Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: EUR 72/002/2004 (Público)

Servicio de Noticias 54/04

8 de marzo de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR720022004

Amnistía Internacional: Disturbios en el este de Eslovaquia

Amnistía Internacional ha expresado al primer ministro, Mikuláš Dzurinda, su preocupación por el hecho de que los recientes disturbios ocurridos en el este de Eslovaquia relacionados con miembros de la comunidad romaní podrían haber sido provocados no sólo por los cambios en la política de bienestar social sino también por el hecho de que las autoridades eslovacas no han combatido eficazmente la discriminación contra la comunidad romaní. Durante años la organización ha venido expresando especial inquietud por las denuncias de tortura y malos tratos a romaníes por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como por los casos de violencia racista en los que la comunidad romaní no había sido debidamente protegida.

“En reiteradas ocasiones les hemos transmitido la preocupación de que la impunidad que rodea a los agentes de policía que han cometido abusos durante las operaciones llevadas a cabo en asentamientos romaníes da lugar a que se cometan más violaciones de derechos humanos, y de que, al no haber condenado públicamente semejante conducta policial, el gobierno ha propiciado una atmósfera de tolerancia de la violencia racista, gravísimo problema de derechos humanos que afecta a los romaníes y a otros extranjeros residentes en Eslovaquia” afirmaba Irene Khan en la carta que la organización envió al gobierno eslovaco el 5 de marzo de 2004.

Amnistía Internacional consideraba igualmente preocupante el hecho de que muy pocas investigaciones sobre los hechos denunciados se hubieran llevado a cabo sin demora y de manera independiente, exhaustiva e imparcial, como exige el artículo 12 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura). La organización cree que la impunidad de que disfruta la policía contribuye al sentimiento de muchos romaníes en Eslovaquia de que no reciben idéntica protección con arreglo a la ley, y que puede haber contribuido asimismo al sentimiento de frustración que denotaron algunas manifestaciones recientes de romaníes, algunas de las cuales degeneraron en disturbios y saqueos. Aunque Amnistía Internacional no tolera actos violentos e ilegales semejantes, la organización señalaba que no hay situaciones que justifiquen que una persona recurra a los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza o el insulto racista, y menos si se trata de funcionarios públicos. De igual modo, las personas detenidas como presuntos autores de delitos cometidos en el curso de estos disturbios no deben ser privadas de sus derechos fundamentales, como el derecho a informar a un familiar u otra persona sobre su paradero, a ponerse en contacto con un abogado y a ser reconocido por un médico de su elección.

De acuerdo con la información recibida del Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y el Centro Pro Derechos de los Romaníes en Eslovaquia, la madrugada del 24 de febrero de 2004 llegaron a Trebišov alrededor de 250 agentes de policía. Aunque su objetivo declarado era aprehender a los sospechosos de robo, destrucción de propiedades y agresiones a la policía en los disturbios ocurridos en la localidad la noche anterior, parece ser que la policía también pretendía intimidar y hostigar a miembros de la comunidad romaní. Según los informes recibidos, a lo largo del día los agentes entraron indiscriminadamente en domicilios de romaníes sin presentar una orden de registro ni ofrecer algún otro motivo legal para su actuación. Los informes indican que golpearon con porras a varones, mujeres y niños, les aplicaron descargas eléctricas y les agredieron físicamente, a patadas y de otras maneras, sin reparar en su edad o en su condición física o mental. Algunos de los agentes profirieron insultos racistas contra las víctimas. Éstas se sentían tan intimidadas por la actuación policial y las medidas de seguridad impuestas en la comunidad tras los sucesos que no intentaron que las examinara un médico para constatar las heridas sufridas como consecuencia de los malos tratos, ni tampoco interponer una denuncia oficial. El 25 de febrero de 2004 aparecieron en la prensa eslovaca fotografías de varios romaníes heridos.

Al menos 26 personas fueron detenidas y puestas bajo custodia, donde, según la información recibida, sufrieron palizas y trato degradante. De acuerdo con el testimonio de dos hombres excarcelados dos horas después de su aprehensión, a todos los detenidos los desnudaron hasta la cintura, les ordenaron ponerse contra la pared y los golpearon repetidamente en la espalda con porras. Al parecer también les dieron patadas en la parte trasera de las piernas. Según informes, no les permitieron contactar con un familiar u otra persona para comunicarle su paradero, ni tampoco contactar con un abogado o ser examinado por un médico de su elección.

Otro caso de presuntos malos tratos policiales tuvo lugar en Caklov el 25 de febrero de 2004, cuando la policía se presentó para detener a varias mujeres sospechosas de haber robado alimentos del almacén estatal de la localidad. Parece ser que los agentes de policía persiguieron a las sospechosas blandiendo sus porras de forma amenazante. Según informes, un agente golpeó al niño de tres años G.G. en la cabeza. El pequeño requirió tratamiento médico y el policía responsable volvió al asentamiento posteriormente para disculparse ante la familia por su conducta. El 25 de febrero se detuvo a 23 mujeres y 2 varones, y al día siguiente a otras 14 mujeres. En el curso de las detenciones, los informes indican que algunos de los agentes llamaron a las sospechosas “puta”, “sucia gitana” y otros insultos racistas. Según informes, a los familiares se les denegó toda información sobre el lugar donde se había llevado a los detenidos. El 26 de febrero, un representante del Centro Europeo para los Derechos de los Ciudadanos de Etnia Romaní acompañaba a un hombre cuya esposa había sido detenida cuando el jefe de la Policía Judicial de Vranov nad Topl'ou se negó a facilitarle cualquier dato relativo a su paradero. Después de una vista judicial celebrada el 27 de febrero, los detenidos que iban a ser trasladados nuevamente desde el tribunal en autobús pudieron revelar a sus familiares que estaban recluidos en Levoca sosteniendo mensajes escritos contra las ventanillas del autobús.

Amnistía Internacional considera que los presuntos malos tratos infligidos a miembros de la comunidad romaní en Trebišov y Caklov quebrantan el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo), según los cuales ninguna persona será torturada ni sometida a tratos o penas inhumanos o degradantes.

Como Estado Parte en la Convención contra la Tortura, Eslovaquia tiene la obligación de emprender sin demora una investigación imparcial cada vez que una persona denuncie haber sufrido tortura o malos tratos o cuando existan razones para pensar que en efecto han ocurrido malos tratos aunque no se haya interpuesto denuncia. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno eslovaco que emprenda sin demora una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre las denuncias de malos tratos contra miembros de la comunidad romaní en Trebišov y Caklov, haga públicas sus conclusiones y lleve ante los tribunales a todo presunto autor de violaciones de derechos humanos.

En cuanto al respeto de los derechos de las personas que están detenidas, Amnistía Internacional recordaba al gobierno eslovaco las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) que aparentemente aún no se han cumplido en su totalidad. En su informe sobre la visita realizada a Eslovaquia en octubre de 2000, el CPT señaló deficiencias en relación con el cumplimiento de las salvaguardias frente a la tortura y los malos tratos, en particular respecto a la notificación de la custodia y el acceso a un abogado y un médico. Entre otras cosas, el CPT reiteró al gobierno eslovaco la recomendación de que los derechos de notificación de la custodia y de acceso a un abogado se hagan valer desde el mismo momento en que la persona queda colocada bajo custodia policial y no sólo cuando un investigador interroga formalmente a los detenidos. Más aún, recomendó que no se obligara al detenido a elegir entre comunicar su situación a un familiar o a un abogado; en muchos casos será preciso notificarla a ambos a fin de garantizar la debida protección frente a malos tratos. El CPT recomendaba asimismo que el derecho de los detenidos a contar con la presencia de un abogado mientras son interrogados por un investigador se amplíe expresamente a todo interrogatorio o entrevista realizada por agentes de policía.

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