AMNISTÍA INTERNACIONAL

Italia: Los inmigrantes y solicitantes de asilo también tienen derechos

Italia practica cada vez más detenciones de solicitantes de asilo en contravención de las normas internacionales sobre refugiados. En su último informe, titulado Temporary Stay -- Permanent Rights, Amnistía Internacional pone de manifiesto diversos abusos cometidos contra los derechos humanos de ciudadanos extranjeros detenidos en los centros de acogida y estancia provisional, y expresa la preocupación de que estos problemas se perpetúen en los “centros de identificación”.

“La privación de libertad supone una sanción excesiva para unas personas que no han cometido delito alguno. Los solicitantes de asilo no deben ser detenidos salvo en circunstancias excepcionales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas sobre refugiados —ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central—. Y, con arreglo a los “principios” internacionales de derechos humanos, no se debe recurrir a la detención de inmigrantes que han entrado o están en el país sin permiso salvo por los motivos legalmente establecidos.”

Cada año Italia expulsa o prohíbe la entrada a miles de ciudadanos extranjeros, algunos de los cuales son solicitantes de asilo, alegando entrada ilegal, intento de entrada ilegal o residencia ilegal. Muchas de estas personas, mientras aguardan su expulsión, permanecen privadas de libertad en “centros de acogida y estancia provisional”, a veces por periodos de hasta 60 días.

Hace dos meses se promulgó una ley que permitía recluir sistemáticamente a la mayoría de los solicitantes de asilo en “centros de identificación” mientras sus solicitudes de asilo son examinadas mediante un procedimiento urgente.

En el informe se exponen de manera pormenorizada denuncias según las cuales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal de vigilancia han sometido a personas recluidas en estos centros de detención provisional a malos tratos y a una administración abusiva de medicamentos tranquilizantes o sedantes. Muchos se encuentran con obstáculos al intentar acceder al asesoramiento letrado necesario para impugnar la legalidad de su detención y de la orden de expulsión. El grado de tensión en estos centros es muy alto: hay frecuentes protestas, intentos de fuga y una elevada incidencia de casos de autolesión. A menudo son centros masificados, carentes de infraestructura adecuada, donde imperan condiciones de vida antihigiénicas y la asistencia médica es insuficiente.

Los Estados tienen el derecho soberano a controlar la entrada y residencia de extranjeros en su territorio, así como su expulsión. No obstante, están obligados a ejercer ese derecho de conformidad con las normas y leyes internacionales sobre refugiados y derechos humanos. No se puede ejercer la soberanía del Estado en perjuicio de los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes y solicitantes de asilo, con independencia de su condición jurídica.

El acceso a estos centros de detención provisional está cada vez más restringido, y todas las peticiones formuladas hasta la fecha por Amnistía Internacional para visitarlos han sido denegadas. Aunque no es posible confirmar la exactitud de todas las denuncias relativas a estos centros, su número, coherencia y regularidad, sumado a las conclusiones de organismos gubernamentales internacionales y de reputadas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, las hacen dignas de crédito.

Muchas personas recluidas en estos centros de detención provisional tienen dificultades de acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y, como consecuencia, se está devolviendo a personas a países donde corren peligro de sufrir violaciones graves de sus derechos humanos. En el 2004, Italia expulsó en repetidas ocasiones a grupos enteros de personas detenidas tras su llegada por mar, sin prestar la debida consideración a la situación particular de cada individuo en contravención de las leyes internacionales sobre derechos humanos y refugiados. Esta manera de hacer frente a la llegada de refugiados por mar por parte del gobierno italiano compromete gravemente el derecho fundamental a solicitar asilo y el principio de no devolución, que prohíbe devolver a la persona a un territorio donde estaría expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha preparado un conjunto de recomendaciones para que las autoridades italianas las pongan en práctica con carácter prioritario. Estas recomendaciones indican las normas internacionales básicas que ya son aplicables a las personas recluidas en los centros de detención provisional y contienen directrices sobre el proceso de “devolución” de ciudadanos extranjeros en las que se recuerdan los derechos existentes en virtud de la legislación internacional aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en mayo de 2005.

“Ha llegado el momento de que las autoridades italianas sometan a un examen exhaustivo sus leyes, políticas y prácticas actuales en relación con la detención, la situación y el trato de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, y se aseguren de que están en perfecta consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y sobre refugiados” declaraba Nicola Duckworth.

El informe completo, titulado Italia: Temporary Stay -- Permanent Rights: The treatment of foreign nationals detained in 'temporary stay and assistance centres', se puede consultar en