[EMBARGADO HASTA: 4 de septiembre de 2003]	Público

Amnistía Internacional

Serbia y Montenegro

Presuntas torturas durante la “Operación Sable”

Serbia y Montenegro

Presuntas torturas durante la “Operación Sable”

Información general

El 12 de marzo de 2003, fue asesinado el primer ministro Zoran Đinđić. Inmediatamente después del asesinato, las autoridades declararon el estado de excepción que duró hasta el 22 de abril. Asimismo, las autoridades pusieron en marcha la “Operación Sable”, una operación represiva a gran escala contra elementos del crimen organizado, que las autoridades consideran están detrás del asesinato. El 21 de abril, el Ministerio del Interior anunció que más de 10.000 personas habían sido detenidas durante el estado de excepción, de las cuales unas 4.500 seguían recluidas.

El 3 de abril, con ocasión de la adhesión de Serbia y Montenegro al Consejo de Europa, Amnistía Internacional expresó públicamente su preocupación porque algunos aspectos de la normativa de excepción podrían dar lugar a violaciones de derechos humanos.¹La organización expresó especial preocupación por las normas que permitían que el Ministerio del Interior detuviera a personas durante un máximo de 30 días sin acceso a un abogado ni a su familia, y sin que la detención fuera autorizada por un órgano judicial competente, lo que infringe las normas internacionales.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado que el derecho de hábeas corpus, aún en estados de excepción, no puede ser objeto de suspensión.²Las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanosestablecen que el derecho a comparecer ante un órgano judicial para que se efectúe una revisión de la detención debe respetarse en cualquier situación de excepción e incluso durante conflictos armados.³En aquella ocasión, Amnistía Internacional declaró que, dadas las continuas denuncias de tortura y malos tratos por parte de la policía a los detenidos –denuncias que Amnistía Internacional ha planteado en repetidas ocasiones a las autoridades de Serbia y Montenegro⁴– un periodo de incomunicación tan largo para centenares de detenidos constituía un motivo de preocupación.

El 11 de abril, la Asamblea serbia aprobó una serie de enmiendas a la Ley sobre Organización y Jurisdicción de las Autoridades Gubernamentales en la Supresión del Crimen Organizado, que vulneraban con más claridad aún las normas internacionales. En concreto, las enmiendas permitían que el Ministerio del Interior autorizase la detención por un máximo de 60 días, sin autorización de un tribunal u órgano judicial. El 5 de junio, ante las críticas generalizadas provenientes de numerosos sectores, Amnistía Internacional entre ellos, el Tribunal Constitucional de Serbia resolvió que las enmiendas eran anticonstitucionales y las suspendió.

Amnistía Internacional pidió que se llevase ante la justicia a todos los responsables del asesinato del primer ministro Đinđić, pero subrayando que los esfuerzos para hacerlo debían llevarse a cabo respetando las normas internacionales y sin recurrir a la tortura.

Serbia y Montenegro (como la República Federativa de Yugoslavia) ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en todos los casos y circunstancias, al igual que el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que Serbia y Montenegro firmó al adherirse al Consejo de Europa.

Preocupación de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional siente una gran preocupación por las denuncias detalladas sobre torturas infligidas por las fuerzas de seguridad a los detenidos en relación con la “Operación Sable” que incluyen la asfixia mediante la colocación con cinta adhesiva de bolsas de plástico u otros materiales en la cabeza, palizas, descargas eléctricas en la cabeza y el cuerpo y simulacros de ejecución.

Presuntas torturas

Las primeras denuncias detalladas de tortura a personas detenidas durante la “Operación Sable” fueron publicadas por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) de Londres el 4 de junio de 2003.⁵El IWPR informó de que muchas de estas personas sólo querían hablar de forma anónima debido al temor de ser detenidas de nuevo o sufrir otras formas de presión oficial. No obstante, algunas de ellas han realizado declaraciones públicas, mientras que otras que permanecen detenidas han hecho públicas sus denuncias a través de sus abogados o familiares. Tras la publicación del informe del IWPR, un delegado de Amnistía Internacional visitó Serbia en julio. El delegado reunió datos que confirmaba el informe del IWPR así como información de muchos otros casos de tortura y malos tratos. Amnistía Internacional escribió a las autoridades serbias expresando su preocupación. En el momento de redacción de este documento, todavía no se había recibido ninguna respuesta de las autoridades serbias.

Amnistía Internacional considera que los casos de tortura que se exponen a continuación son ilustrativos del uso extendido de la tortura por parte de la policía, especialmente contra quienes son considerados delincuentes de relativamente poco nivel, por lo que suelen estar lejos de la mirada del público y es probable que sus denuncias no reciban mucha difusión.

Sandra Petrović informó a Amnistía Internacional de que su marido, Goran Petrović, nacido en 1967, y su hermano, Igor Gajić, nacido en 1973, fueron detenidos en Kruševac el 14 de marzo y recluidos en régimen de incomunicación hasta el 13 de mayo. Durante este tiempo, fueron presuntamente torturados por agentes de la policía con el fin de obtener confesiones de extorsión. Sandra Petrović informó a Amnistía Internacional de que tras 15 días recluido en Kruševac, Goran Petrović había sido trasladado a la prisión de Čuprija donde agentes de la policía lo llevaron a un bosque cercano, le cubrieron la cabeza con una bolsa y presuntamente le dieron una paliza tan fuerte que le produjeron daños en la columna vertebral. Cuando ella lo volvió a ver, el 13 de mayo, todavía tenía dificultades para andar. Sandra Petrović indicó que la paliza fue tan brutal que, según los informes, el director de la prisión de Čuprija no quiso admitirle en tal estado. En su lugar, fue llevado a un centro de reclusión en Varvarin, donde permaneció 10 días para recuperarse parcialmente antes de ser devuelto a la prisión de Čuprija. En mayo, fue llevado a Kruševac para comparecer ante un juez instructor.

Sandra Petrović informó a Amnistía Internacional de que su hermano, Igor Gajić, fue igualmente llevado al bosque donde agentes de la policía le cubrieron la cabeza con una bolsa y le propinaron una paliza. Asimismo indicó que durante el periodo de detención también fue torturado mediante descargas eléctricas en el cuerpo tras haber sido mojado con agua, y también en este caso con la cabeza tapada con una bolsa. En mayo fue llevado a Kruševac para comparecer ante un juez instructor, a quien pidió que registrara formalmente sus denuncias de tortura.

Marija Jotić informó a Amnistía Internacional de que su marido, Zoran Jotić, nacido en 1955, fue detenido al mismo tiempo que Goran Petrović; 15 días después, fue llevado a Niš y, al igual que Goran y su hermano, fue presuntamente golpeado mientras tenía la cabeza cubierta con una bolsa. También indicó que había sido golpeado con la culata de una pistola en la cabeza y había sido víctima de un simulacro de ejecución. Cuando le volvió a ver el 15 de mayo en Kruševac, donde compareció ante un juez instructor, tenía hematomas por todo el cuerpo y se quejaba de que sufría dolores de cabeza debido a las presuntas palizas.

Estos tres hombres fueron acusados en Kruševac en el mes de mayo, momento en el que sus familiares y abogados pudieron visitarlos por primera vez. Una vez trasladados a Belgrado, sus familiares no volvieron a tener noticia de su paradero hasta que sus abogados, al cabo de cinco o seis días, consiguieron averiguar donde estaban recluidos. En julio, mes en el que tuvo lugar la visita de Amnistía Internacional a Serbia, los tres seguían detenidos en la Prisión Central de Belgrado.

Vladen Kojić, procedente de Kruševac, también fue detenido el 14 de marzo. Su esposa, Violeta, dijo al IWPR que su esposo fue tan brutalmente golpeado tras la detención que ahora tenía dificultades para andar, que presa de la desesperación había intentado suicidarse en dos ocasiones cortándose las venas y que lo habían llevado al Hospital Militar de Belgrado. Su abogado, Momir Vučković, corroboró las denuncias realizadas al IWPR y afirmó: “Nunca, en toda mi vida, he visto a un hombre tan brutalmente golpeado. No hay una sola parte de su cuerpo sin hematomas.” Del mismo modo, confirmó al IWPR que Vladen Kojić había intentado suicidarse y le había dicho en una ocasión: “Prefiero matarme a dejar que me maten”.

Otro hombre de Kruševac, Slavoljub Marinković, fue igualmente detenido el 14 de marzo. El 26 de mayo, su mujer Emina contó al IWPR lo siguiente:

“Vi a mi marido el viernes pasado [23 de mayo] en la prisión de investigación de Kruševac. Apenas pude reconocerle. Había perdido 12 kilos y tenía la nariz rota. Había manchas de sangre en la ropa que me llevé de la prisión. Tenía las rodilleras de los pantalones rotas, probablemente de permanecer de rodillas.

“Me dijo que los [a él y a los otras personas detenidas aquel día] habían llevado a un bosque. Le cubrieron la cabeza con una bolsa. Es allí donde los golpearon.

“Mi marido me dijo que lo habían golpeado en cuatro ocasiones, dos de ellas después de que se levantara el estado de excepción. Dice que le hicieron confesar mediante torturas delitos que él no había cometido para incriminarle.”

El abogado de Slavoljub Marinković, quien en su día pidió al IWPR que no revelara su nombre, afirmó el 26 de mayo que sólo se le había permitido ver a su cliente en una ocasión y declaró lo siguiente: “Mi cliente no se parece a la persona que conocí antes de que lo detuvieran. Sufre trastornos mentales y ha intentado suicidarse.”

A pesar de que, como se ha indicado anteriormente, la mayoría de los presuntos casos de tortura están relacionados con delincuentes de relativamente poco nivel, un caso destacado tuvo como protagonista al Fiscal adjunto, Milan Sarajlić, nacido en 1950, que fue detenido el 19 de marzo y recluido en régimen de incomunicación hasta el 11 de abril. Lo llevaron a la tristemente famosa comisaría “del 29 de noviembre"⁶de Belgrado donde, tal y como se informó a Amnistía Internacional, muchos otros detenidos también fueron presuntamente torturados antes y durante la “Operación Sable”. Su mujer, Danila, y un abogado de la familia, informaron a Amnistía Internacional de que, aunque no podían divulgar detalles acerca de los cargos formulados en su contra,⁷sí podían divulgar información sobre la presunta tortura que había sufrido puesto que también se había hecho llegar oficialmente a un juez instructor. Según alegaron, durante un periodo de tiempo prolongado fue torturado con descargas eléctricas en las sienes, mientras, al igual que en casos anteriores, tenía la cabeza cubierta con una bolsa. Asimismo, afirmaron que había sido sometido a diversos tipos de presión psicológica, como amenazas de muerte contra su hija, y que en tres ocasiones había sido transportado en el maletero de un automóvil, con una bolsa cubriéndole la cabeza, a un lugar desconocido donde lo sometieron a simulacros de ejecución mediante disparos de fusil. Como resultado de este trato durante su detención, había perdido más de 20 kilos de peso y sufría problemas psiquiátricos, estos últimos confirmados por el Instituto de Neurología, Psiquiatría y Salud Mental de Novi Sad⁸, lugar al que fue trasladado mientras estaba detenido. Más tarde fue trasladado al hospital prisión de Belgrado.

Un abogado de Belgrado, Nikola Nikolić, informó a Amnistía Internacional de que había trabajado en siete casos de personas que habían sido detenidas durante la “Operación Sable”. Tras la detención, todas ellas fueron llevadas a la comisaría “del 29 de noviembre" de Belgrado. Al parecer, a todas les cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y cinco de los detenidos presuntamente recibieron descargas eléctricas en la cabeza y palizas. Todos ellos fueron liberados pero, salvo uno, ninguno quiso hacer público el trato recibido por miedo a volver a ser detenidos o a ser objeto de otras formas de presión oficial. La excepción fue Milan Vuković, el dueño de un restaurante de Belgrado.

Fue detenido el 13 de marzo y recluido durante un mes, antes de ser liberado sin cargos. Su testimonio, hecho público por el IWPR, es el siguiente:

“Un grupo de cinco o seis agentes de la policía enmascarados me ataron las manos a una silla que estaba fijada al suelo y me cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico. Al cabo de un rato agoté el aire que había en ella. La bolsa se me pegó a la cara y empecé a tener dificultades para respirar. Cuando resultó evidente que me estaba ahogando, pincharon la bolsa. Jugaron a lo mismo dos veces.

“Me exigieron que admitiese que era traficante de drogas y de armas y mafioso, y que había llevado a cabo comercio ilegal de aceite, cigarrillos y divisas. No me golpearon. Pero cuando estuve en la Prisión Central de Belgrado, vi en los vestíbulos y pasillos decenas de personas que habían sido golpeadas .”

Mihajlo Čolović, nacido en 1977 y procedente de Arandjelovac, fue detenido durante la “Operación Sable” junto con otras dos personas, Vladan Radojičić y Zoran Vičentijević. En una declaración firmada ⁹con fecha de 8 de mayo de 2003 entregada al juez instructor del caso, Mihajlo Čolović alegó que el jefe de policía ¹⁰lo azotó con un cable de teléfono, le propinó puñetazos y patadas, y lo golpeó con una porra para obligarle a incriminar a Vladan Radojičić. Čolović informó al IWPR de que sufrió rotura de tímpano a consecuencia de los presuntos malos tratos y de que había requerido tratamiento médico.

Otro abogado, Miroslav Todorović-Šera, informó a Amnistía Internacional de otros casos de presunta tortura a personas detenidas durante la “Operación Sable”. Se trata de un antiguo juez que sufrió en el pasado a manos de las autoridades.¹¹Además fue miembro fundador del grupo de oposición Otpor (Resistencia). Según informó a Amnistía Internacional, debido a su reputación, muchos de los detenidos durante la “Operación Sable” y posteriormente liberados acudieron a él, y muchos de ellos todavía presentaban señales visibles de malos tratos, presuntamente infligidos por la policía. El 23 de julio publicó una declaración abierta sobre el gran número de denuncias de torturas y ha desempeñado un papel decisivo en una acción legal que insta a que no se utilicen los informes policiales elaborados durante la “Operación Sable” debido al uso extendido de la tortura y a la naturaleza inconstitucional de la legislación promulgada para combatir el crimen organizado.

Entre los casos de sus clientes estaba el de Djordje Krsmanović, detenido a principios de abril por delitos relacionados con las drogas. Djordje Krsmanović recibió presuntamente una brutal paliza cuando fue detenido por miembros de la célebre unidad especial antiterrorista SAJ¹². Tras ser detenido, fue víctima de presuntas graves torturas en la comisaría “del 29 de noviembre”. Al parecer, le cubrieron la cabeza con una funda de almohada y una bolsa de plástico y lo torturaron durante 11 horas. En un determinado momento, fue presuntamente golpeado por tres mujeres agentes de policía. Según los informes, sufrió fractura de cráneo y lesiones en los riñones a resultas de las presuntas palizas; además, cuando el abogado lo vio a finales de junio tenia los ojos morados.

Otro cliente de Miroslav Todorović-Šera, Dragan Lukić, acusado de falsificar números de serie de motores, también fue presuntamente golpeado en la comisaría “del 29 de noviembre”. Miroslav Todorović-Šera informó a Amnistía Internacional de que Dragan Lukić había sufrido un derrame cerebral durante su detención y que, a finales de julio, todavía seguía sangrando al defecar debido a los presuntos malos tratos.

Otro cliente, Desimir Grbić, fue detenido el 11 abril y acusado de suministrar una pistola al conocido cantante de folk Aleksandar Vuksanović (también conocido como Aca Lukas). Al parecer, la policía le propinó una paliza inmediatamente después de ser detenido en un vehículo policial y, después, fue víctima de presuntas torturas en la comisaría “del 29 de noviembre” durante un periodo de dos meses. Al parecer, le ataron a un radiador con un saco de tela cubriéndole la cabeza y lo golpearon brutalmente con puños y porras en todo el cuerpo. Al parecer, las palizas fueron tan graves que no podía andar. Las denuncias de malos tratos fueron corroboradas por un funcionario anónimo de la Prisión Central de Belgrado que escribió que Desimir Grbić y otro acusado¹³presentaban lesiones visibles en el cuerpo a consecuencia de los malos tratos recibidos y que cuando comparecieron ante el tribunal del distrito el 10 de junio, habían cambiado su testimonio inicial del que presuntamente la policía les había obligado a firmar mediante torturas.

Esta fuente anónima informó de los casos de otras dos personas¹⁴víctimas de presuntos malos tratos: una de ellas había perdido un testículo a resultas de los golpes y estaba en el hospital prisión de Belgrado, mientras que, al parecer, el otro había sido salvajemente golpeado con la cabeza cubierta con una bolsa, lo que parece haber sido un método de tortura generalizado.

Mientras las anteriores denuncias se centran en la comisaría “del 29 de noviembre” de Belgrado y en el grupo detenido en Kruševac, se han producido denuncias similares de malos tratos infligidos por la policía en otras ciudades. El Centro de Derecho Humanitario, una organización no gubernamental con sede en Belgrado, informó de algunos casos de presunta tortura. Uno de ellos se refería a Snežana Ognjanović, detenida el 11 de abril en Kragujevac por ser sospechosa de tráfico de drogas. Su abogado, que vive en Kruševac, contó a la organización que el tribunal le había designado para estar presente durante el interrogatorio pero que no le permitieron reunirse con su cliente y que ella se limitó a repetir un testimonio que habían preparado. Sin embargo, Snežana consiguió comunicarle discretamente que tenía moretones en los muslos, en las plantas de los pies y en las nalgas, indicios evidentes de que se habían empleado técnicas de tortura como la falaka (consistente en propinar golpes en las plantas de los pies) para obligarle a confesar. Después de aquel día, no le permitieron volver a verla ni pudo consultar su expediente.

Otro caso facilitado por el Centro de Derecho Humanitario fue el de Josip Krušković, detenido el 25 o 26 de abril en Sombor, en la provincia de Vojvodina. Fue presuntamente torturado en la comisaría de Sombor durante dos días inmediatamente después de su detención. Le cubrieron la cabeza (probablemente con un gorro de lana), le esposaron y le propinaron patadas en el cuerpo y la cabeza. Además, fue presuntamente torturado mediante la falaka. Cuando quedó en libertad dos meses después de su detención, a finales de junio, muchos signos visibles de los presuntos malos tratos ya habían desaparecido. No obstante, según los informes, su médico observó que tenía la nariz rota.¹⁵

Borivoje Borović, un abogado de Belgrado, informó a Amnistía Internacional de siete casos de personas detenidas durante la “Operación Sable” en todo el país. De estas siete personas, tres habían sido presuntamente torturadas o víctimas de graves malos tratos: Aleksandar Gačević de Smederevo, Zoran Kovačević de Kraljevo y Nebojša Stojković de Rakovica.

Borovoje Borović también es el abogado de Nikola Maljković, nacido en 1972, y detenido el 27 de octubre de 2002 en relación con el asesinato del anterior jefe de policía de Boško Buha. Si bien su detención no formó parte de la “Operación Sable”, los presuntos malos tratos infligidos por la policía son muy similares a las denuncias detalladas anteriormente.¹⁶

Nikola Maljković fue detenido junto con un amigo¹⁷mientras conducía en la autopista Belgrado-Novi Sad por lo que, según creía, era la policía paramilitar especial. Al parecer, les sacaron del automóvil, les cubrieron la cabeza con sendas bolsas de plástico negro y se los llevaron en un vehículo civil. Presuntamente, los agentes de policía les empezaron a golpear de inmediato. Los llevaron a un bosque cercano donde les separaron. A Nikola Maljković presuntamente le proporcionaron golpes con barras de hierro y le intentaron estrangular, siempre con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. Al parecer, los agentes de policía le dijeron que le estaban cavando una tumba y después le hicieron meterse en lo que le parecía una tumba poco profunda. A continuación fue presuntamente sometido a un simulacro de ejecución, con un disparo cerca de la oreja, tras el que se desmayó de la impresión. Cuando recuperó el conocimiento, le sacaron de la tumba y presuntamente continuaron propinándole golpes. Su amigo también fue golpeado. Nikola Maljković fue examinado en el servicio de urgencias del Centro Clínico de Serbia el 27 de octubre de 2002 y, al día siguiente, ingresó en el hospital de la prisión. En un informe médico del Ministerio de Justicia serbio (Ref: Ki. 1183/02), con fecha de 1 de noviembre de 2002, se detallaban los resultados obtenidos en el servicio de urgencias así como el posterior tratamiento que estaba recibiendo en el hospital de la prisión. De acuerdo con el informe, el paciente tenía un omóplato roto, múltiples hematomas en la espalda y las ingles, y una contusión en la cabeza. El 1 de noviembre de 2002 el ministro del Interior serbio, Dušan Mihailović, negó estas denuncias y, según los informes, declaró a la cadena de radio B92 "Puedo decir, con toda responsabilidad, que la policía no abusó de su autoridad". Asimismo, afirmó que Nikola Maljković fue herido al intentar escapar y oponer resistencia física durante la detención. Sin embargo, Amnistía Internacional observa que las lesiones, tal y como aparecen constatadas en el informe médico, coinciden con las denuncias de malos tratos infligidos por la policía. En noviembre de 2002, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior serbio expresando su preocupación por las denuncias de tortura de Nikola Maljković así como otras preocupaciones por las detenciones relacionadas con el caso de Boško Buha. No se recibió ninguna respuesta de las autoridades serbias.

El papel de la OSCE y la comunidad internacional

Amnistía Internacional reconoce el papel positivo que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) está desempeñando al ayudar a Serbia y Montenegro a superar sus dificultades para establecer el Estado de derecho. En concreto, la OSCE está desempeñando un papel importante al revisar los mecanismos de rendición de cuentas en el sistema policial y penitenciario con el fin de proporcionar asistencia técnica para que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias para ajustar sus métodos de investigación y enjuiciamiento de los autores de abusos a las normas internacionales. La OSCE también ha llamado la atención a las autoridades serbias en repetidas ocasiones sobre el hecho de que el estado de excepción debería tener una duración estrictamente limitada y sobre el hecho de que la legislación adoptada durante el estado de excepción (véase más arriba) debería ajustarse a las normas internacionales.

Sin embargo, a la hora de afrontar las preocupaciones por las posibles violaciones de los derechos humanos en relación con la “Operación Sable”, las declaraciones realizadas por altos funcionarios de la OSCE fueron lo bastante imprecisas como para que los medios de comunicación serbios las tergiversaran. Amnistía Internacional ha observado que la OSCE no ha desmentido públicamente estas malas interpretaciones, a pesar de que su supuesto apoyo de la “Operación Sable” así como la negación de que se hubiesen cometido graves violaciones de los derechos humanos fueron utilizadas por las autoridades serbias en general y por Rasim Ljajić, ministro de Protección de Derechos Humanos y Minorías de Serbia y Montenegro en particular.

En un principio, las preocupaciones de Amnistía Internacional por los posibles casos de tortura y malos tratos a detenidos quedaron en entredicho por las declaraciones realizadas por altos funcionarios de la OSCE después de que representantes de la OSCE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH), fueran autorizados a visitar los días 14 y15 de abril a las personas detenidas durante la “Operación Sable”. Los informes de prensa contribuyeron a crear la impresión de que la delegación formada por miembros del ACNUDH, la OSCE y la OIDDH no había observado ninguna violación de los derechos humanos importante en relación con la “Operación Sable”. Sin embargo, el 6 de mayo, Aleksandar Cvejić de la ACNUDH, durante una mesa redonda sobre las ramificaciones del estado de excepción, afirmó que las conclusiones oficiales de la delegación “diferían bastante de los informes ofrecidos por los medios de comunicación serbios”, y que aunque no podía revelar más detalles, pronto se exigiría al gobierno serbio que presentara un informe a las instituciones internacionales.

Finalmente, las conclusiones de la visita llevada a cabo por la delegación del ACNUDH, la OSCE y la OIDDH se hicieron públicas el 13 de mayo tras haberse filtrado a la prensa serbia. El documento, titulado “Initial findings and recommendations arising from the visit to detainees in Belgrade 14-15 April 2003”, criticaba duramente las condiciones de detención, especialmente en la Prisión Central de Belgrado, que, según el documento, constituían “penas o tratos degradantes incompatibles con el artículo 3 [sic] de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 7 del el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Asimismo, el documento criticaba la continua detención de sospechosos sin supervisión judicial alguna y sin acceso a un abogado defensor. En lo que respecta a las denuncias o preocupaciones por tortura o malos tratos a los detenidos, el documento sólo mencionaba que "la delegación (formada por la ACNUDH y la OSCE, incluida la OIDDH) escuchó denuncias u observó indicios de tortura o malos tratos durante la detención en relación con dos detenidos" pero que "no pudo comprobar la veracidad de dichas denuncias". El documento también afirmaba que "la delegación escuchó relatos sobre formas de interrogar o presionar durante los interrogatorios que parecían inapropiadas, en particular cuando se veían involucradas mujeres jóvenes". En otra parte del documento, la "delegación hacía constar" que habían observado gratas mejoras en comparación con la situación en 2001. Entre estas, la mejora de la relación existente entre los detenidos y los guardias de la prisión. Los detenidos dieron en repetidas ocasiones a la delegación referencias positivas sobre los guardias durante las entrevistas confidenciales mantenidas."¹⁸

Por lo tanto, las conclusiones de la delegación sí hacían referencia a las denuncias de tortura pero de tal modo que, según han informado a Amnistía Internacional fuentes no oficiales, restaban importancia a la gravedad de las violaciones que, de hecho, la delegación había observado. De conformidad con la información recibida por Amnistía Internacional, la delegación vio a un número de personas limitado, y dos de ellas –las dos personas aludidas en el informe– habían sido golpeadas sin lugar a dudas. Según la información llegada a manos de Amnistía Internacional, uno de estos detenidos, con signos visibles de haber recibido malos tratos físicos 20 días después de ser detenido, dijo a la delegación que parecía el “hombre elefante” después de que le propinaran la primera paliza.

Asimismo, la organización ha sido informada de que, durante las visitas de seguimiento llevadas a cabo por los delegados los días 23 de mayo y 8 y 9 de julio, el 25 por ciento de los entrevistados alegaron haber sufrido malos tratos y torturas. En todos los casos, las presuntas torturas parecen haber tenido lugar en comisarías de policía, especialmente en la comisaría "del 29 de noviembre" de Belgrado, o en el momento de la detención. La delegación no había sido informada de ningún caso de presuntos malos tratos o tortura por los funcionarios de la Prisión Central de Belgrado. Además, antes de que una persona pudiera ser admitida en prisión, tenía que ser examinada por un médico de la prisión, quien posteriormente debía redactar un informe sobre su estado de salud. Amnistía Internacional también ha sido informada de que la delegación contaba con autorización para acceder a estos informes médicos que corroboraban las denuncias de tortura y malos tratos.

Recomendaciones

Amnistía Internacional cree que el uso de torturas y malos tratos durante la “Operación Sable” fue extendido. Para averiguar el alcance real, la organización está pidiendo a las autoridades serbias que concedan acceso sin trabas a los representantes de grupos de defensa de los derechos humanos locales e internacionales a cualquier detenido para poderlo entrevistar en privado. Asimismo, la organización hace un llamamiento a la comunidad internacional para que realice una investigación de gran alcance para determinar la naturaleza del problema. Amnistía Internacional también pide:

• Que se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de tortura y malos tratos;

• Que ningún enjuiciamiento se base en confesiones presuntamente obtenidas mediante torturas, malos tratos o coacciones;

• Que los tribunales, en los juicios en los que la principal prueba sea una confesión, realicen una evaluación exhaustiva, incluido el examen detallado de todas las pruebas médicas, para determinar si la confesión se obtuvo con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal antes de admitirla como prueba en el juicio;

• Que todas las víctimas de torturas y malos tratos reciban una compensación adecuada;

• Que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a los que se halle responsables de malos tratos sean sometidos a medidas disciplinarias, y acusados formalmente por la vía penal, en su caso;

• Que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley declarados culpables de torturas o malos tratos graves sean objeto de las sanciones penales apropiadas, y expulsados de inmediato de la fuerza policial.