AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA


Índice AI: EUR 45/002/2009
11 de febrero de 2009

Reino Unido/Irlanda del Norte: Patrick Finucane -No hay investigación aún veinte años después

La víspera del vigésimo aniversario de la muerte de Patrick Finucane, Amnistía Internacional pide al gobierno del Reino Unido que cumpla sus reiteradas promesas de realizar una investigación pública e independiente sobre las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.

Patrick Finucane fue abatido a disparos delante de su esposa y sus tres hijos en su domicilio, en Belfast, Irlanda del Norte, el 12 de febrero de 1989. Tras su muerte, comenzaron a surgir pruebas de peso y convincentes de que esta se había producido en el contexto de una connivencia generalizada entre el Estado y ciertos grupos armados. Desde entonces han aparecido más pruebas que indican claramente que ciertos organismos estatales podrían haber desempeñado un papel en el intento de encubrir la connivencia del Estado en el asesinato.

Veinte años después, el gobierno británico sigue sin abrir una investigación independiente y pública sobre todas las circunstancias de la muerte de Patrick Finucane, lo que incluye investigar las pruebas fehacientes de que agentes estatales británicos actuaron con connivencia en el homicidio.

Es realmente urgente una investigación independiente y pública. Algunos testigos clave que habrían sido cruciales en ella ya han fallecido; los recuerdos de otros podrían estar desvaneciéndose y la documentación pertinente podría perderse, o incluso destruirse.
 
Además, esta demora continuada está prolongando el dolor y el sufrimiento de la familia de Patrick Finucane, a la que se está negando la oportunidad de conocer los hechos que rodearon la muerte de su ser querido.

Amnistía Internacional insta al gobierno del Reino Unido a que haga frente de una vez a sus obligaciones respecto de este caso promoviendo, sin más dilación, la investigación auténticamente independiente y pública que ha prometido en reiteradas ocasiones. Las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas en este caso no se van a resolver solas; si las autoridades siguen sin garantizar que estas denuncias son objeto de un examen exhaustivo, riguroso e independiente, la erosión de la confianza de la opinión pública en el Estado de derecho en el Reino Unido será profunda.

El gobierno del Reino Unido sigue insistiendo en que sólo se puede abrir una investigación sobre este caso en aplicación de una ley –la Ley de Comisiones de Investigación de 2005 – que agota de hecho las oportunidades de que se realice una investigación realmente independiente y efectiva. En julio de 2008, el Comité de Derechos Humanos, órgano experto de la ONU, expresó su preocupación por esta ley, porque permite al ministro del gobierno que abre una investigación el control de aspectos importantes de dicha investigación. El ministro que abra una investigación en aplicación de la Ley de 2005 podría, por ejemplo, ordenar que se excluya al público de parte de las vistas, así como que no se revelen ciertas partes del informe final que se haga público.

Altos cargos del poder judicial del Reino Unido y de otros países, así como el Comité Conjunto sobre Derechos Humanos del Parlamento del Reino Unido y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han expresado una preocupación similar por las estipulaciones de la Ley de Comisiones de Investigación. También se ha expresado preocupación en resoluciones adoptadas por el Dáil en la República de Irlanda y la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

El gobierno británico ha dejado claro en reiteradas ocasiones que tiene intención de utilizar estas facultades para garantizar que parte de cualquier investigación sobre la muerte de Patrick Finucane se mantenga en secreto, a puerta cerrada, y en ausencia de la familia Finucane.

Información complementaria
Desde que Patrick Finucane fue asesinado, su familia viene haciendo campaña infatigablemente para que se abra una investigación pública realmente independiente sobre las circunstancias de su muerte. El 14 de febrero de 2009 se celebrará en el Trinity College de Dublín una conferencia organizada por la familia Finucane junto con la organización no gubernamental British Irish Rights Watch para examinar la vida y el legado de Patrick Finucane y los esfuerzos en curso para asegurar que se rinden cuentas por su muerte.

En octubre de 1997, el entonces relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados , Dato’ Param Cumaraswamy, realizó una visita de investigación a Irlanda del Norte para estudiar las denuncias de intimidación y hostigamiento de que eran objeto los abogados defensores. En su informe, el relator especial afirmó que, como abogado destacado que tuvo enormes éxitos representando a sus clientes, tanto ante los tribunales nacionales como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el asesinato de Patrick Finucane tuvo un efecto escalofriante en la profesión y debilitó aún más la confianza de la opinión pública en el sistema judicial. El relator añadió que mientras siguiera sin resolverse este asesinato, muchos miembros de la comunidad seguirían sin confiar en la capacidad del gobierno de hacer justicia de un modo imparcial y equitativo.

En julio de 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en el expediente Finucane v. el Reino Unido que las actuaciones seguidas tras la muerte de Patrick Finucane no ofrecieron una investigación inmediata y efectiva sobre las alegaciones de connivencia de personal de seguridad y que, por tanto, se había producido una violación del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso.

Kenneth Barrett, ex paramilitar unionista, fue declarado culpable en 2003 del asesinato de Patrick Finucane. Dado que se declaró culpable de 12 delitos, incluido el del asesinato de Patrick Finucane, no se reveló en el juicio ninguna información significativa sobre la connivencia del Estado en el asesinato ni sobre el presunto encubrimiento oficial posterior.

También en 2003, Sir John Stevens, alto cargo policial del Reino Unido que realizó tres investigaciones sobre alegaciones de connivencia de las fuerzas de seguridad con paramilitares unionistas en Irlanda del Norte, confirmó que sus investigaciones habían revelado pruebas de ”connivencia, del no mantenimiento deliberado de registros, de la ausencia de rendición de cuentas, de la ocultación de información y de pruebas y del extremo de agentes implicados en el asesinato.”

Sin embargo, las conclusiones completas de las investigaciones realizadas por John Stevens se han mantenido en secreto, no sólo para el público sino también para la familia Finucane y sus abogados.

En septiembre de 2004, tras la publicación parcial del informe de la investigación sobre el caso realizada por Peter Cory, magistrado retirado del Tribunal Supremo canadiense, y en virtud del acuerdo alcanzado en 2001 en Weston Park entre los gobiernos del Reino Unido y de la República de Irlanda sobre la aplicación del Acuerdo de Viernes Santo, el entonces secretario de Estado para Irlanda del Norte, el parlamentario Paul Murphy, anunció que “ahora debían adoptarse medidas para permitir la apertura de una investigación sobre la muerte de Patrick Finucane”.

En junio de 2007, tras un retraso enormemente prolongado, el director de la Fiscalía para Irlanda del Norte anunció que no se iban a formular nuevos cargos tras la revisión del material presentado por la tercera investigación realizada por Sir John Stevens ("Stevens III").

FIN/