AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: IOR 52/002/2009

28 de abril de 2009

El Consejo de Seguridad de la ONU debe apoyar un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de Tinduf

Con ocasión de la votación que tendrá lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de abril de 2009 sobre la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), Amnistía Internacional ha enviado una carta a los miembros del Consejo en la que les pide que incluyan en el mandato de la MINURSO una función de vigilancia de los derechos humanos. La organización considera que la observación independiente de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, territorio anexionado por Marruecos en 1975, y en los campos de refugiados de Tinduf, situados en el sudoeste de Argelia y administrados por el Frente Polisario, es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de la población.

Poco después del despliegue de la MINURSO en septiembre de 1991, Amnistía Internacional ya había pedido con insistencia que la función de observación de los derechos humanos formase parte de su mandato, dada la persistencia de las denuncias de violaciones de derechos humanos, tanto en el Sáhara Occidental como en los campos de Tinduf situados en Argelia. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado esta medida. Por ello, el 24 de abril de 2009 Amnistía Internacional ha reiterado este llamamiento en una carta dirigida a todos los miembros del Consejo de Seguridad, en la que los insta a votar a favor de incluir un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, sobre todo porque las dos partes en conflicto se acusan mutuamente de cometer violaciones graves de derechos humanos y de explotar las cuestiones de derechos humanos para sus respectivos fines políticos.

En su informe más reciente sobre la situación relativa al Sáhara Occidental (S/2009/200), el secretario general reafirmó la obligación de la ONU de promover los derechos humanos en todas sus operaciones, a pesar de que “[l]as Naciones Unidas no tienen personal sobre el terreno para vigilar el respeto de los derechos humanos en el Territorio [el Sáhara Occidental] ni en los campamentos de refugiados cercanos a Tinduf”. Amnistía Internacional acoge con satisfacción que, en las deliberaciones que tuvieron lugar la semana pasada en el Consejo de Seguridad sobre la renovación del mandato de la MINURSO, varios miembros reconocieran la necesidad de solventar la falta de un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos.

El hecho de que en los últimos años hayan seguido cometiéndose violaciones de derechos humanos en la zona a pesar de la presencia de la MINURSO muestra claramente la necesidad de que la ONU tome medidas para mejorar la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el los campos de Tinduf. Si la MINURSO no cuenta con un mecanismo de derechos humanos, su función se verá socavada puesto que presenciará en silencio continuas violaciones de derechos humanos. Incluir una función de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO es un primer paso necesario para solucionar el problema. La renovación del mandato de la MINURSO brinda una oportunidad excelente para hacerlo.

Información complementaria

La situación de los derechos humanos en Marruecos ha mejorado desde los “años del plomo”, expresión referida al periodo comprendido entre 1956 y 1999, que se caracterizó por la represión de la disidencia política, la desaparición forzada de cientos de personas, los miles de casos de detención arbitraria y el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, este progreso se ha visto ensombrecido por las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas en el Sáhara Occidental.

Para las autoridades marroquíes, expresar una opinión favorable a la independencia del Sáhara Occidental sigue siendo tabú. Los partidarios saharauis del derecho a la autodeterminación y a la independencia de la región, así como los defensores de derechos humanos y los periodistas que han observado y denunciado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad marroquíes en este contexto, han sido intimidados, hostigados, procesados e incluso encarcelados. A los activistas saharauis se les sigue impidiendo registrar legalmente sus asociaciones mediante trabas administrativas de motivación política. Numerosos activistas saharauis de derechos humanos y de la sociedad civil han sido recluidos tras manifestaciones en las que se reclamaba el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y, según los informes, muchos han sido torturados o han sufrido otros malos tratos durante los interrogatorios.

Amnistía Internacional también ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la impunidad de las personas acusadas de cometer graves abusos contra los derechos humanos en los campos de Tinduf en las décadas de 1970 y 1980, como detención arbitraria y secreta durante periodos prolongados, tortura y malos tratos, muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. Es escasa la información independiente disponible sobre la actual situación de los derechos humanos en los campos de Tinduf.

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