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11 de junio de 1998

DECLARACIÓN PÚBLICA

República Federativa de Yugoslavia: Recomendaciones de Amnistía Internacional sobre la crisis en la provincia de Kosovo

Los actuales debates internacionales sobre la provincia de Kosovo de la República Federativa de Yugoslavia han respondido al rápido deterioro de la situación de seguridad en la región de Drenica. Las recientes operaciones de los serbios, aunque aparentemente dirigidas al opositor Ejército de Liberación de Kosovo, han producido cientos de víctimas civiles, al parecer muchas a consecuencia de ataques deliberados o indiscriminados. Estos ataques contra los civiles son una de las razones por las que más de sesenta mil personas han huido de sus hogares. Durante las últimas tres semanas, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se le ha negado el acceso a las zonas del oeste de Kosovo que constituían su preocupación más inmediata. Miembros del Ejército de Liberación de Kosovo también han perpetrado abusos. No obstante, Amnistía Internacional cree que el análisis y la respuesta de la comunidad internacional debe profundizar más allá de los titulares de la prensa del día. La actual situación no puede considerarse aislada de toda una década de violaciones de derechos humanos sin resolver en la provincia de Kosovo.

Durante más de una década, Amnistía Internacional ha estado documentando una pauta sistemática de violaciones de derechos humanos en la provincia de Kosovo ─incluidas torturas y malos tratos por parte de la policía, muertes bajo custodia policial y juicios sin garantías de presos políticos─ y haciendo campaña contra ella. La falta de medidas reales para la reparación de estas y otras violaciones de derechos humanos básicos en la provincia debe considerarse uno de los motivos de frustración e ira que han culminado en el actual conflicto. Teniendo en cuenta esta impunidad endémica y esta tradición de injusticia en Kosovo, Amnistía Internacional cree que cualquier solución duradera para la crisis actual debe abordar de forma explícita y amplia la necesidad de que se fijen unas garantías duraderas para la protección de los derechos humanos, de que los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad responsables de pasadas y presentes violaciones de derechos humanos rindan cuentas y de que se ofrezca una verdadera compensación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La comunidad internacional ha advertido al presidente de la República Federativa de Yugoslavia, Slobodan Milošević, que no tolerará «otra Bosnia», refiriéndose al conflicto armado de 1992-1995, en el que los civiles fueron el objetivo de terribles violaciones de derechos humanos durante operaciones militares por su nacionalidad. No obstante, una de las lecciones que debemos aprender de anteriores conflictos armados en la región es que la indignación de la comunidad internacional no será duradera. De los acusados contra los que se sabe que ha dictado acta de acusación formal el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia que continúan en libertad, todos excepto dos pertenecían al ejército, las fuerzas paramilitares, la policía o las autoridades civiles serbias en Bosnia y Herzegovina y Croacia. La rapidez con que algunos gobiernos de acogida desean desembarazarse de lo que consideran la «carga de los refugiados» ha tenido como consecuencia unas políticas de repatriación que no hacen más que fortalecer los objetivos de los conflictos previos: la creación de territorios habitados por una única nacionalidad. Si la comunidad internacional desea enviar al presidente Milosevic el mensaje de que se toma en serio el exigir responsabilidades a los violadores de derechos humanos, deberá hacerlo mostrando también su determinación en otras zonas de la región.

En vista de estos factores, Amnistía Internacional recomienda lo siguiente a la comunidad internacional:

-Hasta ahora, las reacciones a la crisis se han ocupado fundamentalmente del estallido de un conflicto armado; Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, y especialmente a los miembros del Consejo de Seguridad, que condenen también las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Kosovo. A la hora de decidir respuestas concretas para los recientes acontecimientos de Kosovo, los gobiernos deben situar en un lugar destacado de su programa de trabajo la protección de los derechos humanos, que han sido violados de forma grave y constante durante muchos años en Kosovo. También deben comprometerse a facilitar recursos económicos y apoyo político a un programa ampliado de vigilancia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, haciendo posible su actuación sobre el terreno para vigilar eficazmente los derechos humanos en toda la República Federativa de Yugoslavia, así como directamente en Kosovo.

-Las instituciones judiciales nacionales deben garantizar la plena rendición de cuentas por toda violación de los derechos humanos o del derecho humanitario. No obstante, en la República Federativa de Yugoslavia el Tribunal Penal Internacional tiene el mandato y la responsabilidad concretos de investigar y procesar las vulneraciones del derecho internacional humanitario, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que ayude al Tribunal en sus esfuerzos por investigar la situación en la provincia y que le facilite el apoyo ─económico y de otro tipo─ necesario para llevar adelante su mandato eficazmente.

-Más de sesenta mil personas han huido de sus hogares en la provincia de Kosovo durante la reciente crisis. La mayoría siguen desplazados dentro de las fronteras de la República Federativa de Yugoslavia. No obstante, muchos han escapado de su país en busca de asilo, y aún podrían hacerlo muchos más. En vista de la pauta de graves violaciones de derechos humanos que se da en Kosovo, recordamos a los Estados su obligación, con arreglo al derecho internacional, de permitir que quienes huyen buscando seguridad accedan a sus territorios. Los Estados deben respetar el principio fundamental de no devolución (non-refoulement), y abstenerse de devolver a los que llegan a sus fronteras solicitando asilo. La comunidad internacional debe cumplir con su obligación de compartir la responsabilidad de quienes necesitan protección internacional.

-A Amnistía Internacional le preocupa que las actuaciones de la comunidad internacional puedan incluir medidas que violen el derecho humano fundamental de abandonar el propio país y solicitar asilo. La comunidad internacional no debe seguir ninguna política que impida a quienes huyen conseguir una protección real más allá de sus fronteras cuando lo necesitan.

-Además de los que ahora huyen, se calcula que en Europa Occidental hay unos ciento cincuenta mil solicitantes de asilo rechazados procedentes de la República Federativa de Yugoslavia, la mayoría de ellos personas de etnia albanesa de la provincia de Kosovo. Amnistía Internacional saluda con satisfacción el reciente anuncio de algunos Estados que albergan a solicitantes de asilo de Kosovo cuyas solicitudes han sido denegadas de que suspenderán las devoluciones. La organización insta a todos los Estados a que suspendan las devoluciones a Kosovo hasta el momento en que quienes regresan no corran peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Sin duda, las autoridades nacionales son las principales responsables de mejorar la situación de derechos humanos. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que insistan en ello, y a las propias autoridades serbias y de la República Federativa de Yugoslavia que:

-den instrucciones claras a todo el personal policial y de seguridad de Kosovo de que no se tolerarán ataques deliberados e indiscriminados contra civiles, arrestos y expulsiones arbitrarias y demás violaciones de derechos humanos en ninguna circunstancia, y que sus autores tendrán que enfrentarse a responsabilidades penales.

-permitan inmediatamente a los organismos humanitarios y a los observadores de derechos humanos de la ONU acceder libremente a la zona. Den a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para establecer una presencia constante en Pristina.

-permitan al CICR acceder sin restricciones a todas las zonas de Kosovo y permitan a la organización que visite a todos los presos que solicite, de acuerdo con el procedimiento establecido.

-cooperen plenamente con el Tribunal en todas las investigaciones que éste desee llevar a cabo en Kosovo y permitan a los peritos técnicos llevar a cabo su labor profesional sin restricciones.

-revelen la identidad y el paradero de los detenidos y den instrucciones a la policía y demás fuerzas armadas para que les permitan acceder de inmediato a un abogado. Estas medidas son vitales para evitar la tortura y salvaguardar contra las desapariciones.

-ordenen investigaciones inmediatas e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y se aseguren de que sus autores responden plenamente de ellas y de que las víctimas reciben una verdadera reparación.

A Amnistía Internacional también le preocupan profundamente los homicidios y otros abusos de derechos humanos que, según los informes, han sido cometidos por grupos armados de oposición en la provincia de Kosovo. La organización recomienda que:

-el Ejército de Liberación de Kosovo y el resto de los grupos armados de oposición de la provincia de Kosovo se aseguren de que todas las fuerzas bajo su control cumplen los principios básicos del derecho humanitario dispuestos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe el homicidio de quienes no toman parte en las hostilidades, así como la toma de rehenes.

-el Ejército de Liberación de Kosovo garantice que cooperará con el CICR, en particular para aclarar la suerte corrida por los prisioneros que, según los informes, han sido detenidos por sus miembros.