Amnistía Internacional

RUSIA

El conflicto armado en la República de Chechenia: Las violaciones de derechos humanos se fraguaron en tiempos de paz

ABRIL DE 1995RESUMENÍNDICE AI: EUR 46/10/95/s

DISTR: SC/PO/CO/GR

Las tropas rusas entraron en la República de Chechenia en diciembre de 1994 y hallaron resistencia armada. Desde entonces han muerto unos 2.000 soldados rusos y un número desconocido de combatientes chechenos, y se calcula que las muertes de civiles pueden oscilar entre varios millares y decenas de millares. Más de 300.000 personas han sido desplazadas.

Estas dramáticas estadísticas se han visto acompañadas de numerosos informes sobre diversas violaciones de derechos humanos de las incluidas en el mandato de AI, violaciones que han surgido de la situación de conflicto armado, pero que tienen su origen, y su correspondencia, en problemas no resueltos en tiempos de paz.

Los detenidos que informan de que los golpearon sistemáticamente para obligarlos a admitir que apoyaban al presidente checheno Dzhokhar Dudayev cuentan lo mismo que otros recluidos en prisiones y en campos, que llevan mucho tiempo afirmando que se emplean ese tipo de métodos, u otros malos tratos, para extraer confesiones, en un sistema penitenciario condenado por el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos por sus violaciones de derechos humanos regulares y graves. Han trascurrido tres años desde que se incluyó en la Constitución el derecho de los objetores de conciencia a una alternativa al servicio militar obligatorio, pero el parlamento no ha aprobado aún la necesaria legislación y los jóvenes continúan sufriendo prisión por ejercer este derecho. Los políticos siguen aferrados a la idea de que la pena de muerte es un elemento disuasorio, a pesar de que no hay pruebas que demuestren que es más eficaz para combatir el crimen que otros castigos.

Este informe sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional contiene información aportada por una gran variedad de fuentes, entre ellas presuntas víctimas, periodistas, otras organizaciones humanitarias y de derechos humanos, y autoridades locales y federales entrevistadas en el curso de recientes visitas de delegados de Amnistía Internacional a Rusia. El informe concluye con una serie de recomendaciones al gobierno ruso.

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / TESTIMONIOS DE PRESOS1 / IMPUNIDAD / DETENCIÓN ARBITRARIA / TRABAS / PENA DE MUERTE / OBJETORES DE CONCIENCIA / GRUPOS ÉTNICOS / DESPLAZADOS / REFUGIADOS / REPATRIACIÓN FORZADA / PRESOS DE CONCIENCIA / GRUPOS RELIGIOSOS - TESTIGOS DE JEHOVÁ / PARLAMENTARIOS / MILITARES COMO VÍCTIMAS / MUJERES / CRIATURAS / MENORES / AVANZADA EDAD / MANIFESTIACIONES / PROHIBICIÓN / MISIONES / CICR / SEGUNDOS GOBIERNOS / LITUANIA / FOTOGRAFÍAS /

Este informe resume un documento titulado El conflicto armado en la República de Chechenia: Las violaciones de derechos se fraguaron en tiempos de paz (Índice AI: EUR 46/10/95/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 1995. Si desean más detalles o emprender acciones sobre este asunto consulten el documento completo.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

RUSIA

El conflicto armado en la República de Chechenia: Las violaciones de derechos se fraguaron en tiempos de paz

Abril de 1995

Índice AI: EUR 46/10/95/s

Distr: SC/PO/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 2

PRESUNTAS TORTURAS Y OTROS MALOS TRATOS BAJO CUSTODIA 2

PRESUNTOS HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS DE CIVILES 11

LA PENA DE MUERTE JUDICIAL 16

OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR 18

EL DERECHO A LAS LIBERTADES DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN 20

ABUSOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR LAS FUERZAS LEALES A LA REPÚBLICA DE CHECHENIA 22

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL GOBIERNO DE RUSIA 23

1. Que el gobierno ejerza un control eficaz para evitar los abusos 23

2. Denuncias de torturas y malos tratos bajo custodia 24

3. Presuntos homicidios deliberados y arbitrarios de civiles 24

4. La pena de muerte judicial 25

5. Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 26

6. El derecho a las libertades de reunión, asociación y expresión 26

APÉNDICE I.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA REPÚBLICA DE CHECHENIA Y EL ACTUAL CONFLICTO 27

APÉNDICE II.- MAPA 28

RUSIA

El conflicto armado en la República de Chechenia:

Las violaciones de derechos se fraguaron

en tiempos de paz

INTRODUCCIÓN

Las tropas rusas entraron en la República de Chechenia en diciembre de 1994, oficialmente para restaurar el orden en el territorio, que se había autoproclamado independiente. Encontraron resistencia armada. Desde entonces han muerto unos 2.000 soldados rusos y un número desconocido de combatientes chechenos, y se calcula que las muertes de civiles pueden oscilar entre millares y decenas de millares. Más de 300.000 personas han sido desplazadas. Estas dramáticas estadísticas se han visto acompañadas de numerosos informes sobre diversas violaciones de derechos humanos.

En el marco del mandato de Amnistía Internacional, entre las cuestiones que la organización ha planteado reiteradamente a las autoridades rusas en relación con el conflicto figuran:

denuncias de palizas generalizadas, torturas y otros malos tratos a detenidos;

informes según los cuales se ha matado de forma ilegítima y deliberada a civiles, entre ellos mujeres y niños;

continúa sin hacerse realidad el derecho a una alternativa civil al servicio militar obligatorio para los objetores de conciencia, alternativa que reconoce la constitución rusa;

intentos del parlamento de ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

Estas violaciones de derechos humanos han surgido de la situación de conflicto armado, pero tienen su origen ─y su correspondencia─ en problemas no resueltos en tiempos de paz.

Los detenidos que informan de que los golpearon sistemáticamente para obligarlos a admitir que apoyaban al presidente checheno Dzhokhar Dudayev cuentan lo mismo que otros recluidos en prisiones y en campos, que llevan mucho tiempo afirmando que se emplean ese tipo de métodos, u otros malos tratos, para extraer confesiones, en un sistema penitenciario condenado por el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos por sus violaciones de derechos humanos regulares y graves. Han trascurrido tres años desde que el derecho de los objetores de conciencia a una alternativa al servicio militar obligatorio fue incluido en la Constitución, pero el parlamento no ha aprobado aún la necesaria legislación y los jóvenes continúan sufriendo prisión por ejercer este derecho. Los políticos siguen aferrados a la idea de que la pena de muerte es un elemento disuasorio, a pesar de que no hay pruebas que demuestren que es más eficaz para combatir el crimen que otros castigos.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo trabajando de forma persistente sobre estos problemas y lamentablemente no le sorprende verlos reflejados en el contexto de la actuación de Rusia en el conflicto armado de la República de Chechenia. Puesto que estos problemas son anteriores al conflicto, continuarán existiendo cuando éste se haya resuelto a menos que las autoridades rusas adopten rápidamente medidas apropiadas para remediarlos. Este informe sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional derivadas del conflicto termina con un apartado de recomendaciones. Se refieren no solo al conflicto actual sino también a la situación general del país. Amnistía Internacional insta al gobierno a que las ponga en práctica.

Amnistía Internacional es una organización imparcial y no política. No adopta postura alguna sobre cuestiones territoriales e intenta únicamente promover y proteger derechos humanos fundamentales, independientemente de políticas o ideologías. Se opone a los abusos cometidos por los gobiernos y las fuerzas de oposición que forman parte de su mandato. El objetivo principal del trabajo de Amnistía Internacional es liberar a todos los presos de conciencia (personas detenidas por sus ideas o debido su origen étnico, sexo, color o idioma, que no han usado la violencia ni abogado por ella); garantizar la celebración de juicios prontos y justos para los presos políticos; abolir la pena de muerte, la tortura y los tratos crueles a presos; y poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y a las «desapariciones».

La información incluida en este informe procede de muy diversas fuentes, entre ellas de presuntas víctimas, periodistas, otras organizaciones humanitarias y de derechos humanos, y autoridades locales y federales entrevistadas en el curso de dos recientes visitas de delegaciones de Amnistía Internacional a Rusia. La primera visita, a Moscú, tuvo lugar en febrero de 1995. La segunda al mes siguiente. Los delegados, entre los que había un médico, visitaron Moscú y la zona norte del Caúcaso, en la frontera con la República de Chechenia.

El Apéndice I incluye un breve información general sobre la República de Chechenia y el conflicto actual y el Apéndice II un mapa de la zona.

PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

PRESUNTAS TORTURAS Y OTROS MALOS TRATOS BAJO CUSTODIA

Las condiciones de vida de las prisiones rusas son desde hace largo tiempo objeto de críticas generalizadas. En su informe de julio de 1994 sobre observancia de los derechos humanos, Sergey Adamovich Kovalyov, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, condenó el sistema penitenciario ruso porque permite violaciones de derechos humanos graves y regulares, y afirmó que las palizas eran una práctica generalizada. Informó de que la falta de supervisión eficaz de las instituciones penitenciarias significaba que muchas violaciones de derechos humanos quedaban sin investigar y que los responsables no eran procesados. El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, refiriéndose a dos prisiones de investigación y aislamiento que visitó en julio de 1994, afirmó que los sentidos del olfato, el tacto, el gusto y la vista se ven repulsivamente agredidos y que las condiciones de vida son crueles, inhumanas y degradantes, es decir, torturantes». Los grupos rusos de derechos humanos como El Derecho a la Vida y a la Dignidad Humana y el Centro Social para la Reforma del Sistema Penal han intentado divulgar informes sobre las deplorables condiciones de vida existentes en estas prisiones y sobre los malos tratos que en ellas se infligen a los presos, y Amnistía Internacional se ha dirigido una y otra vez a las autoridades rusas planteándoles sus preocupaciones sobre estos temas (Véase, por ejemplo, Preocupaciones en Europa, Índice AI: EUR 01/01/95/s, de febrero de 1995).

Por tanto, no es ninguna sorpresa que esos problemas no resueltos se reflejen en el trato descrito por hombres detenidos por las fuerzas rusas en relación con el conflicto que tiene lugar en la República de Chechenia. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han recabado numerosos informes de personas que afirmaron haber sido golpeadas o maltratadas, principalmente en enero y febrero de 1995, mientras se encontraban detenidas en «puntos de filtración» o cuando eran trasladadas de uno a otro de esos puntos (algunos detenidos han informado incluso de que hubo compañeros de prisión que murieron asfixiados durante el traslado debido al hacinamiento). Los hombres han declarado que eran golpeados sistemáticamente por los soldados que los custodiaban y por interrogadores enmascarados que intentaban hacerles confesar que luchaban contra las tropas rusas. La mayoría de esos informes se han centrado en «puntos de filtración» temporales de Grozny (la capital chechena) y Mozdok, y en las prisiones de investigación y aislamiento de Pyatigorsk y Stavropol. Muchos hombres informaron de que habían sido detenidos arbitrariamente y recluidos sin la necesaria autoridad de la procuraduría. Muchos han informado también de que los que los detuvieron les robaron objetos de valor y dinero. Oficialmente, el propósito de los puntos de filtración es establecer la identidad del detenido, aunque, según fuentes no oficiales, las fuerzas rusas suelen detener a cualquier varón checheno, sin tener en cuenta si existen o no pruebas de su relación con la oposición armada, con el fin de canjearlo por un soldado ruso capturado.

Según informes, se han dado palizas, independientemente de la nacionalidad de la víctima, no sólo a personas de etnia chechena sino también a ingush, pueblo caucásico estrechamente vinculado con los chechenos, y también a rusos. Como ejemplo de este tipo de informe incluimos el testimonio trasmitido por Chingizkhan Uveysovich Amirkhanov, ingush que vivía y trabajaba en Grozny antes del conflicto, a unos representantes del grupo de derechos humanos «Memorial» y a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos:

El 9 de enero, los OMON [unidades especiales de la policía del Ministerio del Interior] se presentaron en nuestra puerta, en el bloque en el que vivíamos. Estaban todos borrachos y enloquecidos. Me preguntaron si tenía algún arma. Respondí que tenía una pistola y se la entregué. Entonces dijeron: «Eres combatiente de la oposición. Nuestra brigada entera fue barrida de vuestro bloque». No lo sé, es posible que fuera así, pero no desde nuestra entrada porque la puerta de abajo estaba cerrada con llave. Algunas mujeres rusas les dijeron que yo no era un combatiente y que no había dejado mi casa cuando había habido combates en la ciudad. Puede que las cosas se hubieran arreglado solas si yo no me hubiera indignado cuando empezaron a quitarme el reloj y el anillo. El anillo de oro era un regalo.

Me sacaron al patio y me ataron a un árbol con unas esposas. «Os mataremos a todos», dijeron, y prepararon los rifles automáticos. En ese momento apareció un vehículo blindado y salió de él un oficial... Me liberó, gritó: «¡Manos arriba!» y me empujó con tanta fuerza que me caí al suelo... Me puso las esposas de nuevo y me llevó en el blindado a la vaquería. Allí los oficiales estaban borrachos también. Sin duda pensaron que yo era seguidor de Dudayev y también empezaron a golpearme.

Por fin nos amontonaron a mí y a otros presos en un camión, nos ordenaron que nos tendiéramos de lado y un oficial de los OMON se sentó encima de nosotros. Tardamos unas siete horas en llegar a Mozdok. Si te movías te golpeaban con porras. Llegamos en plena noche a la región de Mozdok y vi a unos 30 hombres allí de pie... Empezaron a golpearnos, pero no durante mucho tiempo. Nos introdujeron en vagones de tren que usaban para transportar presos, nos desnudaron y nos registraron. Nos dijeron: «Hoy os vamos a matar». Todos iban enmascarados y sin identificación.

Nos trasladaron a habitaciones pequeñas. Conmigo había otros dos ingush, dos chechenos y tres rusos. Nos apartaron uno a uno para interrogarnos. También iban enmascarados. Me desnudaron y me ataron un pie y una mano. Uno de ellos se sentó frente a mí y me preguntó: «¿Eres combatiente?» Le respondí que no lo era y entonces me golpeó la rodilla con una porra y preguntó de nuevo: «¿Eres combatiente?» Y después dijo con calma: «Con cada golpe se arrancan cinco milímetros de tejido. Llegará un momento en que se alcance el hueso. Piensa en cómo se te pudrirán las piernas.» Pregunté qué tenía que hacer. «Confiesa que eres prisionero de guerra y te llevarás 15 años, confiesa que eres un criminal y te mataremos». Y continuaron golpeándome. Me golpearon toda la noche. Sabían cómo hacerlo. En cuanto veían que empezaba a perder la consciencia me arrojaban agua encima. No quieres, pero vuelves en sí.

Chingizkhan Amirkhanov fue liberado el 16 de enero junto con otras seis personas. Antes de su liberación tuvieron que firmar un documento afirmando que no tenían ninguna queja contra los que los habían detenido. Cuando se obtuvo el testimonio incluido más arriba, el 19 de enero de 1995, Chingizkhan Amirkhanov tenía, al parecer, el rostro lleno de contusiones, varias costillas fracturadas y la nariz rota. Las marcas que tenía en la muñeca, al parecer causadas por las esposas, eran todavía visibles cuando los delegados de Amnistía Internacional le entrevistaron el 13 de marzo.

Entre otros entrevistados por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos se encontraba Azamat Paragulgov, también de origen étnico ingush, que vivía en Grozny cuando estallaron los combates. Había sido detenido el 1 de enero en Grozni junto con un amigo (de apellido Khamidov) por soldados que los acusaban de ser «observadores de tiro» que dirigían la artillería chechena contra las tropas rusas. Azamat Paragulgov ha contado una historia similar de palizas en Grozni y Mozdok, y cómo al menos tres hombres que eran trasladados en el mismo convoy que él murieron en el vehículo en el que los llevaban debido al hacinamiento:

Primero nos tuvieron retenidos en el patio [de la casa de Khamidov]. Los soldados arrastraron hasta allí un contenedor con alcohol. Nos golpearon y después nos metieron en un sótano. Por la noche les oímos gritar: «Salid uno por uno, os vamos a matar». Khamidov salió reptando y le golpearon en la cabeza con un trozo de hierro. Cayó de espaldas. Me moví. Hubo una ráfaga de disparos y una bala alcanzó mi manta. Estaban muy borrachos... Después me sacaron a rastras, me metieron un trapo en la boca y empezaron a golpearme con sus armas automáticas.

Pero no me mataron. De su conversación deduje que los que nos habían capturado se habían puesto en comunicación con su cuartel ─en la fábrica de conservas a la que nos llevaron más tarde─ y que les habían ordenado que nos mataran, dos veces les ordenaron que nos mataran... pero la orden no se cumplió.

Nos llevaron a la fábrica de conservas y allí empezaron a golpearnos, algunos con las culatas de los rifles, otros nos propinaron patadas... Nos llevaron a una habitación llena de oficiales... [uno] gritó: «¿Qué presos, qué interrogatorio? Anoche ordené que los matarais, ¿Por qué los habéis traído?...» Llevaron a Khamidov tras un rincón donde había una especie de habitación pequeña y empezaron a golpearlo. Después le golpearon con tal fuerza que salió disparado junto con la puerta de cristal hecha pedazos. Khamidov ya no podía ni siquiera llorar, sólo gemir. Después lo llevaron dentro y lo pusieron contra la pared - ya no se tenía en pie... Lo habían golpeado cinco o seis hombres.

Nos llevaron entonces a un vehículo blindado, con sacos en la cabeza y esposados... En cuanto te movías, te golpeaban... A los cautivos, o como quiera nos llamaran allí, nos metieron en dos vehículos blindados, recuerdo que eran los números «K-111» y «K-112», y en otros vehículos del tipo Ural. La gente iba apilada, unos encima de otros. Después, uno de los Ural perdió una rueda en una emboscada y entonces nos metieron a todos amontonados en un automóvil. Los que iban en la parte de abajo empezaron a asfixiarse. Y en Mozdok, en mi presencia, tres o cuatro cuerpos fueron arrojados fuera del vehículo...

Algunos de los detenidos pasaron por los «puntos de filtración» temporales de Grozny y Mozdok y de allí fueron trasladados a prisiones de investigación y aislamiento de Pyatigorsk y Stavropol, donde al parecer continuaron los malos tratos. Uno de esos detenidos era Magomed Maksharipovich Meyriyev, nacido en mayo de 1976, de etnia ingush y residente en Sleptsovskaya (anteriormente Ordzhonikidzevskaya) en la República de Ingushetia, que bordea la República de Chechenia. Tal como refirió a los delegados de Amnistía Internacional, y mediante un testimonio escrito dirigido a la Procuraduría de la República de Ingushetia, había viajado a Grozni el 13 de diciembre de 1994 para ver si estaban bien algunos familiares que vivían allí y después se había visto atrapado por los combates en la ciudad:

El 3 de enero, unos soldados y oficiales entraron en el refugio antiaéreo [de Grozni] en el que estábamos escondidos. Dejaron marchar a la mujeres y a los niños, pero detuvieron a los siete hombres que había allí. Primero me llevaron al hospital republicano y de allí el 9 de enero a la fábrica de conservas, donde unos hombres enmascarados empezaron a golpearme mientras me exigían que confesara que trabajaba para Dudayev. Me dieron puñetazos y patadas, y me golpearon con culatas de rifle, especialmente en la parte superior del cuerpo, en la cabeza y en el torso. Fue el primer día, después me golpeaban con menor dureza, pero de forma sistemática. Continuaron así hasta el 13 de enero y ese día me llevaron junto con otros al aeropuerto de Grozni... y el 14 de enero nos llevaron en helicóptero a Mozdok y allí nos metieron en un vagón de tren. Éramos cuatro... nos daban una taza de agua tres veces al día y galletas secas una vez al día.

En Mozdok nos sacaron fuera para interrogarnos, nos hicieron desnudarnos y de nuevo nos dieron puñetazos y patadas y nos golpearon con culatas de rifle y con porras. Mencionaron varias unidades de Dudayev y me preguntaron si pertenecía a alguna de ellas. Te hacían permanecer en cuclillas y después de repente te daban patadas para que te cayeras y se te cortara la respiración.

Estuvimos recluidos en Mozdok hasta el 16 de enero, después nos llevaron a Pyatigorsk y por el camino los guardias nos golpeaban a su antojo, con el menor pretexto. Cuando nuestro vagón empezó a moverse los guardias me ordenaron que me fuera al pasillo. Obedecí y entonces dos de ellos me agarraron, empezaron a golpearme y me azuzaron el perro guardián alsaciano. El entrenador del perro le incitó a morderme y los guardias continuaron golpeándome. Como llevaba una chaqueta acolchada, el perro no me mordió en el cuerpo, pero sí en la pierna y la nalga derechas.

En Pyatigorsk, cuando nos sacaron del vagón, no obligaron a todos a pasar entre dos filas de soldados que nos golpeaban con porras, después volvieron a golpearnos cuando nos llevaron a la cárcel y también cuando nos encerraron en celdas separadas. Todos los días me interrogaban y me golpeaban.

El 19 de enero me llevaron a Stavropol junto con otras personas. Siguieron golpeándonos con la misma frecuencia. Cuando llegamos tuvimos que pasar a través de una unidad de soldados con porras, que te golpeaban en cualquier parte y con cualquier cosa que tuvieran a mano. La primera semana nos golpeaban cuando salíamos a hacer ejercicio y volvían a golpearnos cuando regresábamos. El primer día que me sacaron para hacer ejercicio me azuzaron un perro y me mordió.

Alrededor de finales de enero dejaron de golpearnos e incluido me llevaron a que me viera un médico y me dieron unas pastillas... El 9 de febrero me trasladaron de nuevo a Mozdok... y el 15 de febrero me llevaron a la comisaría de Mozdok y me pusieron en libertad. Éramos 15: Nueve rusos, cinco chechenos y yo, que soy ingush. A todos nos habían golpeado, sin tener en cuenta nuestra nacionalidad.

Cuando lo entrevistó la delegación de Amnistía Internacional, Magomed Meyriyev tenía aún marcas visibles en el rostro y la pierna izquierda. Tenía alrededor de una docena de cicatrices pequeñas en la mejilla derecha, que, según dijo, le habían causado al golpearle repetidamente con el final del cañón de un rifle que tenía la mira montada. Tenía también tres cicatrices entre la rodilla y el tobillo izquierdos, que, según contó, eran consecuencia de los mordiscos de un perro que le había atacado. El médico que iba en la delegación le examinó las heridas y concluyó que coincidían con los informes de golpes y otros malos tratos aportados por Magomed Meyriyev.

Los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron también a médicos de tres hospitales de la República de Ingushetia (de Nazran, Sleptsovskaya y Malgobek), que afirmaron haber tratado a pacientes cuyas lesiones eran resultado de malos tratos recibidos mientras estuvieron detenidos por las fuerzas rusas.

Los delegados, que hicieron las entrevistas en marzo, no hablaron directamente con nadie que informara de haber recibido malos tratos similares después de febrero. No obstante, el ministro de Justicia de la República de Ingushetia dijo a los representantes de la organización que había conocido por casualidad en Nazran a un hombre llamado Keligov, de unos 22 años, que al parecer había sido detenido en Grozni, donde tenía familiares, y liberado a finales de marzo después de permanecer unas dos

Magomed Meyriyev, detenido del 3 de enero al 15 de febrero de 1995, mostrando a los delegados de Amnistía Internacional las cicatrices que tenía en el rostro.

semanas en Mozdok. Al parecer, el señor Keligov fue golpeado mientras estuvo en Mozdok y el ministro informó de que en aquel momento tenía aún cortes y hematomas en el rostro.

Se recibieron informes de una nueva serie de detenciones y subsiguientes malos tratos después que las tropas rusas tomaron la aldea de Samashki (véase infra) el 8 de abril. Según parece, más de un centenar de hombres chechenos fueron llevados a campos de filtración de Assinovskaya, en la República de Chechenia, donde al parecer las condiciones eran especialmente deficientes, y a Mozdok. Más de una docena de hombres entrevistados posteriormente por un representante de la organización Paz y Servicio Cuáquero tenían hematomas en el cuerpo y el rostro, consecuencia, según dijeron, de golpes recibidos en Assinovskaya. Uno de ellos tenía también una herida que recibió cuando un perro le atacó mientras se encontraba bajo custodia.

Reacciones oficiales a los informes de tortura y malos tratos

A pesar de los informes generalizados y bien documentados procedentes de un amplio espectro de observadores independientes, y de la obligación legal de llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre las denuncias de torturas y malos tratos, Amnistía Internacional no tiene noticias de que se haya emprendido ninguna investigación federal aparte de las del Comité de Derechos Humanos, que no han llevado a la aplicación de medidas de reparación efectivas (la Procuraduría de la República de Ingushetia informó a los delegados de Amnistía Internacional durante la visita realizada en marzo de que había recabado información de ex detenidos sobre el trato que habían recibido y que la habían enviado a la Procuraduría Regional Rusa del Norte del Caúcaso y a la Procuraduría Militar. No obstante, hasta el momento no se habían emprendido procedimientos criminales).

Rusia está legalmente obligada en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) a investigar todos los informes y denuncias de torturas y malos tratos, a llevar ante los tribunales a los responsables de estos actos, a compensar y rehabilitar lo más plenamente posible a los que han sido torturados y a tomar medidas para evitar que vuelvan a producirse torturas y malos tratos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo de expertos que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Rusia es parte en virtud de su condición de Estado sucesor de la URSS, ha dejado claro en una declaración de autoridad que el artículo 7 de ese tratado impone obligaciones similares (Comentario General 20, Documento HR1/GEN/1, párrafos 8, 13 y 14). En el momento de redactar este informe, Rusia apenas ha tomado medidas para cumplir estas obligaciones.

Tan pronto como se recibieron los informes de palizas y de otros malos tratos bajo custodia, Amnistía Internacional instó a las autoridades rusas a llevar a cabo investigaciones completas e imparciales sobre las denuncias, a hacer públicos los resultados y a llevar a los responsables ante los tribunales. La organización de derechos humanos sintió especial preocupación debido a las dificultades que tuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para obtener acceso pleno y adecuado a los detenidos. Los delegados de Amnistía Internacional plantearon estas preocupaciones de nuevo en persona el 17 de mayo en Moscú, en una reunión con el viceprimer ministro de Asuntos Internos y otros funcionarios de este ministerio.

Estos oficiales negaron que ninguna persona detenida en relación con el conflicto de la República de Chechenia hubiera sido maltratada en puntos de filtración de Mozdok o de otros lugares o que nadie hubiera muerto como consecuencia de esos malos tratos. Informaron de que aunque 13 hombres hubieran muerto bajo custodia desde principios de año, ocho de ellos habían perdido la vida el 4 de enero, cuando un convoy que transportaba detenidos de Grozny a Mozdok fue tiroteado por seguidores del presidente Dudayev, cuatro más habían muerto en circunstancias similares mientras eran trasladados el 3 de febrero y un detenido llamado Kasayev había muerto como consecuencia de problemas cardíacos en la prisión de Pyatigorsk (no proporcionaron la fecha).

Los oficiales también informaron de que en aquel momento sólo había 29 personas detenidas en puntos de filtración (14 en Mozdok y 15 en Grozny), con el fin de comprobar su identidad. Afirmaron que un total de 366 personas habían pasado por el punto de filtración de Mozdok y que 231 de ellas habían sido puestas en libertad y 74 habían sido entregadas en intercambios de presos con los chechenos. Doscientas veintidós personas habían pasado por el punto de filtración de Grozni desde enero. Dos familiares del presidente checheno Dudayev habían sido detenidos, pero liberados más tarde, según informaron los oficiales. Se habían emprendido procesos judiciales contra algunas personas por participar en el conflicto armado, entre ellas un ciudadano lituano al que mencionaron como Sosnovskas, el cual en aquel momento estaba recluido en el Instituto Serbsky de Psiquiatría Forense de Moscú.

PRESUNTOS HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS DE CIVILES

Al principio del conflicto, Amnistía Internacional instó a todas las partes a que respetaran la legislación humanitaria, entre otras cosas garantizando que los civiles no serían objeto de ataques deliberados. Las estimaciones de muertes de civiles oscilan entre los millares y las decenas de millares. Parece ser que los soldados rusos, que han sido acusados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de usar de forma indiscriminada y desproporcionada la fuerza contra los civiles, han escogido deliberadamente como víctimas a civiles y a presos y los han matado. Al parecer, en algunos casos los soldados han participado en ejecuciones extrajudiciales.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte judicial (véase infra) y a las ejecuciones extrajudiciales ─homicidios deliberados e ilegítimos cometidos por orden de un gobierno o con su aquiescencia al margen del sistema judicial o legal.

En el curso del conflicto, la organización ha expresado su urgente preocupación por algunos casos en los que militares rusos han elegido deliberadamente como víctimas a civiles, lo cual ha producido muertos y heridos.

Según un informe recibido al inicio del conflicto, hasta 10 personas, entre ellas cuatro mujeres, fueron abatidas a tiros por las tropas rusas el 17 de diciembre de 1994 cuando intentaban huir de los combates en la República de Chechenia. Los hechos se produjeron en la zona de la frontera entre las repúblicas de Chechenia e Ingushetia, cerca de la localidad de Nesterovskaya.

Según el testimonio recabado por la Procuraduría de la República de Ingushetia, se había formado ese día en la República de Chechenia un convoy improvisado de unos 10 vehículos que transportaban refugiados, tras una advertencia rusa a la población civil sobre un bombardeo inminente contra la capital, Grozny. Los vehículos se dirigían hacia la República de Ingushetia y como en la carretera principal el tráfico de vehículos militares era abundante, usaron una carretera comarcal que llevaba a la localidad de Nesterovskaya pasando por Assinovskaya.

Alrededor de las 5 de la tarde, cuando se hallaba a unos tres kilómetros de Nesterovskaya, el convoy, junto con otros refugiados que hacían el camino a pie, se encontró bajo el fuego de las tropas rusas. Al parecer murieron hasta 10 personas y al menos tres hombres resultaron gravemente heridos. Alrededor de las 8 de la tarde de ese mismo día, se informó del incidente al Departamento de Asuntos Internos de Ingushetia. No obstante, según informes, cuando a las 8.30 llegaron al lugar de los hechos funcionarios de ese organismo y de la procuraduría, junto con dos ambulancias, los soldados rusos dispararon contra ellos y hasta las 8 de la tarde del día siguiente no pudieron llevar a cabo una investigación sobre el terreno.

Una superviviente, Tamara Besthoyeva, habló más tarde con los periodistas y contó que los soldados rusos habían disparado metódicamente contra los pasajeros cuando éstos intentaban escapar de los vehículos, y que los habían tenido en una zanja al borde la carretera y disparaban contra cualquiera que intentara ir a rescatarlos. Dijo que inicialmente pidió ayuda a los soldados, pero que éstos se rieron de ella y la insultaron, llamándola «sucia zorra», y que después empezaron a disparar de nuevo. Otro superviviente, Aksakal Bisultanovich Tangiyev, que había recogido a dos refugiadas chechenas cuando regresaba de casa de un tío suyo en Assinovskaya el 17 de diciembre, ha informado de que su automóvil recibió el impacto de una granada y que los tres ocupantes salieron despedidos. Una de las mujeres murió en el acto, y él y la otra mujer resultaron heridos.

El número exacto de muertos sigue sin estar claro. Tamara Beshtoyeva y otros han informado de que vieron a soldados rusos retirando varios muertos o heridos. Funcionarios ingush que consiguieron llegar al lugar de los hechos el 18 de diciembre recuperaron de una zanja y de unos canales de irrigación el cadáver de un hombre llamado M. Kartoyev y a tres hombres gravemente heridos que fueron hospitalizados posteriormente.

Las circunstancias en las que los soldados rusos abrieron fuego tampoco están claras. Satsita Abubakarova, que estaba en el lugar de los hechos, declaró a los periodistas que el convoy de vehículos estaba pasando por un control del ejército ruso cercano a Nesterovskaya. Afirma que los soldados dejaron pasar a los primeros siete vehículos, pero que pararon al octavo, mataron a tiros al conductor y abrieron fuego contra los que intentaron escapar de los tres últimos vehículos del convoy. Los oficiales rusos han sugerido que a sus soldados los dispararon o que el convoy quedó atrapado entre dos fuegos, aunque varios supervivientes han insistido en que estaban desarmados y en que, aparte del ejército, no había combatientes en la zona. El subdirector del Servicio Federal de Información Ruso, Anatoly Safonov, confirmó varios días después que los soldados rusos habían abierto fuego y dijo que se había iniciado una investigación.

Las autoridades de La República de Ingushetia afirman que ha habido varios casos más en los que los soldados rusos han abierto fuego de forma deliberada contra objetivos civiles en su territorio, a consecuencia de lo cual se han producido muertes. Parece ser que uno de esos casos, según la información proporcionada por los delegados de Amnistía Internacional, se produjo a principios de enero de 1995 y tuvo como consecuencia la muerte de un muchacho de 15 años.

Según el informe de las autoridades ingush, los hechos se produjeron el 7 de enero y participaron en ellos soldados rusos de la unidad militar 01860, que viajaban en dos vehículos blindados, uno de ellos con el número 150. Acompañaban a otra columna de vehículos que viajaban en la autopista principal de Rostov a Baku, a través del distrito de Nazran, hacia la República de Chechenia. Alrededor de las 3.30 de la tarde y a unos 600 ó 700 metros de la glorieta de Ekazhevsky, los soldados, que al parecer estaban borrachos, abrieron fuego con armas de fuego automáticas contra un vehículo (matrícula 43 37 ChIA) que viajaba delante de ellos. El conductor, Adam Mukharbekovich Alkhastov, salió ileso, pero la persona que iba con él, Shamsudin Idrisovich Arselgov (nacido en 1979) fue alcanzado por los disparos y murió después de ingresar en el Hospital Central de Nazran. El informe detalla también otro tiroteo en la misma carretera horas después ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, cuando los soldados del vehículo blindado que llevaba el número 150 dispararon contra un vehículo cerca de la aldea de Yandyrka. El conductor, Amirkhan Magomedovich Akhilgov, iba desarmado, pero el automóvil sufrió daños.

Al parecer, otro caso en el que murieron refugiados que intentaban huir de los combates tuvo lugar el 7 de marzo de 1995, fuera de la localidad de Achkhoy-Martan, al suroeste de Grozny. Siete personas, entre ellas cinco mujeres y un bebé de tres meses, fueron, según informes, abatidas a tiros por las tropas rusas que abrieron fuego contra un convoy integrado por dos vehículos, un automóvil y un autobús, que contenía personas que deseaban abandonar la zona de conflicto.

Una superviviente de este incidente, Lidiya Morozovna Puchayeva, fue entrevistada por delegados de Amnistía Internacional el 13 de marzo en el hospital de Malgobek, república de Ingushetia, donde ella y su hijo están recibiendo tratamiento. Chechena nacida en 1958, había perdido dos de sus cuatro hijos y a su sobrino en el tiroteo.

Según Lidiya Puchayeva, la mayoría de las personas que viajaban en los vehículos del convoy eran mujeres y niños que intentaban escapar de Achkhoy-Martan, que estaba siendo bombardeado por las tropas rusas. Ella iba en el automóvil y el autobús iba detrás. Los habitantes de la localidad les habían dicho que la carretera parecía segura, pero poco después de dejar Achkhoy-Martan, el convoy se convirtió en blanco de disparos.

Lidiya Puchayeva ha informado de que los disparos procedían de soldados rusos que estaban sólo a 25 o 30 metros de los vehículos y que parecían disparar deliberadamente contra el convoy. El conductor del vehículo, sobrino de Lidiya Puchayeva, de 22 años, murió en el acto. También murió en el acto su hija de tres meses de edad, que iba en el asiento trasero del automóvil. Su hija de 16 años (la mayor de los cuatro niños) resultó gravemente herida y murió más tarde. Al parecer, Lidiya Puchayeva contó que ella y otros supervivientes abandonaron los vehículos y que los disparos continuaron mientras corrían buscando refugio, incluso a pesar de que, según su versión de los hechos, los soldados veían claramente que había mujeres y niños en el grupo. Continuó diciendo:

Mi hijo y yo estábamos bañados en sangre. Vinieron mis familiares y nos llevaron, a Urus-Martan, al hospital. En el hospital no había medicinas, no sabían dónde ponerme, no tenían vendas y me hurgaron en el pecho con los dedos buscando fragmentos. No había gas y tampoco agua ni luz. De todas formas consiguieron operarme y estuve allí dos días. Después viajamos en un convoy a Malgobek a través de puestos militares. Encontramos algunas personas buenas que se compadecieron de nosotros. A otros los tuvimos que suplicar que nos dejaran pasar, tuvimos que esperar durante horas, aunque yo no podía estar de pie y les decía que mi hijo estaba herido también.

Otras personas entrevistadas por Amnistía Internacional afirmaron haber tenido las mismas dificultades que Lidiya Puchayeva y su hijo para pasar algunos controles militares, incluso a pesar de estar claramente heridas. Por ejemplo, Dzhabrail Timoziyev, hablando en el hospital de Nazran en el que estaba recibiendo tratamiento por heridas de bala, afirmó que había pasado dos controles sin problemas, pero que tuvo que rogar durante una hora y media aproximadamente para que le dejaran pasar por uno de las afueras de Sleptsovskaya, en la frontera chechena. De 66 años de edad, le habían herido en un tiroteo en Grozny ─su lugar de residencia durante más de 20 años─ el 3 de febrero de 1995. Según su testimonio, se acercó a los soldados rusos en aquel momento, pero éstos se negaron a ayudarle o a decirle dónde podía recibir asistencia médica. Finalmente, fue llevado por partidarios del presidente Dudayev a un hospital de Stary Atagi.

En el momento de redactar este documento se estaban recibiendo informes de ataques deliberados contra civiles desde la localidad de Samashki, que se encuentra a unos 35 kilómetros al oeste de Grozni, que cayó en manos de las tropas rusas el 8 de abril. El CICR ha acusado a Rusia de hacer un uso «desproporcionado» de la fuerza para tomar la ciudad, y describió la operación como «ataque indiscriminado contra los civiles y una flagrante violación del derecho humanitario». Representantes del CICR han calculado que al menos 250 personas, principalmente civiles, murieron en el ataque. Amnistía Internacional siente preocupación por los informes según los cuales los soldados rusos mataron de forma deliberada y arbitraria a algunos de estos civiles. Los supervivientes afirman que, entre otras cosas, las tropas rusas incendiaron casas y arrojaron granadas a los sótanos en los que se habían refugiado los residentes, sin comprobar primero quién había dentro.

Según el grupo de derechos humanos Memorial, el 6 de abril los ancianos chechenos de Samashki se entrevistaron con representantes de las fuerzas rusas, que los ordenaron entregar 264 armas de fuego antes de las 7 de la mañana del día siguiente si no querían tener que hacer frente a nuevos bombardeos y un ataque contra la ciudad. Los ancianos afirmaron que no había tantas armas en la ciudad puesto que la mayoría de los combatientes se habían marchado, pero consiguieron reunir unas 16 pistolas y que se ampliara el plazo dos horas más. No obstante, parece ser que el bombardeo empezó posteriormente esa misma noche, alrededor de las 11 horas del día 6 de abril, y que continuó al día siguiente, antes que las tropas rusas entraran en la ciudad el 8 de abril.

A los periodistas y a la mayoría de los trabajadores de ayuda humanitaria se les negó el acceso a Samashki durante varios días, lo cual hacía difícil corroborar los hechos de forma independiente, pero han informado de muchos relatos desgarradores de residentes sobre casos en los que las víctimas eran civiles. Bekist Abdullayeva, por ejemplo, describió cómo sus tres hijas murieron cuando las tropas rusas arrojaron una granada en el sótano donde se escondía la familia:

Cuando empezó el bombardeo, nos escondimos en el sótano y cuando terminó los soldados vinieron a capturarnos. Tanques y vehículos blindados cerraron las calles y después empezaron a disparar, a disparar y a disparar, destruyendo y después incendiando cada casa según avanzaban. Cuando llegaron a nuestra casa, les dijimos a gritos que no había más hombres con nosotros en el sótano, pero de todas formas nos arrojaron limones [granadas de mano].

Elsa Akhmedov relató cómo habían muerto su madre y su hermano:

Los rusos entraron alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril. Los oíamos reirse y blasfemar fuera y después empezaron a disparar contra la puerta. Había cinco personas escondidas aquí. Pensaban que una estructura de hormigón como esta sería segura.

Primero sacaron a mi madre a rastras. La hicieron poner las manos arriba y después la dispararon en el pecho. Luego rociaron con gasolina a mi hermano Abbi y le prendieron fuego.

Los periodistas informaron de que habían visto seis tumbas recientes detrás de los escombros de la casa, que según Elsa Akhmedov había sido incendiada por los soldados cuando se marcharon.

Raisa Khuseynova, hablando en la cercana localidad de Sernovodsk, afirmó que los soldados habían arrojado a su hijo de siete años bajo un vehículo blindado y que le habían aplastado hasta matarlo:

Me obligaron a levantar su cadáver. Ni siquiera pude enterrarlo, ahora yace fuera de la casa. Después [los rusos] pusieron una lata de gasolina dentro de la casa... Intentaron obligarme a encender una cerilla e incendiarla. No podía hacerlo y finalmente empezaron a disparar dentro de la casa y todo quedó envuelto en llamas.

Los oficiales del ejército ruso han negado que haya habido numerosas bajas de civiles, diciendo que emprendieron la operación, en la que 130 partidarios del presidente Dudayev murieron y 124 fueron hechos prisioneros, porque se ignoró un ultimátum para la rendición (funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja informaron el 12 de abril que habían visitado a 85 chechenos capturados durante los combates en los alrededores de Samashki y que en aquel momento estaban detenidos en Mozdok). Según un miembro de una comisión parlamentaria creada para investigar los hechos ocurridos en la República de Chechenia, el Fiscal General en funciones de Rusia ha instituido una investigación bajo su supervisión personal sobre muertes de civiles en Samashki.

También se han recibido informes según los cuales soldados rusos han ejecutado sumariamente a hombres chechenos que han detenido. Por ejemplo, varios habitantes de una casa en el número 38 de la calle Petropavlovskaya, en Grozny, informaron a los periodistas de que habían visto a soldados de fuerzas especiales rusas irrumpir en su patio el 25 de enero y matar a dos hermanos porque pensaban que habían estado luchando contra ellos. «Simplemente los sacaron fuera y los mataron a tiros», declaró Dagmara Ankayeva.

En el momento de redactarse este informe, Amnistía Internacional no ha tenido noticias de que se hayan publicado los resultados de las investigaciones que se han anunciado sobre algunos de estos incidentes.

LA PENA DE MUERTE JUDICIAL

En tiempos de paz o de conflicto los gobiernos recurren a menudo a la pena de muerte judicial en la creencia errónea de que el uso o amenaza de este castigo reducirá el índice de criminalidad.

De hecho, un gran número de hombres y mujeres han sido ejecutados en todo el mundo debido a la suposición de que su muerte disuadirá a otros de cometer crímenes, especialmente el crimen de asesinato. No obstante, una y otra vez los estudios realizados en diversos países no han aportado pruebas convincentes que demuestran que la pena de muerte tiene una alguna capacidad especial para disuadir a otros de cometer crímenes.

Aunque el número de sentencias de muerte impuestas en Rusia es elevado (125 en el periodo que va de enero a junio de 1994), el número de ejecuciones registradas oficialmente es bajo (sólo tres en el periodo mencionado), y Rusia ha dado algunos pasos positivos en los últimos años para reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte y su uso. No obstante, a menudo se producen llamamientos tanto del público como de parlamentarios para invertir esta tendencia, y en el curso del conflicto de la República de Chechenia, la Duma Federal, cámara baja del parlamento ruso, se ha esforzado por aprobar enmiendas al código penal que podrían tener consecuencias para los detenidos en relación con estos hechos.

El 20 de enero de 1995, la Duma Federal votó a favor de la introducción de un nuevo delito consistente en «organizar formaciones armadas ilegales o participar en ellas». En aquel momento el nuevo artículo 77-2 preveía la aplicación de una sentencia de hasta ocho años de prisión para ese tipo de acto, y una posible sentencia de muerte si iba acompañado de «violencia masiva, la muerte de personas u otro daño grave». Las que combatían contra las tropas rusas de la República de Chechenia eran a menudo calificadas por el gobierno como «formaciones ilegales armadas».

La cámara alta del parlamento ruso, el Consejo Federal, rechazó las enmiendas, pero el 10 de marzo se dio un paso más hacia su aprobación cuando la Duma Federal ejerció su autoridad para rechazar la decisión de este organismo por un voto mayoritario de dos tercios de la cámara, y pasó las enmiendas al presidente Yeltsin para que las otorgara rango de ley. No obstante, el 21 de marzo el presidente también rechazó las enmiendas, basándose en que eran inconstitucionales. El artículo 20 de la constitución rusa estipula que la pena de muerte sólo puede aplicarse para «delitos específicamente graves contra la vida», mientras que el nuevo delito propuesto sería castigado con una posible sentencia de muerte no sólo para actos que implicaron pérdida de la vida sino también para los acompañados por el indefinido concepto de «daño grave». Al devolver las enmiendas al parlamento para que continuaran debatiéndose, el presidente Yeltsin sugirió suprimir la pena de muerte como posible castigo o rehacer el artículo de forma que la pena de muerte sólo pueda aplicarse para actos premeditados que tengan como consecuencia la pérdida de vidas humanas.

La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte sería incoherente con la obligaciones contraídas por Rusia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo de expertos que vigila la aplicación de ese tratado, ha afirmado en su Comentario General 6 que los Estados parte están obligados a limitar el uso de la pena de muerte y que «deberían modificar sus normas de derecho penal a la luz de esta disposición». El Comité explicó que el artículo 6 «se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente (párrs 2 y 6 del art. 6) que ésta es de desear». El Comité concluía que «todas las medidas encaminadas a la abolición [de la pena de muerte] deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida».

La Asamblea General de la ONU ha afirmado que el principal objetivo que debe perseguirse en el campo de la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por los que puede imponerse con vistas a la conveniencia de abolir este castigo. Actuando en consonancia con este objetivo, el Consejo de Seguridad de la ONU, en sus resoluciones 825 del 25 de mayo de 1993 y 955 del 8 de noviembre de 1994, por las cuales se creaban el tribunal internacional para los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia y el tribunal internacional para Ruanda, excluía la pena de muerte como castigo apropiado para los delitos más graves posibles: crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio, y violaciones de las leyes del conflicto armado. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias ha enfatizado repetidamente que nunca debe ampliarse el ámbito de aplicación de la pena de muerte y ha invitado a los Estados que lo han hecho a reconsiderarlo.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR

El conflicto de la República de Chechenia ha puesto de relieve otro problema que ya existía en tiempo de paz: La ausencia en Rusia de una alternativa al servicio militar para los objetores de conciencia. El servicio militar es obligatorio actualmente para los hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años.

La objeción de conciencia al servicio militar fue reconocida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Resolución 1989/59, y reafirmada en la Resolución 1993/84, del 10 de marzo de 1993) como parte del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho garantizado por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho está reconocido también en la constitución rusa, en la cual está incluido desde abril de 1992. Sin embargo, tres años después el parlamento no ha introducido aún la necesaria legislación de habilitación ni enmendado el código penal para que refleje esta disposición constitucional, y los jóvenes continúan corriendo el riesgo de ser encarcelados por negarse a realizar el servicio militar por motivos de conciencia.

Un joven encarcelado el año pasado por intentar ejercer este derecho por motivos religiosos fue Lev Sobolyev, testigo de Jehová al que le fue impuesta una sentencia de un año por «eludir la llamada a filas regular para el servicio militar activo» (Artículo 80 del código penal ruso). Le habían declarado físicamente apto para el servicio militar en 1992, pero se había negado a presentarse en el lugar de reclutamiento y posteriormente le impusieron una sentencia de 18 meses, condicional durante un año, en aplicación del artículo 80. La sentencia fue suspendida el 13 de mayo de 1994 gracias a una amnistía, pero Lev Sobolyev fue procesado otra vez porque le enviaron nuevos documentos de llamada a filas y volvió a rechazarlos. Fue condenado por el Tribunal de la ciudad de Vologda, posiblemente en noviembre de 1994, y le enviaron a cumplir su sentencia a una colonia de trabajo correctivo de régimen ordinario. Amnistía Internacional considera que es preso de conciencia y que si aún se encuentra encarcelado debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.

En el contexto del conflicto de la República de Chechenia, la cuestión de la objeción de conciencia se ha centrado no sólo en rechazar los documentos de llamada a filas, sino también en la deserción de varios reclutas que cumplían el servicio militar para evitar participar o seguir participando en los combates. La resolución 1993/84 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomienda que los Estados garanticen que todas las personas pertinentes afectadas por el servicio militar tengan a su disposición información sobre el derecho a la objeción de conciencia y sobre cómo solicitar el servicio alternativo. De acuerdo con esto, Amnistía Internacional cree que el derecho a ejercer la objeción de conciencia al servicio militar se aplica no sólo al momento de la llamada a filas, sino que se prolonga y cubre también a los que desarrollan esa objeción mientras realizan el servicio militar. Amnistía Internacional cree que también se les debe otorgar el derecho a registrar su objeción de conciencia y el derecho a pasar del servicio militar a un servicio civil alternativo. La organización consideraría a cualquier persona encarcelada por intentar ejercer su derecho a la objeción al servicio militar preso de conciencia, que debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.

En ausencia de cualquier tipo de servicio alternativo o de un procedimiento para que los soldados que cumplen el servicio militar se declaren objetores, muchos jóvenes cuyas creencias les impiden participar en el conflicto sobre la República de Chechenia han sentido, al parecer, que la única manera de deshacerse de este dilema moral es desertar de las fuerzas armadas. Uno de los ejemplos más recientes es el de dos marineros rusos que desertaron de su unidad en marzo de 1995 y solicitaron asilo en el vecino estado báltico de Lituania, alegando, según informes, que no estaban dispuestos a participar en operaciones militares contra el pueblo checheno.

Aleksandr Vasilkov y Ruslan Kurdyukov, los dos de 18 años de edad, son marineros de la flota del Báltico. Abandonaron su unidad en la región de Kaliningrado de Rusia el 19 de marzo de 1995 y fueron detenidos el 25 de marzo en Lituania, en las afueras de la capital, Vilnius, en la estación de ferrocarril de Paneriai. Solicitaron asilo y, según informes, les concedieron un permiso temporal para quedarse allí mientras las autoridades lituanas examinaban su caso. No obstante, las autoridades rusas presionaron para que fueran devueltos inmediatamente, y el 4 de abril los dos hombres fueron enviados a representantes de la embajada rusa en Vilnius. Desde allí los devolvieron a Kaliningrado.

Amnistía Internacional no sabe si se ha presentado algún cargo contra ellos. Al menos 11 causas criminales se han abierto contra oficiales que se han negado a cumplir la orden de ir a la República de Chechenia, según la información aportada el 7 de abril por un portavoz del Ministerio de Defensa. Yevgeny Vystosky, jefe del departamento de personal, afirmó en una conferencia de prensa que un total de 567 oficiales habían rechazado esas órdenes.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades rusas a que no procesen a Aleksandr Vasilkov ni a Ruslan Kurdyukov, ni a ningún otro hombre que se encuentre en una situación similar, por negarse a realizar el servicio militar por motivos de conciencia (y serían considerados presos de conciencia si estuvieran encarcelados solo por estos motivos). La organización se ha puesto también en contacto con las autoridades lituanas para preguntar sobre la devolución de los dos hombres, pidiendo más información sobre qué procedimientos, si es que se utilizaron algunos, se usaron para estudiar la solicitud de asilo; qué organismo se encargó de tomar la decisión; si Aleksandr Vasilkov y Ruslan Kurdyukov tuvieron acceso al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, y asesoramiento legal y materiales en su propio idioma para intentar obtener su solicitud de asilo; y preguntando qué oportunidades se les concedieron a los dos hombres de apelar contra la decisión de devolverlos a Rusia.

EL DERECHO A LAS LIBERTADES DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN Y EXPRESIÓN

Especialmente en sus primeras etapas, el conflicto en la República de Chechenia ha provocado un gran número de marchas, concentraciones y manifestaciones en protesta por la política de las autoridades rusas. Aunque muchos de esos actos se han producido sin estorbos ni incidentes, en algunos casos los organizadores y participantes han tenido que afrontar sanciones administrativas ─multas y detenciones de un máximo de 15 días─ por violar las normas que regulan estas concentraciones.

Según la legislación rusa, los organizadores de manifestaciones deben solicitar permiso a las autoridades locales con al menos 15 días de antelación y las autoridades deben responder al menos cinco días antes de la celebración del acto. No obstante, en algunos casos, los organizadores han afirmado que solicitaron permiso pero no recibieron respuesta, y al decidir seguir adelante y, por ello, organizar actos que son técnicamente ilegales se han expuesto a recibir sanciones administrativas. Otros organizadores no han querido pedir permiso con la antelación requerida antes de expresar sus puntos de vista, y han preferido en cambio actuar de inmediato convocando manifestaciones en una situación que consideraban urgente.

En uno de esos casos, 24 personas estuvieron detenidas durante un breve espacio de tiempo y 10 de ellas fueron acusadas formalmente después que la policía dispersó una manifestación organizada por el grupo de derechos humanos «Memorial» el 26 de diciembre de 1994. La manifestación no estaba autorizada y tuvo lugar en Moscú fuera del edificio de la Administración de la Federación Rusa en la plaza Staraya, que forma parte de un área en la que, en virtud de un decreto presidencial de 1993, están prohibidos los «actos sociopolíticos».

Cuatro de las 10 personas acusadas comparecieron ante el Tribunal Intermunicipal de Basmany el 29 de diciembre. El primer acusado que compareció, Vladimir Dolgy-Rappoport, explicó que los participantes habían decidido actuar como lo hicieron porque estaban hondamente preocupados por la gravedad de los acontecimientos que estaban produciéndose. Su abogado añadió que los manifestantes no habían obstruido la entrada del edificio ni la calle, y que se habían comportado de forma pacífica. Tras una breve interrupción, el juez absolvió a Vladimir Dolgy-Rappoport por falta de cuerpo del delito y después absolvió también rápidamente a los otros tres acusados por las mismas razones.

De los otros seis acusados, cinco fueron juzgados el 13 de enero por el Tribunal Intermunicipal de Lefortovo, en Moscú. Entre ellos se encontraban los ex presos de conciencia Aleksandr Lavut y Aleksandr Podrabinek (este último había declarado anteriormente a Amnistía Internacional que había sido detenido a pesar de haber explicado que estaba allí no como manifestante sino como periodista, como editor del periódico independiente Express Chronicle).

De nuevo, los cinco acusados fueron absueltos por falta de cuerpo del delito. El juez Pyotr Stupin, dijo, al parecer, que «manifestarse sin permiso de las autoridades de la ciudad no es ilegal y se ajusta a la constitución rusa», refiriéndose al artículo 31 de la constitución, que garantiza a los ciudadanos el derecho a «concentrarse pacíficamente, sin armas y a llevar a cabo... manifestaciones».

También fracasó el intento de procesar a tres miembros del parlamento por organizar manifestaciones no autorizadas cuando el 20 de enero la Duma Federal, cámara baja del parlamento, rechazó una petición del Procurador General en funciones de Rusia de levantar la inmunidad procesal de que gozaban como parlamentarios. Yegor Gaydar, Sergey Yushenkov y Vyacheslav Marychev habían sido acusados de organizar concentraciones los días 11 y 12 de diciembre, cuando las tropas rusas empezaron a entrar en la República de Chechenia, y cuando muchos quisieron organizar una manifestación inmediata más que pedir permiso con antelación.

Una de las disposiciones de un proyecto de ley «sobre concentraciones, manifestaciones y marchas» aprobado por la Duma Federal en su segunda lectura el 22 de diciembre de 1994 es el derecho a organizar ese tipo de actos sin previa autorización si son pacíficos y los manifestantes van desarmados. No obstante, el presidente Yeltsin se negó a firmar el proyecto de ley alrededor de un mes más tarde, proponiendo una serie de enmiendas, y el proyecto de ley fue devuelto al parlamento.

Se han recibido informes de otras dificultades a la hora de ejercer el derecho a las libertades de asociación y expresión en la República Kabardia-Balkaria, territorio autónomo dentro de la Federación Rusa situado cerca de las repúblicas de Chechenia e Ingushetia. Al parecer, las marchas, manifestaciones y concentraciones han sido temporalmente prohibidas en virtud de una ley del 16 de diciembre de 1994 sobre medidas temporales para garantizar el orden público y la seguridad en el territorio, hasta que se estabilice la situación en el norte del Caúcaso. Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales al menos se han organizado desde entonces sin permiso oficial dos manifestaciones que fueron disueltas, con al menos cuatro personas condenadas a 10 días de detención administrativa.

En el primer incidente varias personas estuvieron, al parecer, detenidas brevemente en Nalchik, capital de la república, el 12 de febrero de 1995, cuando unidades especiales de la policía dispersaron una concentración en la que participaban, según informes, unas 150 personas. Según un informe, los concentrados pedían el fin del conflicto armado en la República de Chechenia, conversaciones de paz con el presidente Dzhokhar Dudayev y la derogación de la ley que prohibía temporalmente las manifestaciones.

En el segundo caso, cuatro personas fueron condenadas el 27 de febrero a 10 días de arresto administrativo por el Tribunal de la Ciudad de Nalchik por intentar organizar una concentración de apoyo a los chechenos el día anterior.

Amnistía Internacional está investigando la posibilidad de que los detenidos sean presos de conciencia. La organización se ha dirigido a las autoridades de la República Kabardia-Balkaria los días 12 y 26 de febrero para pedir más información sobre ellos: Cuántos fueron detenidos, por qué motivo y durante cuánto tiempo, y las sentencias administrativas impuestas en relación con estos hechos. Amnistía Internacional ha pedido también que se aclare qué medidas se están tomando para garantizar que no se detiene a nadie por ejercer pacíficamente su derecho a las libertades de reunión, asociación y expresión.

ABUSOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR LAS FUERZAS LEALES A LA REPÚBLICA DE CHECHENIA

Al principio del conflicto, Amnistía Internacional dirigió un llamamiento urgente a todas las partes implicadas en el conflicto para proteger tanto a las víctimas militares como a las civiles de acuerdo con las leyes humanitarias y las leyes internacionales de derechos humanos (la organización no adopta posición alguna sobre cuestiones de categoría territorial y ha dirigido sus llamamientos a las autoridades rusas y a las de la República de Chechenia considerando su control de facto del territorio). Ese tipo de protección incluye garantizar que ningún detenido, sea del tipo que sea, es objeto de torturas y que los no combatientes son protegidos de cualquier acto de represalia y violencia.

Homicidios de prisioneros

En las primeras etapas del conflicto, los chechenos permitieron el acceso a algunos de los prisioneros rusos a diversos visitantes, entre ellos diputados, periodistas, delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) e incluso a madres de los militares capturados. No obstante, a mediados de enero de 1995, Amnistía Internacional se dirigió a las autoridades chechenas para expresarles su preocupación por los informes según los cuales algunos combatientes chechenos habían afirmado que aunque tomaron prisioneros a algunos reclutas, ejecutaron a soldados de fuerzas especiales que habían capturado. Amnistía Internacional instó a las autoridades chechenas a:

-condenar públicamente cualquier ejecución sumaria de soldados capturados que pueda haber tenido lugar, investigar todos los informes de ese tipo de ejecuciones y garantizar que todas las fuerzas bajo su mando son plenamente conscientes de que no se tolerarán ese tipo de acciones.

Informes de la sentencia y ejecución de un piloto ruso

Según el jefe de los Servicios de Información de la República de Chechenia, Movladi Udugov, un militar ruso hecho prisionero fue ejecutado por las fuerzas chechenas el 21 de marzo de 1995. Según informes, el hombre, un piloto llamado Nikolay Bairov, fue ejecutado tras ser sentenciado a muerte por un consejo de guerra checheno por llevar a cabo un ataque aéreo contra la localidad de Shali. Las autoridades militares rusas han reconocido que falta uno de sus pilotos, del mismo nombre, pero en el momento de redactar este informe no se tenían nuevos datos que confirmaran el informe checheno.

Escribiendo en relación con el informe, Amnistía Internacional reiteró a las autoridades chechenas su oposición incondicional a la pena de muerte, basándose en que es incompatible con el respeto al derecho a la vida y al derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como proclaman la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

La organización de derechos humanos señalaba también que el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 exige que todas las partes de un conflicto traten humanamente y «en todas las circunstancias» a los miembros de las fuerzas armadas que han depuesto las armas, y que «dictar sentencias contra esas personas y ejecutarlas sin una decisión judicial emitida por un tribunal legalmente constituido, sin todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados» está prohibido «en todo momento y lugar»

Finalmente, Amnistía Internacional instó a las autoridades chechenas a:

-garantizar que no habrá nuevas ejecuciones y que todos los detenidos son tratados humanamente de acuerdo con las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL GOBIERNO DE RUSIA

Rusia ha ratificado y está obligada a cumplir los tratados internacionales de derechos humanos, y tiene la responsabilidad de garantizar que se respetan en todo momento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. La violencia ejercida por los grupos de oposición nunca puede justificar el abandono de estos principios fundamentales.

Más abajo exponemos las recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno de Rusia sobre cuestiones de derechos humanos que forman parte del mandato de la organización.

1. Que el gobierno ejerza un control eficaz para evitar los abusos

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades rusas a garantizar que:

♦los responsables de las fuerzas de seguridad mantendrán y, en los casos en que sea necesario, reforzarán el control estricto de la cadena de mando para evitar que se produzcan violaciones de derechos humanos. Deben trasmitir órdenes estrictas a sus miembros para que cumplan las normas internacionales de derechos humanos y las leyes humanitarias;

♦cualquier individuo sospechoso de cometer u ordenar violaciones de derechos humanos tales como homicidios deliberados y arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales o malos tratos será apartado de cualquier posición de autoridad y de todas las tareas en las que deba estar en contacto con detenidos o con otros que corran el riesgo de sufrir abusos. Estos individuos deben ser procesados.

2. Denuncias de torturas y malos tratos bajo custodia

Nadie debe ser torturado ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos actos están específicamente prohibidos por los tratados internacionales de derechos humanos que Rusia está obligada a cumplir, incluido el PIDCP y la Convención contra la Tortura.

Teniendo en cuenta los numerosos informes de torturas y malos tratos a detenidos, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades rusas que:

♦inicien con prontitud investigaciones completas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de torturas y malos tratos, tanto sobre las efectuadas durante el conflicto de la República de Chechenia como sobre aquellas que la organización ha planteado en los últimos dos años, sin respuesta;

♦hagan públicos los resultados de las investigaciones, lleven ante los tribunales a cualquier persona responsable de torturas y malos tratos y proporcionen la adecuada compensación a cualquiera de las víctimas identificadas;

♦condenen públicamente la tortura o los malos tratos a detenidos e informen claramente a los agentes encargados de hacer cumplir la ley de que los tratos crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos por las leyes;

♦garanticen que a los detenidos sometidos a interrogatorio se les informa con prontitud del cargo o cargos que se les imputan, y se les permite de inmediato acceder con regularidad a un abogado de su elección, así como a sus familiares y a un médico;

♦garanticen al CICR el acceso pleno y adecuado a los detenidos. Puesto que esta organización tiene como una de sus misiones trabajar por la observancia de las leyes humanitarias, el trabajo que lleva a cabo visitando a presos y registrando su detención es un paso importante a la hora de garantizar que se respetan y obedecen las salvaguardias previstas por la legislación humanitaria.

3. Presuntos homicidios deliberados y arbitrarios de civiles

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que:

♦inicien con prontitud investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, que se hagan públicos los resultados y que los responsables sean procesados respetando las normas que establece la legislación internacional. Las investigaciones también deben respetar las normas internacionales, incluidos los Principios de las Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

♦dejar claro a todos los miembros de la policía, del ejército y de otras fuerzas de seguridad que los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles no se tolerarán bajo ninguna circunstancia;

♦garantizar que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están al tanto de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, y que las respetan;

♦garantizar que las fuerzas militares que desempeñan una actividad policial son conscientes de que tienen las mismas obligaciones que la policía civil. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por consenso en el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente el 7 de septiembre de 1990, declaran que los gobiernos deben asegurarse de que esos profesionales usan la fuerza exclusivamente cuando es estrictamente necesario y sólo en la mínima medida posible que exijan las circunstancias. La fuerza letal no debe usarse, excepto cuando sea estrictamente inevitable con el fin de proteger la vida. Debe informarse de cualquier uso de las armas de fuego y de cualquier muerto o herido que se produzca como consecuencia del uso de la fuerza, y el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza y de las armas de fuego debe ser punible como delito penal.

4. La pena de muerte judicial

Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas que:

♦revisen la legislación propuesta sobre «formaciones ilegales armadas» y otras leyes que dispongan la aplicación de la pena de muerte, con el fin de reducir el número de delitos punibles con la pena capital con vistas a su abolición total, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Asamblea General y el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias.

Por otra parte, teniendo en cuenta los frecuentes comentarios de las autoridades de que Rusia aún no está preparada para abolir la pena de muerte, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que:

♦creen una comisión oficial sobre la pena de muerte. La experiencia de otros países muestra que cuando es difícil tomar inmediatamente a una decisión sobre la abolición, crear una comisión de investigación puede ser una forma útil de obtener los hechos sobre los que puede basarse una decisión. Una comisión oficial puede servir para separar el tema de la pena de muerte del clima político y emocional en el que se ve inmerso tan a menudo. Las conclusiones de la comisión puede proporcionar a las autoridades, a los legisladores y al público un cuerpo de información objetivo para guiar las decisiones sobre el tema.

♦impongan una moratoria sobre las ejecuciones hasta que la comisión oficial sobre la pena de muerte dé a conocer los resultados de su trabajo.

5. Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio

Amnistía Internacional ha instado al gobierno ruso a que actúe rápidamente para introducir la legislación necesaria que permita a los objetores de conciencia ejercer su derecho a un servicio civil alternativo, tal como garantiza la constitución. De acuerdo con la Resolución 1989/59 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reafirmada mediante la Resolución 1993/84 del 10 de marzo de 1993, Amnistía Internacional recomienda que las autoridades rusas:

♦promulguen leyes y tomen las medidas necesarias encaminadas a eximir del servicio militar a los objetores de conciencia al servicio militar;

♦establecer procedimientos de adopción de decisiones independientes e imparciales para aplicar un servicio civil alternativo al servicio militar;

♦garantizar que todas las personas afectadas por el servicio militar tienen a su disposición información sobre el derecho a la objeción de conciencia y sobre cómo aplicarla para un servicio alternativo;

♦no encarcelen a los objetores de conciencia y pongan en libertad a todos los objetores que se encuentren en prisión únicamente por negarse a realizar el servicio militar obligatorio.

6. El derecho a las libertades de reunión, asociación y expresión

Amnistía Internacional reconoce el papel de las autoridades en el mantenimiento del orden público. No obstante, es igualmente importante garantizar que cualquier legislación relacionada con él se aplica sólo para esas cuestiones de orden público y no infringe el ejercicio pacífico del derecho a las libertades de reunión, asociación y expresión. Estos derechos están garantizados por la constitución rusa y por los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el PIDCP, del que Rusia es parte en virtud de su condición de Estado sucesor de la URSS.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que:

♦garanticen que la legislación sobre concentraciones públicas refleja plenamente la obligación del país de garantizar y defender el ejercicio pacífico del derecho a las libertades de reunión, asociación y expresión;

♦garantizar que no se encarcela a ninguna persona sólo por ejercer pacíficamente estos derechos.

En conclusión, Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento para que todas las partes implicadas en el conflicto cumplan las normas de comportamiento humano, entre ellas garantizar que los civiles no son objeto de ataques deliberados ni detenidos arbitrariamente; que los detenidos de cualquier tipo no son víctimas de torturas ni de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y que se protege a los no combatientes de todo acto de represalia y violencia.

APÉNDICE 1

Información general sobre la República de Chechenia y el actual conflicto

La República de Chechenia está situada en la frontera sur de Rusia, en el norte del Caúcaso. Los chechenos son un pueblo caucásico y hablan una lengua del grupo caucásico. Se cree que han vivido en la zona que ahora ocupan desde tiempos prehistóricos.

Tras décadas de resistencia, en el siglo XIX la zona fue conquistada por las fuerzas del zar ruso. Fue incorporada al imperio ruso, y tras la revolución bolchevique de 1917 se integró en la ex Unión Soviética. En 1934, los territorios de los chechenos y de sus vecinos los ingush, estrechamente vinculados con ellos, se unieron en la Región Autónoma Checheno-Ingushetia, que en 1936 adquirió la categoría de República Autónoma.

Durante la Segunda Guerra Mundial los pueblos checheno e ingush fueron deportados en su totalidad al Asia Central Soviética, acusados por las autoridades soviéticas de colaborar con los alemanes. Hasta finales de 1950 no se rehabilitó a los chechenos ni a los ingush ni se les permitió regresar oficialmente. La República Autónoma Checheno-Ingushetia fue restablecida en 1957.

Los chechenos, como muchos otros, usaron la época de liberalización iniciada por el ex dirigente soviético Mijail Gorvachov para volver a plantear sus aspiraciones de una mayor independencia. Emergió un movimiento de autodeterminación checheno, encabezado a fines de 1990 por un ex general de las fuerza aéreas soviéticas llamado Dzhokhar Dudayev. Fue elegido presidente de la República en octubre de 1991 y declaró la independencia al mes siguiente.

Reaccionando a la declaración de independencia, el presidente ruso, Boris Yeltsin, decretó el estado de excepción en noviembre de 1991 y envió tropas del Ministerio del Interior a la zona. No obstante, las tropas tuvieron que retirarse cuando el parlamento se negó a respaldar el decreto que imponía el estado de excepción, y en junio de 1992 se habían retirado todas las unidades del ejército ruso estacionadas en el territorio. Ese mismo mes el parlamento ruso aprobó también una ley sobre la formación de una República Ingush independientemente, habiendo expresado los ingush su deseo de permanecer integrados en la Federación Rusa en vez de seguir los deseos de los chechenos de obtener la independencia total.

La oposición interna chechena al gobierno del presidente Dudayev se intensificó en 1994, a consecuencia de los cual hubo varios enfrentamientos armados. En noviembre se desbarató un ataque de las fuerzas de la oposición contra la capital, Grozni, y los soldados rusos se encontraban entre los que habían sido tomado prisioneros por partidarios del presidente Dudayev. El presidente Yeltsin dirigió un ultimátum a todas las partes para que depusieran las armas antes del 1 de diciembre, y afirmó que si no lo hacían se emplearían «todos los medios» para restaurar el orden. Los partidarios del presidente Dudayev permanecieron desafiantes, y en las primeras horas del 11 de diciembre soldados rusos del ejército y del Ministerio del Interior emprendieron oficialmente una operación contra «las formaciones armadas ilegales» en la República Chechena.

Finalmente, Grozni cayó en manos de las tropas rusas tras prolongados combates y la atención se ha centrado ahora en otras áreas de la resistencia chechena, principalmente en el sur de la república. Según las cifras oficiales, el número de soldados rusos muertos fue de unos 2.000. Las estimaciones de las bajas civiles, sobre las que aún no hay cifras oficiales, oscilan entre los millares y los miles de millares. El 10 de abril, el Servicio Federal de Inmigración Ruso había registrado más de 320.000 desplazados por los combates.

APÉNDICE II.- MAPA