Público

Amnistía Internacional

Federación Rusa:

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en situación de riesgo en el Cáucaso septentrional

ÍNDICE

Federación Rusa: Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en situación de riesgo en el Cáucaso septentrional

Introducción

Anna Politkovskaya, periodista y defensora de los derechos humanos rusa, fue asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú. Había informado sobre la situación en el Cáucaso septentrional y viajado repetidas veces a Chechenia, Ingushetia y otras repúblicas de la región para reunirse con personas cuyos derechos habían sido violados y escribir sobre ellas. Debido a estas actividades fue víctima de acoso e intimidación. En Chechenia la detuvieron,¹y había sido amenazada con sufrir consecuencias más graves si continuaba con su labor. Muy probablemente la mataron porque no quiso interrumpirla.

El asesinato de Anna Politkovskaya no es un incidente aislado. Otros defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas que ponen de relieve la situación de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional y defienden a las personas cuyos derechos han sido violados, siguen siendo sufriendo acoso e intimidación. Recientemente, la noche del 23 al 24 de noviembre, Oleg Orlov, presidente del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial y tres periodistas de la cadena de televisión rusa REN TV –Artem Vysotskii, Karen Sakhinov y Stanislav Goriachikh– fueron secuestrados en su hotel de Nazran, en la república de Ingushetia, y sometidos a malos tratos (véase infra).

Amnistía Internacional siente preocupación porque las autoridades de la Federación Rusa no están abordando con eficacia la actual crisis de derechos humanos en el Cáucaso septentrional, donde prevalece la impunidad y siguen perpetrándose violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. “Confesiones” obtenidas mediante tortura pueden utilizarse para imponer largas penas de prisión en juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia. Por ello, en el Cáucaso septentrional, Rusia incumple la obligación que le impone el derecho internacional de los derechos humanos de respetar y proteger el derecho a la vida, a no sufrir torturas ni otros malos tratos, a la libertad y seguridad personales y a un juicio justo. En esas circunstancias, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los profesionales de la abogacía y los periodistas independientes desempeñan un papel fundamental en la promoción de la protección de los derechos humanos, observando y documentando las violaciones de derechos humanos que se produzcan.

Según la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, mientras los Estados tienen “la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”, todas las personas tienen derecho a “presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.²

La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y otras declaraciones y directrices regionales e internacionales instan a los gobiernos a imponer límites al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía sólo en la medida en que sea necesario para proteger los derechos y las libertades de otras personas. La Declaración reitera el derecho de toda persona a denunciar o pedir resarcimiento si sus derechos han sido violados, y establece que toda persona tiene el derecho a “ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales” (artículo 9). Además, los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados establecen los deberes, responsabilidades y derechos de los profesionales de la abogacía. El principio 16 pide a los gobiernos que garanticen que estos profesionales pueden cumplir sus obligaciones y responsabilidades sin sufrir intimidación, obstáculo ni acoso. Cuando estos principios y directrices no se respetan, existe el peligro de que los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales se violen con impunidad.

Para que los defensores y defensoras de los derechos humanos, los profesionales de la abogacía y los periodistas puedan desempeñar su trabajo, es esencial que se respete también su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, el cual consagran tanto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La Federación Rusa es Estado Parte en ambos tratados.

Amnistía Internacional, mediante su labor de investigación sobre el terreno y sus contactos con numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía que trabajan en el Cáucaso septentrional, ha identificado una pauta preocupante que sugiere que estas personas son perseguidas y sometidas a violaciones de derechos humanos debido a su trabajo. El presente informe contiene ejemplos de los obstáculos a los que se enfrentan quienes trabajan para proteger los derechos humanos en el Cáucaso septentrional, y destaca algunos casos ilustrativos de violaciones de los derechos humanos cometidas contra quienes intentan salir en su defensa.

Violaciones de derechos humanos en el Cáucaso septentrional

La situación en Chechenia y en el resto del Cáucaso septentrional ha mejorado algo en los últimos años. Se han reconstruido carreteras y viviendas, se han abierto negocios y se han reanudado los vuelos a Grozni, la capital de Chechenia. La comunicación con el resto de Rusia es más fácil gracias a los cibercafés y a la red de telefonía móvil que opera en la actualidad en todo el país.³

Al mismo tiempo, en Chechenia las fuerzas de seguridad siguen cometiendo violaciones de derechos humanos. Abusos perpetrados en el pasado, tales como desapariciones forzadas, tortura –incluyendo violación y malos tratos– y ejecuciones extrajudiciales siguen impunes, al igual que los que se cometen en la actualidad. Además, cada vez es más difícil hablar abiertamente de las violaciones de derechos humanos, debido al miedo de las víctimas a denunciar y a la represión de que son objeto los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas. Una periodista relató a Amnistía Internacional cómo un funcionario encargado de hacer cumplir la ley se había puesto en contacto directamente con ella y le había aconsejado que destruyese el material que había reunido si deseaba seguir viviendo en Chechenia sin sufrir ningún daño. En general, el gobierno ejerce un férreo control sobre la prensa y la televisión.

En los últimos años la violencia se ha extendido a otras repúblicas del Cáucaso septentrional, tales como Ingushetia, Osetia del Norte, Kabardino-Balkaria y Daguestán. Amnistía Internacional ha investigado numerosos casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y malos tratos en Ingushetia en los últimos años. A lo largo de 2007, la situación de seguridad en esta república ha sufrido un grave deterioro. Según algunos sitios web de Ingushetia,⁴últimamente se vienen produciendo entre 20 y 25 explosiones e incidentes con disparos al mes. Hombres armados no identificados han perpetrado numerosos ataques contra civiles: algunos miembros de familias de etnia rusa han sido víctimas de homicidio y varias personas resultaron heridas al explotar una bomba cuando se oficiaba el funeral por una de las víctimas. En este tipo de ataques también han muerto varios miembros de una familia de etnia romaní, dos hombres coreanos y una familia de Daguestán. Al mismo tiempo, grupos armados han lanzado ataques contra miembros de agencias encargadas de hacer cumplir la ley en Ingushetia, a menudo con consecuencias mortales.

A lo largo del año al menos tres hombres murieron en la ciudad de Nazran por disparos efectuados por agentes encargados de hacer cumplir la ley; aunque las autoridades han afirmado que estos individuos habían opuesto resistencia armada, testigos de los homicidios aseguran que fueron ejecutados sumariamente. Se ha informado de casos semejantes en las localidades de Malgobek y Karabulak.

Según informes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están realizando controles de identidad y detenciones en Ingushetia sin identificarse. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que en ocasiones los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llevan máscara y que las personas detenidas en esas circunstancias pueden luego ser víctimas de desaparición forzada o de homicidio, a veces tras haber sufrido torturas. Según informes, en una incursión aparentemente realizada con fines punitivos en el pueblo de Ali Yurt en julio de 2007, los agentes rodearon a los habitantes y los golpearon; además, detuvieron a siete hombres y los condujeron al edificio del Servicio Federal de Seguridad de Magas, donde, según los informes, los sometieron a malos tratos.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, entre enero y principios de agosto de 2007 al menos 20 personas fueron secuestradas o víctimas de desaparición forzada en la república de Daguestán. Familiares de estas personas creen que los responsables son los organismos encargados de hacer cumplir la ley locales.

A lo largo de los últimos años Amnistía Internacional ha tenido noticia de varias personas detenidas en Osetia del Norte, a las que presuntamente se sometió a tortura y malos tratos en centros de detención no oficiales, como el Departamento para la Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior en Valdikavvkaz, Osetia del Norte. Según los informes, se las recluyó en régimen de incomunicación y se las torturó para obligarlas a “confesar” un delito.

Intentos de silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía

Las personas que intentan informar sobre las violaciones de derechos humanos descritas anteriormente corren un riesgo elevado de convertirse ellas mismas en víctimas de violaciones de derechos humanos. Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la abogacía han informado a Amnistía Internacional de que funcionarios del gobierno los han amenazado con que ellos o sus familiares “sufrirán las consecuencias” si continúan realizando su trabajo, o incluso si denuncian que han recibido amenazas. Por ello, en este documento Amnistía Internacional sólo puede dar nombres en algunos casos como ejemplo de una situación más general. En este clima de intimidación, algunos periodistas que escriben desde la región utilizan pseudónimos.⁵Varios abogados de derechos humanos han sufrido intimidación, amenazas y acoso. Defensores y defensoras de los derechos humanos han sido objeto de intimidación y amenazas, y las organizaciones que trabajan en este campo han sufrido numerosas inspecciones en aplicación de la ley sobre organizaciones no gubernamentales. Esta ley entró en vigor en 2006 y parece que se está interpretando arbitrariamente para intimidar a las personas que defienden los derechos humanos.

Secuestro de Oleg Orlov y de tres periodistas de REN TV

La noche del 23 al 24 de noviembre de 2007, Oleg Orlov –presidente del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial–y tres periodistas del canal ruso de televisión REN TV–Artem Vysotskii, Karen Sakhinov y Stanislav Goriachikh– se encontraban durmiendo en un hotel de Nazran, en Ingushetia, cuando varios hombres armados, enmascarados y vestidos con uniformes de camuflaje los despertaron y los obligaron a acompañarlos. Los hombres armados se llevaron todas sus pertenencias del hotel, incluidos ordenadores, dinero, libretas, ropa y teléfonos móviles; les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico, y los amenazaron con dispararles. Luego los condujeron a un lugar desconocido, donde los golpearon y los abandonaron al cabo de dos horas. Como en el hotel no les habían dado tiempo para vestirse ni ponerse los zapatos, tuvieron que caminar descalzos hasta la comisaría de policía más próxima, en el pueblo de Nesterovskaia, donde pidieron ayuda.

La agencia de noticias rusa Interfax citó fuentes policiales según las cuales el secuestro había sido perpetrado por “el ejército”.

La mañana del 24 de noviembre, los cuatro hombres fueron conducidos a la comisaría central de policía de Nazran, donde explicaron cómo les habían secuestrado y maltratado. Allí los examinó un médico, que recomendó la hospitalización urgente de Artem Vysotskii. Sin embargo, la policía no lo dejó marchar y sólo permitió que los tres periodistas abandonaran la comisaría en torno a la una de la tarde. Oleg Orlov fue autorizado a abandonar la comisaría antes, en torno a las once y media de la mañana.

En el momento de redactar este informe, el comité investigador de la Fiscalía de Ingushetia había abierto una investigación criminal en virtud de los artículos siguientes del Código Penal de la Federación Rusa: “quebrantamiento violento del derecho a la intimidad” (artículo 139.2); “intromisión de funcionarios en la práctica legal del periodismo” (artículo 144.2); “robo con violencia, planeado y cometido por un grupo de personas, sin riesgo para la vida y la salud” (artículo 161.2.a y g). Por tanto, hasta la fecha la causa criminal no incluye “secuestro” (artículo 126) ni “amenaza de muerte o de daños graves a la salud” (artículo 119).

Amenazas contra el defensor de los derechos humanos Magomed Mutsolgov

Magomed Mutsolgov comenzó a trabajar en favor de los derechos humanos cuando su hermano, Bashir Mutsolgov, fue víctima de desaparición forzada en diciembre de 2003, después de que unos enmascarados armados lo detuvieron a la puerta del domicilio familiar en Karabulak, Ingushetia. Junto a otros familiares de víctimas de desapariciones forzadas, creó la organización de derechos humanos MASHR (“Paz”), registrada oficialmente en 2005 como la Organización Regional Pública No Comercial “MASHR”. La organización proporciona apoyo a familiares de personas que han sido objeto de desaparición forzada y a víctimas de tortura y malos tratos, incluyendo ayuda para presentar recursos ante las autoridades. También publica información sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos en Ingushetia y organiza actividades en su favor.

A principios de mayo de 2007, el sitio web ingushetiya.ru, registrado en Ingushetia, publicó una carta anónima de alguien que decía ser funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Esta persona afirmaba haber oído casualmente conversaciones entre colegas suyos en las que se insinuaban intentos de fabricar una causa penal contra Magomed Mutsolgov, “por todos los medios posibles”, incluyendo la colocación de narcóticos o munición en sus bolsillos. Cuando ese mismo mes Amnistía Internacional habló con Magomed Mutsolgov sobre la carta, éste afirmó que tenía razones para sospechar que él y su oficina estaban siendo vigilados. También mencionó que le habían hablado de una directiva interna recibida por funcionarios de Ingushetia en la que se le declaraba persona non grata en el edificio del gobierno y se instruía a los funcionarios para que no se reunieran con él allí. Magomed Mutsolgov ha recibido otras amenazas indirectas, al parecer debido a su trabajo. En septiembre de 2007, un joven a quien había ayudado con su apelación ante las autoridades después de haber sufrido presuntamente torturas, le contó que había oído decir a quienes lo detuvieron que “se ocuparían de Magomed Mutsolgov”.

A principios de noviembre de 2007, Magomed Mutsolgov informó a Amnistía Internacional de que un desconocido lo había visitado en su domicilio en Karabulak y le había dicho que había oído a sus contactos que Magomed Mutsolgov debía estar muerto antes del 31 de diciembre de 2007. Magomed Mutsolgov ha afirmado no saber si estas amenazas son intentos de intimidarle o si deben tomarse en serio. Está tomando precauciones, pero asegura que no dejará de realizar su trabajo en favor de los derechos humanos.

Según Magomed Mutsolgov, desde 2006 la agencia de inspección tributaria, el Servicio de Registro Federal y la Fiscalía de la república han inspeccionado las actividades de MASHR en repetidas ocasiones. El Servicio de Registro Federal, que la ha investigado dos veces en 2007, ordenó a Magomed Mutsolgov cambiar el nombre de la organización y volver a registrarla con el de Organización de Derechos Humanos Regional Pública No Comercial “MASHR”. Aunque Magomed Mutsolgov reconoce el derecho de las autoridades a inspeccionar las actividades de su organización, cree que la frecuencia de las inspecciones y la exigencia de volver a registrar la ONG apuntan a un intento de obstaculizar su trabajo de derechos humanos y de impedir que MASHR continúe con su labor en el futuro.

Intentos de abrir una causa criminal contra una abogada de derechos humanos

Irina Kodzaeva es miembro del colegio de abogados de la república de Osetia del Norte. Durante los últimos años ha representado a varias personas acusadas de pertenecer a grupos armados y que denunciaron que las torturaron para obligarlas a firmar una “confesión”. El 28 de agosto de 2007 no se le permitió ver a uno de sus clientes, Nazir Shamsudinovich Muzhakhoev, quien había sido trasladado de un centro de detención preventiva de Valdikavkaz, en Osetia del Norte, a uno de detención temporal dependiente del Ministerio del Interior de la república para ser interrogado en relación con cargos de participación en actos de “terrorismo”. Los investigadores dijeron a Irina Kodzaeva que su cliente había decidido que ella dejara de ser su representante legal. La abogada temía que no fuera cierto, ya que no le mostraron ningún documento que confirmase esta decisión de su cliente. También tenía razones fundadas para temer que su defendido fuese sometido a tortura y malos tratos, ya que otros clientes suyos lo habían sido en circunstancias similares.

Irina Kodzaeva afirma que cuando intentó acceder a la parte del edificio del Ministerio del Interior donde suponía que su cliente permanecía recluido, uno de los investigadores la golpeó en la cabeza y la apartó de la entrada. Ella se golpeó la cabeza con el marco de la puerta y más tarde se comprobó que había sufrido una conmoción. Posteriormente Irina Kodzaeva presentó una solicitud formal para que la Fiscalía iniciase diligencias penales contra el investigador. Sin embargo, la Fiscalía no quiso hacerlo por considerar que no podía probarse que se hubiese cometido un delito. Al mismo tiempo, el investigador presentó una denuncia contra ella ante la Fiscalía, alegando que la abogada lo había agredido. La Fiscalía concluyó que había pruebas suficientes para iniciar una causa criminal contra ella por obstaculizar la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y utilizar la violencia contra ellos.

Acusaciones de “terrorismo” y “extremismo” contra defensores y defensoras de los derechos humanos

En el clima de inestabilidad del Cáucaso septentrional, donde desde hace años las autoridades llevan a cabo de forma habitual “operaciones antiterroristas” y reprimen cualquier clase de disidencia, los defensores y defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a las autoridades y exigen que los derechos humanos sean respetados, incluidos los derechos de las personas acusadas de “terroristas”, pueden ser acusados ellos mismos de actividades “terroristas” o “extremistas”. Estas acusaciones se utilizan a menudo para desacreditarlos y obstaculizar su trabajo. Amnistía Internacional ha observado que los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren de manera sistemática violaciones de derechos humanos simplemente por defender los derechos de otras personas.

Amnistía Internacional también siente preocupación porque la ley de 2002 contra las actividades extremistas, incluidas las últimas reformas, introducidas en 2007, se utiliza para restringir el derecho a la libertad de expresión, incluido el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. Las definiciones que contiene la ley de lo que constituye “extremismo” son poco precisas y se prestan a ser interpretadas con arbitrariedad.

Tortura y malos tratos contra el defensor de los derechos humanos Osman Boliev

Osman Boliev, defensor de los derechos humanos y ex presidente de la ONG Romashka (“Margarita”) de la república de Daguestán, había trabajado con la abogada rusa Karinna Moskalenko, de la ONG Centro de Protección Internacional, para preparar y enviar solicitudes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Osman Boliev ha contado a Amnistía Internacional que en noviembre de 2005 lo detuvieron y torturaron para obligarlo a “confesar” que era un agente extranjero y que “simpatizaba” con el terrorismo.

Según su relato, el 15 de noviembre de 2005 la policía local de tráfico de Jasavyurt, Daguestán, le pidió que acudiese a la comisaría de este servicio policial para ser interrogado sobre la posible implicación de su vehículo en un accidente. A su llegada, le ordenaron que subiese a otro vehículo en el que esperaban varios agentes de policía. Osman Boliev ha explicado a Amnistía Internacional:

Inmediatamente me esposaron y me pusieron una capucha. Me privaron de oxígeno hasta que perdí el conocimiento. Me desperté en una sala donde me ataron a una silla. Empezaron a golpearme y a darme patadas y me retorcieron el brazo. Caí al suelo y saltaron sobre mí, pisándome la cabeza, mientras me exigían que admitiese que era un agente y que les dijese qué servicio secreto me había entrenado. Querían que les dijera para quién trabajaba. Yo les respondí: “Soy defensor de los derechos humanos, trabajo para todas las personas. Si tienen un problema pueden recurrir a mí.” Pensaron que me estaba burlando de ellos, y los golpes y las patadas se intensificaron […] Me amenazaron con matar a mi familia si no colaboraba con ellos y con enviarme a Chechenia, hacerme explotar y presentarme como un terrorista suicida […] Luego trajeron una granada y dijeron que la habían encontrado en mi poder. No entendía lo que decían porque me habían golpeado en los oídos y tenia todo el rato un un zumbido en la cabeza[…] Me torturaron durante casi tres días pero no sé cuánto tiempo permanecí allí, ni si era de día o de noche [...] Durante todo el tiempo estuve esposado. Ya no sentía las manos […] Me tiraban de los brazos para llevármelos a la espalda y saltaban sobre mí.

El 17 de noviembre Osman Boliev, que ya no podía andar, fue llevado ante un juez para que autorizara la prolongación de su detención. Cuando declaró ante el juez que lo habían torturado y describió lo que le habían hecho, el secretario del tribunal abandonó la sala, al parecer incapaz de soportar su descripción. Sin embargo, el juez no adoptó ninguna medida para garantizar que las denuncias de tortura fuesen investigadas. Osman Boliev fue entonces puesto bajo detención preventiva y acusado oficialmente de posesión ilegal de munición. Según ha contado a Amnistía Internacional, un abogado que lo visitó llamó a una ambulancia y fue entonces cuando recibió tratamiento médico básico.

A pesar de las protestas de ONG rusas e internacionales contra su detención, Osman Boliev continuó recluido hasta el 13 de febrero de 2006. Para entonces su salud se había deteriorado considerablemente debido a las presuntas torturas y a que no había recibido tratamiento médico adecuado. Cuando empezó a padecer problemas respiratorios y cardiacos lo liberaron en espera de juicio. En mayo de 2006 un tribunal de Jasavyurt lo absolvió, pero en junio ya se estaban preparando nuevas acusaciones contra él.

Cuando se entrevistó con Amnistía Internacional en julio de 2006, Osman Boliev temía que se estuviera preparando una nueva acusación falsa contra él y que lo detuvieran de nuevo. Desde entonces Osman Boliev ha huido de la Federación Rusa y ha encontrado asilo en otro país. Aunque se abrió una causa criminal en relación con su detención arbitraria y tortura, según la información de que dispone Osman Boliev, el caso se ha cerrado porque “no se encontraron indicios de delito”. Los ex compañeros de Osman Boliev en Romashka recibieron presiones de las autoridades para que pusiesen fin a sus actividades, y la ONG fue clausurada a comienzos de 2007 con arreglo a las disposiciones de la ley que rige el funcionamiento de las ONG, al no haber recibido las autoridades informes de ninguna actividad realizada por la organización.

Presunta publicación de comunicados de prensa incitando al odio étnico

El Comité Checheno de Salvación Nacional, ONG radicada en Ingushetia, observa e informa sobre la situación en el Cáucaso septentrional, especialmente en Chechenia. Desde 2004 funciona bajo la amenaza de su clausura, ya que las autoridades la acusan de divulgar información no probada de carácter “extremista” sobre la situación en la región. La ONG emite comunicados de prensa e informes acerca de desapariciones forzadas, de casos de detención y tortura y de las condiciones que imperan en los centros de alojamiento temporal en Ingushetia para las personas desplazadas internas procedentes de Chechenia. También organiza programas de formación para abogados de derechos humanos y mesas redondas sobre la situación de los derechos humanos en la región.

En agosto de 2004 la Fiscalía de Ingushetia concluyó que 12 comunicados de prensa emitidos por el Comité Checheno de Salvación Nacional eran de carácter “extremista” y tenían por objeto incitar al odio entre personas de etnia chechena y de otras nacionalidades. Los comunicados de prensa en cuestión contenían información acerca de detenciones arbitrarias y presuntas torturas y malos tratos de personas de etnia chechena en Ingushetia. Se emitieron después de que grupos armados perpetraran un ataque contra edificios del gobierno en Ingushetia en junio de 2004, tras el que las autoridades detuvieron a varios chechenos que residían en centros de alojamiento temporal en Ingushetia, acusándolos de participar en el ataque.

Amnistía Internacional ha visto los comunicados de prensa y no considera que tengan carácter “extremista”.⁶En un principio, un tribunal de Nazran, Ingushetia, no encontró razones para considerar los comunicados de prensa como material “extremista”. Sin embargo, en febrero de 2005, el Tribunal Supremo de Ingushetia anuló esta decisión y ordenó al tribunal que examinase de nuevo el contenido de los comunicados. Ruslan Badalov, presidente del Comité Checheno de Salvación Nacional, pidió a varios expertos independientes que analizasen los comunicados de prensa. Entre ellos se encontraba la ONG Consejo de Expertos Legales Independientes, que trabaja para ofrecer opiniones de expertos en varios casos de presuntas violaciones de derechos humanos, incluida la violación del derecho a la libertad de asociación. Ruslan Badalov también encontró a miembros de la Academia Rusa de las Ciencias y de institutos lingüísticos de universidades del Cáucaso septentrional dispuestos a facilitar análisis y opiniones de expertos en relación con el contenido de estos comunicados de prensa. Todas estas opiniones se presentaron al tribunal de Nazran. A principios de noviembre el tribunal todavía no había adoptado una decisión.

Ruslan Badalov contó a Amnistía Internacional que en agosto de 2007 el Servicio de Registro Federal había ordenado que se llevase a cabo la segunda inspección en un año de las actividades de su organización. Con arreglo a la ley de ONG que entró en vigor en 2006, las autoridades sólo en circunstancias excepcionales pueden inspeccionar más de una vez al año los documentos y actividades de una ONG registrada. Las actividades y las finanzas de la organización se habían revisado recientemente, y toda la documentación solicitada había sido enviada a las autoridades sólo diez días antes de que se recibiese la nueva orden de investigación. Ruslan Badalov afirmó haber recibido una comunicación del departamento ingush del Servicio de Registro Federal, según la cual este organismo había recibido información que apuntaba a que el Comité Checheno de Salvación Nacional podía haber violado la ley de ONG y, por tanto, era necesario llevar a cabo otra inspección. En el momento de redactarse este informe, Ruslan Badlav no había recibido más información acerca de cuáles podían ser estas supuestas violaciones.

Restricciones del derecho a la libertad de reunión

Las autoridades rusas han reconocido en reuniones con defensores y defensoras de los derechos humanos y representantes de otros gobiernos, como los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que durante el último año la respuesta policial a manifestaciones, concentraciones, reuniones y asambleas no ha sido siempre la adecuada en toda la Federación Rusa. También han expresado la intención de mejorar el trabajo de los departamentos gubernamentales que se ocupan de las reuniones y manifestaciones públicas para proteger mejor el derecho a la libertad de reunión. El siguiente incidente es indicativo de los problemas que deben abordarse.

Dispersión por la fuerza de un acto en memoria de Anna Politkovskaya

Tras el asesinato de Anna Politkovskaya el 7 de octubre de 2006, en todo el mundo, incluida la Federación Rusa, se celebraron actos en su memoria. Sin embargo, cuando en Nazran, Ingushetia, activistas de derechos humanos se reunieron el 16 de octubre de 2006 para celebrar un acto conmemorativo, la policía y hombres vestidos de civil los dispersaron violentamente. Al parecer, pisotearon retratos de Anna Politkovskaya y golpearon a las personas que se habían concentrado. Uno de los hombres vestidos de civil asestó un puñetazo a una de las participantes, Ekaterina Sokirianskaia, miembro del Centro de Derechos Humanos Memorial, provocándole una conmoción y fractura del tabique nasal. Un investigador de la Fiscalía de Nazran interrogó a Ekaterina Sokirianskaia sobre la agresión y posteriormente, el 7 de noviembre de 2006, emitió la decisión de no abrir una causa criminal. Esta decisión fue anulada posteriormente por el fiscal adjunto de Nazran y devuelta a la Fiscalía del Distrito para que volviese a ser examinada. Ésta decidió abrir diligencias penales. En el momento de redactar este informe, cuando ha transcurrido más de un año desde la agresión, ninguna persona ha comparecido ante la justicia.

Tras el acto conmemorativo la policía detuvo a al menos cinco personas, tres mujeres y dos hombres, todas ellas activistas locales de derechos humanos. Se las acusó de delitos administrativos. Cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con el departamento de policía de Nazran esa tarde, se le informó de que los detenidos habían tenido acceso a un abogado. Sin embargo, al mismo tiempo, la ONG Memorial informó a Amnistía Internacional de que se había impedido al abogado acceder a los detenidos. Según Memorial, los activistas permanecieron detenidos seis horas, el doble del periodo máximo permitido en el Código Administrativo de la Federación Rusa.

Posteriormente un tribunal estableció que cuatro de los activistas no habían violado ninguna ley. Al quinto, Magomed Mutsolgov, organizador oficial del acto conmemorativo y presidente de la organización de derechos humanos MASHR (véase supra), se le impuso una multa de 1.000 rublos (38 dólares estadounidenses) por haber violado el procedimiento para organizar una concentración. Magomed Mutsolgov explicó a Amnistía Internacional que había seguido al pie de la letra el procedimiento, informando a las autoridades del evento con antelación. Recurrió la sentencia y la multa pero sigue esperando la decisión definitiva. Memorial presentó una denuncia ante un tribunal de Nazran, en relación con la detención ilegal de varios participantes. El tribunal municipal de Nazran y el Tribunal Supremo de Ingushetia han rechazado la denuncia.

Dispersión de manifestaciones contra la desaparición forzada

Durante los últimos años un número significativo de personas han sido víctimas de desaparición forzada o secuestro en Daguestán, según los informes. Un grupo de amigos y familiares de estas personas, denominado Madres de Daguestán por los Derechos Humanosllevó a cabo una concentración el 10 de agosto de 2007 frente al edificio del gobierno en Majachkalá, capital de la república de Daguestán. Su objetivo era pedir que se adopten medidas para poner fin a los secuestros y desapariciones. Varias personas que participaban en la concentración también comenzaron una huelga de hambre para llamar la atención sobre la situación de los derechos humanos en la república, en especial sobre el problema de los secuestros y las desapariciones forzadas. Los organizadores de la concentración explicaron a Amnistía Internacional que, de acuerdo con la ley, habían anunciado su intención de celebrar la concentración a las autoridades y habían proporcionado la información necesaria 10 días antes del evento.

Según algunos testigos, entre 30 y 40 mujeres y hombres se reunieron a lo largo de la tarde del 10 de agosto frente al edificio del gobierno, portando pancartas. Sin embargo, la policía hizo su aparición e informó a uno de los organizadores de que la concentración no estaba autorizada y de que debían marcharse. A pesar de que los organizadores dijeron a los policías que tenían permiso para celebrar el acto, uno de los agentes ordenó a sus colegas que dispersaran a los participantes.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, la policía comenzó entonces a golpear a hombres y mujeres haciendo uso de sus porras y los sacó a la rastra de la plaza. Al menos una de las mujeres, Gulnara Rustamova, recibió un golpe en la cabeza y sufrió una posible conmoción. Tres días más tarde informó a Amnistía Internacional de que todavía se sentía mareada y tenía dificultad para recordar algunas cosas.

Según Gulnara Rustamova, el número de policías era muy superior al de manifestantes.

Gulnara Rustamova contó a Amnistía Internacional que la policía había detenido presuntamente a tres hombres y los había conducido al departamento de policía del distrito de Sovietskii en Majachkalá. Según los informes, uno de los hombres no había participado en la concentración, sino que era un testigo que intervino para detener los golpes de la policía. Lo liberaron ese mismo día. El segundo detenido, Murtuz Shakhrulaev, fue puesto en libertad al día siguiente, y el tercero, Izmail Butdaev, el 12 de agosto.

La hermana de Izmail Butdaev informó a Amnistía Internacional de que éste no había tenido acceso a un abogado durante su detención y de que las autoridades habían afirmado que lo habían liberado en el plazo de tres horas permitido por la ley en tales casos, aunque su hermano permaneció en el departamento de policía más tiempo. Lo acusaron de “negarse a obedecer órdenes de la policía” (artículo 318.1 del Código Penal de la Federación Rusa).

El 15 de agosto, un tribunal de Majachkalá absolvió a Izmail Butdaev y declaró que las Madres de Daguestán por los Derechos Humanos no habían violado la ley que regula las reuniones, concentraciones, manifestaciones y procesiones. Según los informes, el tribunal estableció que la policía no había actuado conforme a la ley. Amnistía Internacional no ha tenido conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento disciplinario o penal contra la policía por dispersar la concentración utilizando medios violentos, infligir malos tratos a los participantes, practicar detenciones arbitrarias o quebrantar el derecho constitucional a celebrar reuniones públicas. Las Madres de Daguestán por los Derechos Humanos siguen pidiendo información acerca de la suerte y el paradero de sus familiares.

Persecución contra una organización de derechos humanos y activistas políticos

Stanislav Dmitrievskii y otros miembros de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena

Stanislav Dmitrievskii, originario de la ciudad de Nizhnii Novgorod, ha sido objeto de una presión creciente por sus críticas implacables a la situación de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional y por su activismo político. Comenzó su trabajo de derechos humanos durante el primer conflicto checheno (1994–1996), y en 1999 fundó junto con varios activistas rusos y chechenos la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. Esta organización prestaba apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaba ayuda médica para las víctimas del conflicto e informaba acerca de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.⁷Junto a otras ONG de derechos humanos de Nizhnii Novgorod, también publicaba el boletín Pravozashchita.⁸

Durante varios años Amnistía Internacional ha seguido muy de cerca la situación de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena y tiene conocimiento de varios casos de miembros del personal y voluntarios de la ONG que han sufrido violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.⁹Varios miembros chechenos de la ONG decidieron abandonar la Federación Rusa después de haber recibido graves amenazas. El 9 de enero de 2004, agentes encargados de hacer cumplir la ley se llevaron de su domicilio en Argun, Chechenia, a Aslan Davletukaev, voluntario de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. Su cuerpo fue encontrado, mutilado, el 16 de enero de 2004 cerca de la ciudad de Gudermes, Chechenia. Su familia sigue esperando que los responsables de su muerte comparezcan ante la justicia.

En 2005 Stanislav Dmitrievskii fue acusado de fomentar la enemistad étnica y racial por publicar artículos en Pravozashchita escritos por dirigentes separatistas chechenos. El 3 de febrero de 2006 fue declarado culpable de “incitación al odio o la enemistadracial o étnica” en aplicación del artículo 282.2 del Código Penal ruso. Un tribunal de distrito de Nizhnii Novgorod le impuso una condena condicional de dos años y un periodo de libertad vigilada de cuatro. Durante este periodo de cuatro años, Stanislav Dmitrievskii tiene que informar a las autoridades de cualquier cambio de residencia o planes de viaje, y tiene que presentarse periódicamente ante las autoridades locales.Amnistía Internacional no considera que el material publicado porStanislav Dmitrievskii contuviera incitaciones a la enemistadétnica y racial; si Stanislav Dmitrievskii hubiese sido encarcelado, Amnistía Internacional lo consideraría preso de conciencia.

Tras su condena, un tribunal de Nizhnii Novgorod ordenó el cierre de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena en octubre de 2006. Según la ley rusa sobre ONG, una persona que ha sido declarada culpable de delitos considerados de índole “extremista” no puede ser miembro de una ONG y mucho menos presidirla.¹⁰

En enero de 2007, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa confirmó esta decisión. Tras la audiencia en el Tribunal Supremo, Stanislav Dmitrievskii explicó a Amnistía Internacional que la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena acudiría al Tribunal Europeo de Derechos humanos de Estrasburgo para pedir justicia. Dijo:

La decisión del Tribunal Supremo es peligrosa para la sociedad civil y para Rusia en su conjunto. Es una decisión política e ilustra claramente que a las autoridades rusas no les importa la sociedad civil. Transmite una señal equivocada y no le ha pasado desapercibida a la comunidad internacional. En nuestra apelación hemos demostrado que la resolución inicial del tribunal de Nizhnii Novgorod fue ilegal. La decisión del Tribunal Supremo nos plantea una serie de problemas administrativos, pero no detendrá nuestro trabajo en favor de los derechos humanos.

El 17 de agosto de 2007, el tribunal de distrito de Sovietskii, en Nizhnii Novgorod decidió imponer unas restricciones más estrictas a Stanislav Dmitrievskii. La decisión del tribunal se produjo en respuesta a un recurso presentado por la sección de Nizhnii Novgorod del Departamento Central de Ejecución de Penas. El recurso se había presentado después de que Stanislav Dmitrievskii organizase y participase en una “marcha de disidentes” en Moscú en abril de 2007, acto por el que fue declarado culpable de violar el Código Administrativo de la Federación Rusa. Los organizadores de la marcha habían previsto celebrar una concentración en la Plaza de Pushkin en Moscú, que las autoridades no habían autorizado. Stanislav Dmitrievskii fue detenido cerca de la plaza de Pushkin, antes del comienzo de la manifestación, mientras repartía ejemplares de la Constitución rusa. Esta decisión, si llega a aplicarse, significaría que cualquier violación del Código Administrativo podría conducir al levantamiento del carácter condicional de la condena de Stanislav Dmitrievskii y a su consiguiente encarcelamiento. Incluso una simple infracción administrativa, como cruzar la calle con el semáforo en rojo para los peatones, podría provocar su ingreso en prisión. Stanislav Dmitrievskii recurrió contra la decisión del tribunal de distrito y el 26 de octubre de 2007, el tribunal municipal de Nizhnii Novgorod admitió su recurso y ordenó que el caso fuese revisado por otro juez del tribunal de distrito. Finalmente, el 23 de noviembre, éste decidió una vez más imponer restricciones a Stanislav Dmitrievskii.

En abril de 2007, varios ex miembros de la Sociedad de Amistad Ruso-Chechena crearon una nueva organización, la Fundación de Apoyo a la Tolerancia de Nizhnii Novgorod, mientras intentaban registrar de nuevo la primera en Finlandia y continuaban con el trabajo de la Agencia de Información Ruso-Chechena.¹¹A finales de agosto de 2007, la Fiscalía confiscó los ordenadores de la Fundación e inició un procedimiento penal en relación con el posible uso sin licencia de los programas utilizados en ellos. La Fundación había previsto celebrar una conferencia internacional sobre derechos humanos y democracia la víspera del aniversario del asesinato de Anna Politkovskaya, pero a mediados de septiembre la sección local del banco donde tenía sus cuentas comunicó a su tesoreroque ya no podían aceptarla como cliente. Según Oksana Chelysheva, presidenta de la Fundación y directora de la Agencia de Información Ruso-Chechena, el banco había recibido informes de que la Fundación era sospechosa de ser una “organización extremista”. El 5 de octubre, día en que estaba prevista la conferencia, se comunicó a los organizadores que la sala reservada previamente para su celebración no estaba disponible. Al día siguiente, la Fiscalía de Nizhnii Novgorod llevó a cabo un nuevo registro de los locales de la Fundación. La policía confiscó el vehículo de uno de los voluntarios de la organización durante varias horas bajo sospecha de que era robado, aunque el propietario estaba sentado en su interior y podía facilitar la documentación que confirmaba su titularidad. El 6 de octubre, cinco representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, que se encontraban en Nizhnii Novgorod para asistir a la conferencia, permanecieron varias horas detenidos por el Servicio Federal de Migración, y se les impusieron multas por violación del código administrativo.

En aquel momento se supo que las autoridades rusas habían presionado a la presidencia española de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para que no registrase a la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena como participante en una conferencia de la OSCE prevista para el 13 de septiembre de 2007 en Viena. La delegación rusa afirmó que la ONG se había visto implicada en actos de terrorismo y extremismo y amenazó con abandonar la conferencia si participaba. Cuando Oksana Chelysheva tomó la palabra en la Reunión de Aplicación sobre Cuestiones de la Dimensión Humana, organizada por la OSCE en octubre de 2007 en Varsovia, la delegación rusa abandonó la sala en señal de protesta.

Recomendaciones

De acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones internacionales de la Federación Rusa, debe respetarse a las personas que intentan observar y documentar las violaciones de derechos humanos y proporcionar asistencia a las víctimas de tales violaciones. Debe reconocerse su trabajo como un elemento esencial en la protección de los derechos humanos en la Federación Rusa.

Recomendaciones a las autoridades de la Federación Rusa:

• Que respeten y protejan el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los profesionales de la abogacía a realizar su trabajo sin obstáculo, intimidación o acoso, de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.

• Que garanticen el respeto del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Que emitan directrices claras para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acerca del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, de acuerdo con las normas internacionales.

• Que garanticen que todas las violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas son investigadas sin demora y de modo exhaustivo, independiente e imparcial, y que las personas sospechosas de tales violaciones comparecen ante la justicia.

• Que se abstengan de proferir amenazas y de presentar denuncias y acusaciones no probadas, como tachar de “terroristas” o “extremistas” a defensores y defensoras de los derechos humanos que se limitan a ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Recomendaciones a otros gobiernos:

• Que recuerden a las autoridades de la Federación Rusa su obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, especialmente en el Cáucaso septentrional.

• Que, en sus visitas a la Federación Rusa, mantengan reuniones con defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y periodistas, especialmente del Cáucaso septentrional.

Recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros:

• Que apliquen en su totalidad las Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos.