole intentó agarrarle la mano. Dos testigos de la policía, que se encontraban en una habitación contigua, no informaron de que hubiera habido forcejeo sino que se atestiguaron haber visto al agente blandiendo la pistola.

Makomé M’Bowole murió a consecuencia de un disparo a quemarropa efectuado con una pistola apoyada en la sien. Según las pruebas periciales, habría sido necesario aplicar una presión de seis kilos sobre el gatillo para que la pistola se disparase.

La acusación solicitó que se declarara al agente culpable de asesinato. Sin embargo, el jurado declaró al agente culpable del cargo menor de agresión y lesiones con resultado de muerte involuntaria y le condenaron a ocho años de prisión. Dado que el agente había pasado casi tres años en detención preventiva, esto significará probablemente que saldrá de la cárcel en el plazo de un año.

La larga duración de la detención preventiva y la sentencia fueron bastante excepcionales entre los casos judiciales relacionados con homicidios cometidos por agentes.

El 22 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Douai redujo la sentencia de un agente de policía declarado culpable de homicidio involuntario. En octubre de 1995, un Tribunal Correccional había sentenciado a ese agente a 24 meses de prisión, y 16 de ellos condicionales por el homicidio de Rachid Ardjouni, de 17 años y de origen argelino, en Wattrelos en el mes de abril de 1993, le había impuesto una multa y le había prohibido llevar un arma de fuego durante cinco años. El agente le había disparado en la parte posterior de la cabeza cuando, según informes, se encontraba tendido en el suelo boca abajo. El agente, que estaba bebido, había hecho caso omiso del reglamento y le había perseguido con una pistola en la mano. Rachid Ardjouni iba desarmado y el agente no se encontraba en peligro.

El Tribunal de Apelaciones redujo la sentencia original a un periodo confirmado de seis meses de prisión que posiblemente cumplirá en régimen abierto. También redujo los daños y la compensación económica concedida a la familia del difunto. En una decisión final sorprendente y excepcional, anuló la sentencia del Tribunal Correccional según la cual la condena por la muerte de Rachid Ardjouni debían constar en los antecedentes penales del agente (casier judiciaire No 2). Esto permitirá al agente, por lo tanto, continuar de servicio como agente de policía portando armas.

Las sentencias finales de estos dos juicios cerraron la acción judicial en varios casos que se habían convertido en el centro de la preocupación pública por la utilización abusiva de la fuerza y las armas de fuego. En abril de 1993, en el espacio de cuatro días, la policía había efectuado disparos y dado muerte, en sucesos distintos, a tres jóvenes desarmados que se encontraban bajo su custodiaⁱⁱ. A consecuencia de estas muertes se produjeron desórdenes públicos generalizados. El ministro del Interior intentó disipar la preocupación pública declarando: «No tendré clemencia con los [agentes] que cometan errores».

El informe de 1994 de Amnistía Internacional (véase más arriba) examinaba 11 casos de homicidios, entre ellos los que acabamos de mencionar. Más de la mitad de estos casos, que tuvieron lugar entre junio de 1993 y junio de 1994, todavía no se han cerrado, incluso después de un intervalo de dos a tres años.

La investigación judicial sobre los repetidos disparos de un gendarme que causaron la muerte a un joven motorista, Franck Moret, en la región del Drôme, concluyó en febrero. Sin embargo, entonces el fiscal de Valence solicitó asesoramiento al Ministerio de Justicia en relación con la acusación del agente responsable del homicidio. Todavía se está esperando. Amnistía Internacional solicitó información en abril al Ministerio de Justicia sobre la evolución del caso y expresó su preocupación por este retraso adicional de la investigación. El Ministerio confirmó en mayo que el fiscal todavía no había tomado ninguna decisión relacionada con el desarrollo de la investigación, pero aseguró a Amnistía Internacional que vigilarían con especial atención que el asunto se llevaba correctamente.

La investigación judicial sobre la muerte como consecuencia de disparos de un joven de 19 años de origen argelino a manos de un agente de policía en la zona de Saint-Fons, cerca de Lyons, en diciembre de 1993, todavía no ha concluido. Mourad Tchier recibió un disparo en la espalda cuando, según los informes, intentaba huir. Amnistía Internacional criticó el uso que hizo el fiscal de ciertos procedimientos utilizados para investigar el homicidio, ya que consideraba que violaban claramente las normas internacionales según las cuales tanto la familia del fallecido como su abogado deben tener acceso a toda información relacionada con la investigación (véase Índice AI: EUR 21/03/95). La organización expresó su preocupación por las continuas demoras en la investigación. La reconstrucción de los hechos a cargo del juez encargado de la investigación tuvo lugar dos años después de la muerte de Mourad Tchier. El Informe de 1996 del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas (UN Doc. E/CN.4/1996/4) exponía su preocupación por el uso cada vez mayor de la fuerza excesiva por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Francia en casos como el de Mourad Tchier y lamentó que Francia no hubiera contestado hasta la fecha a sus solicitudes de información.

El Ministerio de Defensa confirmó en abril que todavía no se había cerrado la investigación judicial sobre los disparos y muerte posterior de un joven de 18 años cerca de Ronen. En enero de 1994, un gendarme disparó a Ibrahim Sy, que iba en un automóvil (véase Índice AI: EUR 21/05/95). Amnistía Internacional solicitó información sobre la evolución de la investigación en vista de las continuas demoras. La organización observó que los gendarmes aducían la autoridad legal de las facultades especiales que les concedía la ley de 1903, enmendada en 1943 (véase más arriba) para justificar el haber usado sus armas de fuego para disparar contra el automóvil.

El 5 de enero, a un agente del «equipo de intervención» de la Brigade anticriminalité le sentenciaron a una pena condicional de cuatro meses de prisión y una multa por agresión y lesiones a Didier Laroche en marzo de 1994. Recibió puñetazos, patadas y golpes con una porra, a consecuencia de lo cual sufrió fractura de nariz y diversas lesiones en los ojos, cara, pecho, rodillas y muslos. Se ha apelado contra la sentencia (véase Índice AI: EUR 21/02/94).

GEORGIA

La pena de muerte y presuntos malos tratos a detenidos

Durante el periodo que revisa este informe salió a la luz por lo menos una condena a muerte. El 17 de junio, el Tribunal Supremo sentenció a muerte al preso político Badri Zarandia, según informes sin derecho de apelación. Badri Zarandia es uno de los partidarios del ex presidente Zviad Gamsakhurdia, que fue derrocado en 1992 y protagonizó un intento frustrado para recuperar el poder en 1993. En ese momento, los partidarios del ex presidente se hicieron con el control por poco tiempo de amplias zonas del oeste del país, antes de huir o rendirse. Badri Zarandia, ex comandante de la ciudad oriental de Zugdidi cuando se encontraba controlada por las tropas partidarias de Gamsakhurdia, fue arrestado el 20 de octubre de 1994 y condenado a muerte por traición y bandidaje en relación con el levantamiento de 1993. Las cinco personas a las que juzgaron con él fueron condenadas a penas de prisión de entre 13 y 15 años. Igual que se ha denunciado antes en otros juicios (véase, por ejemplo, Índice AI: EUR 01/02/95/s), los acusados aseguraron que les habían sometido a malos tratos con el fin de forzarles a confesar. Badri Zarandia, por ejemplo, dice que le golpearon con culatas de pistolas horas después de haberse sometido a una operación en la que le amputaron una pierna. Zviad Sherozia denuncia que le suspendieron por las piernas y le golpearon repetidamente, y que un investigador le metió a la fuerza una granada en la boca y le amenazó con quitar la anilla. Amnistía Internacional ha instado a que se conmute la sentencia de muerte de Badri Zarandia junto con todas las otras sentencias de muerte pendientes y a que se investiguen todos los informes de malos tratos de forma inmediata e imparcial, a que se hagan públicos los resultados de dichas investigaciones y a que comparezcan ante la justicia todas las personas presuntamente responsables de ellos.

En otro caso político distinto, Amnistía Internacional se puso en contacto con las autoridades a causa para expresar su preocupación por la salud del preso Irakli Surguladze. Según informes, sufrió un ataque de corazón mientras se encontraba detenido pero asegura que se le ha negado la posibilidad de un traslado al hospital. Irakli Surguladze fue detenido el 13 de enero de 1995 junto con el ex ministro de Defensa Tengiz Kitovani, y a ambos les acusaron de crear una formación armada ilegal en relación con las actividades del opositor Frente de Liberación Nacional, (en la actualidad, disuelta). El juicio comenzó el 25 de diciembre de 1995.

Según Irakli Surguladze, sufrió un ataque de dolor en el pecho y en la mano izquierda el 17 de mayo de 1996 sobre las 6 de la tarde que le duró 18 horas, en la prisión de investigación y aislamiento Núm. 1 de la capital, Tbilisi, donde está detenido. El médico de la prisión le visitó tres veces, pero le dijeron que no se disponía de medios para el tratamiento. Al día siguiente, el director de la prisión pagó a una sociedad privada externa, ARDI, para que le hiciera un electorcardiograma. Lo volvieron a repetir los días 19 y 22 de mayo y recomendaron el traslado de Irakli Surguladze al hospital. No se hizo así, sin embargo, y el 23 de mayo le llevaron a una sesión del juicio en el tribunal del distrito de Didube, donde se desmayó.

Irakli Surguladze denuncia que, a raíz de esto, le diagnosticaron que padecía hipertensión arterial y un infarto de subendocardio pero siguieron sin llevarle al hospital. Parece que el subdirector de la administración de servicios penitenciarios del Ministerio del Interior ha confirmado que Irakli Surguladze sufrió un ataque de corazón pero ha insistido en que cualquier tratamiento se puede realizar dentro de la prisión. Irakli Surguladze desea que le trasladen a un hospital en vez de permanecer en el departamento médico de la prisión, ya que cree que este último carece de las instalaciones necesarias.

Amnistía Internacional considera que Irakli Surguladze posiblemente no esté recibiendo la atención médica necesaria y adecuada para su estado de salud y cree que la negativa a concederle este tratamiento constituiría un trato o pena cruel, inhumano o degradante y violaría el artículo 22 (2) de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Este artículo afirma entre otras cosas: «Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales a establecimientos penitenciaros especializados o a hospitales civiles». Amnistía Internacional insta a que se traslade a Irakli Surguladze a un hospital o a otra institución pertinente donde se le pueda ofrecer tratamiento especializado.

La preocupación por las constantes denuncias de malos tratos a los detenidos en Georgia empujaron a Amnistía Internacional a oponerse a la repatriación de Elguzhda Meskhia, adversario político del gobierno actual, que había tratado de conseguir asilo en Rusia. Le detuvieron en Moscú el 25 de diciembre de 1995, basándose en una orden de arresto expedida por el fiscal de la ciudad de Tsalendzhikha, en Georgia. Bajo esta orden de arresto, le imputaron el cargo de participar en una organización contra el Estado cuyo objetivo era derrocar el orden constitucional en Georgia, delito recogido en el artículo 73-1 del Código Penal georgiano. Elguzhda Meskhia fue devuelto a la fuerza a Georgia el 19 de marzo de 1996.

Aunque Amnistía Internacional no se opone al derecho de los Estados a extraditar a conocidos o presuntos delincuentes, le preocupa que Elguzhda Meskhia pueda ser víctima de torturas o malos tratos en Georgia, porque la organización tiene presentes todas las denuncias que han llegado a ella en los últimos años en relación con los partidarios de la oposición detenidos. Amnistía Internacional solicitó a las autoridades georgianas más información sobre Elguzhda Meskhia después de su regreso, entre otras cosas, preguntó si tiene acceso a la atención médica apropiada y si ha podido reunirse con un abogado defensor de su propia elección.

La nueva ley sobre el Defensor del Pueblo

El 16 de mayo, el presidente Eduard Shevardnaze dio su aprobación para que se convirtiera en ley un proyecto sobre la figura del Defensor del Pueblo, nuevo cargo instituido en virtud de la Constitución aprobada el año pasado, para vigilar la defensa de los derechos y libertades individuales (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). De acuerdo con esta ley, el Defensor del Pueblo es independiente y sólo subordinado a la Constitución y a la ley, y la injerencia en su trabajo es punible por la ley. El Defensor del Pueblo es el encargado de que se respeten los derechos humanos en Georgia, de dar a conocer las violaciones de estos derechos y de favorecer la restauración de los derechos violados. Para este fin, el Defensor del Pueblo tiene derecho, entre otras cosas, a entrar sin trabas en las zonas militares y todos los lugares de detención y a exigir cualquier material necesario, a recibir explicaciones de funcionarios de todos los niveles y a recomendar la instrucción de prodecimientos penales o disciplinarios. El Parlamento todavía no había designado a nadie para el cargo de Defensor del Pueblo, sin embargo, al final del periodo que analiza este informe.

Preocupaciones sobre la disputada región de Abjasia

La situación en muchas zonas de la disputada región de Abjasia (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s) seguía siendo tensa, especialmente en el distrito meridional de Gali, al que han regresado un reducido número de personas de etnia georgiana. Tanto el bando georgiano como el abjasio afirman que el otro apoya o, por lo menos, tolera la actividad de bandas armadas consideradas responsables, al parecer, de numerosos robos, actos de pillaje y asesinatos contra la población civil. Por ejemplo, los dos bandos se han acusado recíprocamente del asesinato de ocho personas de etnia georgiana en Shesheleti, distrito de Gali, en enero de este año. De acuerdo con los informes, el suceso tuvo lugar a eso de la 1 de la tarde del 5 de enero, cuando tres hombres armados sin identificar irrumpieron, al parecer, en el domicilio de Iona Sanaya y torturaron hasta la muerte a los seis miembros de la familia que vivían allí. Las personas muertas eran el marido, la esposa y otras cuatro personas entre las que se dice que figuraban hijos y nietos. Según parece, la familia había regresado recientemente a su hogar en la región de Gali, del que habían huido anteriormente a causa de las hostilidades. Se dice que también murieron asesinadas otras dos personas, dos vecinos llamados Mimoza Sanaya y Vakhtang Khurtsilava, quienes, según informes, fueron ametrallados cuando iban a ayudar a la familia Sanaya. Amnistía Internacional solicitó más información a las autoridades abjasias sobre la marcha de cualquier investigación sobre estas muertes e instó a que se dieran los pasos necesarios para garantizar la seguridad de todos los residentes, sin tener en cuenta su origen étnico.

Amnistía Internacional también solicitó más información sobre la situación de un grupo de georgianos detenidos el 15 de junio cuando viajaban en autobús en Abjasia. De acuerdo con los informes, el autobús iba del distrito de Zugdidi al de Gali cuando le dieron el alto en el pueblo de Zemo Barghebi, distrito de Gali, unos funcionarios de la sección del pueblo de Okumi del Departamento de Asuntos Internos del distrito. Al parecer, encontraron en el autobús tres armas automáticas, una granada y un cuchillo. A todos los pasajeros, que parece que eran por lo menos 17, entre ellos mujeres y niños, los condujeron al Departamento de Asuntos Internos del distrito, en Ochamchire.

Según parece, las mujeres y los niños fueron liberados el mismo día y el 16 de junio algunos de los inicialmente recluidos. Sin embargo, parece que hay diez pasajeros que siguen detenidos y que todos ellos son varones de etnia georgiana que anteriormente habían residido en Abjasia. Según informes de prensa, les acusan de ser miembros de un grupo de bandidos presuntamente formado para realizar actos terroristas en el distrito de Gali y en otros lugares de Abjasia; a tres de ellos también los acusan de luchar en el bando georgiano durante el conflicto armado antes de septiembre de 1994. Al parecer, en la actualidad los 10 se encuentran recluidos en la prisión de investigación y aislamiento de Ochamchire y una agencia de prensa georgiana ha proporcionado los siguientes nombres: Paata Zukhbaya, Gela Nadaraya, Zhora Lukava, Manuchar Nadaraya, Robert Sordia, Tamaz Kvekveskiri, Tamaz Zakaraya, Demur Kavshbaya, Lasha Kardava y Pridon Basaria.

Amnistía Internacional ha solicitado información sobre el cargo o los cargos exactos impuestos a estos 10 hombres y sobre su estado de salud y las condiciones de detención, y ha preguntado si tienen acceso a su familia y a un abogado defensor de su propia elección de acuerdo con las normas internacionales.

La pena de muerte

Durante el periodo que analiza este informe Amnistía Internacional no ha recibido ninguna información más sobre la situación de Ruzgen Gogokhiya, ciudadano georgiano condenado a muerte en Abjasia (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s) o sobre la aplicación de la pena de muerte en general en Abjasia, como se solicitó a las autoridades de facto el año pasado. Sin embargo, es posible que se hayan dictado otras tres sentencias de muerte. De acuerdo con una noticia publicada en la prensa, el fiscal de Abjasia ha solicitado que se dicte sentencia de muerte contra tres abjasios acusados de asesinato en un juicio que comenzó en Sukhumi el 30 de abril. Según parece estos tres hombres (identificados sólo como Tarba, Tania y Ketsba) están acusados de asesinar a cinco personas cuando iban de parranda en la Avenida de la Paz en Sukhumi a finales de enero. Resultaron muertos el propietario de un café turco, que se negó a servirles gratis, y cuatro transeuntes.

Amnistía Internacional ha instado de nuevo a las autoridades abjasias a que conmuten todas las sentencias de muerte pendientes y ha solicitado garantías de que se respete el derecho de todos los condenados a muerte a apelar a un tribunal de jurisdicción superior y el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la sentencia, de acuerdo con las normas sobre derechos humanos internacionalmente acordadas.

GRECIA

Juicios sobre la libertad de expresión

El 8 de mayo, en Salónica, el archimandrita Nicodimos Tsarknias fue absuelto de los tres cargos de «hacerse pasar por sacerdote». Se le había acusado de vestir hábito a pesar de haber sido excomulgado por el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa griega (véase Índice AI EUR 01/01/96/s).

El 27 de marzo, Hara Kalomiri fue condenada en Tesalónica a tres meses de prisión por «fundar y dirigir un centro de culto privado para una comunidad budista de Chalkidiki sin permiso del gobierno». Se encuentra en libertad a la espera de la vista de la apelación (Véase también el apartado Las mujeres en Europa)

Objeción de conciencia al servicio militar

Siguieron sin desarrollarse disposiciones para la creación de un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio. En junio había unos 350 objetores de conciencia al servicio militar, todos ellos testigos de Jehová, cumpliendo condenas de hasta cuatro años de prisión por negarse a cumplir el servicio militar alegando motivos religiosos. A pesar de que las autoridades griegas habían declarado que en primavera se presentaría al Parlamento un proyecto de ley que incluiría una disposición sobre el servicio civil alternativo, no se ha producido avance alguno. A finales de mayo, el ministro de Defensa remitió la cuestión al Comité Parlamentario de Renovación de la Constitución para contar con un asesoramiento definitivo, fundándose en que problemas de constitucionalidad impedían su presentación al Parlamento. El 27 de junio, Amnistía Internacional apeló a los miembros del Comité instándoles a que se aseguraran de que sus propuestas de reforma de la Constitución incluían disposiciones relativas a un servicio civil alternativo para los objetores de conciencia, de acuerdo con las normas internacionales, evitando nuevos retrasos en su introducción en la legislación griega.

Preocupación por la celebración de juicios sin las debidas garantías

En marzo, dos delegados de Amnistía Internacional acudieron como observadores a dos juicios celebrados en Atenas. En noviembre de 1995, la policía detuvo a más de quinientas personas como consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron durante unas manifestaciones que tuvieron lugar en la Universidad Politécnica. Permanecieron bajo custodia hasta 48 horas antes de conducirlos ante el fiscal y presentar cargos contra ellos. Los acusados se dividieron después en grupos de unas 40 personas. A los acusados de cada grupo se les acusó de los mismos delitos, entre ellos alteración del orden público y destrucción de un símbolo del Estado. Los veredictos y sentencias oscilaron entre la absolución y penas de hasta 40 meses de prisión, suspendida en algunos casos. El primer juicio al que asistió Amnistía Internacional el 19 de marzo se aplazó. Las sentencias del segundo grupo fueron de entre 21 y 32 meses de prisión. Está prevista la publicación de un informe sobre estos juicios. En abril y mayo se procesó por los mismos delitos al menos a otros cuatro grupos de acusados, a los que se les impusieron condenas de entre cuatro y 17 meses de prisión.

Nuevas denuncias de malos tratos

El 21 de mayo, el Ministerio de Justicia informó a Amnistía Internacional de que su solicitud de información sobre el caso de un joven golpeado por unos policías ante la Universidad Politécnica de Atenas en noviembre de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s) había sido remitida al ministro de Orden Público, quien respondería en breve plazo.

Amnistía Internacional planteó a las autoridades griegas su preocupación por algunas denuncias de brutalidad policial recibidas desde enero e instó a que se investigasen exhaustivamente y con imparcialidad.

La organización aún no ha recibido respuesta de las autoridades griegas a su solicitud de información sobre los malos tratos sufridos por Giorgos Chiotellis, a quien dos policías echaron de un bar de Chios a primera hora del 2 de enero y empujaron en repetidas ocasiones durante el trayecto a la comisaría, donde recibió una paliza tan fuerte que hubo de ser intervenido por la dislocación del hombro izquierdo.

Alrededor de la una de la madrugada del 14 de enero, unos agentes de policía de la comisaría de Vyrona, Atenas, detuvieron a Lüfti Osmance, de 40 años de edad, quien, según informes, estaba ebrio, vomitaba y sufría dolores estomacales. A las ocho de la mañana de ese día, Lüfti Osmance fue trasladado a un hospital, aunque fue dado de alta por el médico que le examinó. A mediodía fue conducido ante el fiscal del Tribunal Penal de Atenas, quien ordenó que fuera puesto bajo custodia. Hacia las diez de esa misma noche fue hallado muerto en una celda de la comisaría de policía de Vyrona. Según el informe de la autopsia, la cabeza y el rostro de Lüfti Osmance presentaban señales de golpes. Alrededor del ojo derecho tenía algunos vasos capilares rotos y heridas. También tenía una herida abierta en la ceja derecha. Sin embargo, el médico que examinó a Lüfti Osmance en el hospital aquella mañana no había apreciado estas lesiones. Amnistía Internacional instó a las autoridades griegas a que emprendieran una investigación de las circunstancias exactas de la muerte bajo custodia policial de Lüfti Osmance.

El 20 de febrero, la policía efectuó un registro en un campamento romaní situado en Aspropyrgos, cerca de Atenas, fundándose en que se buscaba a cinco hombres por diversos delitos. Los miembros de las Fuerzas Antiterroristas Especiales irrumpieron en el campamento portando armas automáticas y cuchillos, desgarraron tiendas y apuntaron con sus pistolas a la cabeza de las personas. Los agentes insultaron, propinaron patadas y golpearon a varios romaníes, a quienes habían ordenado que se tendieran en el suelo.

Alrededor de las seis de la mañana del 21 de mayo, unos agentes de policía trasladaron a siete albaneses del Tribunal de Atenas a la prisión de Korydallos y los entregaron a los guardias del centro. Según informes, éstos permitieron que al menos tres policías entraran en la prisión y les ayudaran a golpear salvajemente a los siete hombres. Como consecuencia de las palizas, dos de las víctimas hubieron de ser trasladadas al hospital de la prisión para recibir cuidados médicos. El 4 de junio, uno de los policías implicados en este incidente golpeó a un detenido griego que había denunciado los malos tratos infligidos a estos hombres a la Fiscalía del Pireo. Los guardias informaron al director de la prisión de Korydallos, quien intentó impedir que se produjeran nuevas palizas. El agente de policía le insultó y golpeó.

ITALIA

Presuntos malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Una importante proporción de las denuncias de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se refería a personas de origen no europeo. Edward Adjei Loundens, músico procedente de Ghana, que suele residir en Dinamarca con su familia, denunció que unos agentes de policía le golpearon en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Fiumicino, cerca de Roma, cuando se encontraba en tránsito de Dinamarca a Ghana, produciéndole lesiones como consecuencia de las cuales perdió la audición en el oído derecho, lo que afecta gravemente a su carrera, y quedó con el rostro desfigurado. En el informe escrito del viaje que depositó en marzo en la Embajada de Italia en Dinamarca explicó que había obtenido un visado de tránsito de un día para Italia, país que no había visitado nunca, antes de volar al aeropuerto Leonardo da Vinci junto con cuatro amigos el 30 de diciembre de 1995. Llegaron a este aeropuerto por la tarde y reservaron plazas en un vuelo del día siguiente con destino a Accra, Ghana. Según Edward Adjei Loundens, después del aterrizaje un funcionario de inmigración comprobó sus documentos de viaje y le acusó a él, o a otra persona que hubiese utilizado su nombre, de haber empleado ya el pasaporte para entrar en Italia. Unos agentes de policía le interrogaron ulteriormente, casi siempre en italiano, idioma que no comprende.

Le acompañaron a una sala de espera, custodiada por dos policías armados, en la que había otras personas que manifestaron que llevaban detenidas más de una semana en el aeropuerto. Edward Adjei Loundens dijo que un policía le amenazó con hacer lo mismo con él. Cuando habían transcurrido cuatro horas durante las cuales no le proporcionaron ni comida, ni bebida, ni dónde sentarse o tumbarse, se le permitió salir de la sala y caminar por la zona de tránsito y un restaurante del aeropuerto. Mientras andaba, unos agentes le hostigaron y le amenazaron con violencia física. Más tarde, alrededor de las dos y media de la madrugada del 31 de diciembre, alrededor de siete agentes se aproximaron a él. Uno de ellos le pisó en un pie. Edward Adjei Loundens afirma que tan solo protestó verbalmente, pero el agente, de repente, le golpeó con la porra en la cabeza y otros agentes empezaron a pegarle; algunos utilizaron sus armas para golpearle en el estómago y el costado. Otros viajeros contemplaron el incidente, pero cuando intentaron intervenir les amenazaron con un arma.

A la mañana siguiente le devolvieron su documentación y, ante las preguntas que formularon él y sus compañeros, les respondieron que no les habían permitido entrar en el país porque no tenían visado de tránsito ni dinero suficiente. Protestaron que no era cierto y señalaron el visado estampado en sus pasaportes. Edward Adjei Loundens fue conducido entonces a un autobús del aeropuerto en el que había algunas personas que estaban siendo devueltas a África y le subieron en su vuelo para Ghana.

Unas fotografías de Edward Adjei Loundens tomadas en el aeropuerto por un viajero polaco muestran su rostro marcadamente desfigurado e hinchazón sobre el ojo derecho. Él declaró que como tras su llegada a Ghana seguía teniendo la cara muy desfigurada y dolorida, acudió en busca de tratamiento médico. Un certificado emitido por un médico de una Clínica Médico-Dental de Accra confirmó que el 29 de enero se le practicó un reconocimiento y que Edward Adjei Loundens se había quejado de que el 31 de diciembre un policía le había golpeado el rostro con una porra. El certificado registró que tenía «la mitad superior del ojo derecho hinchada» y que había «en la unión de los huesos frontal derecho y nasal una protuberancia de aproximadamente 1 cm. de diámetro y consistencia dura». Edward Adjei Loundens manifestó que el médico le había explicado que tenía el hueso de la cara desplazado y que no podía garantizarle un tratamiento con éxito en Ghana. En la actualidad está siendo atendido de sus lesiones en Dinamarca.

La preocupación de Amnistía Internacional por esta denuncia de malos tratos aumentó al tener conocimiento la organización de que, según parece las autoridades italianas no habían investigado una denuncia presentada a los carabineros el 26 de agosto de 1994 por Abdel H., solicitante de asilo iraquí de 17 años. En ella exponía que unos agentes de policía le habían propinado patadas y golpes mientras se encontraba en tránsito en el aeropuerto Leonardo da Vinci el 21 de agosto. Lo detuvieron cuando se dirigía de Jordania al Reino Unido, con un pasaporte falso. Amnistía Internacional ha solicitado la cooperación de las autoridades para conocer las medidas adoptadas para investigar ambas denuncias de malos tratos.

Según su denuncia, Abdel H., como menor de edad, no podía salir de Iraq sin el acompañamiento de sus padres o tutores, por lo que se había visto obligado a obtener documentos falsos. Explicó que su familia había sido objeto de persecución en Iraq por motivos políticos y que sus padres habían sido víctimas de torturas y malos tratos cuando estaban encarcelados en su país; su padre murió como consecuencia de ello. Por eso él se dirigía al Reino Unido para reunirse con su madre y dos hermanas que llevaban viviendo allí dos años y recibían atención médica en un centro especializado en víctimas de tortura.

El 23 de agosto de 1994 acudió al servicio de urgencias del Hospital Gemelli de Roma, acompañado de un empleado de una entidad benéfica que le había proporcionado cobijo temporal tras quedar libre de custodia policial, y allí le reconocieron e hicieron radiografías en busca de fracturas. No se detectó ninguna, pero en el certificado médico adjunto a la denuncia se registran lesiones en el hombro derecho y en el tórax. En la denuncia, Abdel H. solicitó que se le informara en el caso de que ésta fuera archivada. En octubre de 1994 se le concedió oficialmente la condición de refugiado y posteriormente se le permitió reunirse con su familia en el Reino Unido. No se ha recibido más información sobre la situación de su denuncia de malos tratos.

Amnistía Internacional solicitó, asimismo, ser informada del resultado de la denuncia por malos tratos presentada por Grace Patrick Akpan, ciudadana italiana de origen nigeriano, quien ingresó de urgencia en un hospital cuando la policía la dejó en libertad en Catanzaro el 20 de febrero. Grace Patrick Akpan declaró que dos agentes que la detuvieron para comprobar su identidad la insultaron y la maltrataron físicamente en la calle, en su vehículo y en una comisaría de policía. Manifestó también que en su comportamiento había cierto tono «xenófobo». Un juez de instrucción investigará en octubre de 1996 la solicitud del fiscal de que se procese a dos agentes de policía por abuso de autoridad, ocasionar lesiones y utilizar amenazas e insultos, junto con su petición de que se procese a Grace Patrick Akpan por insultar a un agente público y resistirse a su autoridad, ocasionar lesiones y negarse a aportar datos sobre su identidad. (Véase el apartado Las mujeres en Europa para más información sobre el caso).

Francesco Mazzeo, abatido a tiros por la Guardia di Finanza

Ante los informes contradictorios de las circunstancias que rodean la muerte a tiros de Francesco Mazzeo por un agente de la Guardia di Finanza (fuerza paramilitar que tiene encomendadas diversas tareas de vigilancia del cumplimiento de la ley) la noche del 9 de octubre de 1995, Amnistía Internacional solicitó que se le tuviera al corriente de los progresos y el resultado de la investigación judicial del incidente.

Francesco Mazzeo fue tiroteado en un control de carreteras situado en las afueras de la ciudad de Brenno Useria (Varese) cuando viajaba en la parte trasera de la motocicleta que conducía su amigo Luca Caversazi. Las autoridades los conocían a ambos por sus actividades relacionadas con la droga. Según informes, en una declaración de la Guardia di Finanza, un agente que se encontraba situado en medio de la carretera vio que la moto aceleraba como si se dirigiera derecha hacia él. El agente realizó dos disparos de advertencia al aire, pero la moto le tiró al suelo al pasar a su lado. Al caer, disparó accidentalmente en la espalda a Francesco Mazzeo. Al parecer se justificó que el agente recurriera a su arma porque temía que el paquete que llevaba Franceso Mazzeo contuviese armas. También se adujo que la carretera estaba mal iluminada.

Una pregunta escrita dirigida el 12 de octubre a los ministros del Interior y de Justicia por un diputado cuestionó esta versión de los hechos. El diputado declaró que la propia noche del 9 de octubre, más tarde, Luca Caversazi había conducido a unos agentes encargados de hacer cumplir la ley al lugar donde habían arrojado el paquete. Éste contenía trescientos gramos de hachís y se encontraba a cierta distancia previa al control. El diputado manifestó, asimismo, que a Francesco Mazzeo no le habían disparado una vez sino dos por la espalda, lo que indicaba que el agente había utilizado su arma cuando la moto había pasado ya junto a él y, por consiguiente, no constituía un peligro para su seguridad personal, por lo que suscitó interrogantes sobre su afirmación de que el disparo fatal había sido accidental. El diputado cuestionó también que la moto hubiera derribado al agente, pues horas más tarde se le había visto todavía de servicio en el control y caminando normalmente. Negó también que la calle estuviese mal iluminada.

La fiscalía de Varese emprendió una investigación judicial nada más producirse la muerte. Al cabo de pocos días se había realizado ya la autopsia y notificado al agente que disparó contra Fracesco Mazzeo que estaba siendo investigado en relación con un posible cargo de homicidio intencionado.

KAZAJSTÁN

Presuntos malos tratos bajo custodia policial y en el sistema penitenciario

El caso de Valery Zippa

En febrero, Amnistía Internacional escribió a las autoridades para expresar su preocupación por el caso, recientemente remitido a la organización, de Valery Zippa, nacido en 1971. Cumple una pena de diez años de prisión tras haber sido condenado en 1995 por diversos cargos, entre ellos agresión. En la carta se exponía que, según los informes disponibles, Valery Zippa había recibido una fuerte paliza en agosto de 1994 durante el interrogatorio al que le sometieron unos agentes de la Junta Directiva de Asuntos Internos de Alma Ata, la capital. Según parece, como consecuencia de los golpes tuvieron que extirparle el bazo.

Fuentes extraoficiales informaron a Amnistía Internacional de que la fiscalía del distrito de Sovetsky, en Alma Ata, había emprendido una investigación sobre la causa de las lesiones sufridas por Valery Zippa. La organización pidió que las autoridades responsables la mantuvieran informada de los resultados de la investigación, y sobre todo de si se procesaba a alguna persona por estas lesiones y si Valery Zippa había recibido alguna indemnización. Amnistía Internacional solicitó también confirmación oficial de que Valery Zippa continuaba recibiendo los cuidados médicos apropiados en su centro de confinamiento.

El preso político Nikolai Gunkin (Actualización de la información aparecida en Índice de AI EUR 01/01/96/s)

Nikolai Gunkin quedó en libertad a finales de enero, tras completar la condena a tres meses de cárcel que le había sido impuesta (se tuvo en cuenta el tiempo que pasó en prisión preventiva). Amnistía Internacional no recibió respuesta alguna a su declaración de noviembre de 1995 relativa a los motivos de preocupación sobre su caso.

Condiciones penitenciarias penosas constitutivas de malos tratos

En una conferencia de prensa celebrada en abril de 1996, un viceministro del Interior, Nikolai Vlasov, admitió públicamente que en las prisiones de Kazajstán se daban condiciones de hacinamiento y propagación de enfermedades y una carencia crónica de fondos.

La investigación de las condiciones penitenciarias fue uno de los asuntos que abordó la misión de investigación de Amnistía Internacional que visitó Kazajstán en febrero y marzo. En ese momento, la organización obtuvo datos sobre la pésima situación de una prisión de menores situada cerca de Alma Ata. Amnistía Internacional manifestó especial inquietud ante las denuncias de que cuatro reclusos, tres de 17 años ─Shakmatov, Makamedov y Raigert─ y uno de 16, apellidado Ershev (la organización desconoce sus nombres de pila), habían muerto en los últimos meses, posiblemente como consecuencia del trato recibido en prisión. Amnistía Internacional instó a que se llevara a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de las muertes de estos cuatro jóvenes, a que se hicieran públicos los resultados y a que se procesara a los culpables de cualquier delito penal relacionado con su muerte.

Ante las restricciones del presupuesto estatal para prisiones, a finales de junio la Cámara Alta del Parlamento de Kazajstán declaró una amnistía para casi veinte mil presos, aproximadamente un cuarto de la población reclusa.

La pena de muerte

En marzo, Amnistía Internacional emitió una declaración en la que condenaba el uso de la pena de muerte en Kazajstán. Según la información de fuentes oficiales y extraoficiales recibida recientemente por la organización, en 1995 se dictaron 110 condenas a la pena capital y se llevaron a cabo 101 ejecuciones. Entre los países del mundo de los que se conocen las cifras de ejecuciones, sólo tres (China, Nigeria y Arabia Saudita) ejecutaron a más personas que Kazajstán. Teniendo en cuenta el número de habitantes de este país ─apenas 17 millones de personas─ la cifra de 101 ejecuciones en un único año resulta escandalosamente elevada.

Las autoridades de Kazajstán respondieron públicamente que las estadísticas de Amnistía Internacional eran incorrectas y que el número de ejecuciones efectuadas en 1995 fue de 63. No obstante, no ofrecieron explicación alguna de la relación entre estas 63 ejecuciones y los demás datos estadísticos limitados que habían proporcionado en otras ocasiones, sobre todo la cifra de 16 personas que habían visto sus peticiones de clemencia rechazas en 1994 y ejecutadas en 1995, y de 85 personas cuyas peticiones de clemencia fueron rechazadas en 1995.

Amnistía Internacional ha señalado reiteradamente a las autoridades de Kazajstán que la resolución 1989/64, apartado 5, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, insta a los Estados miembros «a que publiquen, para cada categoría de delito para la que se prescribe la pena de muerte y, de ser posible, anualmente, información sobre el uso de la pena de muerte, inclusive el número de condenados a muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo, el número de condenados en espera de ejecución, el número de condenas a muerte revocadas o conmutadas en recurso y el número de casos en los que se ha concedido la gracia [...].»

Hasta que Kazajstán no publique estadísticas detalladas sobre la aplicación de la pena capital, Amnistía Internacional mantiene su declaración original.

La organización tuvo conocimiento, por fuentes extraoficiales, de que durante los cinco primeros meses de 1996 la Comisión de Clemencia denegó veinticinco peticiones y concedió sólo dos. Se recibieron informes de que habían tenido lugar al menos doce ejecuciones.

En el informe Kazajstán: Malos tratos y pena de muerte. Resumen de los motivos de preocupación de AI, Índice de AI: EUR 57/10/96/s, publicado en julio de 1996, pueden encontrarse más datos sobre los casos y cuestiones resumidos anteriormente.

KIRGUISTÁN

Llamamiento de Amnistía Internacional en favor del respeto por los derechos humanos

En marzo, Amnistía Internacional escribió al presidente Askar Akayev planteando diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en Kirguistán. En mayo se publicó un informe basado en dicha carta, titulado Kyrgyzstan: A tarnished human rights record, (Índice de AI: EUR 58/01/96). Ni el presidente ni ninguna otra autoridad han respondido a ninguno de los dos documentos.

Procesamientos por insultar al presidente

En su carta y posterior informe, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por los recientes casos de personas procesadas por la vía penal por difamación de funcionarios del Estado. Si bien la organización admite que todas las personas que se consideren víctimas de difamación tienen derecho a acudir a los tribunales en busca de reparación, la organización manifestó, no obstante, que suele admitirse generalmente que las autoridades públicas deben esperar estar sometidas a mayores críticas públicas que otras personas y que, en su caso, las restricciones que protegen la reputación de las personas han de ser más limitadas. Amnistía Internacional expuso su convicción de que los funcionarios o autoridades que se consideren difamados deberían proteger su reputación por la vía civil, pues la penal no debe utilizarse de forma que se repriman las críticas a los funcionarios del Estado ni se intimide a quienes exponen preocupaciones legítimas relacionadas con los actos o prácticas de éstos.

Amnistía Internacional considera que las personas que se encontraban bajo custodia en relación con los procesos penales por insultar al presidente eran presos de conciencia. Entre ellos se encontraban Topchubek Turgunaliyev y Dzhumagazy Usupov, activistas políticos detenidos a finales de diciembre de 1995 y procesados en abril por «difamación» e «insultos». Amnistía Internacional comprobó que otro cargo adicional, «incitación a la discordia nacional o al odio», carecía de fundamento. Ambos fueron declarados culpables pero se les impuso un año de prisión, que quedó en suspenso, y fueron puestos en libertad.

Un periodista, Rysbek Omurzakov, fue detenido a finales de abril y acusado de «difamación». En el momento de redactar este documento se encontraba en prisión preventiva.

Castigos impuestos por «tribunales de ancianos» y milicias no oficiales

Amnistía Internacional planteó al presidente Akayev unas denuncias relativas a las actividades autorizadas por los denominados «tribunales de ancianos» (aksakal) a los que se había encomendado, desde enero de 1995, la responsabilidad de examinar casos de infracciones administrativas y disputas familiares, por propiedades y de otra índole, así como los delitos menores que les remiten los fiscales del Estado. Amnistía Internacional señaló que dichos tribunales no satisfacen los requisitos del artículo 14(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza que «toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley», y manifestó asimismo su inquietud por las denuncias de que milicias al margen de la ley que operan bajo la autoridad de los tribunales de ancianos han sometido a algunas personas a detención ilegal y malos tratos y han administrado castigos impuestos por estos tribunales, como latigazos y lapidación.

La pena de muerte

Amnistía Internacional tuvo conocimiento de dos nuevas penas de muerte impuestas por asesinato con premeditación en circunstancias agravantes. A Lyubov Sirotkina la condenaron en enero, pero la pena le fue conmutada posteriormente en apelación por quince años de prisión (véase el apartado Las mujeres en Europa). Nikolai Sokolov fue condenado en abril y el Tribunal Supremo confirmó en mayo la sentencia. Se cree que, en el momento de redactar este documento, se encuentra pendiente del resultado de una petición de clemencia.

Las personas que deseen más información sobre los casos y cuestiones destacadas anteriormente, así como sobre otros motivos de preocupación de AI en Kirguistán, deberán consultar el documento de Índice AI: EUR 58/01/96.

MOLDAVIA

Abolición de la pena de muerte (actualización de la información aparecida en Índice de AI EUR 01/01/96).

Tras la abolición de la pena de muerte del Código Penal por el Parlamento Moldavo en diciembre de 1995, en febrero de 1996 un decreto presidencial conmutó por cadena perpetua las condenas a la pena capital de diecinueve presos. A principios de mayo, Moldavia firmó el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Muerte bajo custodia en la autoproclamada República Moldava del Dniéster (actualización de la información aparecida en Índice de AI EUR 01/01/96/s)

En marzo se dispuso de más información sobre la investigación de los cargos, entre ellos el de asesinato con premeditación, contra dos agentes del Departamento del Interior de la ciudad de Rybnitsa por la muerte bajo custodia de Aleksandr Kalashnikov en marzo de 1995. Según esta información, en un principio se detuvo a cuatro agentes de dicho departamento en relación con el caso. Más tarde, tres de ellos quedaron en libertad en virtud de una amnistía especial para personas que habían servido en el ejército y combatido por la República Moldava del Dniéster. Sólo se mantuvieron los cargos contra uno de ellos, Vladimir Luchinets, que presuntamente había confesado haber dado muerte a Aleksandr Kalashnikov y permanecía a la espera de juicio. Se recibieron informes de que Vladimir Luchinets declaró que nada más producirse la muerte bajo custodia, un oficial del Departamento del Interior le había ordenado que asumiera toda la responsabilidad de la muerte de Aleksandr Kalashnikov y encubriera así a sus compañeros. Parece ser que el oficial alentó a Vladimir Luchinets a creer que aunque le condenaran a prisión, él también se beneficiaría de una amnistía. Según los informes, aceptó y fue detenido en abril de 1995.

También según los informes que citan declaraciones de Vladimir Luchinets, uno de los agentes que investigó los cargos existentes contra él, perteneciente a la Fiscalía de la República Moldava del Dniéster, le obligó a realizar ulteriores afirmaciones falsas en las que acusaba al jefe en funciones de la unidad de investigación criminal de Rybnitsa, Igor Semashko, de haber ordenado la muerte de Aleksandr Kalashnikov. Al parecer, el investigador le prometió que su esposa podría visitarle en prisión a cambio de estas afirmaciones.

En los mismos informes se afirma que, en diciembre de 1995, Vladimir Luchinets se hirió accidentalmente en una pierna mientras se encontraba en prisión preventiva e ingresó en un hospital. En febrero escapó de allí y regresó a su casa de Rybnitsa. No han vuelto a detenerle, pero, según informes, desde entonces tanto él como su esposa reciben llamadas anónimas de muerte. Temiendo presuntamente por su vida, a principios de marzo Vladimir Luchinets envió una carta al ministro de Seguridad del Estado de la República Moldava del Dniéster solicitando protección.

PORTUGAL

Amnistía Internacional pidió a las autoridades información sobre numerosos casos de abusos físicos y verbales por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (entre ellos una muerte y un tiroteo). Las denuncias judiciales fueron presentadas por personas de todos los ámbitos de la sociedad portuguesa, incluidos un magistrado del Ministerio del Interior, un soldado y ciudadanos de las ex colonias portuguesas, como Angola. La organización ha seguido la evolución de las investigaciones judiciales de violaciones de derechos humanos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en casos como el homicidio y la decapitación de un ex drogadicto, Carlos Rosa, por un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y las agresiones de agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) a trabajadores que habían ocupado una fábrica textil en Santo Tirso.

Nuevas denuncias judiciales de malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

A primera hora del 21 de abril, Francisco Monteiro, africano de raza negra de 25 años de edad, se encontraba en la puerta de un bar de Lisboa cuando le golpearon dos hombres que salieron de un automóvil. Uno de ellos le disparó en el estómago. Francisco Monteiro fue conducido al Hospital de Santa Marta, Lisboa, donde se le practicó una operación con carácter de urgencia. Según testigos presenciales, los agresores eran agentes de la PSP vestidos de civil. Más tarde se confirmó que el vehículo pertenecía a un agente de la PSP que se encontraba en él con algunos compañeros en ese momento. La PSP emprendió una investigación interna del incidente y el Defensor del Pueblo, doctor José Manuel Menéres Pimentel, anunció que había abierto una investigación judicial (Véase el Índice de AI: EUR 38/10/96).

Agentes de la PSP detuvieron a un soldado de 20 años, conocido como «Coelho», la noche del 4 al 5 de diciembre de 1995, tras un altercado con un cobrador de trenes. El «soldado Coelho» fue conducido al puesto de policía de la estación de Oeiras. Su padre, Serafim David Coelho, afirmó que allí le propinaron una «paliza brutal» y un gerente del hospital civil S. Francisco Xavier de Lisboa confirmó que tenía lesiones en la cara y el cráneo. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Santa Marta y de allí al Hospital Militar Principal, donde, tras ser sometido a nuevos reconocimientos, recomendaron que permaneciera en observación ocho días más. Unos días después del incidente, la familia Coelho presentó una denuncia judicial contra un agente de la PSP. La PSP acusó por su parte al joven soldado de insultos, comportamiento desobediente y tentativa de agresión. (Véase el Índice de AI: EUR 38/02/96).

Nelson De Cesar Morais Pires denunció que la noche del 21 al 22 de abril le habían maltratado en una comisaría de policía de Alfragide, cerca de Lisboa. Nelson Pires había acudido a una discoteca con dos amigos. Más tarde le acusaron, entre otras cosas, de conducta desordenada. Según manifestó, tras salir del local y ser detenido y conducido a una comisaría por agentes de la PSP, un agente le golpeó en la cara con la ayuda de otros dos. Aunque pidió que le viera un médico, le retuvieron toda la noche en la comisaría y no le llevaron ante un tribunal hasta varias horas después. El hospital de S. Francisco Xavier confirmó más tarde que tenía el ojo derecho hinchado y un edema en la zona izquierda de la mandíbula. Las radiografías revelaron que tenía fracturada la zona izquierda de la mandíbula, donde hubo de insertársele una placa metálica mediante cirugía. Más tarde lo trasladaron a otro hospital para ser sometido a cirugía plástica (Véase el Índice de AI: EUR 38/04/96).

António Guerreiro, magistrado de la Fiscalía del Estado, afirmó que cuatro agentes de la división de transportes de la GNR le habían agredido e insultado. El 30 de diciembre de 1995 se dirigía en automóvil hacia el centro de Cascais cuando le detuvieron cuatro agentes de la GNR que insinuaron que se dedicaba al tráfico de drogas. António Guerreiro ha afirmado que le propinaron puñetazos, le esposaron, le obligaron a salir del automóvil, le registraron, le llamaron «hijo de puta» y le llevaron al puesto de la GNR, donde unos agentes le amenazaron con ocasionarle daños físicos permanentes. Los agentes le llevaron al hospital antes de su comparecencia ante el juzgado. Los médicos informaron que no tenía ninguna fractura, pero que habían observado lesiones y zonas doloridas. (Véase el Índice de AI: EUR 38/08/96).

Dos angoleños, Fernando Coxe, camarero, y Adalberto Miti da Costa, ayudante de cocinero, que se dirigían caminando hacia casa desde un bar el 11 de octubre de 1995, denunciaron que dos agentes de la PSP se acercaron a ellos y les insultaron y, sin una explicación aparente, empezaron a pegar a Fernando Coxe. Cuando su amigo intervino, le golpearon también. Según ambos angoleños, les condujeron a la comisaría de policía de Mercês, en Lisboa, y, mientras esperaban allí, pasaron varios agentes quienes, por turno, les propinaron patadas, bofetadas o puñetazos. Los angoleños aseguran que también les golpearon con bates de béisbol, porras y culatas de armas. Adalberto da Costa declaró que un agente vestido de civil le dijo: «Lo único que te mereces es una bala en la cabeza». Después le abrieron la cabeza con una porra que el agente que vestía de civil pidió a un compañero uniformado. José Falcão, director de una organización antirracista llamada SOS-Racismo, que acudió a la comisaría en busca de información, manifestó que le golpearon a él también. Cuando todavía se encontraban bajo custodia, Fernando Coxe y Adalberto da Costa fueron trasladados al Hospital de S. José para recibir cuidados médicos y fueron atendidos de heridas en la cabeza, una oreja cortada y abrasiones diversas. Tras ser conducidos ante el juzgado, se recibieron informes de que el juez había desestimado el caso contra los dos acusados por falta de pruebas y que solicitó que el departamento de investigación criminal de la policía abriera una investigación de las denuncias de los angoleños. (Véase el Índice de AI: EUR 38/06/96).

Homicidio y decapitación de Carlos Rosa

Amnistía Internacional ha seguido la investigación judicial del caso de Carlos Manuel Lopes Rosa, ex drogadicto de 25 años que el 7 de mayo fue abatido a tiros en el puesto de Sacavém de la Brigada Territorial 2 de la GNR. Ya se habían realizado otras investigaciones judiciales por incidentes de malos tratos en este puesto. Carlos Rosa había sido citado allí para interrogarle sobre delitos relacionados con la droga en la zona. Según informes, su cadáver decapitado fue arrojado al río Trancão, donde lo encontró posteriormente un pastor. La cabeza se halló en una plantación de caña de Chelas. La Policía Judicial está investigando el asesinato. El sargento adjunto que se encontraba al mando del puesto, actualmente encarcelado en la prisión militar de Tomar, se confesó autor del homicidio. También se está investigando a otros cinco soldados. El sargento declaró que había disparado accidentalmente contra Carlos Rosa y que, presa del pánico, le había decapitado con un machete. Los informes de la autopsia llevada a cabo por el Instituto de Medicina Legal de Lisboa no habían revelado, a finales de junio, si la muerte había sido ocasionada por disparo o decapitación, y las autoridades que llevan a cabo la investigación no han confirmado, hasta la fecha, los informes de que a Carlos Rosa lo torturaron antes de matarle.

Ataque policial en Santo Tirso

El 22 de febrero, se ordenó a unos agentes de la PSP que expulsaran a unos trabajadores que habían ocupado una fábrica textil de Santo Tirso como protesta por la pérdida de sus puestos de trabajo. Durante la expulsión resultaron heridos tres trabajadores, además de un trabajador jubilado, este último de gravedad, tras ser golpeado en la cabeza con una porra. La investigación del incidente llevada a cabo por el defensor del pueblo, doctor Menéres Pimentel, publicada en marzo, concluyó que algunos agentes se habían comportado con exceso de celo. No obstante, aunque cuestionó la «estricta necesidad del uso de la fuerza en una situación en la que había tres trabajadores aislados que no mostraban una actitud agresiva hacia la policía», el ministro del Interior, doctor Alberto Costa, decidió no procesar individualmente a los policías responsables porque no habían recibido una formación adecuada.

Seguimiento de casos anteriores

La GNR informó a Amnistía Internacional que se había acusado oficialmente a un agente de utilizar violencia innecesaria con Rogério Camoesas, cuyo caso investiga la organización desde finales de 1995. Rogério Camoesas afirma que un agente de la GNR le golpeó e insultó en un parque de Penafiel el 30 de agosto de 1995, con resultado de lesiones en la espalda y el brazo izquierdo (véase el Índice de AI: EUR 38/03/95). El juicio de Joaquim Teixeira está previsto para el 26 de septiembre de 1996 ante el tribunal de Vila Real (véase el Índice de AI: EUR 01/01/96/s).

REINO UNIDO

Muertes bajo custodia

Amnistía Internacional continuó manteniéndose al tanto de las muertes bajo custodia resultantes de presuntos malos tratos o del uso excesivo de la fuerza utilizada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para reducir a personas bajo su custodia. Las autoridades no han iniciado investigaciones independientes de las denuncias para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia, ni ha adoptado medidas eficaces para impedir que se produzcan más muertes en el futuro.

Ibrahima Sey, de veintinueve años de edad, solicitante de asilo gambiano, murió el 16 de marzo cuando estaba bajo la custodia de unos agentes de policía del este de Londres tras producirse un altercado en su domicilio entre él y su esposa. Ibrahima Sey accedió a ir voluntariamente a la comisaría si le permitían que le acompañara un amigo. No fue esposado y, según su amigo, su actitud era pacífica. Cuando llegaron al patio de la comisaría la policía separó a la fuerza a los dos amigos y, según informes, Ibrahima Sey se mostró muy alterado. Lo arrojaron al suelo y lo esposaron. En un momento dado fue rociado con un aerosol de gas CS. La policía dijo en una declaración de prensa que tras su llegada a la comisaría Ibrahima Sey se sintió mal y fue conducido a un hospital, donde falleció. La autopsia inicial mostró que había sufrido un colapso tras realizar un esfuerzo y que padecía hipertensión cardiaca. La familia de Ibrahima Sey alegó que no tenía ningún historial de dolencias cardíacas. No se proporcionaron más detalles de resultados de la autopsia, por ejemplo, si aparecían marcas o contusiones en el cuerpo.

Una declaración de la policía confirmó que en el caso de Ibrahima Sey se había utilizado el aerosol manual de gas CS para incapacitarlo después de su arresto. La policía ha afirmado que no hay pruebas que indiquen que el aerosol de gas CS contribuyera a la muerte. Sin embargo, sigue sin conocerse el resultado de las pruebas toxicológicas. La policía no ha hecho públicas las circunstancias en que se hizo uso del aerosol de gas CS. Según informes, las directrices establecen que los agentes pueden utilizar el aerosol «ante todo, en defensa propia» y «para tratar con sujetos violentos a los que no se puede incapacitar con otros métodos». Sin embargo, en un artículo aparecido el 24 de abril en el periódico Independent se afirmaba que al menos cinco agentes trataban de inmovilizar a Ibrahima Sey cuando le rociaron la cara con el gas del aerosol; que en aquel momento tenía las manos esposadas a la espalda; y que varios agentes padecieron los efectos del aerosol y fueron reemplazados por otros agentes. Los policías implicados en el incidente no fueron suspendidos de sus funciones durante la investigación sobre la muerte.

Los aerosoles de gas CS fueron suministrados a 15 fuerzas de policía, de forma experimental, por un periodo de seis meses a partir del 1 de marzo. Provocan lagrimeo y secreción nasal, espasmos de los párpados, dificultades respiratorias durante tres y 15 minutos y, en algunos casos, ampollas en la piel e incluso quemaduras de segundo grado. Un agente sufrió quemaduras en un cincuenta por ciento de la córnea de un ojo y un cuarenta por ciento en el otro, y quemaduras en la frente. El aerosol de gas CS también puede provocar lesiones permanentes pero no mortales en los pulmones en dosis relativamente bajas. Existe riesgo de muerte para personas que padecen asma, que toman otras drogas o que están inmovilizadas en posturas que afectan a la respiración.

En este periodo se produjeron otras dos muertes controvertidas; sin embargo, hasta la fecha se ha proporcionado muy poca información sobre ellas. El 21 de abril, Ziya Mustafa Birikim, de cuarenta y siete años, murió en un hospital de Londres. Según informes, sufrió un colapso cuando la policía intentó arrestarlo por arrojar objetos a los vehículos que pasaban y por su propia seguridad. El 30 de abril, Donovan Williams, de treinta y seis años, sufrió un colapso por sofocación y murió en una comisaría de Londres después de haber sido arrestado por presunta posesión de drogas. La autopsia inicial no arrojó ninguna conclusión.

En enero el pesquisidor realizó una investigación con jurado sobre la muerte bajo custodia policial de Shiji Lapite; el fallo fue de «homicidio injustificado» por unanimidad. Shiji Lapite había sido arrestado el 16 de diciembre de 1994 por la policía de Londres por «actuar de forma sospechosa». Durante la violenta refriega que se produjo para incapacitarlo, los dos agentes le propinaron dos patadas, en la cabeza con gran fuerza, le mordieron y utilizaron un método de incapacitación reconocidamente peligroso, la llave en el cuello. A los pocos minutos de la detención su cuerpo se aflojó y fue conducido al hospital donde se declaró su muerte. En los informes de los patólogos se indicaba que el cuerpo de Shiji Lapite había sufrido entre 36 y 45 lesiones, en particular en la laringe y en el cuello, y que la muerte se produjo por asfixia. La investigación no aclaraba por qué no se había comunicado a todos los agentes de policía que era peligroso realizar una llave en el cuello, tal como indican las directrices pertinentes. La Fiscalía de la Corona se ve ahora obligada a revisar su decisión inicial de no procesar a los agentes implicados.

En abril se informó de que se había iniciado una investigación policial a nivel nacional sobre las muertes y las lesiones graves causadas por la policía.

El 30 de marzo, Jim McDonnell, de treinta y seis años, de la zona oeste de Belfast, murió en la cárcel de Maghaberry, en Irlanda del Norte. Había solicitado compartir la celda con su hermano Liam porque su padre había fallecido la noche anterior. Su solicitud fue rechazada, se produjo una riña y fue trasladado al ala de castigo de la cárcel. Posteriormente le encontraron muerto en la celda. La autopsia estableció que murió de un ataque al corazón; también presentaba lesiones graves, entre ellas 11 costillas rotas, fractura de esternón y desgarrón de un cartílago en el cuello. A la familia le comunicaron que las lesiones se produjeron cuando intentaban resucitarlo.

Informes de malos tratos

Amnistía Internacional continuó recibiendo informes de malos tratos físicos por parte de la policía.

El 21 de febrero, Amer Rafiq, camarero y estudiante a tiempo parcial, fue presuntamente maltratado por la policía metropolitana de Manchester al ser detenido por provocar disturbios públicos y mientras le conducían en un furgón a la comisaría. Sufrió una grave lesión en un ojo y fue conducido al hospital, pero los cirujanos no pudieron salvarle el ojo derecho y tuvieron que extirpárselo.

La Policía Metropolitana pagó cuantiosas sumas de dinero a las víctimas de agresiones. En marzo, Kenneth Hsu recibió 220.000 libras al decidir el jurado que había sido agredido y arrestado injustamente por la policía. En abril, Danny Goswell recibió 302.000 libras por daños y perjuicios tras oír el tribunal que había sido golpeado en la cabeza con una porra mientras estaba esposado. El policía que agredió a Danny Goswell fue despedido por el director de la Policía, pero fue reintegrado a su puesto por el ministro de Interior. En junio, Terry Brownbill recibió 150.000 libras en concepto de daños y perjuicios; había sido golpeado cuando le arrestaron y acusado en falso de agredir a dos sargentos de policía. El mismo mes, dos refugiados políticos kurdos, Haci Bozkurt y Baki Ates, recibieron 150.000 libras por daños y perjuicios por haber sido objeto de patadas y puñetazos y haber sido arrastrados hasta el interior de un furgón policial.

Investigaciones en Irlanda del Norte

Las investigaciones en Irlanda del Norte continuaron viéndose obstaculizadas por fuertes restricciones, que fueron recurridas legalmente en varios casos. En el caso de Pearse Jordan (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s) un juez de un Tribunal Superior falló en enero que la decisión del pesquisidor de permitir que los agentes de policía prestaran testimonio anónimamente y de negarse a que el abogado de la familia tuviera acceso a las declaraciones de los testigos al principio de la investigación caía dentro del ejercicio correcto de sus funciones.

La investigación sobre la muerte de Liam Thompson quedó postergada indefinidamente en enero, al obstaculizar de forma decisiva el Comisario de la Real Policía del Ulster (RUC) la comparecencia de testigos del servicio civil y de la RUC. Varios testigos afirmaron que Liam Thompson murió en 1994 a manos de paramilitares unionistas que habían realizado una incursión a través de una brecha del muro de seguridad, y que las autoridades no habían respondido a las peticiones de que se reparase la brecha.

La investigación realizada en el mes de junio sobre el homicidio de Patrick Shanaghan, cometido por paramilitares unionistas en 1991, puso de manifiesto la insuficiencia del procedimiento. El alcance de la investigación no comprendía la investigación del incidente realizada por la policía, y el Comisario de la RUC logró bloquear los testimonios relativos a las denuncias de que mientras Shanaghan permanecía en el centro de interrogatorio de Castlereagh su esposa era amenazada por los entrevistadores de la policía que dijeron que darían su nombre a los paramilitares unionistas.

Abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares

Amnistía Internacional condenó el atentado con bomba llevado a cabo por el Ejército Republicano irlandés (IRA) el 15 de junio en Manchester, en el cual resultaron heridas más de doscientas personas, la mayor parte a consecuencia de la rotura de cristales. La bomba explotó en el centro de la ciudad de Manchester cuando miles de personas se encontraban en el área comercial.

Esta acción era la continuación de otras explosiones previas llevadas a cabo por el IRA desde que rompió el alto el fuego el 9 de febrero, entre ellas el atentado con bomba en London Docklands, en el que se produjeron dos muertes y más de cien civiles resultaron heridos, y una «explosión prematura» en un autobús de Londres el 18 de febrero, en la que murió un miembro del IRA y resultaron heridas ocho personas.

Amnistía Internacional también se siente profundamente preocupada por los homicidios y palizas denominados «de castigo», que son acciones llevadas a cabo por grupos paramilitares contra miembros de sus propias comunidades en Irlanda del Norte. Desde el comienzo del año se han producido los siguientes actos de este tipo: Ian Lyons murió abatido a tiros el 1 de enero por el grupo autodenominado Acción Directa Contra la Droga, y que se cree relacionado con el IRA; Tommy Shepperd murió abatido a tiros por los unionistas el 21 de marzo; y el homicidio de Gino Gallagher el 30 de enero encendió la disputa entre dos facciones del Ejército Irlandés de Liberación Nacional, con el resultado de otras cuatro muertes (entre ellas la de una niña de nueve años) y varios heridos.

Este año, las palizas de «castigo» siguen siendo una constante. El 21 de enero, los Combatientes por la Libertad del Ulster, grupo unionista, propinó una paliza a Ervine Fleming y más tarde se disculparon alegando que se habían confundido de persona. Ervine Fleming tenía en brazos a su hija de dos años cuando una banda irrumpió en su domicilio y le atacó con martillos y bates de béisbol ante su esposa e hijos. Sufrió heridas graves en la cabeza y contusiones. El 27 de marzo, Martin Doherty, de dieciocho años, fue atacado por un grupo de seis o siete republicanos, que le clavaron puntas de metal en las rodillas y en los brazos. También en marzo, tres hombres golpearon con bates de béisbol a Kerry Deeds, de diecisiete años, le arrojaron al suelo y le propinaron patadas. Sufrió la rotura de los dos brazos, heridas en la cabeza, heridas en las piernas y contusiones en el cuerpo. El mismo mes, un joven de diecinueve años fue tiroteado en ambas piernas; los Unionistas contra el Gamberrismo se atribuyeron la responsabilidad. En junio se recibieron informes de una nueva forma de paliza «de castigo» en Belfast occidental: atar a jóvenes de arriba a abajo y darles una paliza. Un joven de veintiún años fue encontrado colgando boca abajo atado a una verja. Había sido atacado por hombres armados con barras de acero y porras de madera con clavos incrustados. Anteriormente, otro joven de dieciséis años había recibido un trato similar.

Colusión

En febrero, el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte estudió la petición del fiscal general para que se revisara la sentencia de Derek Adgey basándose en que era «indebidamente clemente». Derek Adgey, soldado de la Marina Real, había sido condenado a cuatro años de cárcel tras admitir 22 cargos relacionados con la información que obtuvo mientras estuvo de servicio y que proporcionó a los Combatientes por la Libertad del Ulster. Afirmó que había proporcionado la información porque «odiaba a los protestantes (provos) y prefería que murieran ellos a católicos inocentes». El Tribunal de Apelación se negó a incrementar la condena.

En junio, Mark Black, cabo del Regimiento Real Irlandés, fue condenado a doce meses de cárcel, con suspensión de tres años, por estar en posesión de documentos prohibidos del ejército en los que aparecían detalles de presuntos miembros del IRA. Dijo a la policía que la información era para su uso personal «para combatir el terrorismo». Afirmó que no pasó ni intentó pasar información a los unionistas. Anteriormente, el tribunal había tenido conocimiento de que en su casa se habían encontrado los siguientes artículos: un pañuelo de bolsillo con el emblema de la Asociación para la Defensa del Ulster; unos guantes de cirujano; un sombrero de lana verde; una máscara de esquiar; un instrumento para limpiar un rifle SA 80. No fue acusado de posesión de estos artículos.

Legislación de emergencia

La Ley de Disposiciones de Emergencia para Irlanda del Norte y la Ley de Prevención del Terrorismo se prorrogaron otros dos años. El gobierno anunció su intención de introducir el video sin sonido para grabar las entrevistas con presuntos terroristas en Irlanda del Norte. En abril se introdujeron repentinamente nuevas enmiendas a la Ley de Prevención del Terrorismo que aumentaban el poder de la policía en Inglaterra para detener y registrar a transeúntes en la calle; la negativa a cooperar podía acarrear una condena de hasta seis meses de cárcel. Dos magistrados, Lord Lloyd de Berwick y el juez Kerr, fueron designados para dirigir una revisión de toda la legislación antiterrorista. Deben presentar su informe en otoño.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que a John Murray se le había negado injustamente el acceso a un abogado en el centro de interrogatorio de Castlereagh, en Irlanda del Norte. El Tribunal afirmó que Murray debía haber tenido acceso a la asesoría legal tan pronto como comenzó el interrogatorio. Sin embargo, el Tribunal rechazó la opinión de que en este caso la restricción del derecho a permanecer en silencio violara las disposiciones del Convenio Europeo. Amnistía Internacional ha presentado comentarios por escrito al Tribunal en relación con este caso.

REPÚBLICA CHECA

Presuntos malos tratos en un club de rock de Praga

El 4 de mayo, sobre las 10 de la noche, en el club «Propast», situado en la calle Lipanské de Praga, unos 60 agentes de policía con pasamontañas y armados con pistolas y porras golpearon indiscriminadamente a decenas de jóvenes que asistían a un concierto de rock. Los policías sacaron a la fuerza a muchas personas al exterior, donde continuaron golpeándoles. Luego colocaron a muchos de los que se encontraban en el club en fila, de cara a la pared y con las manos en alto, para comprobar su identidad. Llevaron a seis personas a comisaría para comprobar su identidad y las pusieron en libertad sin cargos poco después. De acuerdo con los informes, al menos 10 personas presentaron denuncias por los golpes recibidos. Entre los heridos a consecuencia de los golpes se encontraban Markéta Weigová, que presentaba conmoción cerebral, hematomas múltiples en los muslos y un fuerte dolor de espalda, y Bertrand Boisvert, con una costilla fracturada, conmoción cerebral y lesiones y contusiones en brazos y piernas. Se recibieron informes que la policía había realizado una investigación sobre el incidente y que también se había iniciado una investigación judicial sobre los responsables de los malos tratos. En junio, Amnistía Internacional preguntó al ministro de Justicia sobre los resultados de la investigación.

El caso de Martin Červeňák

En junio, después de la publicación del Informe 1996 de Amnistía Internacional, en el que se exponían los resultados de la investigación sobre la muerte de Martin Červeňák cuando se encontraba bajo custodia (véase también Índice AI: EUR 01/01/95/s, EUR 01/02/95/s y EUR 01/01/96/s), el Ministerio del Interior informó a Amnistía Internacional de que no hay instrucciones especiales para la policía cuando efectúa registros en domicilios de romaníes. Amnistía Internacional respondió que la información sobre esas órdenes o instrucciones provenía de un documento oficial, el informe del fiscal de Plzeň sobre la investigación de la muerte de Martin Červeňák. En noviembre de 1995, Amnistía Internacional instó al ministro de Justicia a que iniciara una revisión gubernamental para revocar estas instrucciones. No se recibió ninguna respuesta a esta carta.

REPÚBLICA ESLOVACA

Presuntos malos tratos al doctor Vasilij Demidov

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, el 13 de mayo, alrededor de las seis de la tarde, unos agentes de policía intervinieron en los grandes almacenes «Prior» en una disputa entre el doctor Vasilij Demidov y un guardia de seguridad. Según parece, los agentes habían rociado al doctor con gas lacrimógeno, le arrojaron al suelo y le esposaron. A continuación, le condujeron a la comisaría de policía donde varios agentes de uniforme y vestidos de civil le esposaron a una barra de acero, le empujaron y le propinaron patadas. Parece ser que cuando pidió agua intentaron hacerle beber alcohol. Le obligaron también a firmar una declaración pero, cuando intentó leerla, sintió un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Más tarde recuperó el sentido, pero como seguía sufriendo desmayos llamaron a una ambulancia que le condujo a un hospital. Según informes, como consecuencia de los malos tratos, el doctor Demidov fue atendido de conmoción cerebral, edema cerebral, heridas sangrantes en la parte posterior de la cabeza, lesiones en el riñón izquierdo, hemorragia del tracto urinal, lesiones cardiacas, heridas y lesiones en todo el cuerpo y las extremidades y daño post-traumático del nervio radial. También parece que se vio aquejado de síndrome de post-contusión y lesiones oculares. El doctor Vasilij Demidov es el presidente de la Asociación Eslovaca de Anestesiólogos, e inmediatamente antes del incidente había pronunciado dos conferencias ante sus colegas de Martin.

Según los informes recibidos, la policía afirmó que el doctor Demidov estaba ebrio y se mostraba agresivo en el momento de su detención. Adujo también que había insultado y agredido a unos agentes que intentaron detenerle utilizando el grado de fuerza adecuado. Ya en la comisaría, el doctor Demidov se arrojó al suelo y propinó patadas, primero a una puerta y, posteriormente, a un agente, golpeándole en el muslo. Después se ocasionó diversas lesiones al destrozar una máquina de escribir y cuando se golpeó la cabeza en un lavabo al caer. Según las noticias publicadas en la prensa, la Oficina de Investigaciones de Martin acusó después al doctor Demidov de vandalismo y agresión a un agente.

En junio, Amnistía Internacional instó a Jozef Liščák, ministro de Justicia, a que emprendiera una investigación exhaustiva e imparcial sobre los presuntos malos tratos infligidos al doctor Vasilij Demidov, a que hiciera públicos los resultados y procesara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

RUMANÍA

Disparos de agentes de policía

Amnistía Internacional siente preocupación por el creciente número de incidentes en los que la policía dispara contra las personas en circunstancias prohibidas por los principios 4 y 9 de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de las Naciones Unidas. En todos los casos las víctimas iban desarmadas y no ponían en peligro la vida de los agentes de policía ni de ninguna otra persona.

El 2 de mayo, alrededor de las cinco de la madrugada, un soldado armado que había abandonado su unidad sin permiso, disparó contra dos agentes de policía. Poco después se organizó para detener al sospechoso una amplia operación policial en la que participaron cientos de agentes. Alrededor de las diez de la mañana, delante del número 13 de la calle Sargento Tache Gheorghe, dos policías observaron a Marius Cristian Palcu, soldado desarmado que regresaba a casa de una cita con el dentista, le instaron a detenerse y, según informes, efectuaron un disparo de advertencia. Cuando Marius Cristian Palcu echó a correr, le dispararon por la espalda. Murió poco después como consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo.

Según informes, alrededor de las cuatro y media de la tarde del 1 de julio, en Mangalia, Soseaua Constantei, un agente de policía, cuya identidad conoce Amnistía Internacional, disparó seis veces contra Isai Iaşar, presunto carterista. Una de las balas hirió en la cabeza a Ionut Vlase, de 13 años, que estaba jugando con otros niños delante del bloque de pisos donde vive. El agente se alejó del lugar del tiroteo sin ayudar al niño herido, que más tarde fue llevado al hospital del departamento de Constanta por sus padres. Según la información de que se dispone, el fiscal militar de Constanta ha emprendido una investigación del tiroteo. Según el jefe de policía de Mangalia, el agente implicado en él actuó en defensa propia cuando Isai Iaşar amenazó con arrojarle una piedra.

Alrededor de las tres de la madrugada del 2 de junio, en Medgidia, un agente de policía y un gendarme detuvieron a Kerim Aşim y a Derviş Givan, romaníes, por haber presuntamente robado una televisión y ropa. Ambos echaron a correr delante de la comisaría. Según el jefe de policía de Medgidia, el agente que había efectuado la detención los persiguió en un taxi. Cuando los alcanzó, los hombres salieron corriendo en distintas direcciones. El agente, entonces, dio el alto a Kerim Aşim y realizó cuatro disparos, hiriéndole en una pierna. Tras ser examinado por un médico de Medgidia, Kerim Aşim fue trasladado al penal de Poarta Albă, a la espera de los resultados de una investigación.

En otro incidente ocurrido el 2 de junio, alrededor de las diez de la noche, en Coltau, cuatro guardias públicos que se dirigían a la estación de autobuses del sector romaní de la población, se vieron obligados a parar por un grupo de personas que protestaban por la paliza propinada a un joven al que habían atrapado robando cerezas el día anterior. Según los informes, los guardias públicos dijeron después que el grupo amenazó con atacarles, por lo que le apuntaron con sus armas y dispararon varias veces, hiriendo a Alexandru Rezmives en el cuello y a Zoltan Rezmives en una pierna. Nelu Craitar, de diecisiete años, resultó herido leve en la cara por los fragmentos de una piedra destrozada por una bala que rebotó. Los tres hombres fueron llevados al hospital Baia Mare, donde tuvieron que amputarle la pierna a Zoltan Rezmives. Según los informes, el departamento de policía local está investigando el incidente.

En noviembre de 1995, Amnistía Internacional manifestó al fiscal general de Rumanía la preocupación de la organización por el creciente número de incidentes de uso inadecuado de armas de fuego por parte de policías en el país (véase el Índice de AI: EUR 01/01/96/s). En abril de 1996, el fiscal general informó a Amnistía Internacional de los resultados de la investigación de los disparos contra Marcel Ghinea, según los cuales éste, tras forzar un vehículo que se encontraba aparcado, se negó a obedecer la orden de un agente de que se quedara donde estaba e intentó huir. «Los agentes tomaron medidas para detener al sospechoso, disparando al aire primero y después contra él e inmovilizándole al herirle en la pierna derecha.» El fiscal general consideró estas actuaciones de la policía legales y «acordes al artículo 19, letra d, de la Ley 26/1994, que permite el uso de armas de fuego para detener a los sospechosos que intentan huir, desobedeciendo órdenes de permanecer donde se encuentran». Sin embargo, la investigación no estableció que Marcel Ghinea fuera armado o que hubiese amenazado de cualquier otra forma la vida de los agentes u otras personas cuando se produjo el tiroteo. Por consiguiente, Amnistía Internacional expresó su inquietud porque la conducta de los agentes que participaron en él, así como las disposiciones de la ley rumana que permiten tales acciones policiales, no concuerdan con los principios internacionalmente admitidos.

En mayo y junio, Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que investigaran de forma exhaustiva e imparcial estos incidentes, y a que hicieran públicas las estadísticas del número de casos de disparos de agentes de policía que se investigaron en 1994 y 1995, así como los resultados de las investigaciones.

Presuntos malos tratos a Iulian Vlad

Alrededor de las seis de la mañana del 17 de enero, un grupo de agentes de policía acudió a casa de la familia Vlad en la calle Oltului 3, Trgoviste, y se llevaron a la comisaría a Maria Vlad y a sus hijos Georgian, Cristian, Iulian y Laurentiu, de 16 años, todos ellos romaníes. Allí se efectuó un careo con dos guardianes de una granja que habían denunciado el robo de heno. Maria Vlad y sus hijos quedaron en libertad cuando los guardias declararon que no los habían visto nunca. Tanto en su casa como en la comisaría, los agentes realizaron comentarios racistas, como que todos los romaníes son ladrones.

El 24 de enero, la familia Vlad fue convocada nuevamente a la comisaría. Según los informes, los agentes que interrogaron a Iulian Vlad le golpearon, exigiéndole que confesase el robo de heno. Maria Vlad oyó sus gritos y acudió a contratar a un abogado. Georgian Vlad declaró que había visto por una puerta abierta a su hermano Iulian agazapado junto a la pared, con el rostro pálido por la paliza. Cuando llegó el abogado, no pudo hablar con Iulian Vlad, y sólo pudo ver a Georgian, Cristian y Laurentiu, a quienes también estaba interrogando la policía. A las diez de la noche, el abogado comunicó a Maria Vlad que la policía iba a dejar en libertad a todos, excepto a Iulian. Sin embargo, sólo Cristian y Georgian quedaron libres esa noche. Laurentiu Vlad fue conducido a un centro de detención de menores. Él y Iulian Vlad, que permaneció recluido en la comisaría, fueron puestos en libertad sin cargos el 26 de enero. Según informes, sospechaban que Iulian Vlad había robado el heno a causa de una vieja herida en un brazo, pues uno de los guardias había herido a uno de los ladrones en un brazo.

En mayo, Amnistía Internacional instó al fiscal general de Rumanía a que efectuara una investigación exhaustiva e imparcial de los presuntos malos tratos a Iulian Vlad, a que hiciera públicos los resultados y procesara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Violencia anti-romaní en Bucarest

Amnistía Internacional siente inquietud ante un nuevo incidente de violencia en el que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley no protegieron adecuadamente las vidas y propiedades de romaníes (véase Romania. Broken commitments to human rights, Índice de AI: EUR 39/01/95) El 14 de junio, las autoridades policiales de Curtea de Arges, Bucarest, aunque podían haber identificado a los instigadores e impedido incidentes de violencia contra los romaníes, no tomaron, al parecer, las medidas adecuadas para impedir actos que pusieron en peligro vidas humanas y en los que se produjeron incendios provocados y destrucción de propiedades. En Curtea de Arges, un suburbio de Bucarest, vive una pequeña comunidad de alrededor de cincuenta romaníes. Algunos se establecieron allí tras la violencia racista ocurrida en abril de 1991 en Bolentin Deal, departamento de Giurgiu, donde la policía no impidió a la multitud que atacase a los romaníes, prendiera fuego a veintiuna de sus casas y destruyera otras cinco. Cuando los romaníes intentaron regresar al pueblo un mes más tarde fueron quemadas cinco casas más.

El 12 de junio se produjo un conflicto entre la población mayoritaria y los romaníes tras una pelea en el bar local que hizo que, según los informes, el propietario del local pidiese la expulsión de todos los romaníes. Al día siguiente, entre las once de la noche y medianoche, un numeroso grupo de personas se aproximó a las casas de los romaníes, amenazaron con destruirlas e instaron a sus habitantes a marcharse. Algunos de los romaníes se armaron de horcas y hachas en defensa propia. El ataque se canceló cuando un muchacho de 16 años se hirió en una pierna. Los romaníes declararon que se había herido al saltar una valla. Los demás, que le había herido un romaní. Entretanto, intervinieron varios agentes de la Sección 19. Poco después, todos los romaníes adultos dejaron la comunidad por temor a que se produjera una acción policial.

Alrededor de las cinco de la madrugada del 14 de junio, seis vehículos de policía llegaron a Curtea de Arges para efectuar un registro en la comunidad romaní. Se llevaron a la comisaría a tres mujeres y dos menores de edad, uno de ellos sordomudo, para interrogarles sobre los acontecimientos de la noche anterior y el paradero de los hombres romaníes. Fueron puestos en libertad a la una de la tarde y, cuando volvían, vieron a un grupo de hombres que gritaban en el bar que estaban listos para otro ataque esa noche. A las ocho de la tarde, Emilian Nicolae, activista en favor de los derechos humanos, llamó al capitán Motoc, jefe de la Sección 19, advirtiéndole de los preparativos para el ataque. El capitán y un grupo de 10 o 15 agentes se encontraban en la comunidad esa noche cuando, a las once y media, un grupo numeroso de personas empezó a romper puertas y ventanas de las casas romaníes, obligando a los romaníes a abandonar sus hogares. Una casa fue incendiada y otras cinco resultaron dañadas o destruidas. Según la declaración de un romaní cuya identidad conoce Amnistía Internacional, el capitán Motoc incitó a la multitud a entrar en las casas romaníes y sus agentes no tomaron ninguna medida para impedir la violencia. A medianoche llegaron refuerzos policiales que dispersaron a la multitud y restablecieron el orden en la comunidad.

Amnistía Internacional instó a las autoridades rumanas a que investigaran con prontitud y exhaustivamente el incidente en el que corrieron peligro vidas y propiedades romaníes, así como la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que no las protegieron adecuadamente, a que hicieran públicos los resultados de las investigaciones y a que procesaran a todos los responsables de violaciones de derechos humanos.

Véase también el apartado Las mujeres en Europa.

SUIZA

Presuntos malos tratos por parte de agentes de policía

Se inició una investigación policial sobre la denuncia presentada en febrero por AS, solicitante de asilo procedente de Kosovo, provincia de la República Federal de Yugoslavia, tras ser detenido en Lugano la mañana de 22 de diciembre de 1995 por robar un par de zapatos. AS denunció que a su llegada a la comisaría de Lugano había sufrido malos tratos y había sido insultado por cuatro de agentes de policía y que cuando solicitó la presencia de un abogado no se lo concedieron, aun cuando el Código de Procedimiento Penal de 1993 del Cantón de Ticino introducía la posibilidad de tener acceso inmediato a un abogado después del arresto. Afirmó que le habían ordenado firmar un documento escrito en italiano y que cuando alegó que no entendía el italiano y que no podría enterarse del contenido fue golpeado de nuevo. Entonces firmó y alrededor de una hora después de su llegada a la comisaría le llevaron a una celda y recibió una negativa cuando pidió que le viera un médico. Quedó en libertad alrededor de las seis de la mañana del día siguiente y solicitó tratamiento médico en el servicio de urgencias de un hospital local que expidió un certificado el 27 de diciembre de 1995 confirmando que en la revisión médica realizada el 23 de diciembre de 1995 se había constatado una fuerte contusión en la parte inferior de la pierna, hematoma e hinchazón en el brazo derecho y otras lesiones en el ojo derecho que requirieron el examen de un especialista. AS continúa recibiendo tratamiento médico en el ojo. Unas semanas después del arresto recibió una carta de la Oficina Federal para los Refugiados en la que constaba que AS había retirado su solicitud de asilo. Al parecer, esta petición la había hecho en el documento que firmó en la comisaría. Posteriormente, AS presentó una denuncia ante las autoridades judiciales.

En una carta fechada el 27 de diciembre, las autoridades del cantón de Ticino respondieron a las preguntas realizadas en diciembre de 1995 por Amnistía Internacional sobre la denuncia formal de malos tratos infligidos por la policía presentada ante las autoridades judiciales en el mes de junio de 1995 por Ali Doymaz y Abuzer Tastan, kurdos turcos con la condición oficial de refugiados. Habían sido arrestados por la policía de Chiasso en abril de 1995 por ayudar a introducir en Suiza a un inmigrante ilegal, un familiar (véase Índice AI: EUR 01/01/96/s). Amnistía Internacional había solicitado algún tipo de comentario sobre las denuncias, la confirmación de la apertura de investigaciones oficiales, y en particular, información sobre si los denunciantes habían sido entrevistados por las autoridades judiciales. En la respuesta se indicaba que el fiscal general de Ticino había abierto una investigación sobre las denuncias, había obtenido informes de la policía de Chiasso sobre el caso y que poco después dispondría de más información preliminar. A finales de junio, un año después de presentar la denuncia, Ali Doymaz y Abuzer Tastan no habían sido interrogados.

Una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior de Zurich (Obergericht) en marzo establecía que las lesiones sufridas por Hassan L. en febrero de 1995 (véase Índice AI: EUR 01/02/95/s) podían atribuirse a una pugna violenta con la policía en el momento de su detención y a una caída en la celda como consecuencia de su embriaguez y de su deficiente estado físico. Hassan L. había denunciado que la policía de Zurich lo había maltratado en la calle y en una comisaría en la noche del 1 al 2 de febrero de 1995. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que no había sido maltratado en la calle y de que los policías se habían visto obligados a utilizar la fuerza (incluido el uso de un palo de madera que estaba en el suelo) para reducirlo y para protegerse a sí mismos. Después de la investigación inicial sobre la denuncia formal presentada por Hassan L., los fiscales habían solicitado que dos agentes de una brigada de estupefacientes de la policía de la ciudad de Zurich fueran acusados de abuso de autoridad y de provocar lesiones físicas en la comisaría, y pidieron que fueran condenados a cinco días de arresto. Al examinar la apelación contra la absolución presentada por Hassan L. ante un tribunal de primera instancia, el Tribunal Superior manifestó que en su testimonio existían contradicciones y que su recuerdo de los hechos no era muy fiable, posiblemente debido a la gran cantidad de alcohol que había ingerido el día del arresto. Reconoció que en el testimonio de la policía sobre la detención una vez dentro de la comisaría también existían contradicciones y que no podía excluir completamente la posibilidad de que hubiera sido maltratado allí, pero llegó a la conclusión de que no existían pruebas fidedignas que respaldaran la denuncia y sirvieran para declarar culpable a ningún agente.

En junio, tres agentes de la misma brigada de estupefacientes, entre ellos dos de los agentes absueltos en el caso de Hassan L., fueron juzgados por un juez del tribunal del distrito de Zurich por abuso de autoridad y provocar lesiones corporales a un refugiado político iraní cuando realizaban un registro en busca de drogas en noviembre de 1993. No se encontraron drogas y el hombre quedó en libertad sin cargos. El juez llegó a la conclusión de que al menos uno de los agentes había hecho uso de fuerza excesiva al propinar patadas al iraní, causándole cortes y hematomas en la pierna y en la ingle, pero absolvió a los tres agentes basándose en que era imposible establecer cuál o cuáles de ellos eran los que habían propinado las patadas. En su denuncia formal, el iraní había alegado que un grupo de hombres vestidos de civil, que no se identificaron como policías, le habían agarrado por el pelo, le habían golpeado contra la pared y le habían propinado patadas y puñetazos. Los tres agentes acusados, que negaron haberle propinado patadas, afirmaron que se había resistido al registro corporal y que se habían visto obligados a empujarlo contra la pared para reducirlo. El juez consideró que el corte en el labio del denunciante se había producido probablemente en ese momento y que otras lesiones en la cabeza que había alegado no quedaban totalmente probadas.

El caso había sufrido varios retrasos. Después de la denuncia presentada por el hombre contra varios agentes de policía sin identificar en diciembre de 1993, pasó un año sin que apenas se realizaran progresos en la investigación y sin que las distintas partes implicadas en el caso fueran interrogadas sobre los presuntos incidentes. A primeros de 1995, el fiscal de distrito (Bezirksanwalt) ordenó que se retiraran los cargos contra cuatro agentes entonces bajo investigación. En agosto de 1995, un juez de un tribunal de distrito aceptó la apelación del denunciante contra esta decisión, criticó la «valoración unilateral» de los elementos de juicio que había hecho la acusación y calificó de «incomprensible» el razonamiento en que se basaba la decisión para no seguir adelante con los procedimientos. Solicitó que se siguiera con los procedimientos y que se volvieran a presentar los cargos. En noviembre de 1995 la acusación dictó auto de procesamiento contra dos de los agentes, pero solicitó que fueran exculpados y se les pagara una compensación. Los cargos contra los otros dos agentes fueron retirados de nuevo pero, tras una serie de apelaciones del demandante que tuvieron éxito ante un tribunal de distrito, el fiscal procesó a uno de ellos en marzo de 1996. El juez no concedió compensación ni al policía ni al demandante, que ha presentado una apelación.

En los últimos años, el cantón de Ginebra ha introducido una serie de reformas orientadas a mejorar las salvaguardias contra los malos tratos a detenidos bajo custodia policial (véase Suiza: Denuncias de malos tratos bajo custodia policial, Índice AI: EUR 43/02/94/s). Sin embargo, a pesar de estas reformas han seguido llegando informes de varias denuncias de malos tratos por parte de la policía.

El 18 de marzo, tras una investigación policial, el fiscal general de Ginebra dictó condenas condicionales de tres y cuatro meses de cárcel contra dos agentes de policía por provocar lesiones físicas a un ciudadano marroquí el 23 de diciembre de 1995. La policía le había detenido a primeras horas de la mañana tras recibir un aviso de una cafetería de la ciudad, donde le encontraron en estado ebrio y provocando un alboroto. Fue esposado y conducido a la comisaría, de la que salió unas cuatro horas después. Unos días después presentó una denuncia formal contra la policía alegando que le habían golpeado mientras estaba esposado y le habían llamado «sucio árabe». Al parecer, la denuncia estaba respaldada por certificados médicos en los que constaba que tenía dos costillas rotas o con fisuras y contusiones y rasguños en la espalda. Según declaraciones aparecidas en la prensa, el fiscal general adoptó la decisión tras oír el testimonio de un policía en periodo de formación que se encontraba en la comisaría en el momento de los presuntos incidentes y que declaró que había visto cómo uno de los agentes golpeaba al detenido mientras el otro agente miraba sin intervenir. En junio, los agentes presentaron una apelación que tuvo éxito alegando que los cargos presentados contra ellos debían ser examinados por una instancia superior, y el caso fue remitido al fiscal general para que decidiera si se debía designar un juez investigador o si el caso debía pasar directamente a una vista ante un tribunal penal ordinario de Ginebra. Sin embargo, la acusación sólo puede proceder si la presunta víctima continúa adelante con la denuncia.

En vista de estas denuncias, Amnistía Internacional acogió con satisfacción la aprobación por el parlamento cantonal de Ginebra, en el mes de abril, de unas reformas legislativas que introducían salvaguardias contra posibles malos tratos bajo custodia policial. Entre las medidas adoptadas se incluía el examen médico rutinario de todo presunto delincuente antes de ser interrogado por la policía (a menos que el detenido se negase); también se haría un examen médico después del interrogatorio si el detenido lo solicitaba. También se propuso que no hubiera excepciones al derecho de tener acceso inmediato a un abogado después de estar 24 horas bajo custodia policial y que los detenidos debían tener derecho a que se informase rápidamente a sus familiares de su detención, excepto cuando existiera el riesgo demostrable de comprometer la investigación criminal. También debía ponerse a disposición de todo detenido bajo custodia policial una lista de sus derechos escrita en varios idiomas y redactada en un estilo comprensible para él. El jefe de la policía de Ginebra apoyó públicamente la introducción de estas reformas, señalando que el examen médico sistemático de los detenidos también serviría para proteger a los agentes de denuncias infundadas de malos tratos. Sin embargo, en el momento de escribir este documento las reformas no han entrado en vigor ya que están sujetas a un referéndum cantonal.

La conveniencia de introducir estas reformas también se pone de manifiesto ante las denuncias formales presentadas por Marc G. ante el jefe de policía de Ginebra y el fiscal general el 28 y el 29 de marzo respectivamente. Afirmó que, después de llevar a cabo un robo por el método del tirón en una calle de Ginebra, unos agentes le arrinconaron junto con un cómplice en el interior de un edificio. Denunció que, tras rendirse, uno de los agentes ordenó a un perro policía que le atacara y que el perro le mordió en el hombro, la cadera, el muslo y la rodilla izquierda, y que cayó al suelo con fuertes dolores. Dijo que a pesar de sus repetidas demandas de que llamaran al perro, el agente animó al animal a continuar, riéndose mientras miraba; finalmente el perro se retiró cuando Marc G. dejó de moverse. Afirmó que tras haber sido esposado con las manos a la espalda, otro agente lo atrajo hacia sí y le arrojó contra la pared, después de lo cual el perro le volvió a atacar en el muslo y que, cuando se quejó, el agente le golpeó en la cabeza con la pistola. Dijo que un tercer agente le arrastró escaleras abajo hasta la calle, le empujó violentamente la cabeza y el torso sobre el capó del vehículo policial, agarró las esposas y le retorció los brazos hacia atrás hasta que pensó que le iba a romper el brazo, mientras le clavaba el codo en la columna vertebral y el cuello y le amenazaba con nuevos malos tratos en la comisaría si no «hablaba».

Afirmó que en la comisaría fue interrogado por el agente que presuntamente le había golpeado con la pistola y que cuando le dijo que se encontraba muy mal, que era diabético y que necesitaba insulina, el agente respondió que llamarían a un médico cuando contestara a algunas preguntas. Afirmó que después de ser interrogado alrededor de una hora, durante la cual no le dieron comida, agua ni insulina, suplicó que llamaran a un médico. Según la denuncia de Marc G., a los veinte minutos llegó una doctora y dijo al agente que precisaba hospitalización urgente; en vez de eso le volvieron a interrogar una vez que la doctora se marchó y le dijeron que si quería que le llevaran al hospital debía firmar una confesión. Declaró que fue interrogado durante unas cuatro horas antes de que lo llevaran al hospital cantonal, donde fue examinado por un médico que fotografió sus lesiones. Permaneció en el hospital en observación toda la noche y después le volvieron a llevar a la comisaría, donde le interrogaron de nuevo antes de conducirlo a una cárcel local ese mismo día. En la denuncia que presentó en el mes de marzo, Marc G. afirmaba que aún padecía fuertes dolores de cabeza y en la cadera y hombro; está esperando que le operen el hombro. Se adjuntaban las fotografías tomadas en el hospital cantonal y un certificado confirmando que el 4 de febrero el servicio de urgencia había constatado contusiones en la cabeza e hinchazón y numerosos cortes y magulladuras en la pierna izquierda, concentradas en torno al muslo. En el certificado se indicaba que el resultado del examen médico era «coherente» con las denuncias del paciente de que había recibido un golpe en la cabeza con la culata de una pistola y que había sido atacado por un perro. Un certificado expedido por el servicio médico de la cárcel tras un examen realizado el 5 de febrero también indicaba lesiones traumáticas en la pierna izquierda y hombro. Al final de mayo, el fiscal general decidió que la denuncia de Marc G. debía ser asignada a un juez investigador.

TAYIKISTÁN

Amnistía presidencial para un ex preso de conciencia

En enero, el presidente Imamali Rakhmonov promulgó un decreto por el que retiraba los cargos penales contra tres líderes activistas de la oposición, entre ellos el ex preso de conciencia Bozor Sobir, que había sido declarado culpable en 1993 por el Tribunal Supremo de cargos que incluía hacer un llamamiento para derrocar al gobierno (véase Índice AI: EUR 01/02/94/s). Bozor Sobir había vivido en el exilio desde que quedó en libertad en septiembre de 1993 tras haber sido condenado a una pena condicional de dos años de cárcel.

Respuesta oficial sobre la ejecución extrajudicial de Muso Isoyev

En junio, Amnistía Internacional recibió otra respuesta de las autoridades de Tayikistán sobre la presunta ejecución extrajudicial en 1992 del actor Muso Isoyev (véase Índice AI: EUR 60/04/93). Un funcionario de la oficina del presidente confirmó que la investigación criminal sobre su muerte seguía abierta (Amnistía Internacional ya había sido informada de esta investigación a fines de 1993, pero no había recibido noticias posteriores acerca de su desarrollo), aunque se creía que los sospechosos implicados en el caso habían abandonado el país.

La pena de muerte

Amnistía Internacional supo que, a finales de 1995, el Tribunal Supremo había dictado una nueva sentencia de muerte contra Majid Ilyasov por su implicación en el asesinato de nueve miembros de una familia. Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que se conmutaran ésta y todas las demás condenas a muerte.

Homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por las fuerzas de oposición

En febrero, Amnistía Internacional expresó su preocupación a los dirigentes de la oposición tayik a la vista de unos informes según los cuales las fuerzas que actuaban a las órdenes de los dirigentes del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán habían matado de forma deliberada y arbitraria a un grupo de 21 soldados del gobierno y civiles que habían sido hecho prisioneros al ser interceptado el convoy en el que viajaban.

Algunos supervivientes del incidente, citados en los medios de comunicación, relataron que un grupo de unos 30 combatientes de la oposición interceptaron un convoy constituido por ocho vehículos cerca de Si Cheragh, en el valle de Garm (en el centro de Tayikistán). Al parecer, el convoy transportaba provisiones desde Dushanbe, la capital, para las fuerzas gubernamentales destacadas en el distrito de Tavildara, e iba escasamente armado. Los supervivientes dijeron que el comandante del convoy fue persuadido por los combatientes de la oposición para que entregase las armas y que lo llevaron aparte, junto con otros integrantes del convoy, aparentemente para negociar con sus captores. Entonces los abatieron a tiros. Según informes, Haji Akbar Turajonzoda, vicepresidente primero del Partido del Renacimiento Islámico, había manifestado tras el incidente que asumía personalmente toda la responsabilidad del mismo.

En un llamamiento a los dirigentes de la oposición, Amnistía Internacional señaló que el conflicto de Tayikistán se había caracterizado por graves abusos contra los derechos humanos, de los que todas las partes eran responsables. La organización destacó que sólo se podría poner fin a estos abusos con la determinación y la autoridad de todos los dirigentes civiles y militares. Amnistía Internacional instó a los dirigentes de la oposición tayik a adherirse a las normas mínimas de conducta estipuladas en el artículo común 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, por el que se prohíbe, tanto a los gobiernos como a sus adversarios, torturar, matar deliberadamente a civiles que no toman parte en hostilidades, hacer daño a heridos, prisioneros o personas que quieren rendirse, o tomar rehenes. Amnistía Internacional instó a que se dieran instrucciones estrictas a todas las fuerzas armadas que actuaban a las órdenes de los dirigentes del Partido del Renacimiento Islámico o con su aprobación para que respetaran estas disposiciones de los Convenios de Ginebra.

TURKMENISTÁN

Presos de conciencia y malos tratos a opositores políticos

En marzo, Amnistía Internacional publicó el informe Turkmenistan: “Measures of persuasion” - Recent concerns about possible prisoners of conscience and ill-treatment of political opponents (Índice AI: EUR 61/03/96). El informe actualizaba la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/96/s, e incluía una exposición detallada del caso de Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev y noticias sobre la suerte que habían corrido las personas detenidas tras la celebración de una manifestación contra el gobierno en julio de 1995. También se destacaban en el documento varios casos de posibles abusos de prácticas psiquiátricas con fines políticos, así como otros casos de malos tratos por parte de la policía y de presuntos agentes del gobierno, y se resumían las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte y las deficientes condiciones penitenciarias, que podían considerarse grave mal trato.

Los casos esbozados a continuación salieron a la luz tras la publicación del informe del mes de marzo.

Ata Aymamedov, preso de conciencia

Ata Aymamedov era teniente coronel de policía y jefe de personal de la escuela de policía en Ashgabat, capital de Turkmenistán. Según informes, en febrero, en el transcurso de una conversación con dos amigos, Ata Aymamedov comentó que la vida era muy dura para el pueblo de Turkmenistán y que la única manera de enderezar la situación era la destitución del presidente Saparmurad Niyazov. Al parecer, uno de los amigos informó inmediatamente a las autoridades de la conversación.

Según fuentes extraoficiales, Ata Aymamedov fue detenido inmediatamente, y se ha sugerido que fue juzgado sumariamente el mismo día de su detención, en contravención del Código de Procedimiento Penal de Turkmenistán y de las normas internacionales para un juicio justo. La persona que denunció a Ata Aymamedov a las autoridades testificó contra él en el juicio. Ata Aymamedov fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por «gamberrismo». Según informes, la tercera persona fue multada por su implicación en el incidente.

Amnistía Internacional creyó que el encarcelamiento de Ata Aymamedov constituía una violación de su derecho fundamental a la libertad de expresión. Amnistía Internacional consideró a Ata Aymamedov preso de conciencia e instó a que le pusieran en libertad inmediata e incondicionalmente. Según informes, quedó en libertad en mayo tras un indulto presidencial.

Detenciones por breves periodos y temor por la seguridad de los participantes en manifestaciones contra el gobierno.

Amnistía Internacional sintió preocupación por los informes de que varios participantes en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en los meses de febrero y marzo habían sido detenidos por cortos periodos, y de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían buscado a los presuntos organizadores de dichas manifestaciones para interrogarlos. Según informes, dos de las tres manifestaciones que tuvieron lugar fueron calificadas por fuentes extraoficiales de totalmente pacíficas, y Amnistía Internacional sintió preocupación por el hecho de que personas detenidas por tomar parte en las mismas fueran presos de conciencia. Según informes, en el mes de febrero tuvieron lugar dos manifestaciones en sendos asentamientos de las regiones de Dashhowuz y Balkan como protesta por la falta de alimentos y los atrasos en el pago de los salarios, y en marzo en Ashgabat como protesta por la demolición de viviendas para construir un parque recreativo. En los tres casos, los manifestantes eran en su mayoría mujeres y niños. Aunque no fue posible obtener información sobre víctimas individuales de violaciones de derechos humanos relacionadas con las manifestaciones, Amnistía Internacional expuso a las autoridades de Turkmenistán su preocupación por la conducta general adoptada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con los manifestantes, como informaron fuentes extraoficiales.

Posibles abusos en el ámbito psiquiátrico: el caso de Rufina Arabova

Rufina Arabova, con un historial de protestas pacíficas por la violación de sus derechos laborales, fue confinada en un hospital psiquiátrico de Ashgabat en el mes de enero. Fuentes extraoficiales afirman que no fue confinada por necesidad médica sino porque las autoridades consideran sus protestas como una expresión de oposición política (para más información, véase el apartado Las mujeres en Europa).

Posibles abusos en el ámbito psiquiátrico: el caso de Durdymurad Khodzha-Mukhammed (actualización de Índice AI: EUR 61/03/96)

Según informes, Durdymurad Khodzha-Mukhammed fue confinado en un hospital psiquiátrico en el mes de febrero contra su voluntad. Desde que se publicó el informe del mes de marzo de Amnistía Internacional sobre Turkmenistán, en el que se expuso el caso, la organización ha sabido por fuentes extraoficiales que Durdymurad Khodzha-Mukhammed estaba retenido en un hospital de Bekrava, y no de Geok-Tepe como aparece en el informe.

Corrección del informe de marzo: Yevgenia Starikova, posible presa de conciencia

Amnistía Internacional ha sabido de fuentes turkmenas que una posible presa de conciencia que se mencionaba en el informe del mes de marzo aparecía incorrectamente identificada como Yevgeny Starikov, un hombre. La persona en cuestión es una mujer, Yevgenia Starikova (para más información, véase el apartado Las mujeres en Europa).

TURQUÍA

Tras las elecciones de diciembre de 1995, en junio se formó una coalición entre el Partido de la Justa Vía y el Partido del Bienestar, con Necmettin Erbakan como primer ministro y otra coalición que duró muy poco entre el Partido de la Justa Vía y el Partido de la Madre Patria a primeros de año. Es la primera vez en los setenta y tres años de la república laica de Turquía que el gobierno tiene al frente un primer ministro que encabeza un partido islamista.

La brutalidad en las cárceles tiene como resultado muertes y huelgas de hambre

La brutalidad sufrida por presos y detenidos se planteó como un asunto de importancia fundamental en la primera mitad del año. Policías y gendarmes (soldados que ejercen funciones policiales) siguen encargándose del traslado de presos de una cárcel a otra, o de conducirlos a los tribunales o al hospital, y a menudo son llevados a las cárceles para sofocar las protestas de los presos. La policía utiliza estas oportunidades para infligir castigos sumarios a los presos políticos, como fuertes palizas, a veces con resultados mortales. Amnistía Internacional ha presentado con frecuencia ejemplos de estos malos tratos al gobierno turco y ha recomendado que se adopten medidas para garantizar que las autoridades penitenciarias (bajo la autoridad del Ministerio de Justicia) tienen suficientes recursos para efectuar los traslados y hacer frente a los disturbios, de modo que una vez que un preso haya sido arrestado por los tribunales nunca tenga que estar en contacto con la policía (que opera bajo la autoridad del Ministerio del Interior).

Orhan Özen, Gürbüz Yasin, Abdülmecit Seçkin y Gültekin Beyhan murieron a consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza cuando unos doscientos policías y gendarmes entraron el 4 de enero en la Prisión Especial de Ümraniye, abierta recientemente, tras negarse los presos a presentarse al control de asistencia de la mañana. Además de estas cuatro muertes resultaron heridos 28 presos, seis gendarmes y un guardián que fueron conducidos al hospital.

La tensión se incrementó en todas las cárceles turcas y en el mes de abril comenzó una larga serie de huelgas de hambre después de que el ministro de Justicia promulgó unas directrices revocando determinados privilegios y ordenando que los presos políticos fueran dispersados por las cárceles de todo el país. En junio, un grupo de presos que se había puesto en huelga de hambre informó que cuando los gendarmes los trasladaron de la cárcel de Diyarbakır a la de Gaziantep, los tiraron al suelo y les produjeron cortes con cristales en el estómago, espalda, brazos y piernas. Un informe médico expedido el 6 de junio confirmaba señales de golpes y cortes producidos con instrumentos afilados. El propio médico que escribió el informe estuvo detenido durante dos días, al parecer por revelar información sobre las condiciones de los presos.

Murieron doce presos en huelga de hambre antes de que el Ministerio de Justicia aceptara sus principales demandas. Entre ellas estaban la de que los presos no fueran maltratados durante los traslados a los tribunales o desde los tribunales ni durante los traslados a las citas hospitalarias; que los familiares que visitaban a los presos políticos no fueran maltratados; que los detenidos encarcelados no fueran dispersados a cárceles lejanas del lugar del juicio, en las que estarían aislados de los demás detenidos, de sus abogados y de sus familias.

Periodista golpeado hasta morir cuando estaba bajo custodia policial

El 8 de enero, Metin Göktepe, fotógrafo del periódico Evrensel (Universal) que había cubierto el funeral de los presos golpeados hasta la muerte en la cárcel de Ümraniye en Estambul, fue golpeado hasta morir cuando estaba bajo custodia policial.

La policía de Estambul había impedido que la gente se reuniera para celebrar un funeral adecuado y ella misma enterró los cuerpos. Mientras tanto, detuvo a centenares de personas, entre ellas a Metin Göktepe.

El cuerpo de Metin Göktepe fue encontrado el 8 de enero, a las ocho y media de la tarde, en los terrenos del centro deportivo de Eyüp, que había sido utilizado como centro de interrogatorio temporal. Una cinta de vídeo grabada en secreto muestra los malos tratos a que eran sometidos los detenidos del centro. En el informe de la autopsia emitido el 9 de enero por el Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Estambul constaba que Metin Göktepe había sido golpeado hasta morir.

Siguieron varios días de encubrimiento oficial. El jefe superior de la policía de Estambul sugirió que Metin Göktepe se había caído y había muerto al tratar de escapar. Finalmente, el escándalo público indujo al Ministerio del Interior a iniciar una investigación. En febrero, la oficina del gobernador de Estambul dio luz verde al procesamiento de 11 agentes de policía por asesinato. Sin embargo, la oficina del gobernador de Estambul bloqueó el procesamiento del jefe superior de policía de Eyüp por un presunto delito de negligencia en el cumplimiento de su deber e intento de ocultar la muerte de Metin Göktepe. El juicio de los 11 agentes aún continúa.

Indicios de implicación del Estado en la matanza de Güçlükonak

Las autoridades turcas anunciaron que el 12 de enero, cerca de la ciudad de Güçlükonak, en la provincia de Şırnak, el PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos) había matado a un grupo de 11 hombres, siete de ellos guardias de aldea, que iban en un minibus al que prendieron fuego. El Jefe del Estado Mayor envió periodistas de los principales periódicos y emisoras de radiodifusión a Güçlükonak, el remoto escenario de la matanza.

Poco después comenzaron a surgir dudas sobre la versión oficial de lo sucedido, principalmente en el seno de las familias de las víctimas. Una delegación constituida por una amplia gama de organizaciones internacionales, profesionales y de derechos humanos investigó la matanza y reunió pruebas que parecían apuntar claramente a que los responsables eran en realidad fuerzas del gobierno.

Los homicidios parecían haber sido perpetrados en un intento de desacreditar el alto el fuego declarado en diciembre por el PKK. Una resolución del Parlamento Europeo había instado al gobierno turco a que diera una respuesta a este alto el fuego.

Cuando se exigió una explicación sobre el incidente, el gobierno turco manifestó que consideraba cerrado el caso y no estaba dispuesto a iniciar una investigación independienteⁱⁱⁱ.

Pruebas médicas corroboran los informes de tortura de estudiantes de enseñanza secundaria.

La opinión pública turca se sintió conmocionada ante las denuncias de que la policía había torturado a niños en Manisa, en el oeste de Turquía. El incidente salió a la luz cuando Sabri Ergül, parlamentario representante de Manisa por el Partido Popular Republicano contó en los periódicos su visita no anunciada al cuartel general de la policía de Manisa: «Oí llorar y abrí la puerta de la habitación contigua para averiguar lo que sucedía. Allí estaban los jóvenes con los ojos vendados, y algunos estaban desnudos».

Dieciséis jóvenes, entre ellos siete adolescentes estudiantes de enseñanza secundaria, informaron que habían sido torturados en el cuartel general de la policía de Manisa entre el 26 de diciembre de 1995 y el 5 de enero de 1996. Todos ellos fueron acusados de respaldar a la organización ilegal DHKP-C (Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular). Según las denuncias de los detenidos, corroboradas mediante pruebas médicas, la policía los vendó los ojos, los desnudó, dirigió contra ellos una manguera de agua fría y los sometió a descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, entre ellas los genitales. La policía agredió sexualmente a algunos de los detenidos varones introduciéndoles una porra en el ano y estrujándoles los testículos. Las jóvenes informaron que fueron sometidas a pruebas ginecológicas a la fuerza y que las amenazaron con violarlas.

Basándose en las denuncias de tortura realizadas por los jóvenes acusados, el tribunal penal de Manisa abrió un juicio el 24 de junio contra 10 agentes del cuartel general de policía de Manisa.

Un niño muerto bajo custodia

El 9 de enero de 1996, el niño de 14 años Çetin Karakoyun recibió un disparo en la cabeza en la comisaría de Maĝazalar, en Mersin, y murió poco después en el hospital. Según las declaraciones oficiales, el disparo se produjo accidentalmente cuando un agente «estaba jugando con su pistola». Según los relatos que varios detenidos han enviado a Amnistía Internacional, los interrogadores les pusieron una pistola en la boca o en la cabeza.

Imam Karakoyun, padre de Çetin, contó cómo le comunicaron la noticia después de avisarle que fuera al hospital:

Fui a la unidad de cuidados intensivos y le dije a un agente de policía que era el padre de Çetin Karakoyun. El agente inmediatamente me trajo una silla y llamó a otros cuatro agentes y a un jefe. Me dijeron que fuera a la comisaría de Maĝazalar. Antes de entrar en la comisaría el jefe me tomó del brazo y caminó conmigo por la calle arriba y abajo. Me dijo: «Perdóneme, he reunido 32 millones de libras turcas [unas 320£] y quiero dártelas, no se lo diga a nadie y nosotros tampoco lo haremos». Pregunté por qué quería darme el dinero y replicó: «Mi más sentido pésame, su hijo ha muerto». Yo dije: «Pero ¿cómo murió? Nadie me lo ha dicho». El jefe respondió: «Fue un accidente. Se cayó de un balcón. Está en el hospital». Entonces quise ir al hospital. Entré en la unidad de cuidados intensivos. El fiscal y el médico también estaban allí y me hicieron sentar en una silla. En ese momento me desmayé.

Según informes oficiales, Çetin Karakoyun fue interrogado el 8 de enero por dos agentes en presencia de un abogado en la comisaría de Maĝazalar en el contexto de un robo relámpago. El mismo día fue examinado por un psiquiatra del hospital estatal de Mersin que manifestó que Çetin Karakoyun no era capaz de comprender el delito y sus consecuencias.

La denuncia de Imam Karakoyun de que su hijo había sido torturado bajo custodia está respaldada por el informe de una autopsia fechado el 9 de enero en el que se describen hematomas en diferentes partes del cuerpo de Çetin Karakoyun, en particular en la zona de la cadera y pierna izquierdas. El agente responsable fue detenido posteriormente y en marzo quedó en libertad en la primera vista del juicio que se abrió contra él.

Continúan los homicidios cometidos por grupos de oposición

El número de homicidios de civiles y de presos cometidos por grupos armados de oposición ha disminuido significativamente desde 1993, año en el que sólo el PKK mató a más de 200 no combatientes. El cambio puede reflejar un creciente reconocimiento por parte de los grupos armados de oposición de que el homicidio de civiles, que constituye una violación de las normas humanitarias internacionales, no tiene defensa alguna. Desgraciadamente, sin embargo, se siguen recibiendo informes de estos homicidios. En marzo, Agit Akdoĝan fue abatido a tiros en Gaziantep y, según informes, en mayo Abdullah Ay y Maşallah Lale murieron a manos del PKK, que argumentó que habían actuado como «agentes» del gobierno.

En enero, el DHKP-C llevó a cabo lo que denominó un acto de venganza por los tres presos que quedaban en la cárcel de Ümraniye acusados de pertenecer al DHKP-C que fueron golpeados hasta morir. Varias personas entraron en las oficinas del complejo industrial Sabancı Holdings de Estambul y mataron a Özdemir Sabancı, miembro de la familia dueña del complejo, a Haluk Görgün, uno de los directores, y a Nilgün Hasef, secretaria. Las tres víctimas no eran responsables de lo sucedido en la cárcel de Ümraniye, ni siquiera estaban remotamente relacionadas con ello, pero parece que fueron escogidas arbitrariamente por el DHKP-C.

Según informes, también en enero el Ejército de Liberación de los Campesinos y los Trabajadores Turcos(TIKKO) admitió su responsabilidad en el homicidio de Halil Ulaşan y Ayhan Kaynar en Estambul. No se conoce el motivo de los homicidios.

UCRANIA

La pena de muerte: continúan las ejecuciones

La postura oficial permite que las ejecuciones continúen

Amnistía Internacional se ha sentido preocupada por los informes según los cuales durante el periodo a que hace referencia este documento las ejecuciones continuaban a pesar de la moratoria en vigor, y de que aún se imponían sentencias de muerte.

En marzo, Amnistía Internacional recibió una comunicación de la embajada de Ucrania en Canadá en la que se afirmaba: «Debido a las graves preocupaciones expresadas por algunas organizaciones de derechos humanos, así como otras a título personal, sobre las denuncias de que continúan las ejecuciones en Ucrania, la siguiente información puede ayudar a una mejor comprensión de la postura de Ucrania sobre este tema... En el ámbito nacional no se ha aprobado oficialmente ninguna ley para abolir la pena de muerte ni se ha impuesto ninguna moratoria sobre las ejecuciones. Por lo tanto, todas las acusaciones de que Ucrania ha violado sus obligaciones internacionales deben ser consideradas vanas y sin fundamento. Ucrania ha cumplido convenientemente sus compromisos internacionales y se propone seguir así, incluso en el tema de la pena de muerte».

En mayo, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que un funcionario de la Fiscalía General de Ucrania había dicho al padre del preso condenado a muerte Sergey Tekuchev (véase infra) que no tenía conocimiento de que existiera una moratoria y que los procedimientos relacionados con los presos condenados a muerte seguían siendo los mismos.

El pasado 28 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la Resolución 1097 (1996) sobre la abolición de la pena de muerte en Europa, en la que manifestaba: «En particular, condena a Ucrania porque al parecer ha violado su compromiso de aplicar una moratoria sobre las ejecuciones al incorporarse al Consejo de Europa». Además, la Asamblea Parlamentaria «insta a Rusia, Ucrania y Letonia a que cumplan sus compromisos sobre la aplicación de una moratoria sobre las ejecuciones y sobre la abolición de la pena capital inmediatamente. Se advierte a estos países de que una nueva violación de sus compromisos, especialmente en lo que concierne a llevar a cabo las ejecuciones, tendrá las consecuencias que se estipulan en la Orden No. 508 (1995)».

Estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte

Las estadísticas oficiales, proporcionadas por el Ministerio de Justicia en mayo, mostraban que en 1995 fueron condenadas a muerte 191 personas (en comparación con las 143 de 1994) y que 149 fueron ejecutadas (60 en 1994). Sólo se conmutó una pena de muerte (dos en 1994). Hubo denuncias de que en 1995 las autoridades ucranianas habían acelerado intencionadamente los trámites de las ejecuciones antes de que se impusiera la moratoria oficial de las ejecuciones en noviembre de 1995.

Ucrania no ha publicado ninguna estadística sobre la aplicación de la pena de muerte desde su incorporación al Consejo de Europa, y Amnistía Internacional teme que la cifra de ejecuciones sea mucho mayor que los pocos casos que han salido a la luz. Una emisora de radio ucraniana informó que desde que Ucrania se incorporó al Consejo de Europa habían sido ejecutados más de cien presos.

Casos individuales de pena de muerte

El periódico Vecherniy Donetsk informó en abril que Yury Strukhov había sido ejecutado recientemente. En julio, Amnistía Internacional supo a través de fuentes extraoficiales que Vladimir Ogoltsov había sido trasladado a la cárcel de Dnepropetrovsk en junio y que había sido ejecutado. Las mismas fuentes extraoficiales informaron que Sasha Markitan, Vitaly Alkhimov y Sergey Skarabagatov, todos ellos condenados a muerte, habían sido trasladados a la cárcel de Dnepropetrovsk en los meses de junio y julio. Igualmente, Amnistía Internacional supo que al final de junio Vitaly Gumenyuk, condenado a muerte, había sido trasladado de la cárcel de Zhitomir a la de Lukyanov, en Kiev, donde se cree que se llevan a cabo las ejecuciones. Amnistía Internacional consideraba que estas personas podían estar en peligro de inminente ejecución.

También creía que corrían riesgo de ejecución inminente Aleksey Vedmedenko y Sergey Tekuchev, cuyas peticiones de clemencia fueron rechazadas a primeros de julio por el presidente de Ucrania, Leonid Kuchma.

Amnistía Internacional instó al presidente Kuchma a que reconsiderara la cuestión y otorgara clemencia a Sasha Markitan, Vitaly Alkhimov, Sergey Skarabagatov, Vitaly Gumenyuk, Aleksey Vedmedenko y Sergey Tekuchev. Instó a las autoridades a que llevaran a cabo una investigación inmediata sobre la muerte de Yury Strukhov y Vladimir Ogoltsov, y a que hicieran público el resultado.

UZBEKISTÁN

Presos de conciencia

Detenciones en Samarcanda

Kholiknazar Ganiyev, Bakhtiyor Burkhanov y Nosim Boboyev fueron detenidos en febrero en Samarcanda y acusados de «difamar o calumniar públicamente al presidente de la República de Uzbekistán utilizando diversos medios, como la prensa u otros medios de comunicación». Al parecer, los cargos estaban relacionados con la posesión y distribución de copias del periódico prohibido del movimiento Birlik («Unidad»), también llamado Birlik, así como de estar en posesión de copias de los periódicos prohibidos Erk («Libertad», publicado por el partido de oposición del mismo nombre) y Forum. En abril, los tres hombres quedaron en libertad y se retiraron los cargos contra ellos.

Kholiknazar Ganiyev y Bakhtiyor Burkhanov, profesores adjuntos de la universidad del estado de Samarcanda, y Nosim Boboyev, inspector de impuestos, eran miembros de la rama regional de Samarcanda del movimiento Birlik.

Detenciones por cortos periodos: Paulina Braunerg, defensora de derechos humanos, y su hijo adolescente Nikita

En el mes de marzo, Paulina Braunerg, abogada y activista de derechos humanos, fue detenida tres veces en el transcurso de tres días por los agentes del Servicio de Seguridad Nacional de la ciudad de Almalyk, cerca de la capital, Tashkent. Su hijo Nikita fue detenido dos veces en el mismo periodo. Aparentemente, Paulina Braunerg fue detenida por su presunta implicación en una actividad comercial ilegal, pero parece ser que el verdadero motivo fue investigar sus actividades políticas y en favor de los derechos humanos. En el momento de escribir este documento, Paulina Braunerg no había sido acusada de ningún delito(para más información, véase el apartado Las mujeres en Europa).

Liberaciones (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/96/s)

Los posibles presos de conciencia Abdulla Abdurazzakov y Rashid Bekzhanov quedaron pronto en libertad gracias a una amnistía presidencial anunciada al final de mayo. El posible preso de conciencia Gaipnazar Koshchanov quedó en libertad al mismo tiempo y su nombre apareció en una lista oficial en la que se comunicaba la noticia de la amnistía a Amnistía Internacional aunque, según la información de la organización, su condena acababa en ese momento.

«Desapariciones»

El caso de Abduvali Mirzoyev y Ramazan Matkarimov (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/96/s)

Para responder a la campaña de los miembros de Amnistía Internacional sobre la «desaparición» en agosto de 1995 de Abduvali Mirzoyev y Ramazan Matkarimov, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán hizo una declaración en la que afirmaba que «las denuncias de implicación del Servicio de Seguridad Nacional... no tienen ningún fundamento». En la declaración se informaba que la investigación sobre la «desaparición» de los dos hombres había llegado a la conclusión de que, en el aeropuerto de Tashkent, Abduvali Mirzoyev y Ramazan Matkarimov, «junto con los demás pasajeros, fueron a la sala de espera antes de subir al avión, embarcaron y despegaron rumbo a Moscú». En una declaración a la sección de Helsinki de la organización Human Rights Watch, citada en el informe de mayo de 1996 de una organización de derechos humanos con sede en EE. UU., un alto cargo de la fiscalía fue más allá ofreciendo «la inverosímil versión de que esos hombres habían despegado de Uzbekistán pero no habían llegado a Moscú».

Tortura y malos tratos

El caso de Dmitry Fattakhov (actualización de la información aparecida en Índice AI: EUR 01/01/96/s)

En respuesta a la considerable presión internacional, a comienzos de febrero las autoridades de Uzbekistán liberaron a Dmitry Fattakhov, que estaba confinado en un hospital psiquiátrico, y le permitieron que fuera a Israel acompañado por su madre para recibir tratamiento médico.

La pena de muerte

Amnistía Internacional ha tenido noticia de siete nuevas sentencias de muerte, dos de las cuales se han ejecutado, según se ha confirmado. Avazbek Urinbayev fue condenado a muerte por asesinato por el Tribunal de Tashkent en noviembre de 1995. Rafis Valeyev y Vitaly An fueron condenados a muerte en 1995 (Amnistía Internacional desconoce el lugar y la fecha exacta) por asesinato y secuestro. Al parecer, Rafis Valeyev fue torturado mientras estaba en detención preventiva. Ayubkhon Akbarov y Atan Abdulayev fueron condenados a muerte por asesinato en dos juicios distintos en 1995 por el Tribunal Regional de Namangan. Al parecer, el juicio de Atan Abdulayev se caracterizó por graves irregularidades procesales que arrojan una duda sobre la justicia de los procedimientos. En el momento de escribir este documento se desconoce la suerte de todas las personas mencionadas.

Bakhodir Sharipov y Sukhrob Sobirov fueron condenados a muerte en mayo de 1994 por el Tribunal Regional de Samarcanda por asesinato. Fueron ejecutados en septiembre de 1995, aunque la noticia de la ejecución no se comunicó a sus familiares hasta marzo de 1996. Hubo denuncias de que el hecho de que Bakhodir Sharipov y Sukhrob Sobirov pertenecieran a la etnia tayik había sido un factor influyente en la imposición de la pena de muerte; los demás acusados, pertenecientes a la etnia uzbeca, habían recibido sentencias más leves o habían quedado en libertad.

YUGOSLAVIA

Respuesta a las solicitudes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

En marzo, las autoridades yugoslavas arrestaron a Dražen Erdemović, croata que había luchado con las fuerzas del ejército serbobosnio, que había declarado a la prensa que había tomado parte en la matanza de musulmanes capturados en Srebrenica en julio de 1995. Las autoridades permitieron su traslado ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el Tribunal) en La Haya. En mayo fue acusado por el Tribunal de cometer crímenes contra la humanidad y fue declarado culpable. Según informes, prefirió ser juzgado por el Tribunal y no en Yugoslavia.

En abril, el Tribunal acusó a tres oficiales del ejército yugoslavo de cometer graves violaciones de los Convenios de Ginebra y de las leyes y costumbres de guerra, así como de cometer crímenes contra la humanidad en la ciudad croata de Vukovar en 1991. Las autoridades se negaron a detenerlos o extraditarlos basándose en que su extradición violaría la Constitución yugoslava.

Ley de amnistía

El Parlamento Federal aprobó una ley de amnistía, que entró en vigor el 22 de junio de 1996. En virtud de esta ley, se amnistiaba a todos los que habían eludido ir a filas o habían desertado de las fuerzas armadas con anterioridad al 14 de diciembre de 1995. No se aplicaba a los oficiales ni a los soldados profesionales. Los informes de prensa indicaban que se habían beneficiado de esta medida unos 12.500 hombres.

Presos políticos, presos de conciencia, liberaciones

Enver Grajçevci, de etnia albanesa, fue detenido en el mes de abril y acusado de «pedir el cambio violento del orden constitucional». Al parecer, llevaba una bolsa en la que había 200 copias de una revista publicada por una organización clandestina, el Movimiento Nacional para la Liberación de Kosovo, que aboga por la unificación con Albania, por la fuerza de las armas, de las zonas de la República Federativa de Yugoslavia habitadas por albaneses. Su abogado manifestó que había sido torturado con descargas eléctricas tras ser arrestado. Amnistía Internacional pidió que se efectuara una investigación sobre estos informes e instó a que se garantizara un juicio justo a Enver Grajçevci.

Al menos tres maestros de etnia albanesa fueron condenados a penas de hasta 15 días de cárcel por «celebrar reuniones ilegales». Habían dado clase a estudiantes de etnia albanesa que rechazaban el programa de estudios y la educación en lengua serbia que se impartía en las escuelas oficiales. Otro profesor, Pal Krasniqi, fue condenado a sesenta días de cárcel por organizar una reunión del sindicato de profesores.

En marzo, el Tribunal Supremo de Serbia liberó a seis musulmanes eslavos de Sandžak condenados en 1994 (véase Índice AI: EUR 01/01/95/s) por un tribunal de Novi Pazar, y ordenó que se celebrara un nuevo juicio.

Ataques a serbios en la provincia de Kosovo y posteriores represalias contra la etnia albanesa de la localidad

Continuaron recibiéndose informes casi diarios de que la policía había golpeado o maltratado a personas de etnia albanesa que estaban bajo custodia o durante los registros domiciliarios en busca de armas. El 21 de abril, un estudiante de etnia albanesa fue abatido a tiros en Prístina por un civil serbio que fue detenido y acusado. Al día siguiente, el 22 de abril, cinco serbios, uno de ellos agente de policía, fueron abatidos a tiros y otros cuatro (dos de ellos agentes de policía) resultaron heridos en cuatro incidentes diferentes. Los días 16 y 17 de junio se produjeron otras tres agresiones a agentes de policía; uno de ellos resultó muerto y otros dos heridos. Hasta ahora no se ha acusado a nadie en relación con estas agresiones, pero en cada caso las fuerzas de la policía local respondieron llevando a cabo detenciones, al parecer al azar, de personas de etnia albanesa de la zona, muchas de las cuales fueron golpeadas antes de quedar en libertad.

Pena de muerte y muertes tras presuntos malos tratos bajo custodia

En abril, el tribunal de distrito de Zaječar condenó a muerte por asesinato a un preso que se había evadido. Isuf Kabashi, de etnia albanesa, murió el 4 de junio, al parecer tras haber sido fuertemente golpeado por la policía en Peć. El informe de la autopsia establecía que había fallecido de muerte natural tras un ataque al corazón. Nenad Pilipović, serbio de la provincia de Vojvodina, murió el 17 de junio, al parecer por haber sido golpeado por dos agentes de policía que lo habían arrestado después de haber sufrido un accidente de automóvil. Los agentes han sido detenidos y acusados.

Véase también el apartado Las mujeres en Europa.

RATIFICACIONES - NOVEDADES

ANDORRA

En enero, Andorra ratificó el Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

AZERBAIYÁN

El 31 de mayo, el parlamento votó la aprobación de una propuesta del presidente Heydar Aliyev para que Azerbaiyán ratificara varios convenios internacionales, entre ellos la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades expresando su satisfacción por esta decisión y su esperanza de que se proporcionará lo antes posible la notificación pertinente a los organismos de las Naciones Unidas con el fin de que los tratados puedan entrar en vigor sin dilación. Amnistía Internacional también instó a que se considerara la ratificación del Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este Protocolo, en vigor desde 1976, permite que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estudie las comunicaciones presentadas por personas de los Estados parte que denuncian la violación de sus derechos, tal como está establecido en el Pacto. No se admiten estas denuncias a menos que se hayan agotado todas las soluciones en el propio país. De todos los gobiernos que provienen de la antigua URSS sólo cuatro, además de Azerbaiyán (Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán y Moldavia) han firmado o ratificado el Primer Protocolo Facultativo como Estados independientes.

ESTONIA

En abril, Estonia ratificó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y sus Protocolos primero, cuarto,séptimo, noveno, décimo y undécimo.

IRLANDA

En abril, Irlanda firmó y ratificó los Protocolos primero y segundo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

LITUANIA

En febrero, Lituania se incorporó a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de las Naciones Unidas.

MOLDAVIA

En mayo, Moldavia firmó los Protocolos primero, cuarto, sexto y séptimo del Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

LAS MUJERES EN EUROPA

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

En Europa se perpetran diariamente violaciones contra los derechos humanos de la mujer, pero a esos abusos raras veces se les presta la atención que merecen. Muchos casos reflejan la consideración que se tiene a la mujer, como carente de todo poder o posición social, y se producen -como en uno de los ejemplos que aquí se relatan- porque en ausencia de los varones de la familia, las autoridades «se conforman» con las mujeres de la casa.

En Europa también se registra un gran número de casos de malos tratos contra la mujer. En estos casos aparecen a menudo elementos de violencia sexual o de abuso de poder, combinados con racismo u otras formas de discriminación.

En estos casos resulta notable la escasa disposición que muestran las autoridades para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del gobierno y para castigar a los responsables. Esta pauta, que ya está claramente establecida en el caso de que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean varones, parece regir igualmente cuando la víctima es la mujer.

Los casos que se presentan a continuación son una selección de los incidentes que Amnistía Internacional ha investigado en el período que va de enero a junio de 1996. No constituyen un resumen exhaustivo de las preocupaciones de la organización sino que tratan de ser un reflejo del tipo de violaciones de derechos humanos que sufre Las mujeres en Europa.

MUJERES MALTRATADAS

Austria

En noviembre de 1995, Sabine Geisberger, de veintitrés años, denunció que había sido maltratada por unos agentes de la policía de Viena que efectuaron una redada en su apartamento en busca de drogas. Según la denuncia que presentó ante la fiscalía de Viena, uno de los agentes la metió en el dormitorio arrastrándola por el pelo, la lanzó contra un rincón de la habitación y cerró la puerta. Durante los veinte minutos siguientes el agente le propinó repetidas patadas en los genitales. Después le ordenó que se pusiera en pie contra el rincón de la habitación, lo que ella intentó hacer antes de caer al suelo presa de vivos dolores.

Durante el registro del piso los agentes encontraron varios frascos de metadona, droga que se utiliza como sustituto en el tratamiento de la adicción a la heroína. Sabine Geisberger afirma que ya les había dicho que los frascos estaban en el frigorífico y que pertenecían a su novio. Sabine Geisberger quedó bajo custodia policial y estuvo detenida toda la noche. Afirma que mientras estuvo detenida ─quedó en libertad tras ser interrogada la tarde siguiente─ no le permitieron telefonear a su hermana para informarle de lo que había sucedido. Al día siguiente fue examinada por un médico del departamento de ginecología del hospital de Klagenfurt. Según el informe médico, Sabine Geisberger sufrió contusiones en el borde de la pelvis, muslo izquierdo y genitales.

En febrero, Amnistía Internacional instó a las autoridades austriacas a que investigaran de forma exhaustiva, rápida e imparcial los presuntos malos tratos infligidos a Sabine Geisberger, a que pusieran a disposición de la justicia a los culpables de haberla maltratado y a que le concedieran una compensación por las lesiones sufridas. En abril, el Departamento de Derecho Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, al cual el gobierno austriaco ha pedido que se dirijan las preguntas, informó a la organización que la carta había sido «entregada a las autoridades austriacas competentes». Amnistía Internacional sería «informada de la respuesta lo antes posible».

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Violetta J. y su esposo, romaníes, han vivido en Austria los últimos dieciséis años. En abril, Violetta J. denunció que había sido maltratada por los agentes de la policía de Viena que fueron a su piso a buscar a su esposo, Nicola. Según el relato que Violetta J. hizo a la organización no gubernamental Romano Centro, Nicola J. había tratado de intervenir en una discusión entre unos agentes y un amigo sobre el aparcamiento del vehículo de este último. Cuando uno de los agentes sacó la pistola, Nicola J. huyó a su domicilio. Poco después se detuvieron varios vehículos policiales ante la casa en la que vivían Nicola y Violetta J. y varios agentes irrumpieron en el piso. Violetta J. afirma que los agentes comenzaron a golpear a su esposo, haciendo que sus tres hijos ─de nueve, once y doce años de edad─ comenzaran a llorar. También afirma que cuando ella se puso delante de los niños para protegerlos, los agentes comenzaron a pegarla a ella también. Los certificados médicos constatan que Violetta J. tenía contusiones en ambos codos, muñeca izquierda, mano derecha, muslo derecho y tobillo izquierdo e hinchazones en la cabeza, en la mandíbula superior y en el labio superior. Violetta y Nicola J. afirman que la policía les dirigió insultos racistas y les dijo que «cuándo se iban a ir a casa de una vez».

Violetta y Nicola J. fueron esposados y conducidos a una comisaría cercana donde permanecieron detenidos toda la noche. Según informes, los tres niños quedaron abandonados en el piso toda la noche. Según Violetta J., un médico fue a verla cuando estaba bajo custodia; sin embargo no la examinó, diciendo que no merecía la pena por unas pocas bofetadas. El hospital que trató a Violetta J. de sus lesiones presentó una denuncia formal, tal como obliga la ley austriaca.

En junio, Amnistía Internacional instó a las autoridades austriacas a que investigaran de forma exhaustiva, rápida e imparcial los presuntos malos tratos infligidos a Violetta J., a que pusieran a disposición de la justicia a los culpables y a que la compensaran por las lesiones sufridas.

Bulgaria

Zlatka Asenova Gikova, de treinta y seis años, sufre una grave minusvalía como consecuencia de una enfermedad padecida en su niñez. Al parecer, fue maltratada por la policía de Sofía.

Según informes, el 10 de abril, sobre las seis y media de la tarde, en la terminal de autobuses de Voluyak, en las afueras de Sofía, Zlatka Asenova Gikova fue agredida por un agente de policía, cuyo nombre se conoce. Recibió varios puñetazos en la cara y fue golpeada en la espalda. El agente también la llamó prostituta. La misma tarde, Zlatka Asenova Gikova informó del incidente a la Novena Dirección de Policía Regional.

A la mañana siguiente fue examinada en el hospital de Pirogov, donde le entregaron un certificado en el que se describían lesiones y hematomas en la boca, sien y parte posterior de la cabeza. Según informes, hacia las cinco de la tarde del mismo día, en su domicilio de Voluyak, Zlatka Asenova Gikova fue golpeada de nuevo en todo el cuerpo por dos agentes de policía, cuyos nombres también conoce Amnistía Internacional. Denunció los malos tratos ante el fiscal militar de Sofía que, hasta la fecha, no ha iniciado ninguna investigación sobre los incidentes.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades búlgaras a que inicien rápidamente una investigación independiente e imparcial sobre los presuntos malos tratos infligidos a Zlatka Asenova Gikova, a que hagan públicos los resultados y a que pongan a disposición de la justicia a todo responsable de haber cometido violaciones de los derechos humanos.

Italia

El 29 de febrero, Grace Patrick Akpan, ciudadana italiana e hija de un diplomático nigeriano, presentó una denuncia formal ante la fiscalía de Catanzaro en la que afirmaba que unos agentes de policía la habían agredido y que su conducta manifestaba aspectos de «xenofobia». La denunciante, que es estudiante de medicina, está casada con un carabinero de Catanzaro y lleva doce años viviendo en Italia, dijo que dos agentes le pidieron que se identificara cuando se dirigía a la iglesia local el 20 de febrero, y que comenzaron a interrogarla en tono amenazador. Ella explicó que no llevaba encima documentos de identidad, pero dio su nombre y dijo que estaba casada con un carabinero y que vivía cerca. Aseguró que cuando afirmó que era ciudadana italiana le respondieron que «una negra no puede ser ciudadana italiana».

Grace Patrick aseguró que los agentes parecieron mostrarse de acuerdo con su sugerencia de que la acompañaran el corto trecho que había hasta su domicilio para recoger los documentos pero que, cuando comenzó a andar, uno de los agentes le propinó un rodillazo repentino en la espalda que acabó con ella en el suelo; después le arrebató el teléfono móvil de la mano, rompió la antena y le sujetó las manos a la espalda. Los dos agentes la introdujeron violentamente en la parte trasera de su vehículo: uno de ellos se arrodilló apoyándole una rodilla en el estómago y sujetándola por el cuello con una mano mientras el otro agente le retorcía la cabeza tirándole del pelo. El primer agente gritó: «Puedes dar gracias a Dios de que eres una mujer, si no te habríamos matado». Uno de los agentes continuó sujetándola en la parte poste

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Afirmó que cuando empezó a pedir en voz alta que le dieran una explicación de lo sucedido, uno de los agentes que la habían arrestado le pegó en la cara. Después de gritar pidiendo ayuda y de insistir en que era la esposa de un carabinero, y de pedir que alguien intentara comprobar su identidad, finalmente le permitieron hablar con la centralita de los carabineros en la que dejó su nombre mientras comprobaban su identidad. Pasó una hora en la comisaría durante la cual comenzó a sentirse enferma, pero recibió una negativa cuando pidió agua, que la llevaran a los servicios médicos de urgencia o que llamaran a una ambulancia. Le dijeron que no podía ir a ninguna parte hasta que no llegara un inspector del Departamento de Extranjeros. El inspector resultó ser un miembro de su familia política e inmediatamente confirmó su identidad. Entonces la policía le dio agua, le devolvió el teléfono móvil y la permitió que se pusiera en contacto con su abogado. Después quedó en libertad.

Inmediatamente se dirigió al servicio de urgencias del hospital local de Pugliese donde recibió tratamiento de urgencia y estimaron que sus lesiones tardarían unos veinte días en curar. En el informe médico expedido la noche del 20 de febrero constaba torcedura y contusión en el cuello, abrasiones en el labio superior y lesiones en la cabeza y en el pecho causadas por impacto violento.

En una declaración posterior a la prensa, el director de la Policía de Catanzaro indicó que la policía había presentado una denuncia contra Grace Patrick Akpan por negarse a identificarse ante los agentes y porque, cuando le pidieron que entrase en el vehículo, había reaccionado golpeando a uno de los agentes con el teléfono móvil, causándole abrasiones en la cara que requirieron unos tres días en curar. En mayo, la fiscalía solicitó que los dos agentes fueran procesados por los cargos de abuso de poder, provocar lesiones y proferir amenazas e insultos, y que Grace Patrick Akpan fuera juzgada por los cargos de insulto y resistencia a un funcionario público provocando lesiones, y por negarse a proporcionar datos sobre su identidad. Un juez de instrucción examinará la solicitud el 1 de octubre de 1996.

Rumanía

Según informes, dos mujeres, Carmelia Rosu y Carmen Efta, fueron maltratadas por agentes de policía durante una clase de yoga en Bucarest.

Según las declaraciones de los testigos, el 17 de junio, hacia las once de la noche, unos setenta agentes, la mayoría ataviados con equipo antiterrorista y algunos en traje de civil, entraron en el gimnasio del Instituto Politécnico de Bucarest, donde estaba a punto de terminar una clase de yoga, y se colocaron cerca de la entrada. Iban acompañados por tres cámaras y algunos periodistas. Según informes, el jefe de la operación no se identificó y no mostró ningún mandato judicial para intervenir. La policía pidió los documentos de identidad de todos los presentes (había unas 150 personas en la clase de yoga) y preguntó de forma intimidatoria dónde vivían y trabajaban. Unas veinte personas que no llevaban la documentación encima fueron conducidas a la comisaría e interrogadas antes de quedar en libertad.

Mientras tanto los cámaras (a los que al parecer la policía había dicho que se estaba celebrando una especie de orgía) estuvieron filmando el incidente y tomando fotografías. En un momento dado uno de los agentes quiso quitarle la cámara de vídeo a una de las alumnas de yoga que también filmaba la operación. Otras dos alumnas, Carmen Efta y Camelia Rosu, intervinieron y se colocaron entre su amiga y el policía. Entonces la cámara cayó al suelo y Carmen Efta se inclinó para recogerla. Cuando se levantaba uno de los agentes comenzó a golpearla en la espalda mientras otro golpeaba violentamente en el rostro a Camelia Rosu, que sujetaba la cámara. Una vez verificados todos los documentos de identidad la policía se fue. La mayor parte de los 150 participantes en la clase de yoga presentaron denuncias ante la Fiscalía Militar de Bucarest.

En los certificados médicos consta que Camelia Rosu tenía contusiones en la sien derecha, frente y pómulo y contusiones y laceraciones en la parte superior de los brazos y en la manos izquierda, y que Carmen Efta presentaba contusiones en el pómulo izquierdo, rodilla izquierda y mano izquierda.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades rumanas a que inicien inmediatamente una investigación independiente e imparcial sobre los presuntos malos tratos infligidos a Camelia Rosu y Carmen Efta, a que hagan público el resultado y a que pongan a disposición de la justicia a los responsables de violar los derechos humanos. Además, la organización ha instado a las autoridades a concebir y poner en práctica un sistema de formación eficaz para los agentes de policía, en el que se preste especial atención a temas como los derechos humanos, la tolerancia racial y la resolución pacífica de conflictos.

República Federativa de Yugoslavia

En la provincia de Kosovo, las mujeres de etnia albanesa y sus hijos son a menudo testigos de escenas de violencia cuando la policía lleva a cabo registros domiciliarios y detiene o pega a los varones. A veces, cuando la policía está buscando a los hombres, también son arrestadas, golpeadas o maltratadas de algún otro modo.

La provincia de Kosovo forma parte de la República de Serbia, pero desde 1989, cuando Serbia abolió la autonomía de la provincia, la mayoría de los habitantes de etnia albanesa, que constituyen más del ochenta por ciento de la población, se ha negado a reconocer la autoridad serbia en la provincia. La mayor parte de los habitantes de etnia albanesa respaldan a sus líderes, que piden la secesión de la provincia de la República Federativa de Yugoslavia y su reconocimiento como estado independiente. Desde que estalló el conflicto armado en la ex Yugoslavia, las fuerzas de policía, constituidas en su mayor parte por serbios, han efectuado registros casi diarios en los domicilios de los habitantes de etnia albanesa. Estos registros, normalmente en busca de armas, se efectúan a menudo de forma intimidatoria y destructiva: se rompen los muebles, se grita y se amenaza a los miembros de la familia y, con frecuencia, se arresta a los hombres y se los golpea en las comisarías o, para mayor humillación, en sus hogares delante de su familia. Se sabe que los agentes han utilizado la violencia incluso cuando no encontraban armas ilegales, y que cuando no conseguían encontrar al hombre que andaban buscando a veces tomaban bajo custodia en su lugar a una de las mujeres o de los jóvenes de la familia en calidad de «rehén».

Uno de estos casos es el de Florije Gjinolli que, según informes, fue maltratada cuando la policía entró en su domicilio de Uroŝevac en la medianoche del 11 de febrero. Preguntaron por su esposo, Muhamet, que se encontraba fuera, y después llevaron a cabo un registro en busca de armas. Ordenaron a Florije que entregara un rifle que, según ellos, tenía su esposo y amenazaron con llevarse a su hijo de trece años como rehén. Posteriormente arrestaron y golpearon a dos vecinos.

El 29 y el 30 de mayo de 1966 la policía efectuó un registro en busca de armas en el domicilio del imán Ismail Hyseni en Nerodimlje, a pesar de su insistencia en que no poseía ningún arma. Según informes, cuando la policía volvió el 1 de junio arrestó a su esposa, Fazlije Hyseni, a su hija Hanife, enferma mental, y a otros familiares, entre ellos a su sobrino Ramiz Hyseni que fue golpeado y más tarde tuvo que solicitar tratamiento médico a causa de las lesiones.

Fatime Xhemajli, de sesenta y dos años, es otra de las mujeres que ha sido maltratada y amenazada por la policía a causa de sus familiares varones, en este casos sus hijos. Es la madre de Bajrush Xhemajli, preso político y activista de derechos humanos. En mayo de 1996 fue llamada en tres ocasiones a la comisaría de policía de Uroŝevac donde le ordenaron que entregara una pistola que ella negó poseer. La primera de estas ocasiones los agentes también la interrogaron sobre sus otros dos hijos que habían huido al extranjero para escapar de la persecución. Además amenazaron con matar a Qamil, el único hijo que aún vivía con ella. La amenazaron con tirarla por la ventana pero ella se negó a dejarse intimidar. La segunda vez un agente le pegó un puñetazo y la empujó, y como resultado se hirió en la cabeza al golpearse contra un armario. Según informes, la tercera vez los agentes la amenazaron de nuevo con matar a Qamil diciendo: «Las paredes de tu casa quedarán manchadas de sangre». En junio, la policía entró en el domicilio de Hysen Selishta, de setenta y cinco años, en una aldea cercana a Kamenica, buscando a su hijo, Tefik, que no se encontraba en casa. Cuando Hysen les dijo que no sabía dónde se encontraba su hijo lo golpearon con porras de goma y también maltrataron a la anciana madre de Tefik, Metihe Selishta, que se desmayó.

Amnistía Internacional ha instado repetidas veces a las autoridades yugoslavas a emprender investigaciones inmediatas e imparciales sobre los informes de los malos tratos propinados por la policía y a poner a disposición de la justicia a los responsables. La organización también ha instado a que se exija a los agentes de policía que respeten las normas internacionales para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

MUJERES PENDIENTES DE EJECUCIÓN

Kyrguistán

Lyubov Sirotkina, nacida en 1970, fue condenada a muerte en enero de 1996 por el asesinato de su hijastro de siete años, que murió de hambre cuando estaba a su cuidado mientras su esposo estaba en la cárcel. En un principio, Lyubov Sirotkina había sido acusada de «abandono peligroso» conforme al artículo 124 del Código Penal pero, después de realizar una investigación, la fiscalía sustituyó el cargo por el de «asesinato con premeditación en circunstancias agravantes» en aplicación del artículo 94, por lo que el caso fue remitido al tribunal de Bishkek, la capital, el cual, el 17 de enero, declaró culpable a Lyubov Sirotkina de «asesinato con premeditación, cometido en interés propio y con especial crueldad». Según informes, Lyubov Sirotkina ha reconocido una culpabilidad parcial. El 19 de marzo el Tribunal Supremo resolvió favorablemente una apelación contra la sentencia y conmutó la pena capital por una condena de quince años de cárcel.

MUJERES EJECUTADAS EXTRAJUDICIALMENTE O DE FORMA DELIBERADA Y ARBITRARIA

Federación rusa: durante el conflicto en la República Chechena

En mayo, Amnistía Internacional se dirigió a las autoridades rusas y chechenas para interesarse por la muerte de dos periodistas en la República Chechena. Amnistía Internacional instó a las autoridades a que garantizaran que se iniciarían investigaciones inmediatas, independientes, exhaustivas e imparciales sobre las muertes de Nadezhda Chaykova, Nina Yefimova y su madre. Asimismo, la organización les instó a que hicieran público el resultado y pusieran a los perpetradores a disposición de la justicia de acuerdo con las normas del derecho internacional.

En julio, Amnistía Internacional recibió una respuesta oficial de la Fiscalía General de la Federación Rusa. En una carta fechada el 24 de junio, el fiscal general adjunto, V. I. Mishin, afirmaba que se habían «iniciado procesos penales e investigaciones sobre las circunstancias en que se produjeron las muertes de Nadezhda Chaykova, de Nina Yefimova y su madre, y [se han] adoptado medidas para garantizar la identificación de los que han cometido estos delitos». Además, en la carta se aseguraba que las investigaciones estaban bajo el control de la Fiscalía General de la Federación Rusa.

El cuerpo de la periodista rusa Nadezhda Chaykova, de treinta y dos años, fue encontrado el 30 de marzo en una fosa poco profunda cerca de la aldea chechena de Gekhi, a unos veinte kilómetros de Grozny, la capital, y fue exhumado el 12 de abril al ser identificado definitivamente por unos periodistas moscovitas. Había desaparecido el 20 de marzo. Nadezhda Chaykova, corresponsal del respetado periódico semanal Obshchaya Gazeta, había estado investigando un presunto desfalco cuyo objetivo era la reconstrucción de la economía de la República Chechena. El año anterior había publicado varios artículos en el periódico Ekspress-Khronika en los que afirmaba que varios dirigentes de las fuerzas de la Federación Rusa, representantes del gobierno checheno y jefes leales al dirigente rebelde Dzhokar Dudayev estaban implicados en la apropiación indebida del dinero. Según informes, había recibido varios anónimos avisándole que cesara en su investigación si deseaba seguir con vida. Según el resultado de la autopsia, a Nadezhda Chaykova le habían vendado los ojos, la habían golpeado fuertemente, la habían obligado a arrodillarse y le habían disparado una bala en la nuca. Fue vista por última vez el 20 de marzo por unos compañeros periodistas que afirmaron que se dirigía a Samashki y tenía planeado disfrazarse de campesina chechena para informar sobre la operación que llevaba a cabo el ejército federal ruso en aquella zona.

Amnistía Internacional cree que Nadezhda Chaykova puede haber sido víctima de ejecución extrajudicial o de homicidio deliberado y arbitrario. Según informes, un funcionario local y una nota de Nadezhda Chaykova señalaban como sospechosas a las tropas federales rusas. Pero otras fuentes indicaban que algunos dirigentes chechenos también pudieron haber ordenado su ejecución creyendo que era una espía y basándose quizás en los rumores propagados por el Servicio Federal de Seguridad Federal. Según la información recibida en el mes de junio, la Fiscalía General no ha iniciado ninguna investigación sobre su muerte y el fiscal local checheno que inicialmente se ocupó del caso no puede avanzar más dada la limitación de los recursos con los que cuenta.

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El cuerpo de una segunda periodista de veinticinco años, Nina Yefimova, fue descubierto en el distrito Leninsky de Grozny en la mañana del 9 de mayo, y el cuerpo de su madre, de setenta y tres años, fue encontrado la noche del 9 de mayo en una fábrica de conservas abandonada de Grozny. Se informó que ambas mujeres habían sufrido una muerte violenta y que Nina Yefimova murió a causa de un disparo en la nuca. Nina Yefimova, que escribía para el periódico Vozrozhdeniye, periódico en lengua rusa que se distribuía en Chechenia, fue secuestrada junto con su madre la noche del 7 al 8 de mayo. Últimamente había publicado varios artículos reveladores sobre la delincuencia en Chechenia, y varias autoridades del Ministerio del Interior de la República Chechena han manifestado que su secuestro y muerte podían estar relacionados con sus actividades profesionales. Se informó que, el 10 de mayo, el ministro adjunto de Interior de la República Chechena había manifestado en un entrevista que se había iniciado una investigación y que se había identificado a unos sospechosos. Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que Nina Yefimova y su madre también puedan haber sido ejecutadas extrajudicialmente o de forma deliberada y arbitraria.

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En julio de 1995, Amnistía Internacional se puso en contacto con las autoridades rusas para interesarse por la muerte de la periodista rusa Natalya Alyakina, que trabajaba de forma independiente para el servicio radiofónico de noticias alemán RUFA y la revista semanal Fokus, y a la que las fuerzas rusas abatieron a tiros el 17 de junio de 1995 en Budennovsk. Los soldados abrieron fuego sobre el automóvil en el que viajaba poco después de que pasara un control militar vigilado por tropas del Ministerio del Interior, en las afueras de la ciudad de Budennovsk, en el momento más crítico de la crisis de los rehenes. Otras dos personas que iban en el vehículo con Natalya Alyakina, su esposo Gisbert Mrozek y el conductor, resultaron heridos por los cristales. Se abrió una investigación y un soldado fue detenido tras los correspondientes procedimientos legales por «violar el reglamento sobre el uso de armas de fuego» (artículo 251-1 del Código Penal). Amnistía Internacional pidió que se garantizara que la investigación sobre la muerte de Natalya Alyakina fuera exhaustiva e imparcial, que se hicieran públicos los resultados, y de que toda persona identificada como responsable de este homicidio deliberado y arbitrario de un civil desarmado fuera puesta a disposición judicial.

El 13 de febrero de 1996 se cerró la investigación y el caso pasó a un tribunal militar de Stavropol. La prensa rusa informó el 12 de julio que el soldado acusado, Sergey Fedotov, declaró en el juicio que había disparado accidentalmente con el pie una pesada ametralladora al entrar en un vehículo blindado para el transporte de personal militar, provocando los dos disparos que habían matado a Natalya Alyakina. El fiscal pidió la absolución de Sergey Fedotov, afirmando que no podía saber que el mecanismo de seguridad no estaba puesto, y atribuyó el accidente a un defecto de diseño del vehículo blindado.

El 16 de julio, un juez militar impuso a Sergey Fedotov una condena condicional de dos años por «homicidio involuntario por negligencia en el uso de armas de fuego». Gisbert Mrozek, el esposo de Natalya Alyakina, y un testigo de su muerte presentaron una apelación ante el fiscal militar del norte del Cáucaso instando a que se celebrara un nuevo juicio. Gisbert Mrozek, corresponsal del servicio radiofónico de noticias alemán RUFA, ha protestado repetidamente ante las autoridades rusas por la forma incompetente de manejar las pruebas y la negativa a llamar a testigos con una versión diferente de los hechos.

Se informó que, según Gisbert Mrozek, el año pasado él y otro colega habían recibido información proveniente del secretario de prensa del presidente Boris Yeltsin, Sergey Medvedev, según la cual el que había disparado podía haber sido otro soldado, o que podían haber sido dos los soldados implicados en el homicidio de Natalya Alyakina.

MUJERES Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Grecia

Un arzobispo de la iglesia ortodoxa griega y un monje del Monte Athos presentaron cargos contra Hara Kalomiri, directora del Conservatorio Griego de Música, por fundar un centro de actividades artísticas y meditación de línea budista en Chalkidiki sin permiso del gobierno. La sentencia se basa en el artículo 1 de la Ley 1363/1938, que prohíbe el culto no ortodoxo y el establecimiento de lugares de culto sin la autorización previa de la iglesia ortodoxa, así como la práctica de una religión considerada herética por la iglesia ortodoxa, y supone una condena de hasta dieciocho meses de cárcel sin la posibilidad de pagar una cantidad de dinero con la que eludir la prisión. El 27 de marzo fue condenada a tres meses de cárcel por el tribunal de primera instancia de Tesalónica por «fundar y dirigir un lugar de culto privado para una comunidad budista en Chalkidiki sin permiso del gobierno». Hara Kalomiri está en libertad pendiente de una vista de apelación para la que todavía no hay fecha prevista.

MUJERES PRESAS DE CONCIENCIA

Turkmenistán

Yevgenia Starikova fue condenada en junio de 1995 a dos años de cárcel por «encubrimiento de delito». Había sido arrestada previamente en 1995 por haber prestado ayuda a un posible preso de conciencia, Mukhametkuli Aymuradov, ex compañero de trabajo, que se había escapado cuando se hallaba en prisión preventiva. Amnistía Internacional considera a Yevgenia Starikova como posible presa de conciencia porque, según informes, ha sido encarcelada por esconder intencionadamente a un posible preso de conciencia tras una fuga aparentemente propiciada por las autoridades. (En el documento de Índice AI: EUR 61/03/96 se proporciona una explicación más completa del caso de Mukhametkuli Aymuradov e Yevgenia Starikova; en dicho documento, Yevgenia Starikova aparece erróneamente identificada como Yevgeny Starikov, un hombre).

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Rufina Arabova fue confinada en el Hospital Psiquiátrico Central de Ashgabat, capital de Turkmenistán, en el mes de enero. Fuentes extraoficiales afirman que su confinamiento no se debió a una necesidad médica, sino a causa de su historial de protestas pacíficas contra la negativa de las autoridades turkmenas a proporcionarle el empleo al que tiene derecho. Sus protestas, según emigrados turkmenos, fueron contempladas por las autoridades como una manifestación de oposición política al actual régimen de Turkmenistán. En el momento de escribir este documento se creía que Rufina Arabova aún continuaba confinada. Amnistía Internacional la considera posible presa de conciencia.

Rufina Arabova nació en 1953. Economista diplomada, trabajó hasta 1986 como jefa del departamento de planificación en una gran planta de reciclado de metal. En 1986, en una revisión de cuentas rutinaria de la compañía, descubrió una serie de irregularidades financieras en gran escala e informó a la fiscalía. El resultado fue que la despidieron de su trabajo y la enviaron a un hospital psiquiátrico en el que permaneció confinada a la fuerza durante tres meses. Cuando salió no le permitieron incorporarse a su trabajo, aunque legalmente la compañía estaba obligada a reintegrarla a su puesto. Después de varios años de protestas públicas, entre ellas huelgas de hambre, el confinamiento de Rufina Arabova en un hospital psiquiátrico fue finalmente declarado ilegal y en marzo de 1993 fue reintegrada a su trabajo anterior. Sin embargo, no había transcurrido un mes cuando de nuevo quedó sin empleo en una reestructuración de la compañía.

Turkmenistán: detenciones por breves períodos y temor por la seguridad de mujeres manifestantes

Según informes, en las tres manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en los meses de febrero y marzo por la escasez de alimentos, atrasos en el pago de salarios y demolición de viviendas, la mayoría de los manifestantes eran mujeres y niños. Amnistía Internacional expresó su inquietud por las denuncias de que algunos de los implicados en estas manifestaciones habían sido detenidos por breves períodos, y también por el hecho de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley buscaban a los presuntos organizadores, que podían ser torturados o maltratados si eran detenidos. Aunque no fue posible obtener información sobre víctimas individuales de violaciones de derechos humanos relacionadas con las manifestaciones, Amnistía Internacional expuso a las autoridades de Turkmenistán su preocupación por la conducta adoptada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con los manifestantes, como han informado fuentes extraoficiales (para más detalles, véase el apartado sobre Turkmenistán).

Uzbekistán

En marzo, en un período de tres días, Paulina Braunerg, abogada y miembro de la junta directiva de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán, de caracter no oficial, fue detenida en tres ocasiones y conducida a la oficina del Servicio de Seguridad Nacional de la ciudad de Almalyk, cerca de la capital, Tashkent. Su hijo adolescente, Nikita, fue detenido en dos ocasiones en el mismo período, y en una ocasión Paulina Braunerg y su hijo permanecieron doce horas en dos celdas distintas. Aparentemente, Paulina Braunerg fue detenida para ser interrogada sobre su presunta implicación en el comercio ilegal de metales preciosos, acusación que ella niega, pero el verdadero motivo parece haber sido investigar sus actividades políticas y de derechos humanos. El primer día que la detuvieron, su apartamento de Almalyk fue registrado por agentes encargados de hacer cumplir la ley que confiscaron copias del periódico moscovita Izvestiya y de los periódicos Forum y Kharakat, de la oposición uzbeca. El tercer día, Paulina Braunerg fue interrogada sobre sus contactos con

activistas y organizaciones de derechos humanos y fue amenazada con una detención prolongada. En el momento de redactar este documento, Paulina Braunerg no ha sido acusada todavía de ningún delito.