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Amnistía Internacional es un movimiento mundial integrado por personas que hacen campaña para que se respeten los derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. En su lucha por esta visión, la misión de Amnistía Internacional consiste en desarrollar programas de investigación y acción centrados en prevenir y acabar con los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expresión, y a no sufrir discriminación, todo ello dentro del contexto de su labor de promoción del respeto de todos los derechos humanos.

Si desean más información sobre Amnistía Internacional y su trabajo para aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre las violaciones de derechos humanos y el racismo, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en su país:

o escriban al Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en el Reino Unido:

-Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

o visiten el sitio web de Amnistía Internacional:

<www.amnesty.org> Índice AI: EUR 41/003/2002/s

ESPAÑA

Racismo y malos tratos

Benaissa Belaouni

Malos tratos bajo custodia de la policía

AMNISTÍA

INTERNACIONAL

Malos tratos por motivos raciales en España

Benaissa Belaouni, ciudadano marroquí con residencia legal en España, afirma que seis agentes de policía lo arrojaron de un golpe al suelo, lo golpearon con porras de goma y le propinaron patadas y puñetazos mientras procedían a detenerlo. Seguidamente lo llevaron a la comisaría de Chamberí, en Madrid, donde continuaron golpeándolo mientras aún estaba esposado; también le dirigieron insultos racistas.

Benaissa Belaouni tenía dificultades para encontrar un empleo permanente, ya que no sabía hablar español y sufría una sordera parcial. De vez en cuando encontraba trabajo como albañil, y mantenía a sus tres hijos mediante la venta de discos compactos (CD) piratas.

El 6 de octubre del 2000, hacia las nueve y media de la noche, se encontraba vendiendo CD junto con un compañero a las puertas de un supermercado en Madrid. Dos agentes de la Policía Municipal los vieron y se bajaron del vehículo en el que circulaban. Cuando Benaissa Belaouni y su amigo vieron acercarse a los agentes corrieron hacia un callejón cercano, llevándose consigo una mochila con los CD. Los agentes los persiguieron adentrándose en una zona oscura donde, según la policía, Benaissa Belaouni y su amigo sacaron una cadena de la mochila y amenazaron a los agentes. Se produjo un forcejeo y en un momento dado el amigo huyó.

Los agentes pidieron refuerzos, y llegaron otros agentes en vehículos patrulla y en motos. Al parecer, arrojaron a Benaissa Belaouni de un golpe al suelo, y acto seguido le asestaron golpes con porras de goma, y le propinaron patadas y puñetazos mientras él intentaba protegerse de los golpes con las manos. Según Benaissa Belaouni, los agentes lo golpearon por turnos. Después lo llevaron esposado a la comisaría de la Policía Nacional de Chamberí donde, según denunció, en ausencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los agentes de la Policía Municipal continuaron golpeándolo con las porras y las manos enguantadas en una habitación cerrada, mientras él estaba todavía esposado; además, le increparon diciéndole: «Moro chulo, hijo de puta, ¿ahora qué vas a hacer?».

La Policía Nacional llevó posteriormente a Benaissa Belaouni a que recibiera tratamiento médico, y se emitió un informe en el que se hacía constar la existencia de hematomas y contusiones en la cabeza, el pecho, el muslo izquierdo, la zona renal izquierda y las piernas. Según la información disponible, Benaissa Belaouni tenía además dificultades para caminar. El 8 de octubre del 2000 compareció ante un juez, y quedó en libertad provisional 12 horas más tarde. Posteriormente fue sometido a nuevas pruebas médicas en el hospital de La Paz. Dos agentes de policía aseguraron asimismo haber sufrido lesiones durante el forcejeo.

Benaissa Belaouni presentó una denuncia judicial el 10 de octubre del 2000. Además, el Ayuntamiento de Madrid abrió una investigación sobre la conducta de los seis agentes de policía, y la Policía Municipal inició una investigación interna.

Al acabar el 2001 Benaissa Belaouni seguía sufriendo una depresión a consecuencia del incidente, pero no se tenía conocimiento de que se hubieran tomado medidas contra ninguno de los agentes de policía implicados.

En España, el color de la piel y los rasgos faciales pueden exponer a una persona a sufrir abusos. La comunidad romaní ha padecido siglos de persecución y marginación. Las personas que han inmigrado recientemente, especialmente las procedentes de África y Sudamérica, se han encontrado con un racismo y una xenofobia crecientes: han sido víctimas de agresiones y de violencia por motivos racistas, así como de ataques contra sus propiedades y lugares de culto.

Sin embargo, no se puede confiar en la protección que dispensa la ley. Los casos individuales que Amnistía Internacional está resaltando en esta acción ponen de manifiesto la existencia de un cuadro de violaciones de los derechos de los miembros de minorías étnicas cometidas por funcionarios del Estado. Los inmigrantes carentes de documentos de identidad tienen más probabilidades que los ciudadanos españoles de ser detenidos y agredidos por miembros de la policía o la Guardia Civil. El color de la piel y los rasgos faciales son a menudo razón suficiente para pedir a una persona que muestre su documentación, y la mayoría de los casos de malos tratos por motivos racistas a manos de las fuerzas de seguridad derivan de la realización de controles de identidad.

Al parecer, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza han dado lugar a varias muertes bajo custodia de la policía y la Guardia Civil. Las investigaciones sobre estos casos no siempre han sido completas o exhaustivas. A menudo el racismo va acompañado de la discriminación por motivos de género. Las mujeres indocumentadas han estado especialmente expuestas a sufrir violación y abusos sexuales bajo custodia. En los últimos meses se ha vuelto a expulsar de territorios españoles del norte de África a menores a los que se ha abandonado en la frontera. Los propios miembros de minorías étnicas que han intervenido para acabar con los abusos cometidos por la policía han sido detenidos y agredidos. Los ciudadanos extranjeros han sufrido malos tratos a manos de los guardias y del personal que trabaja en los centros de internamiento o detención.

En ocasiones los tribunales han castigado duramente las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros pero, incluso cuando existen pruebas de que los abusos policiales obedecen a motivos raciales, muchos funcionarios del Estado siguen gozando de impunidad. Los inmigrantes, temerosos de poner en peligro la concesión del permiso de trabajo o de residencia, no se atreven a presentar denuncias.

La discriminación racial vulnera el concepto más fundamental de los derechos humanos, a saber, que todas las personas son iguales en dignidad y valor. España debe respetar sus leyes nacionales y los compromisos contraídos en virtud de los intrumentos internacionales de derechos humanos y debe negarse a tolerar la tortura y los malos tratos infligidos por funcionarios del Estado, así como el racismo y la discriminación que dan lugar a estos abusos.

Envíe cartas independientes al ministro de Justicia y al ministro del Interior instándoles a que:

• garanticen que se lleva a cabo sin demora una investigación judicial completa, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de malos tratos e insultos racistas formuladas por Benaissa Belaouni;

• garanticen que el denunciante tiene pleno acceso a la información que necesite para hacer prosperar su acusación, y que se le mantiene informado de los progresos de la investigación;

• garanticen que todo agente responsable de tortura o malos tratos es llevado ante la justicia, y que se paga una indemnización adecuada a Benaissa Belaouni, según proceda.

ACTÚE YA

Envíe sus cartas a:

Amnistía Internacional es un movimiento mundial integrado por personas que hacen campaña para que se respeten los derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. En su lucha por esta visión, la misión de Amnistía Internacional consiste en desarrollar programas de investigación y acción centrados en prevenir y acabar con los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, la libertad de conciencia y de expresión, y a no sufrir discriminación, todo ello dentro del contexto de su labor de promoción del respeto de todos los derechos humanos.

Si desean más información sobre Amnistía Internacional y su trabajo para aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre las violaciones de derechos humanos y el racismo, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en su país:

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ESPAÑA

Malos tratos por motivos raciales

Los niños de la calle: Karim Bouitali

Expulsiones y malos tratos a niños

AMNISTÍA

INTERNACIONAL

Karim Bouitali, de nueve años de edad, fue uno de los ocho niños marroquíes a los que la policía abandonó en la frontera de Marruecos con el enclave español de Melilla el 18 de diciembre del 2001. Los niños, que habían sido entregados a la policía marroquí, fueron abandonados a su suerte en la calle. Karim fue visto esa misma noche llorando, empapado y entumecido de frío bajo una lluvia torrencial, aferrándose a la valla fronteriza.

Los menores habían sido obligados a firmar unos documentos que no habían leído y fueron transportados en vehículos por policías armados españoles para su expulsión. En la frontera no había ningún familiar o trabajador de los servicios sociales que se ocupara de ellos. Según los informes, algunos de los menores fueron esposados y recibieron insultos o bofetadas. Uno de ellos, Amin Sghir, de 13 años, dijo que un agente marroquí le había abofeteado. Otro, Ali Abderrahim Maadi, de 17 años, aseguró que los agentes de la policía española le habían esposado e insultado.

Las organizaciones locales de asistencia a menores han documentado en los últimos meses una reanudación de la práctica de las expulsiones en Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en el norte de África. La policía saca a los niños de centros de acogida, donde algunos han vivido durante periodos de hasta 10 años. A los menores no les comunican el lugar al que van a ser expulsados; ningún abogado los representa y ningún tribunal examina la legalidad de su expulsión. Agentes de policía armados y uniformados los conducen hasta la frontera, donde son entregados a la policía marroquí que simplemente los abandona. En teoría, estos niños son devueltos para que se reúnan con sus familias, pero la mayoría consigue volver a entrar al país en unos pocos días cruzando de nuevo la frontera. En algunos casos, no se logra averiguar el paradero de sus familias, o éstas no pueden o no quieren hacerse cargo de los menores.

Los menores viven en condiciones duras en la calle, en instalaciones portuarias y en túneles bajo tierra en Ceuta y Melilla. Según informes recientes, el único centro de internamiento de Ceuta carece de camas y de ropa de cama suficientes y está infestado de bichos. Según se ha dicho, los niños han contraído enfermedades contagiosas allí y ha recibido malos tratos físicos a manos del personal del centro.

Las denuncias presentadas por agentes de la policía local contribuyeron a poner fin a la detención, las palizas y la expulsión ilegal de menores de Ceuta en 1999. La legislación española prevé la protección de los niños. No obstante, las autoridades españolas no han respondido a la preocupación expresada por Amnistía Internacional ante la reanudación por parte de las autoridades de Ceuta y Melilla de la práctica de expulsar a menores no acompañados, ni tampoco a la recomendación de Amnistía Internacional de que se dote a Ceuta y Melilla de recursos para asumir la protección y el cuidado de todos los niños, y de que se examine cada caso a fondo y de forma individualizada antes de expulsar al menor de España.

Malos tratos por motivos raciales en España

En España, el color de la piel y los rasgos faciales pueden exponer a una persona a sufrir abusos. La comunidad romaní ha padecido siglos de persecución y marginación. Las personas que han inmigrado recientemente, especialmente las procedentes de África y Sudamérica, se han encontrado con un racismo y una xenofobia crecientes: han sido víctimas de agresiones y de violencia por motivos racistas, así como de ataques contra sus propiedades y lugares de culto.

Sin embargo, no se puede confiar en la protección que dispensa la ley. Los casos individuales que Amnistía Internacional está resaltando en esta acción ponen de manifiesto la existencia de un cuadro de violaciones de los derechos de los miembros de minorías étnicas cometidas por funcionarios del Estado. Los inmigrantes carentes de documentos de identidad tienen más probabilidades que los ciudadanos españoles de ser detenidos y agredidos por miembros de la policía o la Guardia Civil. El color de la piel y los rasgos faciales son a menudo razón suficiente para pedir a una persona que muestre su documentación, y la mayoría de los casos de malos tratos por motivos racistas a manos de las fuerzas de seguridad derivan de la realización de controles de identidad.

Al parecer, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza han dado lugar a varias muertes bajo custodia de la policía y la Guardia Civil. Las investigaciones sobre estos casos no siempre han sido completas o exhaustivas. A menudo el racismo va acompañado de la discriminación por motivos de género. Las mujeres indocumentadas han estado especialmente expuestas a sufrir violación y abusos sexuales bajo custodia. En los últimos meses se ha vuelto a expulsar de territorios españoles del norte de África a menores a los que se ha abandonado en la frontera. Los propios miembros de minorías étnicas que han intervenido para acabar con los abusos cometidos por la policía han sido detenidos y agredidos. Los ciudadanos extranjeros han sufrido malos tratos a manos de los guardias y del personal que trabaja en los centros de internamiento o detención.

En ocasiones los tribunales han castigado duramente las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros pero, incluso cuando existen pruebas de que los abusos policiales obedecen a motivos raciales, muchos funcionarios del Estado siguen gozando de impunidad. Los inmigrantes, temerosos de poner en peligro la concesión del permiso de trabajo o de residencia, no se atreven a presentar denuncias.

La discriminación racial vulnera el concepto más fundamental de los derechos humanos, a saber, que todas las personas son iguales en dignidad y valor. España debe respetar sus leyes nacionales y los compromisos contraídos en virtud de los intrumentos internacionales de derechos humanos y debe negarse a tolerar la tortura y los malos tratos infligidos por funcionarios del Estado, así como el racismo y la discriminación que dan lugar a estos abusos.

Escriba al ministro del Interior, al ministro de Justicia, al delegado del gobierno para la Extranjería, al delegado del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta y al consejero de Presidencia de la ciudad autónoma de Melilla, expresando su preocupación por los numerosos informes que señalan que las instalaciones destinadas a la atención de menores indocumentados son inadecuadas, especialmente las de Ceuta.

Inste a las autoridades españolas a que:

• • doten de recursos a Ceuta y Melilla para que atiendan a todos los niños y examinen a fondo e individualmente cada caso antes de tomar la decisión de expulsar al menor de España;

• • cumplan las normas internacionales sobre protección y asistencia a menores;

• • cumplan las obligaciones internacionales contraídas por España, lo que significa que se aseguren de que los niños no acompañados gozan de todos los derechos consagrados en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y que cualquier decisión que se adopte tiene en cuenta el interés superior del niño.

ACTÚE YA

Envíe sus cartas a:

Amnistía Internacional es un movimiento mundial integrado por personas que hacen campaña para que se respeten los derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. En su lucha por esta visión, la misión de Amnistía Internacional consiste en desarrollar programas de investigación y acción centrados en prevenir y acabar con los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, la libertad de conciencia y de expresión, y a no sufrir discriminación, todo ello dentro del contexto de su labor de promoción del respeto de todos los derechos humanos.

Si desean más información sobre Amnistía Internacional y su trabajo para aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre las violaciones de derechos humanos y el racismo, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en su país:

o escriban al Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en el Reino Unido:

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ESPAÑA

Malos tratos por motivos raciales

António Augusto Fonseca Mendes

Muerte bajo custodia de la policía

AMNISTÍA

INTERNACIONAL

António Augusto Fonseca Mendes, natural de Guinea-Bissau, murió bajo custodia policial en Lanzarote, Islas Canarias, el 20 de mayo del 2000. Según parece, la investigación sobre su muerte fue inadecuada y estuvo plagada de contradicciones.

António Fonseca vivía en Madrid con su esposa e hijo, y en mayo del 2000 se encontraba de vacaciones en Arrecife, donde vivía su hermana. Dos agentes de la Policía Nacional se le acercaron delante de la casa de su hermana, sospechando que estaba en posesión de drogas. António Fonseca echó a correr y los policías lo persiguieron por la calle, lo atraparon, lo esposaron y lo llevaron a la comisaría. Poco después, todavía esposado, perdió el conocimiento y murió.

La policía dijo inicialmente que había muerto porque se había tragado un paquete de heroína. Más tarde dijo que había muerto de un ataque al corazón.

Según su familia, la policía le había dado una paliza y le había estrangulado, causándole la muerte. Sus familiares adviritieron de la presencia de hematomas en el cadáver y de sangre en la ropa, los dedos y los zapatos. Las fotografías que tomaron en el depósito de cadáveres parecían confirmarlo.

La primera autopsia realizada no halló señales de lesiones externas significativas y, según informes, atribuyó la muerte a la presencia de fluidos en los pulmones, provocada por el estrés. No obstante, una segunda autopsia realizada por un destacado catedrático forense constataba la existencia de varias lesiones en el cuerpo y concluía que la muerte había sido causada por un «golpe dado con un objeto contundente».

La policía entonces aseguró que António Fonseca se había golpeado contra el espejo retrovisor de un automóvil y que se había caído durante la persecución policial, declaración que según los informes fue rebatida por dos testigos presenciales de los hechos.

En agosto del 2000, un agente de policía acusó a la familia de António Fonseca de «manipular» el cadáver en el depósito, y hubo nuevos intentos de desacreditar a la familia. La hermana de António aseguró haber sido acosada y amenazada por la policía, y el fiscal inició actuaciones disciplinarias contra el abogado de la familia Fonseca por poner presuntamente a disposición de la prensa las conclusiones de la segunda autopsia.

Se pidió a otra médico forense que examinase las conclusiones contradictorias de las dos autopsias y que arbitrase al respecto. Ésta apreció deficiencias en ambos informes y señaló que Antonio Fonseca pudo haber muerto de «muerte natural», en otras palabras, que no había habido una tercera parte responsable.

En septiembre del 2000, el ministro del Interior comunicó al Congreso de Diputados que no había indicios de que António Fonseca hubiera sido víctima de malos tratos policiales y que no se tomarían medidas disciplinarias. El 30 de marzo del 2001, el juez de instrucción, que no había admitido como prueba el testimonio de un posible testigo clave, archivó el caso sin presentar cargos contra los agentes de policía.

Malos tratos por motivos raciales en España

En España, el color de la piel y los rasgos faciales pueden exponer a una pesona a sufrir abusos. La comunidad romaní ha padecido siglos de persecución y marginación. Las personas que han inmigrado recientemente, especialmente las procedentes de África y Sudamérica, se han encontrado con un racismo y una xenofobia crecientes: han sido víctimas de agresiones y de violencia por motivos racistas, así como de ataques contra sus propiedades y lugares de culto.

Sin embargo, no se puede confiar en la protección que dispensa la ley. Los casos individuales que Amnistía Internacional está resaltando en esta acción ponen de manifiesto la existencia de un cuadro de violaciones de los derechos de los miembros de minorías étnicas cometidas por funcionarios del Estado. Los inmigrantes carentes de documentos de identidad tienen más probabilidades que los ciudadanos españoles de ser detenidos y agredidos por miembros de la policía o la Guardia Civil. El color de la piel y los rasgos faciales son a menudo razón suficiente para pedir a una persona que muestre su documentación, y la mayoría de los casos de malos tratos por motivos racistas a manos de las fuerzas de seguridad derivan de la realización de controles de identidad.

Al parecer, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza han dado lugar a varias muertes bajo custodia de la policía y la Guardia Civil. Las investigaciones sobre estos casos no siempre han sido completas o exhaustivas. A menudo el racismo va acompañado de la discriminación por motivos de género. Las mujeres indocumentadas han estado especialmente expuestas a sufrir violación y abusos sexuales bajo custodia. En los últimos meses se ha vuelto a expulsar de territorios españoles del norte de África a menores a los que se ha abandonado en la frontera. Los propios miembros de minorías étnicas que han intervenido para acabar con los abusos cometidos por la policía han sido detenidos y agredidos. Los ciudadanos extranjeros han sufrido malos tratos a manos de los guardias y del personal que trabaja en los centros de internamiento o detención.

En ocasiones los tribunales han castigado duramente las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros pero, incluso cuando existen pruebas de que los abusos policiales obedecen a motivos raciales, muchos funcionarios del Estado siguen gozando de impunidad. Los inmigrantes, temerosos de poner en peligro la concesión del permiso de trabajo o de residencia, no se atreven a presentar denuncias.

La discriminación racial vulnera el concepto más fundamental de los derechos humanos, a saber, que todas las personas son iguales en dignidad y valor. España debe respetar sus leyes nacionales y los compromisos contraídos en virtud de los intrumentos internacionales de derechos humanos y debe negarse a tolerar la tortura y los malos tratos infligidos por funcionarios del Estado, así como el racismo y la discriminación que dan lugar a estos abusos.

Escriba al ministro del Interior y al ministro de Justicia expresando:

• • su preocupación por las numerosas y alarmantes contradicciones en este caso, así como por los presuntos intentos de acosar a la parte civil en la causa y de desacreditar a la familia;

• • su preocupación por las dudas serias y persistentes sobre la exhaustividad e imparcialidad de la investigación judicial;

• • su preocupación por que las autopsias, según los informes, fueron inadecuadas, y porque la investigación judicial se cerró sin una explicación clara y satisfactoria sobre las circunstancias de la muerte bajo custodia de António Fonseca.

Además, inste a las autoridades españolas a que:

• • vuelvan a abrir el caso para realizar una nueva investigación, a fin no sólo de asegurar que se esclarecen las circunstancias concretas de la muerte de António Fonseca, sino de garantizar que se pueden tomar medidas para prevenir muertes semejantes en el futuro;

• • se aseguren de que todo agente responsable de tortura o malos tratos es puesto a disposición judicial.

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Si desean más información sobre Amnistía Internacional y su trabajo para aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre las violaciones de derechos humanos y el racismo, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en su país:

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ESPAÑA

Malos tratos por motivos raciales

Miriam Rosa Verástegui Templo

Agresión sexual bajo custodia de la policía

AMNISTÍA

INTERNACIONAL

Miriam Rosa Verástegui Templo, ciudadana peruana, fue detenida durante una comprobación rutinaria de la documentación y, al parecer, mientras estuvo bajo custodia fue agredida sexualmente.

Miriam Verástegui, ingeniera agrónoma, disponía de un permiso de trabajo pero estaba a la espera de recibir un permiso de residencia. El 20 de junio de 1998 fue interrogada por agentes de la Policía Nacional en una calle de Madrid. La detuvieron por no tener la documentación adecuada y la llevaron a una oficina del Registro de Extranjeros, donde permaneció recluida hasta el día siguiente.

A la mañana siguiente la trasladaron a una comisaría de la Policía Nacional, donde comunicó a una agente que había sufrido una agresión sexual. Ésta le aconsejó que denunciara los hechos, pero Miriam, que tenía dos hijas de corta edad en el Perú, dijo que le asustaban las consecuencias que pudiera acarrear para su familia y señaló: «No quiero jaleos. Mis hijas tienen que comer ».

Finalmente la convencieron para que presentara la denuncia, y Miriam Verástegui declaró que, a las dos de la madrugada del 21 de junio, un agente que estaba de servicio entró en su celda y comenzó a agredirla sexualmente. Ella entró en los lavabos para intentar huir del agente, pero éste la siguió y, una vez allí, la asió por el cinturón y reanudó la agresión, tratando de llevarla a rastras hasta una cama que había cerca, bajándose los pantalones, bajándole a ella la ropa interior e intentando penetrarla. Miriam Verástegui no gritó porque temía que los demás agentes pudieran venir en ayuda de su compañero. Se quitó al agresor de encima de un empujón y corrió de vuelta a su celda. Según los informes, las pruebas realizadas en un hospital hallaron restos de semen en su ropa interior.

En una reunión mantenida el 29 de junio de 1998 entre Miriam Verástegui y el agente en cuestión en presencia de un juez de instrucción y un fiscal, el agente aseguró que Miriam Verástegui había presentado cargos falsos contra él porque quería quedarse en España.

Según informes, en mayo de 1999 el agente se negó a que se le realizara la prueba del ADN, aunque posteriormente accedió a someterse a la prueba. El 13 de marzo del 2001, el fiscal finalmente dictó auto de procesamiento formal contra él por agresión sexual, aunque no por cargos de tortura. Amnistía Internacional considera que la violación y la agresión sexual de carácter grave bajo custodia constituyen tortura. La definición de «tortura» recogida en la legislación española es más restrictiva que la contemplada en las normas internacionales de derechos humanos, lo que supone un obstáculo para que se reconozcan la violación y la agresión sexual grave como actos constitutivos de tortura en virtud de la legislación nacional.

El juicio se ha aplazado en dos ocasiones, y actualmente está previsto que tenga lugar en abril del 2002.

Malos tratos por motivos raciales en España

En España, el color de la piel y los rasgos faciales pueden exponer a una persona a sufrir abusos. La comunidad romaní ha padecido siglos de persecución y marginación. Las personas que han inmigrado recientemente, especialmente las procedentes de África y Sudamérica, se han encontrado con un racismo y una xenofobia crecientes: han sido víctimas de agresiones y de violencia por motivos racistas, así como de ataques contra sus propiedades y lugares de culto.

Sin embargo, no se puede confiar en la protección que dispensa la ley. Los casos individuales que Amnistía Internacional está resaltando en esta acción ponen de manifiesto la existencia de un cuadro de violaciones de los derechos de los miembros de minorías étnicas cometidas por funcionarios del Estado. Los inmigrantes carentes de documentos de identidad tienen más probabilidades que los ciudadanos españoles de ser detenidos y agredidos por miembros de la policía o la Guardia Civil. El color de la piel y los rasgos faciales son a menudo razón suficiente para pedir a una persona que muestre su documentación, y la mayoría de los casos de malos tratos por motivos racistas a manos de las fuerzas de seguridad derivan de la realización de controles de identidad.

Al parecer, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza han dado lugar a varias muertes bajo custodia de la policía y la Guardia Civil. Las investigaciones sobre estos casos no siempre han sido completas o exhaustivas. A menudo el racismo va acompañado de la discriminación por motivos de género. Las mujeres indocumentadas han estado especialmente expuestas a sufrir violación y abusos sexuales bajo custodia. En los últimos meses se ha vuelto a expulsar de territorios españoles del norte de África a menores a los que se ha abandonado en la frontera. Los propios miembros de minorías étnicas que han intervenido para acabar con los abusos cometidos por la policía han sido detenidos y agredidos. Los ciudadanos extranjeros han sufrido malos tratos a manos de los guardias y del personal que trabaja en los centros de internamiento o detención.

En ocasiones los tribunales han castigado duramente las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros pero, incluso cuando existen pruebas de que los abusos policiales obedecen a motivos raciales, muchos funcionarios del Estado siguen gozando de impunidad. Los inmigrantes, temerosos de poner en peligro la concesión del permiso de trabajo o de residencia, no se atreven a presentar denuncias.

La discriminación racial vulnera el concepto más fundamental de los derechos humanos, a saber, que todas las personas son iguales en dignidad y valor. España debe respetar sus leyes nacionales y los compromisos contraídos en virtud de los intrumentos internacionales de derechos humanos y debe negarse a tolerar la tortura y los malos tratos infligidos por funcionarios del Estado, así como el racismo y la discriminación que dan lugar a estos abusos.

Escriba cartas independientes al ministro de Justicia y al ministro del Interior expresando su preocupación por la demora en el enjuiciamiento de esta causa y por la aparente reticencia de las autoridades a considerar la agresión sexual grave bajo custodia como un delito de tortura.

Pida a las autoridades españolas que:

• • garanticen que las graves denuncias formuladas por Miriam Rosa Verástegui Templo son investigadas de forma exhaustiva e imparcial;

• • garanticen que todo agente responsable de tortura o malos tratos es puesto a disposición judicial;

• • adopten medidas para proteger a las mujeres que se encuentran bajo custodia frente la violación y el abuso sexual;

• • garanticen la implantación de un estricto código de conducta para el registro, traslado y supervisión de todos los detenidos bajo custodia policial, a fin de asegurar que están protegidos de posibles abusos por parte de los agentes de policía;

• • garanticen que se permite a los médicos y abogados examinar o entrevistar a los detenidos en completa intimidad, a fin de evitar una posible intimidación por parte de los agentes de policía;

• • garanticen la existencia de directrices claras por las que se exija a los agentes denunciar posibles abusos, y se aseguren de que los agentes superiores en la cadena de mando son responsables de hacer cumplir tales directrices y aplicar estrictamente las sanciones previstas por encubrir o no denunciar abusos.

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Si desean más información sobre Amnistía Internacional y su trabajo para aumentar la sensibilización de la opinión pública sobre las violaciones de derechos humanos y el racismo, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en su país:

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ESPAÑA

Malos tratos por motivos raciales

Driss Zraidi

Malos tratos bajo custodia de la policía

AMNISTÍA

INTERNACIONAL

Driss Zraidi, de nacionalidad marroquí, afirma que fue agredido en dos ocasiones por agentes de la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, el 3 de agosto de 1998. La primera agresión tuvo lugar cuando se dirigía a su lugar de trabajo en San Pedro Pescador, Cataluña. Lo interceptaron para realizar un control de identidad, en relación con una infracción de tráfico. Según los informes, en esta primera ocasión lo colocaron contra un muro y le ordenaron que pusiera las manos en alto. Después lo asieron por la nuca y le empujaron la cabeza contra la pared, haciéndole sangrar por la boca y los dientes. Además, le dieron una patada en un tobillo, lo arrojaron al suelo y le asestaron repetidos rodillazos.

Los agentes lo trasladaron en un vehículo a la comisaría de Rosas, donde estuvo recluido hasta la mañana siguiente. Según ha afirmado, durante la noche varios agentes entraron en la celda en la que se hallaba, le insultaron diciéndole: «¡Márchate a tu país, moro de mierda!», y le dieron puñetazos. Él les rogó que se detuvieran. En una declaración realizada ante el juez de instrucción afirmó que el lugar donde había dormido estaba cubierto de sangre. Un médico de guardia lo examinó al día siguiente y aconsejó su traslado inmediato a un hospital. Fue escoltado por la policía al hospital de Figueras, donde le hicieron radiografías que pusieron de manifiesto la existencia de tres costillas rotas; además presentaba lesiones torácicas. Seguidamente fue devuelto a la comisaría de Rosas.

Driss Zraidi compareció ante un tribunal el 5 de agosto. No se presentaron cargos contra él y quedó en libertad. Al día siguiente regresó al hospital, donde recibió tratamiento y permaneció ingresado ocho días.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en Cataluña abrió una investigación sobre las denuncias de malos tratos; ocho agentes de policía fueron suspendidos del servicio en espera del resultado de la investigación, y otro fue puesto bajo custodia. En septiembre de 1999, las autoridades del gobierno catalán confirmaron a Amnistía Internacional que se había abierto una investigación judicial. Al acabar el 2001 la causa seguía pendiente de que se concluyera la investigación judicial. Parece ser que Driss Zraidi, cuyo español es, según informes, muy pobre, está teniendo problemas para encontrar un abogado que se interese por su caso.

Malos tratos por motivos raciales en España

En España, el color de la piel y los rasgos faciales pueden exponer a un persona a sufrir abusos. La comunidad romaní ha padecido siglos de persecución y marginación. Las personas que han inmigrado recientemente, especialmente las procedentes de África y Sudamérica, se han encontrado con un racismo y una xenofobia crecientes: han sido víctimas de agresiones y de violencia por motivos racistas, así como de ataques contra sus propiedades y lugares de culto.

Sin embargo, no se puede confiar en la protección que dispensa la ley. Los casos individuales que Amnistía Internacional está resaltando en esta acción ponen de manifiesto la existencia de un cuadro de violaciones de los derechos de los miembros de minorías étnicas cometidas por funcionarios del Estado. Los inmigrantes carentes de documentos de identidad tienen más probabilidades que los ciudadanos españoles de ser detenidos y agredidos por miembros de la policía o la Guardia Civil. El color de la piel y los rasgos faciales son a menudo razón suficiente para pedir a una persona que muestre su documentación, y la mayoría de los casos de malos tratos por motivos racistas a manos de las fuerzas de seguridad derivan de la realización de controles de identidad.

Al parecer, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza han dado lugar a varias muertes bajo custodia de la policía y la Guardia Civil. Las investigaciones sobre estos casos no siempre han sido completas o exhaustivas. A menudo el racismo va acompañado de la discriminación por motivos de género. Las mujeres indocumentadas han estado especialmente expuestas a sufrir violación y abusos sexuales bajo custodia. En los últimos meses se ha vuelto a expulsar de territorios españoles del norte de África a menores a los que se ha abandonado en la frontera. Los propios miembros de minorías étnicas que han intervenido para acabar con los abusos cometidos por la policía han sido detenidos y agredidos. Los ciudadanos extranjeros han sufrido malos tratos a manos de los guardias y del personal que trabaja en los centros de internamiento o detención.

En ocasiones los tribunales han castigado duramente las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros pero, incluso cuando existen pruebas de que los abusos policiales obedecen a motivos raciales, muchos funcionarios del Estado siguen gozando de impunidad. Los inmigrantes, temerosos de poner en peligro la concesión del permiso de trabajo o de residencia, no se atreven a presentar denuncias.

La discriminación racial vulnera el concepto más fundamental de los derechos humanos, a saber, que todas las personas son iguales en dignidad y valor. España debe respetar sus leyes nacionales y los compromisos contraídos en virtud de los intrumentos internacionales de derechos humanos y debe negarse a tolerar la tortura y los malos tratos infligidos por funcionarios del Estado, así como el racismo y la discriminación que dan lugar a estos abusos.

Envíe una carta o fax al director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y a la Secretaría General del Ministerio de Justicia de Cataluña expresando su preocupación por el tiempo que está llevando esta investigación judicial.

Además, inste a las autoridades españolas a que:

• • se aseguren de que la investigación judicial es exhaustiva e imparcial;

• • se aseguren de que Driss Zraidi recibe asistencia letrada y linguística adecuada para proseguir con su caso, así como toda la información que precise, y de que se le mantiene informado de los avances de la investigación;

• • se aseguren de que todo agente responsable de tortura o malos tratos es puesto a disposición judicial y de que se paga una indemnización adecuada a Driss Zraidi, según proceda.