Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: EUR 58/005/2005 (Público)

Servicio de Noticias 173/05

23 de junio de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR580052005

Kirguistán: No a la expulsión de refugiados uzbekos

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de Kirguistán para que no devuelvan a Uzbekistán a 29 personas que han pedido protección internacional en el país.

“La devolución de estas personas violaría las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional de refugiados –ha señalado la organización–. Hay razones fundadas para creer que si son devueltas estarán expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos y una flagrante negación de justicia. Podrían ser torturadas, e incluso ejecutadas tras ser sometidas a un juicio injusto.”

Estos 29 refugiados, cuya devolución a Uzbekistán se teme que sea inminente, figuran entre los centenares de personas que huyeron de la ciudad de Andizhan a raíz de los sucesos del 13 mayo, cuando, según informes, las tropas del gobierno dispararon contra millares de manifestantes, pacíficos y desarmados en su mayor parte. Según informes, el 22 de junio, el fiscal general en funciones de Kirguistán, Azimbek Beknazarov, calificó a estas 29 personas que solicitaban protección de “delincuentes” fugados de la prisión de Andizan. Los informes indican que al final de la semana pasada las sacaron del campo de refugiados de Besh-Kana y las llevaron a un centro de detención de Osh.

Al parecer, el 21 de junio, las autoridades kirguises pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que entablara procedimientos de determinación de casos de asilo para los 29 detenidos a fin de evaluar su situación. Sin embargo, de acuerdo con los informes recibidos por Amnistía Internacional, ya se han firmado las órdenes de extradición de los 29, que podrían, por tanto, ser devueltos a Uzbekistán en cualquier momento, aunque el ACNUR no haya determinado aún si deben recibir protección internacional en calidad de refugiados.

La ONU indicó el 22 de junio en una declaración que la decisión de devolver a personas que hayan solicitado protección internacional anulará las garantías ofrecidas por las autoridades kirguises al secretario general de la ONU, Kofi Annan. En una declaración pública conjunta, hecha el mismo día, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, expresaron su temor de que los 29 detenidos fueran devueltos a Uzbekistán con independencia de que se los considerara o no refugiados en virtud del derecho internacional.

"Las autoridades de Kirguistán deben facilitar al ACNUR el desempeño de su mandado de protección de los refugiados –ha manifestado Amnistía Internacional–. Han de cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional de refugiados y no devolver a estas personas ni a ninguna otra a un país donde estén expuestas a sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura y malos tratos. Las violaciones graves de derechos humanos, incluidas tortura y juicios injustos, son práctica generaliza y sistemática en Uzbekistán."

Información complementaria

Durante la noche del 12 al 13 de mayo de 2005, un grupo de hombres armados irrumpieron en la cárcel de la ciudad de Andizhan y, según informes, liberaron a centenares de presos. También tomaron rehenes y ocuparon un edificio del gobierno local. Durante todo el día, millares de personas se congregaron en una plaza de la ciudad; muchas de ellas pidiendo justicia y el fin de la pobreza. En algunos momentos, las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra la multitud, matando e hiriendo a manifestantes, la mayoría de los cuales iban desarmados. Según informes, al anochecer las fuerzas de seguridad rodearon a los millares de manifestantes congregados en la plaza principal de la ciudad y comenzaron a cercarlos con autobuses, vehículos blindados para transporte de personal y otras barreras. Según testigos, centenares de hombres, mujeres y niños murieron al disparar las tropas del gobierno contra la multitud congregada en la plaza y contra los que huían de allí. Centenares de personas huyeron del país y pidieron protección internacional en el vecino Kirguistán.

El 16 de junio, la Fiscalía General de Uzbekistán manifestó que iba a pedir la extradición de 131 de los refugiados, a los que, según informes, había “identificado como participantes directos en los actos de terrorismo de Andizhan". Las autoridades uzbekas han llamado públicamente al campo de refugiados “campo terrorista”. El 9 de junio, agentes de los servicios kirguises de Seguridad Nacional se llevaron del campo a 16 hombres para interrogarlos en un centro de detención de la ciudad de Yalalabad. Cuando el personal del ACNUR tuvo acceso al centro de detención 24 horas después, cuatro de los hombres habían sido devueltos ya a Uzbekistán. Se teme que los cuatro se encuentren recluidos en régimen de incomunicación. Como señalaron los altos comisionados de la ONU en su declaración pública del 22 de junio, “ningún organismo internacional ha tenido acceso a ellos desde que fueron entregados a las autoridades uzbekas".

El riesgo de sufrir tortura es especialmente grande durante la detención en régimen de incomunicación.

Algunas de las centenares de personas que están pidiendo protección internacional en Kirguistán han hablado con representantes de Amnistía Internacional y han contado que temen que las torturen si son devueltas a Uzbekistán.

Kirguistán está obligado por el derecho internacional, incluidas la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en las que es Estado Parte, a no devolver a ninguna persona a un país o territorio donde esté expuesta a sufrir violaciones graves de derechos humanos.