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12 de julio del 2000

Irlanda: Los derechos humanos a examen

Amnistía Internacional ha instado al Comité de Derechos Humanos de la ONU a que estudie la legislación de emergencia, el tema de la imparcialidad de los juicios y el asunto de las investigaciones policiales durante el examen del segundo informe periódico de Irlanda, que tendrá lugar el 13 de julio en Ginebra. Amnistía Internacional llama la atención del Comité sobre diversas disposiciones y prácticas que contravienen los derechos, internacionalmente reconocidos, a la vida, a un juicio justo, a la libertad y a no ser objeto de tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En sus comentarios al Comité de Derechos Humanos, Amnistía Internacional plantea los casos de John Morris, Ronan MacLochlainn, y John Carthy. Tras la muerte de estas personas a manos de la Unidad de Respuesta Urgente de la Policía en años recientes, Amnistía Internacional cree que el gobierno debe establecer mecanismos para garantizar que se llevan a cabo investigaciones independientes e imparciales de los homicidas controvertidos cometidos por agentes de la ley, y que las investigaciones sobre las muertes bajo custodia deben proporcionar un escrutinio público efectivo de la legalidad de las acciones llevadas a cabo por los agentes.

El sistema de investigación, tal como está establecido actualmente, pone en grave desventaja a los familiares de las víctimas en su intento de arrojar luz sobre las todas las circunstancias de un homicidio cometido en circunstancias controvertidas. A los abogados de los familiares de las víctimas no se les proporcionan todos los datos de la autopsia, todas las pruebas forenses ni las declaraciones completas de los testigos antes de la investigación, lo que les impide contradecir de manera efectiva la versión oficial.

La necesidad de un mecanismo que garantice la investigación independiente de una presunta conducta irregular por parte de la policía surge también como resultado de las quejas de que las actuales investigaciones policiales sobre malos tratos no se realizan de forma independiente ni imparcial. Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la recomendación efectuada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en 1998 para que se reforme el sistema de quejas con el fin de garantizar su independencia e imparcialidad. Otras salvaguardias para disuadir a los agentes de policía de maltratar a las personas incluyen disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación, asesoramiento legal eficaz y presencia de un abogado durante los interrogatorios.

Amnistía Internacional presentó un documento detallado sobre la Revisión de la Ley de Delitos contra el Estado, puesta en vigor por el gobierno irlandés en 1999; el informe de la Revisión está aún pendiente. En su documento Amnistía Internacional recomendaba:

- la supresión del Tribunal Penal Especial, porque el gobierno no ha demostrado que los tribunales especiales sean esenciales en las actuales circunstancias y porque esos tribunales se usan también para casos no claramente relacionados con delitos contra el Estado;

- la derogación de las disposiciones que permiten la reclusión sin cargos ni juicio;

- la derogación de las disposiciones que permiten la detención durante periodos prolongados son cargos y sin acceso a un abogado durante los interrogatorios;

- la introducción de un turno de oficio para los abogados que asisten a las comisarías de policía y proporcionan asistencia jurídica;

- la presencia de abogados durante los interrogatorios policiales a sospechosos;

- la derogación de la Enmienda a la Ley de Delitos contra el Estado de 1998, que, entre otras cosas, limita el derecho del detenido a permanecer en silencio durante el interrogatorio policial. Esta limitación, unida a las restricciones del derecho del detenido a recibir asistencia letrada, puede constituir una violación del derecho a un juicio justo porque, de forma intolerable, hace recaer la carga de la prueba en el acusado y viola la presunción de inocencia y el derecho de todo acusado a no ser obligado a testificar en su propia contra.

Amnistía Internacional continúa también presionando para que se establezca un marco legal para el procedimiento de la concesión de la condición de refugiado. Las personas designadas como miembros de la Junta de Asesoramiento de Refugiados y el Tribunal de Apelaciones de Refugiados para de deben ser independientes y poseer formación en legislación internacional sobre refugiados y normas internacionales de derechos humanos. Debe proporcionarse asistencia jurídica eficaz y fácilmente accesible.

La organización siente también preocupación por la falta de salvaguardias que rodean la detención propuesta personas cuyos intentos de obtener asilo han fracasado: la detención puede imponerse cuando no es necesaria y por motivos arbitrarios, sin supervisión judicial y sin apelación.

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