AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Índice AI: EUR 01/010/2005 (Público)

Servicio de noticias Nº: 153

20 de junio de 2005

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No publicar hasta las 01:00 horas GMT del 20 de junio de 2005

El trato de los refugiados y los solicitantes de asilo en Europa

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Artículo 14, Declaración Universal de Derechos Humanos

El derecho a buscar refugio contra la persecución está consagrado por el derecho internacional. Sin embargo, en lo relativo a las disposiciones de asilo y los desafíos de la migración, los gobiernos siguen poniendo énfasis en controlar y disuadir más que en proteger. Este documento examina las nuevas normas legislativas y el tratamiento de los refugiados y solicitantes de asilo en varios países europeos.

Alemania

En virtud de la Ley de Inmigración de 2004, las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes no estatales y las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por motivos de género tendrían derecho a solicitar la condición de refugiado. Sin embargo, muchas de las nuevas disposiciones parecen socavar los derechos de los solicitantes de asilo y de las personas sin permiso de residencia.

Austria

El 15 de octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos de la Ley de Asilo de 2004. Uno de ellos permitía la expulsión de los solicitantes de asilo antes de que se hubiera tomado una decisión con respecto a su recurso de apelación. Otro limitaba la posibilidad de presentar nuevas pruebas durante una vista, y el último permitía la prórroga de la detención en los casos en que se volviera a presentar una solicitud. No se ofrecían cuidados adecuados a los solicitantes de asilo debido a que éstos no disponían de un intérprete durante los exámenes médicos, y ello constituía un motivo de preocupación constante. La nueva Ley de Asilo no establecía claramente quién debía asumir la responsabilidad de representación de los menores no acompañados que solicitaban asilo.

Hay informes de malos tratos a los solicitantes de asilo retenidos en campos de refugiados. Preocupa a Amnistía Internacional que no se hayan habilitado los mecanismos necesarios para garantizar una supervisión y una rendición de cuentas adecuadas en lo que se refiere a los centros de acogida de solicitantes de asilo, ya que la responsabilidad del funcionamiento diario de estos centros se había subcontratado a empresas del sector privado en 2003. Sigue siendo preocupante el hecho de que las autoridades austriacas no se cercioren de que el gobierno del país receptor cumple las garantías ofrecidas antes de la extradición. También preocupa que las autoridades austriacas se muestren dispuestas a estudiar las peticiones de extradición antes de tramitar adecuadamente las solicitudes de asilo.

Casos

Un solicitante de asilo georgiano del campo de refugiados de la ciudad de Traiskirchen fue, al parecer, víctima de malos tratos en febrero de 2004 cuando se negó a abandonar el campo durante la tramitación de su petición de asilo. Según los informes, los funcionarios del campo forcejearon con él hasta derribarlo y le apagaron cigarrillos en el hombro.

En febrero de 2004, el ciudadano ruso Akhmet A. fue extraditado a Rusia, pese a estar pendiente la tramitación de su petición de asilo. Se temía que las autoridades austriacas no hubiesen investigado adecuadamente sus presuntos delitos en Rusia, en los que se basaba la petición de extradición. Hubo informes que apuntaban a la posibilidad de que Akhmet A., al regresar a Rusia, hubiera sufrido malos tratos a manos de agentes del orden rusos durante el período de detención preventiva.

Bélgica

Durante las operaciones de expulsión de ciudadanos extranjeros se infligen al parecer tratos crueles, inhumanos o degradantes y se hace uso de una fuerza excesiva. En julio de 2004 el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó mejorar la formación y el control de los responsables de llevar a cabo las expulsiones. El Comité también expresó su inquietud por los extranjeros retenidos en la zona de tránsito “en condiciones sanitarias y sociales precarias”. Consideró que “estas prácticas equivalen a detenciones arbitrarias, y pueden dar lugar a tratos inhumanos y degradantes”, y dijo que Bélgica debía ponerles fin de inmediato.

En 2004, algunos ciudadanos extranjeros, a quienes se había negado la entrada al territorio belga a su llegada al aeropuerto y que, posteriormente, fueron recluidos en centros de detención para extranjeros por orden administrativa a la espera de ser expulsados, quedaron en libertad por orden judicial. En algunos casos, fueron trasladados directamente a la zona de tránsito del aeropuerto nacional bajo escolta policial, por orden de la Oficina de Extranjeros, adscrita al Ministerio del Interior. Los tuvieron confinados allí durante días, semanas e incluso meses, sin pasaporte ni asistencia letrada, y sin algunos de los medios básicos de subsistencia, como alimentos, aire fresco e instalaciones adecuadas para asearse. Como consecuencia de ello, se vieron obligados a recurrir frecuentemente a la caridad de los viajeros y del personal del aeropuerto.

Casos

Un adolescente de Guinea-Bissau que llegó al aeropuerto de Bruselas en noviembre de 2003 y presentó de inmediato una solicitud de asilo que le fue denegada, pasó unos ocho meses en centros de detención para extranjeros. Durante este periodo sufrió varios intentos de expulsión. Los tribunales dictaminaron en dos ocasiones que fuera puesto en libertad, se le permitiese entrar en territorio belga y se le proporcionase tutela y la atención adecuada en un centro de protección de menores. La Oficina de Extranjeros cuestionó que fuera menor, como sostenía él, y finalmente, en julio de 2004, lo trasladó a la zona de tránsito del aeropuerto, donde pasó varios días sin alimentos ni lugar para dormir. Tras la publicidad que dieron a este asunto las ONG nacionales y los medios de comunicación y gracias a su intervención, el ministro del Interior dispuso el traslado del muchacho a un centro de acogida para solicitantes de asilo en régimen abierto.

Finlandia

En junio de 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), del Consejo de Europa, publicó un informe sobre su visita a Finlandia, realizada en septiembre de 2003. En opinión del CPT, el uso de la fuerza y de los métodos de inmovilización autorizados en las operaciones de expulsión de ciudadanos extranjeros no estaban debidamente reglados. Recomendó la elaboración inmediata de instrucciones que detallasen los procedimientos que se debían seguir.

Casos

En 2002, una familia ucraniana, compuesta por el matrimonio y dos hijos de 11 y 12 años, fue devuelta a Ucrania, en una operación que duró tres días. Antes de ser expulsados, se los recluyó en un centro de custodia de extranjeros de Helsinki, donde se les administraron sedantes sin el debido examen médico previo y sin abrir el expediente correspondiente. El CPT describió como inaceptable el método adoptado en este caso.

Francia

Según informes, las condiciones de los centros de recepción o áreas de detención de ciudadanos extranjeros de muchas zonas se deterioraron hasta quedar por debajo de los niveles estipulados por las normas internacionales. La Defensora de los Niños expresó su “honda preocupación por la situación de los niños no acompañados a los que se detenía en zonas de espera antes de ser expulsados. Las asociaciones de ayuda a refugiados y solicitantes de asilo en zonas fronterizas observaron que, a menudo, la entrada de estos niños se bloqueaba sistemáticamente. En varios casos se impidió que los niños se reunieran con sus padres, que se encontraban en el país. En diciembre, en una decisión pionera, el Tribunal de Apelación de París resolvió que las zonas de detención debían ser consideradas, a fines legales, como parte del territorio francés, y que por lo tanto los jueces tenían competencia para examinar los casos que allí se dieran.

Casos

En agosto de 2004, en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle en París, cuatro pasajeros a bordo de una aeronave fueron acusados de obstaculizar el tráfico aéreo y de alterar el orden público cuando protestaron contra la brutalidad policial. Declararon haber visto a agentes de la policía francesa golpear a un ciudadano malí durante su expulsión.

En septiembre de 2004, el Tribunal de Apelación de París ordenó el sobreseimiento de la causa relacionada con la muerte de Ricardo Barrientos, ciudadano argentino, ocurrida durante su expulsión en diciembre de 2002. Según informes, en una aeronave con destino a Buenos Aires, obligaron a Barrientos a doblar el cuerpo hacia adelante, con las manos esposadas a la espalda, y le ataron el torso, los muslos y los tobillos con cinta Velcro mientras dos agentes de policía y tres gendarmes ejercían presión sobre su espalda en tal postura. Lo encapucharon y lo cubrieron con una manta para ocultarlo al resto de los pasajeros e impedirle pedir auxilio. Se desmayó antes de que las puertas de la aeronave se cerraran. El tribunal estimó que Ricardo Barrientos no había sido sometido a “actos de violencia que dieran lugar a muerte no intencionada”, como sostenía la acusación, porque los agentes se habían limitado a obedecer las órdenes de mantenerlo inmovilizado. El tribunal estimó que su muerte era atribuible exclusivamente a causas naturales derivadas de una dolencia cardíaca. El fallo no contribuyó a disipar el temor de que los métodos de inmovilización utilizados durante la expulsión hubiesen incumplido las normas internacionales.

Grecia

Según se afirma, los guardacostas y la policía, en especial la de fronteras, están tratando de frenar la entrada de migrantes indocumentados al territorio griego, empleando métodos que infringen las normas internacionales, como el de interceptar a los migrantes en la frontera con Turquía y expulsarlos de inmediato, y negarse a aceptar sus solicitudes de asilo o no brindarles la oportunidad de presentarlas. En agosto de 2004, migrantes que habían pasado tres meses en la isla de Samos informaron de condiciones de reclusión que contravenían las normas internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también expresó su inquietud tras una visita al centro de detención. Según informes, en septiembre de 2004, 10 migrantes fueron maltratados por miembros de fuerzas especiales en Farmakonisi. El 15 de octubre del mismo año, cinco guardacostas fueron declarados culpables de torturar a un grupo de inmigrantes en la isla de Creta en junio de 2001, y recibieron penas de prisión condicionales.

Casos

Un ciudadano sudanés corría riesgo de ser devuelto a Darfur, región de Sudán asolada por un conflicto de donde había huido en 2003, porque el Ministerio de Orden Público se negaba a examinar de nuevo su caso. Había sido detenido a su llegada a Grecia en junio de 2003 y puesto en libertad tres meses después. Vivió en Grecia sin recibir asistencia social hasta octubre de 2003, cuando viajó al Reino Unido y pidió asilo. Las autoridades británicas determinaron que era Grecia la que tenía que tomar una decisión sobre su solicitud de asilo y lo devolvieron allí en junio de 2004. Su nueva solicitud de asilo se rechazó por haberse marchado del país. Se tomó la decisión de expulsarlo. Una nueva solicitud basada en la información actualizada sobre la situación en Darfur fue declarada inadmisible. Se desconoce si ha sido o no expulsado.

Según se informó el pasado noviembre, 502 niños, casi todos albaneses, habían desaparecido, entre 1998 y 2002, de un hogar estatal para niños en Atenas, en el cual habían sido acogidos tras haberlos recogido la policía en la calle. Muchos de ellos al parecer eran víctimas de traficantes de personas que los obligaban a vender baratijas o a mendigar. Según los informes, los niños no habían recibido la protección adecuada en el hogar, y las autoridades griegas no hicieron prácticamente nada para buscarlos. Pese a la intervención de varias ONG y del defensor del pueblo albanés, las autoridades griegas no habían llevado a cabo una investigación rigurosa e imparcial del caso, si bien en mayo de 2004 se abrió una investigación policial preliminar.

En diciembre de 2004 se denunció que un grupo de unos 60 solicitantes de asilo procedentes de Afganistán, de los cuales al menos 17 eran menores de 18 años, habían sido torturados y maltratados por agentes de policía. La policía les propinó puñetazos y patadas, abusó sexualmente de ellos y los amenazó con armas de fuego tanto en sus casas como en la comisaría de Atenas a la que fueron conducidos.

También se denunció que 186 niños de entre 13 y 16 años de edad formaban parte de los aproximadamente 700 refugiados que se hallaban recluidos en el Centro de Recepción y Albergue Temporal de Inmigrantes ilegales de la zona de Pagani, en Lesbos, en condiciones de hacinamiento extremo. Al parecer, unas 200 personas permanecían hacinadas en recintos previstos para 80. Se cree que la mayoría de los niños refugiados provenían de Irak y Afganistán, y que habían llegado a territorio griego como niños no acompañados.

Irlanda

La Ley de Inmigración de 2004 es fundamentalmente deficiente, ya que no respeta derechos humanos internacionalmente reconocidos. No hay mecanismos independientes que se ocupen de vigilar desde el punto de vista de los derechos humanos las medidas de control de la inmigración aplicadas en los puertos de entrada. A lo largo de 2004 aumentó la preocupación sobre la condición y los derechos de los trabajadores migrantes, como el derecho a la reagrupación familiar y el derecho a disponer de los medios necesarios para apelar contra las órdenes de expulsión. En 2004 se aprobó la vigésimo séptima enmienda a la Constitución, que eliminaba la garantía constitucional de la ciudadanía para las personas nacidas en Irlanda cuyos progenitores no tuvieran la ciudadanía irlandesa. Se aplicó en forma retrospectiva una nueva política del gobierno que negaba automáticamente la residencia a los familiares de menores de nacionalidad irlandesa que no fueran ciudadanos irlandeses. Las familias que se encuentran en esta situación no tienen derecho a contar con asistencia letrada si solicitan quedarse en el país por motivos humanitarios. Según las cifras oficiales, en octubre de 2004 se había expulsado a 32 personas que tenían hijos de nacionalidad irlandesa y se habían dictado órdenes de expulsión contra otras 352. Se temía que no se tuviera debidamente en cuenta el interés superior del niño en las decisiones de expulsión. En octubre, una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó el derecho de los ciudadanos menores de edad de la Unión Europea a disfrutar de los cuidados y la compañía de sus progenitores en la Unión Europea. En diciembre, el gobierno anunció la revisión de las disposiciones relativas a la tramitación de solicitudes de personas sin nacionalidad irlandesa que tuvieran hijos irlandeses nacidos antes del 1 de enero de 2005.

Italia

Sigue sin promulgarse legislación específica y exhaustiva sobre asilo. Hay un proyecto de ley que no se ajusta a las normas internacionales pertinentes. La protección que ofrecen a los solicitantes de asilo ciertas disposiciones de la legislación sobre inmigración no garantiza el acceso a una determinación justa e imparcial de cada caso. Se está obligando a muchas personas que necesitan protección a regresar a países donde se exponen a sufrir violaciones graves de los derechos humanos. Los excesivos retrasos que se producen en el proceso de determinación de los casos de asilo y la inadecuada atención de las necesidades básicas de los solicitantes de asilo hacen que muchas personas queden en la indigencia mientras esperan el resultado de su solicitud inicial de asilo.

Miles de migrantes y solicitantes de asilo siguen llegando por mar a las costas del sur de Italia y centenares más mueren en el intento. Muchos de los barcos zarpan de Libia. En 2005 Italia devolvió a este país a las personas que llegaban por mar a la isla siciliana de Lampedusa. Las acciones de Italia contravienen sus obligaciones en virtud de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados al no permitir el acceso al proceso de determinación de casos de asilo a quienes pueden tener una razón válida para solicitarlo. El Protocolo núm. 4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe al gobierno italiano expulsar a grupos enteros de personas sin analizar detenidamente la situación de cada una de ellas.

Miles de ciudadanos extranjeros sin derecho de residencia en Italia o que presuntamente no tienen tal derecho están recluidos en centros de detención temporal, donde pueden permanecer privados de libertad un máximo de 60 días hasta ser expulsados del país como inmigrantes ilegales o ser puestos en libertad. Muchos de ellos encuentran dificultades de acceso a los especialistas necesarios para impugnar la legalidad de su detención y expulsión. En los centros de detención se vive un ambiente muy tenso, con frecuentes protestas, intentos de fuga y elevados índices de autolesión. En ellos el hacinamiento es frecuente, con infraestructuras deficientes, condiciones de vida antihigiénicas, dietas inapropiadas y atención médica inadecuada.

Casos

En 2004, 25 solicitantes de asilo fueron devueltos a Ghana. Éstos formaban parte de un grupo de 37 personas llegadas en un barco perteneciente a una organización no gubernamental alemana a las que, tras considerables demoras, se había permitido desembarcar por razones humanitarias.

En enero de 2004 se ordenó el procesamiento del sacerdote católico que dirigía el centro temporal de detención de Regina Pacis, en la provincia de Puglia, así como de dos médicos, cinco miembros del personal administrativo y 11 carabineros encargados de la seguridad del centro, en relación con agresiones físicas e insultos racistas a internos en noviembre de 2002.

El año pasado, el fiscal de Bolonia concluyó una investigación criminal sobre presuntas agresiones físicas a internos perpetradas en marzo de 2003, en las que estaban implicados 11 agentes de policía, un carabinero y un miembro de la administración de la Cruz Roja que gestionaba el centro de detención de Via Mattei. El fiscal indicó que solicitaría el procesamiento de al menos cuatro agentes de policía.

El 17 de marzo de 2005, las autoridades italianas devolvieron a 180 personas a Libia, donde pueden correr riesgo de tortura. Pese a las fuertes protestas de varias organizaciones, incluido el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, se han recibido informes de que Italia está planificando más expulsiones. Las autoridades parecen tener prisa por expulsar a los migrantes de Lampedusa, y lo están haciendo sin analizar detenidamente los casos particulares.

Lituania

En mayo de 2004 el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su inquietud por los informes recibidos de que se había impedido que los solicitantes de asilo de determinados países presentaran su solicitud en la frontera, así como por la falta de claridad de los criterios de detención de solicitantes de asilo en “circunstancias excepcionales” y por el bajo porcentaje de solicitantes que habían obtenido asilo en los últimos años. El Comité recomendó que Lituania garantizase el acceso al procedimiento nacional de asilo a todos los solicitantes, con independencia de su país de origen, y que facilitase información sobre los criterios de detención.

Malta

Cientos de solicitantes de asilo y migrantes llegan por mar, y un número indeterminado de ellos han muerto en aguas cercanas a Malta cuando intentaban pasar a la Europa continental. Al concluir el año 2004, más de 800 personas, entre ellas mujeres y niños, permanecían recluidas en centros de detención administrados por la policía y las fuerzas armadas. A muchas de ellas se las mantenía recluidas en función de criterios que violaban las normas internacionales. En febrero de 2004 el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó un informe sobre una visita que había realizado a Malta en 2003. En él expresaba su preocupación respecto a la política de detener automáticamente al solicitante de asilo hasta que concluía el proceso de determinación de la condición de refugiado o se devolvía a la persona a su país de origen. En enero de 2005, Amnistía Internacional pidió que se llevase a cabo una investigación inmediata, rigurosa e imparcial de las informaciones que indicaban que miembros de las fuerzas armadas maltesas habían sometido a decenas de solicitantes de asilo y a migrantes ilegales a agresiones físicas que les habían causado numerosas lesiones.

En agosto, una reforma de la legislación sobre refugiados e inmigrantes previó un aumento de los recursos disponibles para los órganos decisorios, al tiempo que permitía que los internos de los centros de detención presentasen solicitudes de libertad condicional alegando que la prolongación de la reclusión “no sería razonable por su duración o porque no existían perspectivas aceptables de expulsión tras un período razonable” . Sin embargo, no se proporcionaron criterios para determinar lo que constituiría un periodo de detención “no razonable”.

Casos

El 13 de enero de 2005, más de 90 personas recluidas en un centro de detención para extranjeros en el cuartel del ejército en Safi llevaron a cabo una protesta pacífica, negándose a entrar nuevamente al centro luego de una sesión de ejercicios. Los internos, algunos de los cuales, al parecer, llevaban más de 18 meses recluidos, protestaban contra el extenso periodo de detención, la falta de información con respecto al trámite de sus peticiones para obtener la condición de refugiado o de protección humanitaria y, en el caso de aquellos cuyas solicitudes de asilo ya habían sido denegadas, por la falta de información con respecto a su futuro. Los testigos han informado que luego de que los manifestantes desoyeron la orden de entrar nuevamente al recinto, los soldados, con uniforme antidisturbios y armados con porras y escudos, cargaron contra los pacíficos manifestantes y los sometieron a violencia deliberada y gratuita.

Reino Unido

En 2004 la legislación impuso mayores restricciones al derecho a recurrir contra la denegación de asilo y sustituyó las dos instancias del sistema de apelaciones en materia de inmigración por una sola instancia. El proceso decisorio inicial sobre las solicitudes de asilo seguido por las autoridades a menudo resultó inadecuado. Las restricciones impuestas a los fondos públicos destinados a tareas de inmigración y asilo dejaron a muchos de los solicitantes de asilo sin asistencia y representación letrada adecuada.

En mayo de 2004 el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales estableció que la legislación en virtud de la cual las autoridades podían denegar cualquier tipo de ayuda a los solicitantes de asilo adultos no era conciliable con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos.

Suiza

Entre las reformas a la legislación sobre asilo que entraron en vigor en abril de 2004, se incluía la reducción, de 30 a 5 días, del plazo concedido a muchos solicitantes de asilo para apelar contra la denegación de sus solicitudes iniciales. Esta medida afectó a las personas a quienes se les había denegado automáticamente la solicitud inicial, sin un examen individual de su caso, porque las autoridades consideraban que el regreso a sus países de origen no entrañaba riesgos. La reforma no concede a los solicitantes de asilo rechazados tiempo suficiente para buscar asesoramiento legal adecuado e interponer un recurso de apelación.

En noviembre de 2004 el gobierno sometió a consulta pública un proyecto de ley federal que regula el uso de medios de coerción por parte de la policía durante las expulsiones y durante el transporte de detenidos ordenado por una autoridad federal. El objetivo del proyecto es el de hacer jurídicamente vinculantes un cierto número de salvaguardias esenciales para los expulsados y establecer la prohibición de los métodos de inmovilización policiales que dificultan la respiración. Sin embargo, contiene una disposición que permite el uso de armas de electrochoque, entre ellas las pistolas Taser.

Documento público

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