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11 de febrero del 2000

Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 02/00 (EUR 45/10/00/s, del 14 de enero del 2000) - Impunidad y preocupación jurídica

ESPAÑAAugusto Pinochet, ex presidente de Chile

El juez español Baltasar Garzón Real ha pedido al gobierno español que solicite una revisión judicial de la decisión preliminar del ministro del Interior británico, Jack Straw, de no extraditar al general retirado Augusto Pinochet a España. Hasta la fecha, el gobierno español se ha negado a transmitir esta solicitud a las autoridades del Reino Unido.

El 11 de enero del 2000, Jack Straw llegó a la «conclusión preliminar» de que, por motivos de salud, Augusto Pinochet no debía ser extraditado a España. El ministro fundó su conclusión en un informe médico al que no han tenido acceso las partes que solicitan la extradición.

El gobierno español ha anunciado que no recurrirá contra ésta ni ninguna otra decisión futura que adopte Jack Straw sobre la materia, y se ha negado a remitir a las autoridades británicas la solicitud del juez Garzón de que la Fiscalía de la Corona británica continúe emprendiendo todas las acciones necesarias hasta que se hayan agotado los mecanismos judiciales a su disposición. Amnistía Internacional considera que la solicitud del juez Garzón de que la decisión del ministro del Interior sea sometida a revisión judicial en el Reino Unido constituye un ejercicio legítimo e integral de la responsabilidad que le cabe como juez, que el gobierno español debe respetar y apoyar.

El 8 de febrero, tres jueces del Tribunal Divisional (sección de apelaciones de la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales) concedieron al Reino de Bélgica, que solicita la extradición de Augusto Pinochet, y a Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos la autorización para presentar sus argumentaciones en el marco de una revisión judicial de la decisión preliminar de Jack Straw. Se ha anunciado que la decisión de los jueces sobre la revisión judicial se hará pública el martes 15 de febrero. La resolución del Tribunal Divisional invalidó una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia, en la que el juez Maurice Kay, al negar su autorización para la realización de una revisión judicial, había manifestado que consideraba una «cuestión de interés» el hecho de que España hubiera decidido no recurrir por la vía judicial contra la decisión de Jack Straw. El juez señaló que España había tomado esta decisión pese a que el juez Garzón había «comunicado, respecto de las actuales circunstancias, opiniones similares a las expresadas por los representantes de Bélgica y de Amnistía Internacional».

Según informes, el gobierno español ha justificado la ausencia de apoyo oficial a la solicitud del juez Garzón esgrimiendo el argumento de que la fase judicial de las actuaciones ha concluido y que ahora se trata de una cuestión política. Amnistía Internacional considera que esta afirmación es incorrecta; el propio ministro del Interior ha declarado ante el Parlamento que su función en cuestiones de extradición es «casi judicial», y ha reconocido que sus decisiones son pasibles de revisión por los tribunales. La resolución adoptada el 8 de febrero por el Tribunal Divisional ha demostrado inequívocamente que la cuestión continúa dirimiéndose en la esfera judicial.

Los esfuerzos por hacer comparecer a Augusto Pinochet ante los tribunales han revestido una importancia incalculable en la lucha para conseguir que se ponga fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional considera que el proceso que se sigue en este caso debe ser imparcial y transparente y que debe estar libre de injerencias políticas. Esto resulta esencial a la hora de proteger tanto el derecho de las víctimas a que se haga justicia como los derechos del acusado.

INFORMACIÓN GENERAL

Augusto Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998 en virtud de un mandamiento judicial de detención librado por España por cargos relacionados con crímenes de lesa humanidad relativos a casos de tortura, desaparición forzada y homicidio ocurridos durante el periodo de gobierno militar en Chile (1973 a 1990). Posteriormente, también solicitaron su extradición Francia, Bélgica y Suiza.

En marzo de 1999 la Cámara de los Lores resolvió que Augusto Pinochet no gozaba de inmunidad procesal por actos de tortura cometidos cuando era jefe de Estado, manifestando que «la tortura es un delito internacional sobre el cual el derecho internacional y los Estados Partes en la Convención de la ONU contra la Tortura han conferido jurisdicción universal a todos los tribunales, con independencia de dónde tengan lugar los actos de tortura». La Cámara de los Lores decidió que Augusto Pinochet podía ser sometido a extradición por cargos relativos a los actos de tortura y conspiración para torturar que se le imputa haber cometido con posterioridad al 8 de diciembre de 1988, fecha en la que el Reino Unido ratificó la Convención contra la Tortura.

La vista de extradición tuvo lugar ante el juez Ronald Bartle, del Tribunal de Magistrados de Bow Street. En octubre de 1999, el juez Bartle decidió que el proceso de extradición podía seguir su curso. Esta decisión abrió la puerta para que se tramitara la extradición de Augusto Pinochet por los 35 cargos de tortura aportados para el estudio del juez Bartle, así como por 1.198 casos de «desaparición». El juez manifestó que el efecto de estos crímenes en los familiares de las personas «desaparecidas» «puede ser constitutivo de tortura mental». Los abogados de Augusto Pinochet han apelado contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia. La vista de este recurso está prevista para el mes de marzo, pero no tendrá lugar si antes de esa fecha Jack Straw detiene el proceso de extradición, tal como ha manifestado que es su «inclinación».

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, mensajes por fax o cartas urgentes:

–expresando su preocupación por la decisión del gobierno español de no dar curso a la apelación del juez Garzón contra la decisión del ministro del Interior;

–manifestando que al negarse a remitir al Reino Unido la solicitud del juez Garzón de que se someta la decisión del ministro del Interior británico a revisión judicial, el gobierno español impide que el juez Garzón cumpla legítimamente con la responsabilidad que le cabe en su calidad de juez, responsabilidad que el gobierno español debe respetar y apoyar;

–instando al gobierno español a transmitir a las autoridades británicas la solicitud del juez Garzón de que la Fiscalía de la Corona continúe emprendiendo todas las acciones posibles en este caso hasta que se hayan sustanciado todos los recursos disponibles en el procedimiento de extradición;

–exhortando al gobierno español a que adopte todas las medidas necesarias para apelar contra cualquier futura decisión del ministro del Interior británico que represente una contravención del derecho internacional y de los compromisos internacionales del Reino Unido en relación con la persecución de los crímenes de lesa humanidad;

–haciendo un llamamiento al gobierno español para que apoye por todos los medios razonables, incluida la acción judicial, los esfuerzos de los familiares de las víctimas del gobierno militar chileno, así como a las propias víctimas sobrevivientes, que llevan 25 años librando una campaña para que se conozca la verdad y se haga justicia.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente:

Excmo. Sr. D. José María Aznar López

Presidente del Gobierno

Presidencia del Gobierno

Complejo de la Moncloa

28071 Madrid, España

Telegramas:Presidente, Madrid, Spain

Fax:+34 91 390 0329

Tratamiento:Señor Presidente

Ministra de Justicia:

Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Ministra de Justicia

Ministerio de Justicia

c/ San Bernardo 45

28071 Madrid

España

Telegramas: Ministra Justicia, Madrid, Spain

Fax:+34 91 390 2268

Tratamiento:Señora Ministra

Ministro de Asuntos Exteriores:

Excmo. Sr. D. Abel Matutes Juan

Ministro de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Plaza de la Provincia 1

28071 Madrid

España

Telegramas:Ministro Asuntos Exteriores, Madrid, Spain

Fax:+34 91 883 0814

Tratamiento:Señor Ministro

COPIAS A:

Periódicos:

El País

Miguel Juste, 40

Madrid 28037

Fax:+34 913048766

El Mundo

Calle Pradillo, 42

Madrid 28002

Faxes:+34 91 586 4848

y a los representantes diplomáticos de España acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de marzo del 2000.