AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 45/008/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 69/05

22 de marzo de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR450082005

Reino Unido: El proyecto de Ley de Investigaciones - la respuesta equivocada

Declaración conjunta de:

Amnistía Internacional

British Irish rights watch

Comité sobre Administración de Justicia

Human Rights First

Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados

INQUEST

JUSTICE

Lawyers’ Rights Watch Canada

Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales

Pat Finucane Centre

Scottish Human Rights Centre

22 de marzo de 2005

Las organizaciones arriba citadas manifiestan conjuntamente su preocupación por algunas de las disposiciones del proyecto de Ley de Investigaciones presentado al Parlamento el 24 de noviembre de 2004. De ser aprobado, este proyecto de ley, que esta semana está siendo debatido por un Comité Permanente de la Cámara de los Comunes, modificaría de forma fundamental el sistema de establecimiento y realización de investigaciones sobre cuestiones de gran importancia pública en el Reino Unido, incluidas las denuncias de violaciones graves de derechos humanos. De entrar en vigor como ley, el proyecto tendría un efecto muy perjudicial sobre individuos y casos que merecen una investigación pública. En especial, en los casos en los que se ha producido la muerte, accidental o no, de una o más personas, sus disposiciones podrían violar el derecho de los familiares supervivientes a conocer la verdad sobre lo sucedido y a que se lleve a cabo una investigación efectiva.

El problema fundamental del proyecto de Ley de Investigaciones es que cambia el énfasis para ponerlo en investigaciones establecidas y en gran medida controladas por ministros del gobierno. Este cambio se realiza mediante la derogación de la Ley sobre Pruebas en los Tribunales de Investigación, de 1921, y mediante los términos de varias de las cláusulas del proyecto de ley. Se trata de cláusulas que otorgan a los ministros que establecen una investigación amplios poderes sobre cuestiones como la determinación de su ámbito y alcance, las restricciones a su financiación, la suspensión o finalización de las investigaciones, las restricciones al acceso público a los procedimientos y las pruebas presentadas, y las restricciones al acceso público al informe final de la investigación. El proyecto de ley no otorga a los presidentes y miembros de la comisión investigadora la independencia que ha hecho de su papel algo tan crucial en el estudio de diversas cuestiones, especialmente cuando la confianza de la opinión pública se ha visto minada.

Varias de nosotras hemos expuesto ya nuestra preocupación por este proyecto de ley en declaraciones e informes anteriores, y nos satisface observar que la Cámara de los Lores ya ha adoptado algunas enmiendas. Sin embargo, el proyecto de ley en su forma actual sigue suscitándonos honda preocupación, e instamos a los miembros del Parlamento a tener nuestra preocupación en cuenta en su actual estudio del proyecto. También queremos llamar la atención hacia las opiniones que sobre este asunto han manifestado el Comité Conjunto de Derechos Humanos, el Comité Especial para la Administración Pública y dos destacados juristas: Lord Saville of Newdigate y el ex magistrado de la Corte Suprema de Canadá Peter Cory.

El Comité Conjunto de Derechos Humanos ha concluido que varias disposiciones del proyecto de ley pueden no cumplir el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que impedirían una investigación efectiva sobre casos de muerte. Por ejemplo, el Comité ha expresado preocupación porque "la amenaza de que el ministro retire la financiación podría limitar indebidamente la independencia de una investigación, y no satisfacer la disposición del artículo 2 sobre una investigación independiente". El Comité ha manifestado además que "la independencia de un tribunal se garantiza mediante la estructura institucional y legal en la que actúa y mediante la moderación y la imparcialidad ejercidas en la práctica por quienes participan en él. Incluso suponiendo que los ministros actúen con la adecuada moderación al ejercer los poderes antes descritos, el mero hecho de la existencia de estos poderes respecto a una investigación amenazaría con afectar su independencia, tanto la real como la que se percibe". Respecto a la cuestión específica del poder de los ministros para dictar avisos de restricción, el Comité ha concluido que "la independencia de una investigación se ve en peligro a causa del poder ministerial de dictar estas restricciones, y [...] esta falta de independencia puede no satisfacer la obligación de investigar establecida en el artículo 2". Asimismo, al Comité le preocupa que el poder ministerial para retener la publicación de la totalidad o parte del informe de una investigación sea "lo suficientemente amplio como para comprometer la independencia de una investigación".

El Comité Especial para la Administración Pública también criticaba numerosos aspectos del proyecto de Ley de Investigaciones en el informe que publicó tras su estudio del "Gobierno mediante investigación". En especial, este Comité expresó su preocupación por el hecho de que los ministros lleven a cabo investigaciones sobre los actos de sus propios departamentos.

La correspondencia publicada entre Lord Saville, juez que preside la Investigación sobre el Domingo Sangriento, y la baronesa Ashton, ministra del Departamento de Asuntos Constitucionales, respecto al proyecto de ley es también de gran importancia, ya que demuestra las serias reservas de un juez superior y presidente de una compleja investigación en curso. En particular, a Lord Saville le preocupa la cláusula que otorga a los ministros el poder de dictar restricciones al acceso público a los procedimientos y materiales de la investigación. En una carta fechada el 26 de enero, Lord Saville manifiesta: "Considero que esta disposición limita muy seriamente la independencia de una investigación, y puede, con mucha probabilidad, dañar o destruir la confianza pública en la investigación y sus conclusiones, especialmente en los casos en los que pueda estar en cuestión la conducta de las autoridades". También declara que ni él ni sus colegas de la investigación sobre el Domingo Sangriento estarían dispuestos a ser designados miembros de una investigación que estuviera sujeta a una disposición de ese tipo. A pesar de que en la Cámara de los Lores se ha añadido al proyecto de ley una cláusula que establece la presunción de acceso público a los procedimientos de la investigación, las restricciones dictadas por los ministros podrían seguir dando lugar a investigaciones secretas que, como teme Lord Saville, pueden "con mucha probabilidad, dañar o destruir la confianza pública en la investigación y sus conclusiones, especialmente en los casos en los que pueda estar en cuestión la conducta de las autoridades".

El 15 de marzo de 2005, el juez Peter Cory, magistrado retirado de la Corte Suprema de Justicia de Canadá que fue designado por los gobiernos británico e irlandés en 2002 para investigar las denuncias de connivencia del Estado en seis controvertidos casos de asesinato, escribió una carta en la que expresaba su propio temor por los posibles efectos del proyecto de Ley de Investigaciones. Describió el proyecto de ley como "desafortunado, por no decir más", y, haciendo referencia específica al caso del abogado de Belfast asesinado Pat Finucane, declaró: "Me parece que la nueva ley propuesta imposibilitaría una investigación significativa". El juez Cory observó que "el ministro, de cuyo ministerio la investigación pública va a examinar los actos, tendría autoridad para frustrar los esfuerzos de la investigación a cada momento", y concluyó que "no puedo imaginar que ningún juez canadiense que se respete a sí mismo acepte ser nombrado para una investigación constituida en virtud de la nueva ley propuesta".

Coincidimos con todas estas opiniones e instamos al Parlamento a tomarlas muy en serio. Una investigación llevada a cabo en virtud del proyecto de ley tal como está actualmente redactado no sería efectiva, independiente, imparcial o exhaustiva, y las pruebas presentadas a ella no serían objeto de un escrutinio público suficiente. Una investigación así incumpliría el principio del derecho internacional de derechos humanos según el cual las víctimas de violaciones de estos derechos deben recibir un remedio efectivo. Además, la aprobación del proyecto de Ley de Investigaciones en su forma actual causaría un gran daño a la tradición de investigaciones públicas del Reino Unido y socavaría los importantes principios de rendición de cuentas y transparencia. Para gozar de la confianza del público, es absolutamente necesario que un sistema de investigaciones permita un escrutinio público estrecho e independiente y una participación activa de las víctimas pertinentes. El proyecto de Ley de Investigaciones no lo hace.