Público

Amnistía Internacional

Cumbre de las Américas

Nuestro llamamiento en favor de los derechos humanos:

Mensaje de la membresía de Amnistía Internacional con ocasión de la IV Cumbre de las Américas

Cuando los líderes de naciones de toda América se disponen a reunirse en Argentina para celebrar la IV Cumbre de las Américas, los centenares de miles de mujeres, hombres y jóvenes que, del extremo norte al extremo sur de este hemisferio, son miembros de Amnistía Internacional insisten en que sus líderes garanticen que la mejora de la protección de los derechos humanos para todos los pueblos de América es su prioridad absoluta.(1)

Los líderes convocados tendrán en su agenda diversas cuestiones importantes y urgentes, todas las cuales hacen necesario el respecto estricto de las obligaciones para con los derechos humanos fundamentales contraídas en virtud los numerosos tratados y declaraciones interamericanos, que deben estar en el centro de la visión de cooperación e integración hemisféricas de la Cumbre. Lamentablemente, a pesar de su gran importancia para las personas que viven en América, los derechos humanos no han ocupado hasta la fecha una posición central en el proceso de la Cumbre.

El tema mismo de esta Cumbre, "crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática" hará necesarios fuertes compromisos de los gobiernos en materia de derechos humanos si es que sus intenciones son auténticas, ya que cada uno de los asuntos mencionados –trabajo, pobreza y gobernabilidad democrática– sólo se tratará debidamente si se aborda con el convencimiento de que todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Con este tema en mente, los Estados tienen la obligación específica de respetar, proteger y hacer cumplir el derecho al trabajo y a condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias; el derecho a la salud, la educación y la vivienda, y el derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión. El cumplimiento de todos estos derechos depende, a su vez, del respeto de otros derechos humanos esenciales, si es que se quieren alcanzar logros y mejoras sostenibles al tratar el tema de esta Cumbre.

La necesidad es real, y este es el momento. Las violaciones de derechos humanos continúan siendo la realidad cotidiana de miles y miles de personas en América. Las mujeres soportan grados increíbles de violencia y discriminación. La tortura, la detención arbitraria y otros abusos graves cometidos en el contexto de la denominada "guerra contra el terror" persisten en muchos países. Los pueblos indígenas del hemisferio luchan por conseguir que se reconozcan y protejan sus derechos fundamentales. En numerosos países, las comunidades marginadas y desposeídas viven en condiciones de extrema pobreza, sin que se respete su derecho fundamental a atención médica esencial, a un nivel decente de vida, a la educación y a una vivienda adecuada. Los conflictos armados, fomentados por las injusticias y facilitados por el comercio no regulado de armas, ponen en peligro a la población civil. Y los defensores de los derechos humanos afrontan represión y amenazas de muerte simplemente por atreverse a pedir que se cumplan las promesas que los gobiernos de América han hecho en materia de derechos humanos básicos.

Los miembros de Amnistía Internacional de América piden a sus líderes que hagan que esta Cumbre marque el comienzo de una nueva era para los derechos humanos en este hemisferio. Queda mucho aún por hacer, como conseguir auténticos progresos en las áreas expuestas a continuación.

I. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Ante los graves abusos contra los derechos humanos que se siguen cometiendo en América, resulta en verdad trágico que, hasta la fecha, nuestros gobiernos no hayan tomado medidas para fortalecerde manera significativa el sistema regional de derechos humanos, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos deben contraer compromisos firmes, concretos y ajustados a plazos para aumentar considerablemente los recursos disponibles para estas instituciones, en consonancia con el aumento del número de casos que se someten a su consideración y de los mandatos adicionales añadidos a su volumen de trabajo.

Asimismo, los Estados deben mejorar su trayectoria en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos. Para ello han de empezar por ratificar todos los tratados importantes de derechos humanos. Además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es de ámbito general, existen tratados y protocolos esenciales que tratan de los derechos económicos, sociales y culturales, la pena de muerte, la violencia contra las mujeres, la tortura, las "desapariciones" y la discapacidad. Hay dos países, Canadá y Estados Unidos, que tienen aún que ratificar alguno de estos tratados. Nueve países no han ratificado la fundamental Convención Americana sobre Derechos Humanos.(2) En un momento en que los miembros de Amnistía Internacional de América y del mundo entero están llevando a cabo un activo trabajo de campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres, es para nosotros motivo de especial consternación que tres gobiernos no hayan ratificado aún la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, único tratado de derechos humanos del mundo que se ocupa específicamente de la violencia contra las mujeres.(3)

II. LOS DERECHOS HUMANOS COMO BASE DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

En la mente del público, el proceso de la Cumbre va asociado desde hace mucho tiempo a la liberalización del comercio en el hemisferio y la creación de una posible Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Aunque la negociación de ésta última ha encontrado obstáculos, es evidente que nuestros gobiernos continúan avanzando hacia la liberalización del comercio y la inversión por medio de acuerdos bilaterales o disposiciones subregionales. El comercio entre Canadá, Estados Unidos y México está regulado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se han unido para formar MERCOSUR, y 15 naciones caribeñas han forjado un mercado común por medio de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Están surgiendo también acuerdos entre países más distantes. Estados Unidos ha estado negociando acuerdos comerciales con países de Centroamérica y con un bloque andino de Estados. Canadá ha firmado acuerdos bilaterales con Chile y Costa Rica. De fondo hay grandes proyectos de desarrollo económico e infraestructuras, como el Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Regional Andina, que tienen consecuencias de gran alcance para los medios de vida y los recursos locales.

Aunque estos acuerdos han creado nuevas oportunidades para algunos, a veces han coincidido también con un aumento de las desigualdades y un deterioro de las condiciones sociales, que menoscaban los derechos humanos de los sectores más pobres de la población. Los esfuerzos por fomentar nuevos acuerdos comerciales han ido también asociados al uso de la violencia y la represión contra quienes se oponen a ellos.

Los miembros de Amnistía Internacional de toda América han recordado ya anteriormente a sus gobiernos que tienen la obligación de garantizar que el desarrollo de nuevos acuerdos de inversión y comerciales no menoscaba el disfrute de los derechos humanos. Hemos considerado motivo de preocupación que los gobiernos no se hayan cerciorado debidamente de que los acuerdos comerciales propuestos se negocien de modo que los derechos humanos, en particular los de los grupos más vulnerables, queden protegidos de manera efectiva. En esta Cumbre, pedimos a nuestros líderes que se comprometan a realizar evaluaciones de los efectos en los derechos humanos antes de firmar un nuevo acuerdo de inversión y comercial, así como después de la aprobación de tal acuerdo. En estas evaluaciones se deben tener en cuenta todas las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, incluidas las contraídas en virtud de tratados básicos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional del Trabajo, así como las establecidas por el derecho internacional humanitario y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pedimos también a nuestros líderes que realicen las debidas consultas con quienes puedan verse afectados por las nuevas normas comerciales, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables.

Aunque la manifestación de muchas de las normas relacionadas con el comercio suele ser más evidente en los países en desarrollo que en los industrializados, recordamos a nuestros líderes que, como miembros de las Naciones Unidas, han prometido tomar acciones conjuntas e independientes para garantizar el respeto y la observancia universales de los derechos humanos para todos sin distinción. En virtud de tratados internacionales clave, los gobiernos tienen obligaciones de asistencia y cooperación internacionales, que abarcan garantizar que se respetan, protegen y hacen realidad los derechos humanos cuando emprenden acciones fuera de sus fronteras, incluida la negociación de acuerdos comerciales internacionales.

Los gobiernos tienen el deber primario de garantizar que la inversión en América se realiza cumpliendo plenamente las obligaciones internacionales para con los derechos humanos. Sin embargo, no deben ignorarse las responsabilidades de las empresas. Estás realizan a menudo sus actividades de una manera que contribuye a la comisión de graves abusos contra los derechos humanos. También ellas tienen la obligación de respetar y hacer valer los derechos humanos. Los líderes de la Cumbre deben apoyar el mandato del representante especial del secretario general de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el establecimiento de normas de derechos humanos de la ONU universalmente reconocidas, aplicables a las empresas, basándose en gran parte en las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos.(4)

III. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Las mujeres constituyen al menos la mitad de la población de América, pero la protección de sus derechos humanos básicos está todavía lejos de convertirse en realidad. Se dan, en cambio, grados alarmantes de violencia y discriminación contra las mujeres, que figuran entre los retos más acuciantes que se plantean en América y en el mundo entero desde el punto de vista de los derechos humanos. La violencia y la discriminación son, a su vez, impedimentos para que las mujeres y las niñas disfruten de todos sus derechos humanos.

Incontables mujeres y niñas sufren violencia a diario en cada rincón de América y no pueden contar con sus gobiernos para que les presten la protección y seguridad básicas que deben recibir por ser un derecho fundamental suyo. Amnistía Internacional ha publicado recientemente diversos informes sobra la violencia contra las mujeres en varios países de América, en concreto sobre:

· violencia contra las mujeres indígenas en Canadá y México

· alarmantes y persistentes pautas de asesinatos y desapariciones de mujeres en México y Guatemala

· violencia contra las mujeres en el contexto de la continua crisis de derechos humanos de Colombia.

Es hora ya de que los líderes de América demuestren que han asumido realmente el compromiso de hacer valer los derechos fundamentales de las mujeres, adoptando medidas efectivas que acaben por fin con esta violencia y discriminación. Los derechos de las mujeres sólo estarán protegidos si se toman medidas enérgicas para resolver algunas de las demás cuestiones destacadas en este documento, como la migración, la lucha contra la pobreza, la ratificación de los tratados aplicables, la consolidación de las instituciones hemisféricas de derechos humanos y la garantía de que las negociaciones sobre comercio e inversión se rigen por evaluaciones de los efectos en los derechos humanos en las que se tengan también en cuenta los efectos particulares sobre las mujeres.

El año pasado, los gobiernos establecieron un nuevo organismo intergubernamental que supervisará y monitorizará el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.(5) Este organismo no tiene, respecto de su órgano político, la independencia e imparcialidad necesarias para garantizar una evaluación efectiva e independiente del cumplimiento estatal de la Convención y corre el riesgo de verse comprometido por la existencia de intereses políticos entre los Estados. Los líderes de la Cumbre deben declarar su apoyo a la realización en el Estatuto de las modificaciones necesarias para asegurar su independencia e imparcialidad por medio de un proceso transparente.(6)

Los gobiernos deben también ayudar a reforzar la protección de los derechos humanos de las mujeres de América garantizando que han ratificado dos instrumentos esenciales de derechos humanos de las Naciones Unidas, a saber: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su importante Protocolo Facultativo, que ofrece a las mujeres la oportunidad de presentar denuncias en el ámbito internacional por violaciones de los derechos que les reconoce la Convención.(7) Las mujeres de América esperan la prueba de que sus gobiernos están dispuestos a tomar medidas reales para mantenerlas a salvo de la violencia y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales que deben garantizarles la igualdad en la protección y el disfrute de sus derechos humanos básicos.

IV. SEGURIDAD POR MEDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional sigue considerando motivo de gran preocupación que muchos gobiernos de América y del resto del mundo hayan aprobado en nombre de una mayor seguridad leyes, políticas y prácticas que facilitan o causan directamente diversas violaciones graves de derechos humanos, como tortura, detención arbitraria y discriminación. Hemos expresado preocupación por la detención de centenares de personas sin cargos ni juicio en Guantánamo. Hemos puesto de relieve cómo la política de "seguridad democrática" de Colombia ha dado lugar a graves abusos contra los derechos humanos. Hemos expresado nuestra preocupación ante muchos otros gobiernos de la región también. En todos los casos, hemos hecho hincapié en que la seguridad realmente global y sostenible sólo se conseguirá por medio del respeto estricto de todos los derechos humanos protegidos internacionalmente.

Esta Cumbre ofrece una oportunidad ideal para comprometerse explícita e inequívocamente con un programa interamericano de seguridad enteramente fundado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales para con los derechos humanos, incluidos la protección contra la tortura, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a no ser detenido arbitrariamente. Los líderes de América deben pronunciarse y condenar todas las situaciones en que se permiten, e incluso se justifican, violaciones de derechos humanos, como la tortura, en nombre de la seguridad.

Instamos a nuestros líderes a que vayan aún más allá y demuestren que están dispuestos a reforzar la protección de los derechos humanos de manera que se mejore la seguridad real de las mujeres, los hombres y las niñas y niños de América. Un modo decisivo de hacerlo consiste en abordar la impunidad subyacente muy a menudo a los abusos contra los derechos humanos. El mundo ha hecho un significativo avance al establecer la Corte Penal Internacional. Sin embargo, trece gobiernos(8) de América no han ratificado aún el Estatuto de Roma de la Corte ni han reconocido, por tanto, la competencia de ésta para garantizar que quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son juzgados. Deben hacerlo sin demora.

El comercio insuficientemente regulado de armas pequeñas y ligeras ha contribuido de manera significativa a gran parte de la inseguridad y de los graves abusos contra los derechos humanos que se cometen este hemisferio, y ha exacerbado la pobreza y el sufrimiento de incontables personas en toda América. Manifiesto en situaciones que abarcan desde el fenómeno de las bandas de Rio de Janeiro y Los Ángeles hasta el conflicto armado de Colombia, el comercio de armas en América está fuera de control, con un coste humano devastador e incalculable. Sin embargo, persiste. Estados Unidos es el origen de cerca de la mitad de las exportaciones mundiales de armas, parte de las cuales acaban en países como Colombia, donde no cabe duda de que han sido utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos. Nuestros líderes deber poner freno a este comercio mundial de muerte. Amnistía Internacional ha instado a la comunidad mundial a que apruebe una propuesta de nuevo tratado internacional que regule el comercio mundial de armas pequeñas y ligeras. Pedimos a todos y cada uno de los gobiernos de América a anuncien su apoyo a esta iniciativa lo antes posible.(9)

V. MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

En toda América, millones de personas viven desplazadas, por muchas razones distintas, pero casi siempre en circunstancias que son motivo de gran preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos. Muchas huyen de sus hogares debido a la guerra y a violaciones graves de derechos humanos; otras están desarraigadas causa de la pobreza absoluta y de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Pueden vivir desplazadas en su propio país o huir para buscar refugio, trabajo o mejores oportunidades económicas en otros países, vecinos o más lejanos. Desgraciadamente, el desplazamiento a menudo no trae consigo más que nuevos abusos contra los derechos humanos y persistencia de la inseguridad. Obligadas a cruzar fronteras ilegalmente y corriendo peligros y a vivir en otros países sin que se les reconozca la condición de inmigrantes legales, en América las personas migrantes están especialmente expuestas a sufrir explotación y violencia.

Quizás las más vulnerables de todas sean el gran número de personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que son objeto de trata para trabajar en el comercio sexual, el servicio doméstico, la agricultura y otras industrias en sus propios países y en otros. Su difícil situación suele quedar oculta y pasa en gran medida desapercibida; su vida se caracteriza por el asilamiento, el miedo y los abusos.

Sean los afectados las personas desplazadas internas de Colombia, las que huyen de la persecución en Haití o las trabajan sin condición reconocida en Estados Unidos, la migración y el desplazamiento figuran entre los problemas de derechos humanos más acuciantes de América. Resulta una terrible ironía que los gobiernos estén decididos a encontrar el modo de facilitar el flujo de bienes, servicios e inversión a través de las mismas fronteras que son causa de división, injusticia e incluso peligro para las personas que las cruzan.

Las fronteras de América tienen que servir de protección de los derechos humanos, no de testimonio de los abusos sufridos por tantas personas vulnerables. Pedimos a nuestros líderes que se comprometan con una visión de América en la que se hagan valer y se protejan los derechos de todos los migrantes y las personas desplazadas. Existen estrictas normas jurídicas regionales para la protección de los refugiados en América, incluida la amplia definición de refugiado adoptada en la Declaración de Cartagena de 1984 y el reconocimiento en el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del derecho a solicitar y a obtenerasilo. Pero los actos no siempre son un fiel reflejo de estas buenas palabras. Los líderes presentes en la Cumbre deben dejar claro que, en los ámbitos nacional, bilateral y multilateral, la legislación y las prácticas en materia de refugiados se ajustarán siempre plenamente a las normas internacionales.

Debe reafirmarse también la protección de los trabajadores migrantes. En el ámbito de las Naciones Unidas ha entrado en vigor un nuevo e importante tratado que se ocupa de los derechos básicos de los trabajadores migrantes y sus familias.(10) Sólo 10 naciones de América se han comprometido a ajustarse a este importante marco jurídico.(11) Pedimos a todos los demás que sigan su ejemplo, especialmente si acogen a trabajadores migrantes.

VI. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos indígenas siguen siendo uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en toda América. El hecho de que estén determinados a conservar sus singulares formas de vida y de que estas costumbres y prácticas sean esenciales para hacer realidad su derecho básico a la alimentación, la salud y el trabajo está en tensión constante con políticas y actitudes discriminatorias, que no respetan los intereses de los pueblos indígenas y no les permiten ejercer de un control significativo de su propia vida y su futuro. Como consecuencia de ello se cometen violaciones graves y generalizadas de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que Amnistía Internacional ha documentado.(12)

Dentro de la Organización de los Estados Americanos se está haciendo un esfuerzo por mejorar la protección de los derechos básicos de los pueblos indígenas mediante la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, aún proceso de elaboración. En el proyecto de Declaración se afirma que "los pueblos indígenas son sociedades originarias que forman parte integral de las Américas". Reconociendo esta identidad esencial, los líderes de la Cumbre deben asumir el compromiso firme de tomar medidas para abordar esta tragedia secular de derechos humanos.

Pedimos a nuestros líderes que expresen su apoyo incondicional a la aprobación de un proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas que brinde firme protección a los numerosos pueblos indígenas del hemisferio y no reste en absoluto valor a las normas internacionales incipientes sobre la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Declaración deber incluir la protección efectiva de las tierras, territorios y recursos esenciales para hacer realidad los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Asimismo, los líderes de la Cumbre deben demostrar que ejercen un liderazgo mundial a la hora de poner fin a la larga desatención de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América y en el resto del mundo, anunciando consultas con pueblos indígenas con miras a ratificar el importante Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes(Convenio 169) de la Organización internacional del Trabajo. Trece naciones de América(13) lo han hecho ya, y es hora de que otras sigan su ejemplo.

VII. LUCHA CONTRA LA POBREZA: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ESENCIALES

En la última Cumbre de las Américas, los líderes presentes en ella hicieron la declaración siguiente: "Nos comprometemos a realizar esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo, especialmente la reducción en un 50% para el año 2015 de la proporción de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema".(14) En la reciente Cumbre Mundial 2005, todos los líderes del mundo reafirmaron su compromiso con la consecución plena y a tiempo de estas metas, que se han dado en llamar "Objetivos de Desarrollo del Milenio".

El reto que se le plantea a nuestra región para alcanzar estos objetivos y hacer progresos demostrables en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de todas las personas de América es inmenso. La pobreza extrema es todavía una realidad terrible para muchísimas personas en todo el hemisferio, y existe el temor generalizado de que los actuales enfoques aplicados a la liberalización del comercio agraven la situación. Nueve naciones de América figuran entre los países de la mitad inferior del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.(15) Las condiciones de pobreza extrema y endémica de Haití fomentan, sin duda, la inseguridad y la violencia, que llevan decenios generando violaciones masivas de todos los derechos humanos en el país.

Queda mucho camino que recorrer para que se cumplan las promesas que los líderes del mundo hicieron al comenzar el milenio, cuando hablaron de hacer auténticos progresos ante cuestiones como el hambre extrema, el acceso a la educación, la igualdad entre hombres y mujeres, la falta de servicios básicos de salud y otros importantes obstáculos para el desarrollo verdaderamente equitativo y basado en los derechos. Los líderes de la Cumbre deben dejar claro que esta cuestión es de máxima prioridad en América.

No se trata sólo de compromisos políticos, sino de una obligación para con los derechos humanos, recogida en numerosas normas internacionales. Los líderes de América deben demostrar su compromiso con los derechos humanos tomando medidas concretas para hacer plenamente realidad los derechos económicos, sociales y culturales para todos. Deben también desistir de aplicar políticas que impidan de forma activa hacer realidad estos derechos humanos o que permitan a otros violarlos con impunidad.

Los líderes de América deben también demostrar que están dispuestos a ser juzgados y a rendir cuentas por su trayectoria en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ratificando el Protocolo de San Salvador, en el que se enumeran detenidamente estos derechos y se ofrece a los individuos un medio de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos cuando se viola algunos de ellos.(16)

VIII. PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Situadas en primera línea en los conflictos armados, trabajando para mejorar la difícil situación de las comunidades marginadas, exigiendo que se ponga fin a la violencia contra las mujeres, las personas defensoras de los derechos humanos de este hemisferio desempeñan una función decisiva en la protección de tales derechos en América. Sin embargo, en muchos países americanos sufren constantemente hostigamiento, violencia y amenazas de muerte por sus esfuerzos por apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y denunciar los abusos. Con demasiada frecuencia, el peligro procede de los propios gobiernos. En otros casos, los gobiernos no toman las debidas medidas a fin de brindar la protección necesaria para que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo en condiciones de seguridad y sin temor.

No han faltado buenas palabras de los gobiernos de América, prometiendo proteger a los defensores de los derechos humanos para que no sufran daño. En la última Cumbre de las Américas los gobiernos se comprometieron a promover y a hacer efectiva la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos.(17) Todos los años, la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución sobre los defensores de los derechos humanos, reconociendo la importancia de su labor y prometiendo proporcionarles seguridad. Pero en algunos países la defensa de los derechos humanos continúa siendo una labor que se realiza con miedo y con grandes riesgos. Los líderes de la Cumbre deben reconocer la legitimidad de los esfuerzos por defender los derechos humanos y garantizar que quienes lo hacen reciben la protección necesaria para ello. Todos los gobiernos deben comprometerse a elaborar planes nacionales para la aplicación de los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y a tomar de inmediato medidas concretas siempre que, en cualquier país, estas personas corran peligro.

NUESTRO LLAMAMIENTO EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los jefes de gobierno de América reunidos en Argentina con motivo de la IV Cumbre de las Américas deben tomar decisiones firmemente basadas en el respeto de los derechos humanos fundamentales. Los miembros de Amnistía Internacional de América instan a sus líderes a:

· Contraer compromisos firmes, concretos y con plazos específicos para aumentar los recursos de las instituciones interamericanas de derechos humanos.

· Ratificar todos los tratados de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador").

· Demostrar su compromiso con la protección de los derechos humanos de las mujeres ratificando la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo.

· Reforzar la protección que se brinda a las mujeres contra la violencia en América modificando el Estatuto y las Reglas de Procedimiento del mecanismo de seguimiento de la implementación de laConvención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de manera que se garantice la independencia e imparcialidad del mecanismo y se prevea la participación efectiva de la sociedad civil.

· Realizar evaluaciones de los efectos en los derechos humanos antes de firmar un nuevo acuerdo de comercio e inversión y después de su aprobación, teniendo en cuenta en ellas todas las obligaciones de los gobiernos para con los derechos humanos.

· Consultar debidamente con quienes puedan verse afectados por las nuevas normas comerciales, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables.

· Prestar un fuerte apoyo a la elaboración de normas de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos.

· Afirmar inequívocamente que la legislación, las políticas y las prácticas antiterroristas de América deben ser plenamente compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

· Poner freno a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos con medidas como ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y promulgar la legislación necesaria para su aplicación.

· Apoyar la creación de un tratado mundial para regular el comercio internacional de armas.

· Aprobar, reforzar y cumplir estrictamente leyes que protejan los derechos humanos básicos de los refugiados, los migrantes y las personas objeto de trata en América, con medidas como la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

· Ejercer presión en favor de la aprobación con prontitud de un proyecto firme de Declaración Americana de los Pueblos Indígenas y el inicio de una consulta con los pueblos indígenas sobre la ratificación del Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización internacional del Trabajo.

· Reafirmar el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

· Reconocer que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos del mismo valor que todos los demás, que son exigibles en contextos judiciales y cuasi judiciales y que entrañan obligaciones vinculantes para los gobiernos.

· Reconocer la función esencial de las personas defensoras de los derechos humanos a la hora de hacer valer estos derechos en América y proporcionarles la protección necesaria.

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA********

(1) Amnistía Internacional es un movimiento con más de 1.800.000 miembros en alrededor de 150 países de todo el mundo, que trabaja en favor de la observancia de los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos conexos. Es independiente de todo gobierno o grupo de gobiernos, ideología política, interés económico y creencia religiosa. Su único fin es asegurarse de que los derechos humanos se protegen y se observan de manera efectiva. Este llamamiento en favor de los derechos humanos es el esfuerzo conjunto de la membresía de Amnistía Internacional (AI) en Argentina, Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Jamaica, México, Perú, y Venezuela. Refleja los motivos de preocupación de la membresía de AI en todo el mundo.

(2) Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

(3) Canadá, Estados Unidos y Jamaica.

(4) Resolución 2005/69, de 20 de abril del 2005. El 13 de agosto de 2003, la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la ONU, aprobó las Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas, resolución 2003/16, doc. de la ONU E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).

(5) Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará": http://www.oas.org/CIM/Documentos/Violencia-%20MESECVI.%20EstatutoMecanismo.doc(MESECVI) y proyecto de normas de procedimiento.

(6) Las aportaciones al MESECVI deben hacerse sin perjuicio de las contribuciones económicas de los Estados a los mecanismos de protección ya existentes en el sistema interamericano de derechos humanos.

(7) Estados Unidos es el único Estado de América que no ha ratificado aún la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Catorce Estados del hemisferio han ratificado el Protocolo Facultativo, a saber: Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

(8) Bahamas, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia y Surinam no han ratificado aún el Estatuto de Roma.

(9) Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana han hecho ya esta declaración pública.

(10) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en vigor desde el 1 de julio de 2003.

(11) Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.

(12) Especialmente en recientes informes sobre Brasil, Canadá y México.

(13) Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

(14) Declaración de Quebec, abril de 2001.

(15) Belice (91), República Dominicana (95), Jamaica (98), El Salvador (104), Nicaragua (112), Bolivia (113), Honduras (116), Guatemala (117) y Haití (153), de un total de 177 naciones.

(16) Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Dominica, Estados Unidos, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago no han ratificado aún el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador"), que fue aprobado por la Organización de los Estados Americanos en 1988 y entró en vigor en 1999.

(17) Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada el 10 de diciembre de 1998. Entre las resoluciones pertinentes de la OEA figuran AG/RES. 2036 (XXXIV-O/04), de 8 de junio de 2004, y AG/RES. 2067 (XXXV-O/05), de 7 de junio de 2005: Defensores de Derechos Humanos:Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos yOrganizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción Y Protección de los Derechos Humanos en las Américas.