Document - Uzbekistan: The government should ensure the concrete and effective implementation of the recommendations of the UN Committee against Torture as a matter of priority

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Índice AI: EUR 62/008/2007 (público)
Servicio de Noticias: 236/07
7 de diciembre de 2007

http://www.amnesty.org/es/report/info/EUR620082007

Uzbekistán: El gobierno debe dar prioridad a garantizar la aplicación concreta y efectiva de las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura

Amnistía Internacional insta al gobierno de Uzbekistán a que adopte medidas efectivas para aplicar en la práctica las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que hizo públicas sus Observaciones finales y recomendaciones el 23 de noviembre de 2007. El Comité había examinado los días 9 y 11 de noviembre el tercer informe periódico de Uzbekistán sobre el cumplimiento por este país de la Convención contra la Tortura de la ONU y las respuestas escritas de Uzbekistán a una lista de cuestiones planteadas por el Comité en mayo, con anterioridad al periodo de sesiones.

En sus conclusiones, el Comité contra la Tortura reitera su preocupación por las numerosas, continuas y constantes alegaciones relativas al uso habitual de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y lamenta que no se realizaran investigaciones sin demora e imparciales sobre estas alegaciones, motivos de preocupación ambos que comparte Amnistía Internacional desde hace tiempo.

Hacen falta medidas más concretas y positivas, como la introducción del hábeas corpus (supervisión judicial de la detención) y la abolición de la pena de muerte –que entrará en vigor el 1 de enero del 2008 y que el Comité contra la Tortura ha acogido con satisfacción– para salvaguardar los derechos de los ciudadanos de Uzbekistán y ofrecerles protección frente a acciones arbitrarias de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de otros funcionarios estatales.

Pese a que las leyes promulgadas por las autoridades salvaguardan los derechos de los detenidos, las normas internas dejan a discreción de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si permiten o no a los detenidos el acceso a un abogado de su elección, a su familia y a asistencia médica. El Comité expresó su preocupación porque estas normas crean condiciones en las que se sancionan prácticas abusivas. Un ejemplo de estas prácticas es, según informes, la paliza propinada en detención, a finales de noviembre de este año, a Ikhtior Khamroev, que cumple una pena de tres años de prisión por vandalismo. Ikhtior Khamroev es hijo del defensor de derechos humanos Bakhrom Khamroev, a quien otros reclusos le contaron que los guardias penitenciarios habían dado a Ikhtior una paliza brutal, y que también había sufrido heridas de arma blanca, aunque no estaban claras las circunstancias en que se produjeron. Los presos afirmaron que no recibió tratamiento médico y que fue encerrado en una celda de castigo. El director de la prisión se ha negado a facilitar información sobre el estado de salud de Ikhtior Khamroev y su paradero exacto. Tampoco ha permitido que Bakhrom Khamroev o un abogado le visiten. La ausencia en la práctica de un sistema totalmente independiente para supervisar los centros de detención agrava las dificultades de investigar denuncias de malos tratos como esta, así como el desasosiego de los familiares. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que garanticen que, en la práctica, todos los centros de detención están supervisados por organizaciones independientes nacionales e internacionales sin restricciones, para que las denuncias de tortura y otros malos tratos se investiguen sin demora e imparcialmente.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el llamamiento del Comité contra la Tortura a Uzbekistán para que aplique la tolerancia cero al persistente problema de la tortura y a la práctica de la impunidad, así como su exhortación a las autoridades para que condenen públicamente y sin ambigüedades la práctica de la tortura en todas sus formas. Pese a las reiteradas garantías del gobierno de que está adoptando las medidas necesarias para combatir la tortura, que sepa Amnistía Internacional, las máximas autoridades de Uzbekistán no han hecho ninguna condena pública, rotunda y absoluta, de esta práctica, tal como recomendó el relator especial de la ONU sobre la tortura en el 2003.

Dada la persistente negativa de las autoridades de Uzbekistán a permitir una investigación independiente e internacional sobre los homicidios masivos ocurridos en Andizhan en mayo de 2005, a Amnistía Internacional le ha alentado mucho la recomendación urgente del Comité a las autoridades de Uzbekistán de que adopten medidas efectivas para abrir una investigación completa, efectiva e imparcial sobre los sucesos de mayo del 2005 y de que, con arreglo a las recomendaciones del alto comisionado para los derechos humanos y otros, se haga cargo de esta investigación un grupo de expertos con credibilidad e independientes. El Comité expresó asimismo su preocupación porque las autoridades habían limitado y obstaculizado la supervisión independiente de los derechos humanos tras estos sucesos, dificultando aún más la capacidad para obtener una evaluación fiable o verosímil de los abusos denunciados, incluido determinar la información sobre el paradero y las torturas o malos tratos denunciados de personas detenidas y/o en paradero desconocido.

Información complementaria
Previamente al examen por parte del Comité contra la Tortura del tercer informe periódico de Uzbekistán, Amnistía Internacional había escrito al Comité indicando que gran parte de los motivos de preocupación expuestos por el Comité en el 2002, tras el segundo informe periódico de Uzbekistán, seguían siendo pertinentes y apremiantes, y que muchas de las recomendaciones del Comité aún no se habían llevado a la práctica.

Además, Amnistía Internacional llamó la atención del Comité sobre algunos de sus motivos de preocupación en relación con los sucesos ocurridos en Andizhan en mayo del 2005, cuando centenares de personas, incluidos mujeres y niños, perdieron la vida al abrir fuego las fuerzas de seguridad contra manifestantes en su mayoría pacíficos. Varios centenares de personas, activistas de derechos humanos incluidos, fueron condenadas a largas penas de prisión por su presunta implicación en dichos sucesos, la inmensa mayoría de ellas en juicios celebrados a puerta cerrada o secretos. Hubo alegaciones de que algunos de los procesados habían sido sometidos a tortura u otros malos tratos en el periodo de prisión preventiva. Las autoridades siguen rechazando los llamamientos a favor de una investigación internacional independiente sobre los sucesos de Andizhan e insisten en que las dos rondas de conversaciones de expertos, celebradas bajo los auspicios de la Unión Europea en diciembre de 2006 y abril de 2007, constituyeron una investigación internacional. Aunque Amnistía Internacional acogió con satisfacción estas conversaciones de expertos, cree que dicha iniciativa no puede sustituir una investigación internacional independiente sobre los sucesos de Andizhan. Las conversaciones de expertos no se atuvieron a las normas internacionales para una investigación efectiva, independiente e imparcial, incluidos los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de la ONU.