15 de marzo de 2002

Índice AI: EUR 14/001/2002/s

Servicio de Noticias 47/02

Bélgica: El caso de Semira Adamu, una oportunidad para revisar nuevamente los procedimientos de expulsión

El 18 de marzo, un tribunal de Bruselas decidirá si se juzga a siete funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por la muerte en septiembre de 1998 de la nigeriana Semira Adamu, de 20 años. Adamu, solicitante de asilo, murió horas después del intento de expulsarla desde el aeropuerto de Bruselas. Amnistía Internacional insta a las autoridades belgas a que revisen cuidadosamente sus procedimientos de expulsión.

Nueve agentes acompañaron a Semira Adamu hasta el avión, entre ellos los tres que debían escoltarla durante el vuelo y otro que grabó en vídeo la operación. Una vez que la sentaron y la ataron de pies y manos, Semira comenzó a cantar muy alto para atraer la atención de los otros pasajeros. Los agentes le empujaron la cabeza contra un almohadón colocado sobre las rodillas de uno de ellos mientras ejercían presión sobre su espalda y ella oponía resistencia. La mantuvieron más de 10 minutos con la cara contra el almohadón, y entró en coma por falta de oxigenación cerebral.

Cuando los agentes se dieron cuenta de que estaba en coma, llamaron a los servicios de urgencia, que la trasladaron al hospital, donde murió ese mismo día como consecuencia de los métodos de inmovilización utilizados.

«La trágica muerte de Semira Adamu no es el primero ni el único caso de este tipo. Otros seis fallecimientos ocurridos durante procedimientos de expulsión desde Europa Occidental entre 1993 y 2001 coincidieron con el uso, poco antes de la muerte, de métodos peligrosos de inmovilización que impedían la respiración», ha manifestado Amnistía Internacional.

En los últimos años también se han recibido denuncias frecuentes desde países de Europa Occidental de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de agentes de escolta durante las expulsiones. Continúan llegando desde Bélgica denuncias de agentes que someten a quienes se resisten a la expulsión a agresiones físicas, amenazas de muerte e insultos racistas, manteniéndolos muchas horas sin comer ni beber y utilizando a veces para reducirlos peligrosos métodos de inmovilización que impiden la respiración. Asimismo hay denuncias de personas expulsadas que no reciben la atención médica adecuada por las lesiones sufridas durante procedimientos de expulsión que no han llegado a su fin.

Amnistía Internacional cree que es un buen momento para que Bélgica y otros Estados europeos vuelvan a examinar cuidadosamente sus leyes y prácticas a este respecto y se aseguren de que se ajustan a las últimas recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

«Una de las formas más eficaces de prevenir los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza consiste también en que el sistema de justicia penal aplique las sanciones adecuadas. El hecho de saber que los tribunales están dispuestos a aplicar duras penas constituye uno de los factores disuasivos más eficaces», ha afirmado la organización.

«Poner a los infractores a disposición judicial no sólo los disuade de volver a cometer el delito, sino que también deja muy claro a otros que no se tolerarán malos tratos», ha manifestado Amnistía Internacional.

Información general

La llamada «técnica del almohadón», peligroso método de inmovilización autorizado entonces por el Ministerio del Interior, permitía a los agentes de escolta que presionaran un almohadón contra la boca (no la nariz) de las personas que se resistían a ser expulsadas del país. Su uso se prohibió a partir de la muerte de Semira Adamu. Las directrices dadas a los agentes de escolta en julio de 1999, así como un decreto del Ministerio de Transporte de abril de 2000 prohíben explícitamente los métodos de inmovilización que suponen la obstrucción total o parcial de las vías respiratorias, así como el uso de medicamentos sedantes o de otro tipo para reducir a la persona expulsada contra su voluntad.

En enero de 2002, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmó: «Con demasiada frecuencia las personas que van a ser expulsadas son víctimas de discriminación, insultos racistas, métodos de inmovilización peligrosos e incluso violencia y trato inhumano y degradante, todo ello en violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con demasiada frecuencia también, los agentes responsables de poner en práctica las órdenes de expulsión recurren a un uso injustificado, inadecuado e incluso peligroso de la fuerza. [...] A esta Asamblea le preocupa que en los Estados miembros del Consejo de Europa los procedimientos de expulsión no sean transparentes [...] algunos Estados miembros están estudiando este campo o han aplicado reformas, pero nos preocupa que en la práctica a menudo no se cumpla el marco legal para la aplicación de las órdenes de expulsión [...] Los valores fundamentales del Consejo de Europa se verán amenazados si no se hace nada para combatir el actual clima de hostilidad hacia los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes, y para fomentar el respeto de su seguridad y dignidad en todas las circunstancias.»

La Asamblea formuló recomendaciones amplias y detalladas para los Estados miembros sobre «procedimientos de expulsión que no vulneren los derechos humanos y se apliquen con respeto para la seguridad y la dignidad». El Comisario de Derechos Humanos de la organización ya había formulado recomendaciones similares en septiembre del 2001.

En las recomendaciones se pide:

que las expulsiones se lleven a cabo con total transparencia a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales. Por consiguiente, a quienes están en espera de expulsión no deben ponérseles trabas para contactar con ONG, y se les debe garantizar el acceso a los medios de comunicación con el mundo exterior, así como el derecho a acceder libremente a asesoramiento y asistencia letrada independiente;

la creación de sistemas de supervisión independientes de los procedimientos de expulsión;

que se informe a los posibles expulsados en cada etapa del procedimiento de lo que les aguarda, para que puedan prepararse psicológicamente para su vuelta;

que se imparta a los agentes de escolta una formación adecuada, especialmente en habilidades de mediación y manejo de la tensión, y que tengan los conocimientos lingüísticos y culturales pertinentes;

que se expidan sistemáticamente certificados médicos a la salida y la llegada de la persona expulsada;

que se prohíba el uso de métodos peligrosos de inmovilización que impidan la respiración, el uso de medicamentos sedantes si no es bajo estricta prescripción médica y el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza;

que se facilite comida y bebida durante la operación de expulsión;

que se investiguen de forma minuciosa e imparcial las denuncias de malos tratos.

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Documento público

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