Document - Global moratorium on executions now


Público


Amnistía Internacional

Suspensión mundial de las ejecuciones, ya

Agosto de 2007

Resumen

Índice AI: IOR 41/018/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR410182007

En el 62º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzará el 18 de septiembre de 2007, se va a presentar una resolución en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. La adopción de la resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano principal de la ONU en el que están representados todos los países miembros de la organización, constituiría una reafirmación enérgica y oportuna del compromiso de los Estados miembros de trabajar en favor de la abolición de la pena de muerte.

Muchos gobiernos han admitido que la pena de muerte es incompatible con el respeto a los derechos humanos. Como consecuencia de este reconocimiento, un número creciente de países de todo el mundo han abolido la pena de muerte en su legislación nacional. Ciento treinta países de todas las regiones del mundo han abolido la pena de capital en la legislación o en la práctica y sólo 25 llevaron a cabo ejecuciones en 2006. Las estadísticas de Amnistía Internacional indican también un descenso notable y generalizado del número de ejecuciones documentadas en 2006.

Numerosos gobiernos de todas las regiones del mundo no se han limitado a abolir la pena capital en sus sistemas jurídicos, sino que han encabezado y respaldado también iniciativas internacionales para conseguir su supresión a escala mundial. Noventa y cinco Estados firmaron o apoyaron una declaración presentada el 19 de diciembre de 2006, durante el 61º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la que "se insta a los Estados que aún la mantienen [la pena de muerte] para que la eliminen completamente, y mientras tanto establezcan una moratoria de las ejecuciones".

Amnistía Internacional insta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que copatrocinen y voten favorablemente la propuesta de resolución de la Asamblea General de la ONU en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. Amnistía Internacional considera que dicha resolución debe incluir los siguientes elementos:

· Afirmar el derecho a la vida y declarar que la abolición de la pena de muerte es esencial para proteger los derechos humanos;

· Pedir a los Estados retencionistas que establezcan una suspensión de las ejecuciones como primer paso para la abolición de la pena de muerte;

· Pedir a los Estados retencionistas el respeto de las normas internacionales que garantizan la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte; y

· Solicitar al secretario general de la ONU que informe sobre la aplicación de la suspensión en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este texto resume el documento titulado Ha llegado el momento de establecer una suspensión mundial de las ejecuciones (Índice AI: IOR 41/018/2007), publicado por Amnistía Internacional en agosto de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España









Público

Amnistía Internacional



Suspensión mundial de las ejecuciones, ya



















ÍNDICE



Introducción 1

1. La pena de muerte viola los derechos humanos 2

2. Aplicación de la pena de muerte en violación del derecho internacional 3

3. Ejecución de inocentes 5

4. La pena de muerte no es una medida disuasoria 7

5. Un castigo cruel 8

6. Impulso en favor de la abolición mundial de la pena de muerte 9

7. Llamamiento en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones 11

8. Petición urgente de Amnistía Internacional a todos los Estados miembros de la ONU 12











Suspensión mundial de las ejecuciones, ya



Aprecio una tendencia creciente en el derecho internacional y en las prácticas de los Estados hacia una supresión gradual de la pena de muerte, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.

Introducción

En el 62º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzará el 18 de septiembre de 2007, se va a presentar una resolución en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. La adopción de la resolución por el principal órgano de la ONU supondría un hito importante en la abolición de la pena de muerte.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, describió la pena de muerte como "[...] una sanción que no debería tener lugar en ninguna sociedad que reivindique el valor de los derechos humanos y la inviolabilidad de las personas". La alta comisionada alabó recientemente la decisión de Ruanda de abolir la pena de muerte como una muestra de liderazgo activo y subrayó que éste es un país que "ha sufrido el peor de los crímenes y cuya sed de justicia aún está lejos de ser satisfecha".(1)

La pena de muerte legitima un acto irreversible de violencia por parte del Estado. Es discriminatoria y se utiliza a menudo de forma desproporcionada contra las personas pobres, las minorías y las personas miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas. Se impone a menudo después de juicios manifiestamente injustos. Pero incluso cuando los juicios respetan las garantías procesales que exigen las normas internacionales, nunca se puede eliminar del todo el peligro de ejecutar a personas inocentes; como se ha demostrado una y otra vez, es inevitable que la pena de muerte se cobre la vida de víctimas inocentes.(2)

Muchos gobiernos han reconocido que la pena de muerte es incompatible con el respeto a los derechos humanos. Como consecuencia de este reconocimiento, un número creciente de países de todo el mundo han abolido la pena de muerte en su legislación nacional.

El 11 de enero de 2007, poco después de ocupar su cargo, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon subrayó: "Creo que la vida es preciosa y que se debe proteger y respetar, y que todos los seres humanos tienen el derecho a vivir con dignidad. El derecho internacional afirma estos valores. Aprecio una tendencia creciente en el derecho internacional y en las prácticas de los Estados hacia una supresión gradual de la pena de muerte".(3)

De hecho, la abolición de la pena capital está cobrando impulso en todos los países: 129 países de todas las regiones del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica y sólo 25 llevaron a cabo ejecuciones en 2006. Las estadísticas de Amnistía Internacional indican también un descenso notable y generalizado del número de ejecuciones documentadas en 2006.

Numerosos gobiernos de todas las regiones del mundo no se han limitado a abolir la pena capital en sus sistemas jurídicos, sino que han encabezado y respaldado también iniciativas internacionales para conseguir su supresión a escala mundial. En 2005, por ejemplo, la ex Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre la cuestión de la pena de muerte en la que se exhortaba a todos los Estados que todavía la mantienen a abolir "la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones".(4) Más recientemente, 95 Estados firmaron o apoyaron una declaración presentada el 19 de diciembre de 2006, durante el 61º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la que "[se] insta a los Estados que aún la mantienen [la pena de muerte] para que la eliminen completamente, y mientras tanto establezcan una moratoria de las ejecuciones.". (5)

Amnistía Internacional insta a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que adopte una resolución en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones, y pide a todos los Estados que respalden esta importante iniciativa.

En este documento se describen los motivos por los que la pena de muerte viola el derecho a la vida y a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como algunas novedades recientes respecto a la abolición de la pena capital. Se abordan también las iniciativas de la comunidad internacional en relación con una suspensión mundial de las ejecuciones encaminada a conseguir la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

1. La pena de muerte viola los derechos humanos

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y en muchas Constituciones nacionales se reconoce el derecho a la vida y a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Amnistía Internacional considera que la pena de muerte viola estos derechos.

La comunidad de Estados ha adoptado cuatro tratados internacionales en los que se contempla la abolición de la pena de muerte: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encaminado a abolir la pena capital y adoptado en 1989 por la Asamblea General de la ONU; los Protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(Convenio Europeo de Derechos Humanos), adoptados por el Consejo de Europa en 1982 y 2002, respectivamente; y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990.

En la Observación General nº 6 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que dicho artículo "se refiere también en forma general a la abolición [de la pena de muerte] en términos que denotan claramente […] que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida [...]". (6)

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que 105 Estados han ratificado o se han adherido a él, excluye la pena de muerte de los castigos que puede imponer la Corte, a pesar de que ésta tiene jurisdicción sobre delitos de una extrema gravedad, como crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Lo mismo cabe decir del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del Tribunal Especial para Sierra Leona, de las Salas Especiales de Delitos Graves de Dili (Timor Oriental) y de las Salas Especiales de los tribunales de Camboya.

2. Aplicación de la pena de muerte en violación del derecho internacional

Amnistía Internacional sigue documentando casos en los que se impone y se aplica la pena de muerte violando las normas existentes del derecho internacional de los derechos humanos, las cuales prohíben la ejecución de penas de muerte impuestas en juicios injustos y la ejecución de personas con enfermedades mentales o condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

En varios Estados se sigue ejecutando a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En Irán hubo este año dos ejecuciones de este tipo: las de Mohammad Mousavi y Sa'id Qanbar Zahi.(7)

En Pakistán, la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, promulgada en el año 2000, abolió la pena de muerte para las personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, salvo en las Zonas Tribales bajo Administración Federal y en las zonas tribales bajo administración de las autoridades de la provincia de Baluchistán, en donde no se aplica esta ley. El 13 de junio de 2006 fue ejecutado en Pakistán Mutabar Khan. Al parecer tenía 16 años en el momento de la comisión de un presunto asesinato en 1996, pero, al no poder demostrar su edad, no pudo beneficiarse de la Orden Presidencial de Conmutación de 2001.

El 21 de julio se decapitó en Arabia Saudí a Dhahian Rakan al-Sibai’I por un asesinato presuntamente cometido cuando tenía sólo 15 años.(8)

En Estados Unidos se sigue condenando a muerte y ejecutando a personas con enfermedades mentales. En virtud de una resolución adoptada el 28 de junio de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos impidió la ejecución de Scott Panetti, condenado a muerte en Texas que sufre graves delirios. En la resolución se definía con mayor precisión el criterio para determinar si una persona reclusa está mentalmente enferma desde un punto de vista legal. Al hacerlo, el tribunal reconocía también la dificultad de formular un juicio al respecto.(9) El 27 de junio de 2006 se ejecutó en Texas a Ángel Maturino Reséndiz. La ejecución se llevó a cabo a pesar de existir sólidos indicios de que Ángel Maturino Reséndiz padecía graves trastornos mentales, incluida esquizofrenia paranoide.

Como ha documentado el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las pena de muerte suelen imponerse y ejecutarse después de juicios injustos en los que se ha violado la mayoría de los derechos humanos básicos de los acusados, como el derecho a la presunción de inocencia, a disponer de asistencia letrada, a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente, a apelar a un tribunal superior y a solicitar un indulto o la conmutación de la pena. En algunas jurisdicciones, tribunales militares o especiales, utilizando procedimientos sumarios, ven causas en las que se puede imponer la pena de muerte. Confesiones y otras pruebas obtenidas bajo tortura se admiten a menudo en actuaciones judiciales que tienen como resultado la imposición de la pena capital.(10)

En China, muchas de las ejecuciones tienen lugar después de juicios manifiestamente injustos. Por ejemplo, Xu Shuangfu, dirigente máximo de los "Tres Grados de Siervos", grupo protestante no autorizado oficialmente, fue ejecutado junto con otras 11 personas, en noviembre de 2006, después de ser declarado culpable del asesinato de 20 miembros de otro grupo, denominado "Iluminación Oriental", entre 2003 y 2004. Según los informes, Xu Shuangfu afirmó que había confesado bajo tortura durante un interrogatorio policial y que algunos de los métodos de tortura utilizados habían consistido en golpes con palos y cadenas pesadas, descargas eléctricas en los genitales y en los dedos de las manos y de los pies y administración de inyecciones de pimienta, gasolina y jengibre por la nariz. Ni los tribunales de primera instancia ni los tribunales de apelación permitieron a sus abogados presentar estas denuncias como pruebas de descargo.(11)

En Egipto se sigue condenando a muerte a personas en procesos judiciales injustos que distan mucho de cumplir las normas internacionales, como el derecho de recurrir a un tribunal superior. Muhammed Gayiz Sabbah, Usama ‘Abd al-Ghani al-Nakhlawi y Yunis Muhammed Abu Gareer, declarados culpables de delitos de terrorismo en un juicio manifiestamente injusto, se enfrentan en Egipto a una ejecución inminente. Fueron juzgados ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para estado de excepción) de Ismailia en relación con una serie de atentados con bomba registrados en Taba y en otros lugares de la península del Sinaí en octubre de 2004. El tribunal los condenó a muerte en noviembre de 2006. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha pedido que se suspendan las ejecuciones.(12)

En Irak, desde que se restauró la pena de muerte a mediados de 2004, se ha condenado a muerte a más de 270 personas y, según los informes, se ha ejecutado al menos a 100 después de juicios injustos en los que no se respetaron las garantías procesales internacionalmente reconocidas.(13) En una declaración formulada el 15 de enero de 2007 para expresar su pesar por la ejecución en Bagdad de Awad Hamad Al-Bandar y Barzan Ibrahim Al-Hassan, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó: "La imposición de la pena de muerte después de un juicio y unos procedimientos de apelación que no respeten los principios de proceso debido equivale a una violación del derecho a la vida".(14)

En Arabia Saudí se imponen penas de muerte en juicios en los que las personas acusadas no han contado con ningún tipo de asistencia letrada. Por ejemplo, tres ciudadanos extranjeros, Halemma Nissa Cader y KMS Bandaranaike (de Sri Lanka) y Naushad (de la India), fueron condenados a muerte por su implicación en un robo a mano armada en el que mataron presuntamente a una mujer. Los acusados no dispusieron en ningún momento de asistencia letrada y, al parecer, habían confesado bajo coacción. En julio de 2007, según los informes, la sentencia se iba a ver en apelación, pero de nuevo sin asistencia letrada. Los recursos de apelación se resuelven en vistas secretas. Si se confirman sus condenas, estas personas corren el peligro inminente de ser ejecutadas.

3. Ejecución de inocentes

Siempre que se aplica la pena de muerte, existe el grave peligro de ejecutar a personas por delitos que no han cometido. Se ha ejecutado a personas a pesar de existir dudas fundadas sobre su culpabilidad. Otras han sido excarceladas después de demostrarse, en la revisión de sus causas, que habían sido condenadas de manera injusta. Sin embargo, es muy difícil que una pena de muerte se revoque, ya que los tribunales de apelación no suelen tener en cuenta nuevas pruebas y se limitan a cuestiones de derecho. Es imposible determinar el número de personas inocentes ejecutadas, ya que, después de una ejecución, rara vez se llevan a cabo revisiones judiciales o se investigan posibles errores.

Desde 1973, 124 personas condenadas a muerte han quedado en libertad en Estados Unidos al demostrase que eran inocentes o que sus condenas se habían basado en pruebas de cargo insuficientes. Algunas de ellas estuvieron a punto de ser ejecutadas después de llevar años condenadas a muerte. Estos errores reiterados se han producido principalmente por irregularidades cometidas por los fiscales o los agentes de policía, por el uso de pruebas poco fiables o por incompetencia de los abogados defensores.(15)

En 1981, Edmary Mpagi fue detenido por robo y asesinato en el pueblo de su familia en Uganda. Después de ser condenado a muerte por estos delitos, pasó 18 años en la Prisión Superior de Luzira en espera de ser ejecutado. Sus familiares indicaron que el hombre a quien presuntamente había asesinado seguía vivo, y se movilizaron para conseguir su libertad. En julio de 2000, después de pasar 18 años condenado a muerte, Edmary Mpagi quedó en libertad tras la decisión de un comité presidencial.

En Japón, Menda Sakae y otros tres hombres fueron condenados a muerte por cargos diferentes y en juicios distintos, pero quedaron en libertad en los años ochenta después de que se estableciera que habían sido acusados falsamente y que en los juicios se habían utilizado como prueba "confesiones" obtenidas bajo tortura. Menda Sakae fue absuelto en 1983 después de pasar 34 años condenado a muerte; durante este tiempo había pedido en seis ocasiones la celebración de un nuevo juicio antes de que su solicitud fuera aceptada.(16)

En China, She Xianglin y Teng Xingshan fueron declarados culpables del asesinato de sus esposas y condenados a muerte en 1994 y 1987, respectivamente, a pesar de haberse declarado inocentes y haber afirmado que habían confesado bajo tortura. En ambos casos, las supuestas víctimas reaparecieron varios años después. En 2005, tras pasar 11 años en la cárcel y ser absuelto de todos los cargos de manera oficial, She Xianglin fue puesto en libertad. Teng Xingshan había sido ejecutado en 1989.(17)

En algunos casos pasan muchos años antes de que las autoridades reconozcan oficialmente que el Estado ha ejecutado a una persona inocente. En enero de 2007, más de 30 años después de que fueran ahorcados en 1975, ocho activistas en favor de la democracia de Corea del Sur fueron absueltos póstumamente de los cargos de traición por los que habían sido condenados. El Tribunal del Distrito Central de Seúl los declaró inocentes de haber organizado un partido clandestino con el fin de derribar al gobierno autoritario del presidente Park Chung-hee.

4. La pena de muerte no es una medida disuasoria

En 1996, el presidente Nelson Mandela señaló:


El inaceptable nivel de delincuencia no se debe a la eliminación de la pena de muerte. Si se restaurara la pena capital, la delincuencia seguiría siendo igual que ahora. Lo que hace falta es que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo y que nos aseguremos de que estén en condiciones de servir y proteger a la comunidad. Ésa es la cuestión, no la pena de muerte.(18)


No hay pruebas científicas válidas que respalden que la pena de muerte tiene mayor poder disuasorio sobre la delincuencia que otros castigos. El estudio más reciente acerca de las conclusiones de las investigaciones sobre la relación entre la pena de muerte y el índice de homicidios, elaborado por la ONU en 1988 y actualizado en 1996 y 2002, llegaba a la siguiente conclusión: "[...] las investigaciones no han proporcionado pruebas científicas de que las ejecuciones tengan un efecto disuasorio mayor que la cadena perpetua. No es probable tampoco que aparezcan en el futuro. En conjunto, las pruebas siguen sin respaldar la hipótesis de la disuasión de manera concluyente".(19)

En Estados Unidos y Canadá, los datos no indican que la delincuencia violenta aumente en ausencia de pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, en 2004 el índice medio de asesinatos en los estados con pena de muerte fue de 5,71 por cada 100.000 habitantes, pero en los estados sin pena capital fue sólo de 4,02. Además, en Canadá, en 2006, 30 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de asesinatos había descendido un 44 por ciento respecto a 1975, año previo a la abolición de la pena capital.


La mejor forma de disuadir de la delincuencia violenta consiste en garantizar un número elevado de detenciones y condenas. Esta argumentación, respaldada por diversos estudios empíricos, fue formulada con toda claridad por el Tribunal Constitucional de Sudáfrica:


Nos engañaríamos si creyéramos que la ejecución de [...] un número relativamente pequeño de personas cada año [...] sería la solución para el inaceptable índice de delincuencia [..] La mejor medida disuasoria para la delincuencia es la probabilidad de que los delincuentes sean detenidos, condenados y castigados. Esto es lo que falta en nuestro sistema de justicia penal.(20)


Con demasiada frecuencia, los políticos han llegado a la conclusión de que la pena de muerte es un instrumento útil para dar la impresión de que se combate la delincuencia y hacer que la gente se sienta segura. En realidad, la pena de muerte no tiene este efecto; simplemente desvía la atención de la necesidad de abordar las causas de la delincuencia y proporcionar remedios efectivos.

5. Un castigo cruel

Toda ejecución es un acto brutal que deshumaniza a quienes la realizan y disminuye el valor que la sociedad atribuye a la vida humana.

El 30 de diciembre de 2006, el ex presidente iraquí fue ejecutado en la horca después de un juicio que no había cumplido las normas internacionales de justicia procesal. Las autoridades iraquíes distribuyeron de manera oficial unas imágenes sin sonido que mostraban el desarrollo de la ejecución hasta el momento del ahorcamiento. Después, sin embargo, se distribuyeron otras imágenes grabadas de forma ilegal. En ellas se veía a algunos guardias de la cárcel burlándose de Sadam Husein y detalles de la ejecución hasta el momento de abrirse la trampilla. La ejecución de Sadam Husein y de otros coacusados suscitó una amplia condena internacional.

En Kuwait, el ciudadano de Sri Lanka Sanjaya Rowan Kumara fue ejecutado en noviembre de 2006. Declarado muerto inmediatamente después del ahorcamiento, fue traslado al depósito de cadáveres, pero allí personal médico notó que todavía se movía. Según noticias de prensa, otros exámenes revelaron que su corazón latía débilmente. Lo declararon muerto finalmente cinco horas después del comienzo de la ejecución.

En Irán, la lapidación es la pena prescrita para los actos de adulterio. El 5 de julio de 2007, a pesar de que según los informes el presidente de la magistratura había ordenado la suspensión de las lapidaciones en 2002, Ja'far Kiani fue ejecutado por lapidación en un pueblo próximo a Takestán, en la provincia de Qazvin. Un portavoz de la magistratura confirmó después la lapidación. La lapidación está calculada de forma que inflija el máximo sufrimiento: el tamaño de las piedras se selecciona para que la muerte sea lenta y dolorosa.

En Somalia, Omar Hussein fue ejecutado públicamente en mayo de 2006. Lo encapucharon, lo ataron a un poste, y el hijo –de 16 años de edad– del hombre al que él había admitido haber apuñalado en febrero, lo mató a puñaladas. Omar Hussein había sido condenado a muerte unas horas antes por un tribunal de la ley islámica que no admite ni el derecho a asistencia letrada ni el derecho de apelación.

En los Estados Unidos, las autoridades han tratado constantemente de hacer más aceptables las ejecuciones utilizando diversos métodos, desde el ahorcamiento y el fusilamiento hasta la cámara de gas y la electrocución, antes de decirse finalmente por la inyección letal.

Ángel Díaz fue ejecutado por inyección letal en diciembre de 2006. Después de la administración de la primera inyección continuó moviéndose, bizqueando y haciendo muecas intentando decir algo. Se le administró una segunda dosis y pasaron 34 minutos antes de que lo declararan muerto. Después de realizar la autopsia, el médico forense afirmó que la aguja hipodérmica había atravesado una vena completamente, con lo que los productos químicos letales habían sido inyectados en el tejido muscular en lugar de por vía intravenosa. Dos días después, el gobernador de Florida, Jeb Bush, suspendió todas las ejecuciones en el estado y nombró una comisión "para que examinara la humanidad y constitucionalidad de la inyección letal". Es tan grande la preocupación suscitada por las ejecuciones con inyección letal, que muchos estados las han suspendido para poder analizar la cuestión.(21)

La pena de muerte es una forma excepcional de castigo cruel: además de la crueldad de la propia ejecución, comporta la de tener que esperar –a menudo durante muchos años– el momento en que se hará realidad.

6. Impulso en favor de la abolición mundial de la pena de muerte

El 27 de julio de este año, Ruanda se convirtió en el último país que ha abolido la pena de muerte en su legislación. En la actualidad son menos que nunca los Estados que llevan a cabo ejecuciones; en 2006, sólo fueron 25 países, y el 91 por ciento de todas las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en seis: China, Estados Unidos, Irán, Irak, Pakistán y Sudán. En el último informe quinquenal del secretario general de la ONU se llegaba a la conclusión de que "el ritmo al que los países han continuado pasando al abolicionismo se ha mantenido firme".(22) En el informe que presentó durante el cuarto periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2007, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó esta tendencia: "la tendencia hacia la abolición y la limitación de la aplicación de la pena de muerte se ha mantenido".(23) De forma similar, el alto comisionado para los derechos humanos llegó a la conclusión de que "se perfila una tendencia continua hacia la abolición de la pena de muerte y la suspensión de las ejecuciones o la imposición de una moratoria".(24)

En 1977, sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. En la actualidad, la cifra asciende a 90. Otros 11 países han abolido la pena de muerte para los delitos comunes y la mantienen sólo para delitos excepcionales, como algunos contemplados en la legislación militar o cometidos en tiempo de guerra. Otros 29 pueden considerarse "abolicionistas en la práctica", al no haber llevado a cabo ninguna ejecución al menos desde hace 10 años o haberse comprometido ante la comunidad internacional a no utilizar la pena de muerte. Estos datos indican que 130 de los 192 Estados miembros de la ONU han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. De hecho, durante el último decenio, más de tres países cada año por término medio han abolido la pena de muerte en su legislación o, después de haberla abolido para los delitos comunes, han extendido la abolición a todos los demás. Además la pena de muerte, una vez abolida, rara vez se restaura.(25)

Esta tendencia se percibe en todas las regiones del mundo. En Asia Central se registra un claro avance hacia la abolición. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán mantuvieron la pena de muerte después de obtener la independencia en 1991. En agosto de 2007, sin embargo, Kirguistán y Turkmenistán suprimieron la pena de muerte de su legislación. En Kazajistán hay en vigor una suspensión de las ejecuciones y en Tayikistán una suspensión de las ejecuciones y de las penas de muerte. Uzbekistán está dando pasos también en este sentido. El 1 de agosto de 2005, el presidente Islam Karimov firmó un decreto en el que se establecía la abolición de la pena de muerte en Uzbekistán a partir del 1 de enero de 2008. En junio de 2007, el Senado de Uzbekistán aprobó unas modificaciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal para sustituir la pena capital por la cadena perpetua.

Europa, salvo Bielorrusia, es un territorio prácticamente sin pena de muerte.

El continente africano es una región en gran medida sin ejecuciones; que se tenga noticia, sólo 6 de los 53 países de la zona llevaron a cabo ejecuciones en 2006. Según la información de que dispone AI, 14 países africanos son abolicionistas en la ley y otros 17 en la práctica.

En Burundi, las propuestas para la revisión del Código Penal –que se están debatiendo actualmente en el Parlamento– excluyen la pena de muerte como castigo. Otro acontecimiento positivo es el caso de Malawi, donde, en abril, el Tribunal Superior declaró inconstitucional la pena de muerte preceptiva. En Ghana, según los informes, el ministro del Interior, Albert Kandapaah, anunció en marzo de 2007 la conmutación de 36 penas de muerte por cadena perpetua. En agosto de 2006, el presidente Jakaya Kikwete conmutó todas las penas de muerte impuestas en el territorio continental de Tanzania por cadena perpetua. En Sierra Leona, el presidente Kabbah anunció el 11 de diciembre de 2006 que la pena capital no se utilizaría durante su mandato.

Con la abolición de la pena de muerte en Filipinas, en junio de 2006, el número total de países de la región de Asia y Oceanía abolicionistas en la ley o en la práctica asciende a 25. En Corea del Sur no se han registrado ejecuciones desde 1998 y se está estudiando un proyecto de Ley de Abolición de la Pena de Muerte.

Este año se ha establecido en China que el Tribunal Supremo revise todas las penas de muerte. En marzo de 2007, durante el cuarto periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante chino afirmó: "[...] estamos tratando de limitar la aplicación de la pena de muerte en China. Confío en que, con el desarrollo y el progreso de mí país, la aplicación de la pena de muerte siga reduciéndose y acabe por abolirse."(26)

América es una región casi sin ejecuciones. Desde 2003, sólo Estados Unidos sigue llevando a cabo ejecuciones de forma regular. Los únicos otros países que han llevado a cabo ejecuciones en lo que va de siglo son Cuba (en 2003), Guatemala (en 2001) y Bahamas (en 2000). Aunque en los 10 países caribeños de habla inglesa se mantiene la pena de muerte en la ley, se sigue registrando una pausa en las ejecuciones. Centroamérica y Sudamérica son territorios prácticamente sin ejecuciones; sólo Guatemala, Belice y Guyana mantienen la pena capital.(27)

Estados Unidos se está volviendo lentamente contra la pena de muerte. En febrero de 2007, el Senado de Montana votó a favor de la abolición de la pena capital. La suspensión de las ejecuciones cuenta con un gran apoyo público en Carolina del Norte, y casi 40 corporaciones locales y más de 40.000 personas han firmado una petición en este sentido. En 2004, la máxima instancia judicial del estado de Nueva York declaró inconstitucional la ley estatal sobre la pena de muerte. En 2006, la asamblea legislativa de Nueva Jersey impuso una suspensión de las ejecuciones y creó una comisión para estudiar todos los aspectos de la pena de muerte en el estado. En su informe final, publicado en enero de 2007, la comisión recomendó la abolición de la pena capital.(28)

Las cifras y los ejemplos mencionados anteriormente demuestran que la erradicación de la pena de muerte está cobrando un auténtico impulso en todas las regiones del mundo. Esta tendencia se ve fortalecida por el aumento de las ratificaciones de los tratados internacionales y regionales que prevén la abolición de la pena capital.(29)

La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte se refleja también en el llamamiento formulado por 14 premios Nobel y otras figuras destacadas de todas las regiones del mundo, pidiendo a la Asamblea General de la ONU que establezca "una suspensión mundial de las ejecuciones con vistas a una abolición total."(30)

7. Llamamiento en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones

Habida cuenta de los crecientes motivos de preocupación sobre la aplicación de la pena de muerte y del impulso hacia la abolición, varios organismos intergubernamentales internacionales y regionales han recomendado el establecimiento de una suspensión mundial de las ejecuciones como paso hacia la abolición de la pena capital.

Entre 1997 y 2005, la ex Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución anual sobre la cuestión de la pena de muerte, en la que se pedía, entre otras cosas, a todos los Estados que mantenían todavía la pena de muerte que establecieran una suspensión de las ejecuciones.

Durante su Vigésimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado en Kigali (Ruanda) en noviembre de 1999, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos pidió a todos los Estados de África que mantenían todavía la pena capital que "consideraran la posibilidad de establecer una suspensión de la aplicación de la pena de muerte".(31)

En el párrafo 3 del preámbulo del Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, aprobado el 8 de junio de 1990 por la Organización de los Estados Americanos, se afirma que "la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte". Esta afirmación está en consonancia con la declaración presentada por 14 de las 19 delegaciones presentes en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y aprobada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, en la que se afirma: las "Delegaciones abajo firmantes […] declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte […] y [colocar] una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre".(32)

En la resolución 1560 (2007), adoptada el 26 de junio de 2007, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acogía con satisfacción la iniciativa actual en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones en la Asamblea General de la ONU de este año. Se afirmaba también que "una suspensión de las ejecuciones no es más que un paso en la dirección correcta, ya que el objetivo final sigue siendo la abolición completa de la pena de muerte en cualquier circunstancia".(33)

8. Petición urgente de Amnistía Internacional a todos los Estados miembros de la ONU

La Asamblea General de la ONU lleva muchos años adoptando medidas importantes para abolir y limitar la pena de muerte. En 1977, en la resolución 32/61, reiteró que "el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena". La Asamblea General de la ONU ha adoptado normas para limitar la aplicación de la pena capital y salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a muerte, aprobando, por ejemplo, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y refrendando las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte.

La Asamblea General de la ONU ha adoptado también resoluciones en las que se pedía a los gobiernos que suspendieran las ejecuciones y conmutaran las penas de muerte impuestas a determinadas personas.(34)

Desde que la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 32/61 hace 30 años, el mundo ha avanzado sin cesar hacia la abolición de la pena de muerte, con el compromiso que se refleja en las decisiones de los organismos intergubernamentales mencionados anteriormente. La adopción de una resolución en favor de una suspensión de las ejecuciones como paso previo para la abolición de la pena de muerte –en el 62º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU– supondría un hito importante en la consecución de este objetivo. La adopción de la resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano principal de la ONU en el que están representados todos los países miembros de la organización, constituiría una reafirmación enérgica y oportuna del compromiso de los Estados miembros de trabajar en favor de la abolición de la pena de muerte. La aprobación de una resolución por la Asamblea General de la ONU no impediría que un Estado impusiera penas de muerte o llevara a cabo ejecuciones. Sin embargo, la autoridad de una resolución adoptada por el órgano principal de la ONU en el que están representados todos los países miembros de la organización haría más difícil que los Estados que mantienen la pena capital siguieran ejecutando a personas y allanaría el camino para su abolición en todo el mundo.

Amnistía Internacional insta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que copatrocinen y voten favorablemente la propuesta de resolución de la Asamblea General de la ONU en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. Amnistía Internacional considera que dicha resolución debe incluir los siguientes elementos:

· Afirmar el derecho a la vida y declarar que la abolición de la pena de muerte es esencial para proteger los derechos humanos;

· Pedir a los Estados retencionistas que establezcan una suspensión de las ejecuciones como primer paso para la abolición de la pena de muerte;

· Pedir a los Estados retencionistas el respeto de las normas internacionales que garantizan la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte; y

· Solicitar al secretario general de la ONU que informe sobre la aplicación de la suspensión en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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(1) Véase http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=10002&criteria1=Rwanda&criteria2=, 27 de junio de 2007.


(2) Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción por considerarla una violación del derecho a la vida y a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.


(3) Véase http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=2407


(4) Véase resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, adoptada el 20 de abril de 2005.


(5) A/61/PV.81. Véase http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/61/PV.81&Lang=S


(6) Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General nº 6 (http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom6.html).


(7) Véase Amnistía Internacional, Irán: El ultimo verdugo de menores, Índice AI: MDE 13/059/2007.


(8) Véase Amnistía Internacional, Arabia Saudí: Decapitado por un delito cometido cuando era menor de edad, Índice AI: MDE 23/031/2007


(9) Véase Amnistía Internacional, USA: Supreme Court tightens standard on ‘competence’ for execution, Índice AI: AMR 51/114/2007.


(10) Para los informes del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, véase http://www.ohchr.org/spanish/issues/executions/index.htm. Para los informes de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, véase http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-esl.


(11) Para más información, véase República Popular


de China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación, Índice AI: ASA 17/015/2007, publicado en abril de 2007.


(12) Véase Amnistía Internacional, Egypt: executions imminent after unfair trials, Índice AI: MDE 12/020/2007.


(13) Véase Amnistía Internacional, Pena de muerte en Irak: Arbitraria e injusta, Índice AI: MDE 14/014/2007.


(14) Véase http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/76B41F40CD620DFAC1257264005D9A00?opendocument


(15) Véase http://www.amnestyusa.org/Fact_Sheets/The_Death_Penalty_Claims_Innocent_Lives/page.do?id=1101086&n1=3&n2=28&n3=99


(16) Véase Amnistía Internacional, "¿Será éste mi último día?": La pena de muerte en Japón, Índice AI: ASA 22/006/2006.


(17) Véase Amnistía Internacional, República Popular de China: La cuenta atrás hacia las Olimpíadas. El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos, Índice AI: ASA 17/046/2006.


(18) Voz de América, 9 de septiembre de 1996.


(19) Roger Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Oxford University Press, 2002.


(20) Declaración formulada por el Tribunal Constitucional de Sudáfrica al abolir en 1995 la pena de muerte por inconstitucional.


(21) Para una panorámica de la imposición de la pena de muerte en 2006, incluidos los casos mencionados en el presente apartado, véase Amnistía Internacional, Pena de muerte: Poner fin al homicidio estatal, Índice AI: ACT 50/011/2007.


(22) E/2005/3, párrafo 40


(23) Véase A/ HRC/4/78, párrafo 20 (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/4/78&Lang=S).


(24) Véase A/HRC/4/49, párrafo 60 (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/4/49&Lang=S).


(25) Para los datos y estadísticas de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, véase http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-statistics-esl.


(26) Las actas de la reunión están disponibles en http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/B0ACE4B6EF0F09BDC125729C00427038?OpenDocument


(27) Aunque algunos otros países, como Perú y Argentina, tienen leyes que permiten la imposición de la pena de muerte en el caso de delitos excepcionales (como los de traición o los cometidos en tiempo de guerra), ninguno de ellos ha llevado a cabo ejecuciones en los últimos años.


(28) Véase Amnistía Internacional, La pena de muerte: Preguntas y respuestas, Índice AI: ACT 50/010/2007.


(29) A fecha de 30 julio de 2007, los Estados Partes en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son 61 y los signatarios, 8; los Estados Partes en el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte son ocho y los signatarios, dos; los Estados Partes en el Protocolo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, referente a la abolición de la muerte, son 46 y los firmantes, 1; y los Estados Partes en el Protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, referente a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, son 39 y los signatarios, 6.


(30) Véase el sitio web de la asociación Hands of Cain: http://www.handsoffcain.info/chisiamo/index.php?idtema=20079


(31) Véase http://www.achpr.org/english/_doc_target/documentation.html?../resolutions/resolution47_en.html


(32) Véase OEA/Ser. K/XVI/1.2. Las delegaciones oficiales que firmaron la declaración fueron las de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.


(33) Véase supra.


(34) Véase, por ejemplo, A/RES/37/1, Exhortación a la clemencia a favor de combatientes sudafricanos por la libertad; A/RES/37/68, Nueva exhortación a la clemencia a favor de combatientes sudafricanos por la libertad; A/RES/44/1 Condena a muerte dictada contra un patriota sudafricano.




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