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Web action – Death Penalty in Europe and Central Asia

WA 43/04 EUR 04/008/2004

Title:

Hacer de Europa y Asia Central territorios sin pena de muerte

Extract:

Bielorrusia y Uzbekistán son los únicos países de Europa y Asia Central que siguen llevando a cabo ejecuciones. Firma la petición de Amnistía Internacional y da un paso importante para acabar con la pena de muerte.

Image and caption:

Tamara Chikunova no sabe dónde está enterrado su hijo Dmitry Chikunov. Simbólicamente, colocó su lápida en un cementerio de Tashkent, cerca de la tumba del abuelo del joven.

Text:

"Es una de las peores cosas para mí, no saber dónde está sepultado Dmitry. Si lo supiera, al menos tendría un lugar adonde llevar mi dolor y allí podría hablarle".
Testimonio de Tamara Chikunova, cuyo hijo fue ejecutado en 2000 en Uzbekistán.

Bielorrusia y Uzbekistán son los dos únicos países de Europa y Asia Central que continúan ejecutando a personas.

En ambos países, el carácter intrínsecamente inhumano de la pena de muerte se ve agravado por la injusticia con que se aplica, ya que se condena a personas en juicios en los que no se observan las debidas garantías procesales, basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Además, los presos condenados a muerte viven con el temor constante de ser ejecutados en cualquier momento y se les priva de la última oportunidad de despedirse de sus familiares. Tras la ejecución del preso, a sus familiares no se les entrega el cadáver para que lo entierren ni se les informa del lugar donde se le ha dado sepultura.

Firma la petición

Mediante tu firma, puedes ayudar a poner fin de una vez por todas una práctica inhumana, la aplicación de la pena de muerte en Europa y Asia Central.

Insto a los gobiernos de Bielorrusia y Uzbekistán a que procedan a la abolición de la pena de muerte en la ley y en la práctica, y de este modo conviertan a Europa y Asia Central en una zona libre de la pena de muerte.

Les insto a que:

ordenen la suspensión de las condenas de muerte y las ejecuciones;

conmuten todas las condenas de muerte pendientes de ejecutarse por condenas de otra índole y procedan a la abolición total de la pena capital;

mejoren las condiciones de vida en los centros penitenciarios que acogen a presos condenados a muerte para adecuarlas a las normas internacionales;

se aseguren de que a los familiares de los presos condenados a muerte se les permite tener encuentros privados habituales con el preso. La organización recuerda que en caso de que el preso vaya a ser ejecutado, sus familiares tienen derecho a despedirse de él y a celebrar su entierro en la intimidad.

[Firma aquí]

Al término de esta acción se presentará la petición a las autoridades uzbekas. Se remitirá copia de la petición asimismo a las autoridades de Bielorrusia y a las de otros países de Europa y Asia Central.

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Bielorussia y Uzbekistán: Los últimos verdugos

Bielorrusia y Uzbekistán son los últimos países de Europa y Asia Central que siguen aplicando la pena de muerte y ejecutando a personas. En ambos países, los presos condenados a muerte y sus familias son tratados con desprecio. Además, la injusticia que esta pena supone de por sí se ve agravada por el modo en que se aplica, ya que los sistemas de justicia penal adolecen de serias deficiencias.

Desconcierto, temor y angustia de los presos condenados a muerte

Hace tres años, en 2001, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las informaciones sobre “las condiciones de vida extremadamente deficientes de los presos que se encuentran en el pabellón de los condenados a muerte [en Uzbekistán], entre ellas, el reducido tamaño de las celdas y la falta de alimentos y ejercicio adecuados”.

La situación no parece haber mejorado desde entonces. Las condiciones de vida de los presos condenados a muerte en Uzbekistán, Bielorrusia y en toda Europa y Asia Central distan mucho de ajustarse a las normas internacionales. Son frecuentes las denuncias de tortura y trato inhumano y degradante.

Conforme a la información disponible, en Bielorrusia un preso condenado a muerte ha denunciado que los guardias de la prisión solían golpearle en la cabeza, la espalda, el estómago y los genitales, y según informes, lo obligaban a decir “muchas gracias” después de cada paliza.

Tanto en Bielorrusia como en Uzbekistán, los presos condenados a muerte y sus familias son tratados con desprecio. Ni a unos ni a otros se les informa con antelación de la fecha prevista para la ejecución, privándoles de la última oportunidad de despedirse, y a los familiares del preso ejecutado no se les entrega el cadáver para que le den sepultura ni se les informa del lugar donde ha sido inhumado.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura declaró, tras visitar Uzbekistán, que en su opinión el secreto mantenido en torno a la aplicación de la pena de muerte era un acto intencionado, dirigido a provocar desconcierto, temor y angustia a los familiares al desconocer la suerte de sus seres queridos. Además, calificó el trato dispensado a los familiares de intencional y constitutivo de trato cruel e inhumano.

Sistemas que propician los errores judiciales

En los países que mantienen la pena de muerte en su ordenamiento jurídico, es de vital importancia que en los juicios por delitos punibles con la muerte se observen estrictamente las normas y tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, organizaciones locales e internacionales han criticado con frecuencia los sistemas de justicia penal de Bielorrusia y Uzbekistán.

Amnistía Internacional recibe habitualmente denuncias fidedignas de juicios sin las debidas garantías y de tortura y malos tratos, infligidos con frecuencia para obligar al acusado a “confesar”. La corrupción generalizada socava la independencia de la judicatura. Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos en los que los procesos judiciales por delitos punibles con la muerte violaron disposiciones enunciadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La pena de muerte en Europa y Asia Central

Tras el desmoronamiento de la Unión Soviética en diciembre de 1991, todos los nuevos Estados independientes mantuvieron la pena de muerte en sus ordenamientos jurídicos. Desde entonces, nueve la han abolido y otros cuatro han decretado una suspensión de las ejecuciones. Rusia es el único país de los 45 que integran el Consejo de Europa que no ha cumplido aún su promesa de abolir la pena de muerte, promesa que realizó en el momento de su adhesión a la organización en 1996.

En los países que han suspendido las ejecuciones, como Kirguistán, muchas de las personas condenadas a muerte pueden pasar años esperando en un estado de persistente incertidumbre sobre cuál será el destino final de sus vidas. Amnistía Internacional considera que esta situación constituye trato cruel, inhumano y degradante. Las condiciones en que se hallan recluidos los presos condenados a muerte en la región distan mucho de cumplir las normas internacionales.

Personas expulsadas a países donde pueden ser ejecutadas

Muchos países de la región de Europa y Asia Central han expulsado a personas a países donde luego fueron condenadas a muerte, a menudo en juicios sin las debidas garantías en los que se presentaron denuncias de tortura. Las expulsiones documentadas por Amnistía Internacional se llevaron a cabo en incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales por los Estados que facilitaron esas expulsiones.

Amnistía Internacional contra la pena de muerte

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todo el mundo y en todos los casos sin excepción, por ser la privación por excelencia de los derechos humanos. Se trata del homicidio de un ser humano cometido por el Estado con premeditación y a sangre fría en aras de la justicia. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante. Al igual que la tortura, la ejecución constituye una agresión física y mental extrema contra una persona que se encuentra indefensa por las autoridades gubernamentales.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que conviertan a Europa y Asia Central en una zona libre de pena de muerte, en la ley y en la práctica.