AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 12/007/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 110/06

28 de abril de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE120072006

Egipto: La independencia judicial se ve amenazada por actuaciones disciplinarias contra jueces

Amnistía Internacional siente grave preocupación por la independencia del poder judicial egipcio ante la noticia de que se han iniciado actuaciones disciplinarias contra dos jueces decanos debido a sus críticas del presunto fraude y otras irregularidades cometidas durante las recientes elecciones parlamentarias en Egipto. Según los informes recibidos, unos ocho jueces más deberán enfrentarse a procedimientos disciplinarios por motivos similares.

El 27 de abril de 2006, Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi, vicepresidentes del Tribunal de Casación, comparecieron ante una junta disciplinaria en el edificio del Tribunal Superior (Dar al-Qadaa al-‘Ali) de El Cairo por haber criticado abiertamente las irregularidades que enturbiaron las elecciones parlamentarias de noviembre y diciembre de 2005 y haber exigido que se llevara a cabo una investigación del presunto fraude electoral, del que, según se ha afirmado, fueron cómplices varios jueces próximos al gobierno.

La acción disciplinaria contra Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi representa un grave peligro para la independencia de la judicatura en Egipto en momentos en que crece la tensión entre las autoridades y la Asociación de Jueces en torno a un proyecto de ley sobre las funciones y competencias del poder judicial. Amnistía Internacional teme que esta medida esté relacionada con la firme postura pública de estos dos jueces, que han pedido más independencia para la judicatura y han condenado la falta de transparencia de las autoridades en lo que respecta al proyecto de ley.

Amnistía Internacional lamenta que Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi estén siendo sometidos a procedimientos disciplinarios por desempeñar sus funciones profesionales con integridad al denunciar el fraude electoral y por ejercitar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, algunos miembros de la junta disciplinaria han condenado públicamente las declaraciones formuladas por los dos jueces, hecho que acrecienta el temor de que no vayan a ser tratados con imparcialidad.

Las normas internacionales relativas a la salvaguardia de la independencia de la judicatura y la equidad de los procedimientos judiciales –incluidos los procedimientos disciplinarios instruidos contra jueces– hacen hincapié en que todas las actuaciones disciplinarias deben ser justas y deben conducirse de conformidad con las normas reconocidas de independencia e imparcialidad. Además, los jueces, como cualquier otra persona, tienen derecho a ejercitar el derecho a la libertad de expresión que les confieren la Constitución egipcia y los tratados internacionales de derechos humanos en los que Egipto es Estado Parte.

Amnistía Internacional considera que la adopción de medidas disciplinarias contra Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi y los actos de intimidación dirigidos contra otros jueces por desempeñar su tarea o expresar libremente sus opiniones violarían las normas internacionales y las disposiciones de la Constitución egipcia. Por añadidura, tales actos no serían coherentes con el deber de las autoridades egipcias de garantizar la independencia del poder judicial. Las autoridades deben iniciar un proceso consultivo de carácter transparente destinado a revisar la legislación que rige las competencias de la judicatura. Amnistía Internacional también exhorta a las autoridades a devolver la libertad a todas aquellas personas que hayan sido detenidas sólo por haberse manifestado pacíficamente en apoyo de estos jueces, y a investigar los abusos cometidos por la policía.

Impulsada por la preocupación que suscitan estas amenazas a la independencia de la judicatura, Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a extender de inmediato una invitación al relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados a visitar Egipto.

Información complementaria

Un grupo numeroso de jueces que se manifestaban en contra de la comparecencia de Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi ante una junta disciplinaria se enfrentaron con un fuerte contingente policial que impidió la marcha que pretendían realizar desde el edificio de la Asociación de Jueces al del Tribunal Superior y acordonó la zona. Además, los agentes de seguridad golpearon con palos a varias personas que habían acudido a manifestar su solidaridad con los jueces, impidiéndoles acercarse al edificio de la Asociación de Jueces, y detuvieron a no menos de 50 personas, entre ellas activistas políticos.

De acuerdo con los informes, ocho jueces más se enfrentarán a acción disciplinaria por haber criticado públicamente las irregularidades ocurridas durante las elecciones parlamentarias. Entre ellos están Muhammed al-Khidhiri, Ahmed Mekki, Yahya Galal, Ahmed Saber, Hisham Ginina, Issam Abdelgabbar, Naggi Derbala y Hossam al-Ghiryani.

El 15 de abril de 2006 se retiró la inmunidad judicial a Mahmoud Mekki y Hisham Bastawisi. Ambos son miembros de la Asociación de Jueces, un organismo profesional que representa a miles de jueces de todo el país. La Asociación se niega a aprobar los resultados de los comicios en varios centros electorales tras los incidentes de fraude denunciados por más de 100 jueces. La Constitución egipcia confiere a los jueces la potestad de supervisar las elecciones y refrendar sus resultados.

Muchos miembros de la Asociación de Jueces se han pronunciado categóricamente con respecto a la falta de transparencia que han demostrado las autoridades egipcias en la gestión de las enmiendas al proyecto de ley sobre la autoridad judicial. El proyecto fue presentado originalmente por la Asociación de Jueces con el propósito de obtener garantías de independencia para la judicatura. En él se aumentaba el número de cargos electivos en el Consejo Supremo Judicial (órgano que supervisa la postulación, el nombramiento, la asignación de puestos y la promoción de los jueces) y se convertía en electivo el cargo de presidente del Tribunal de Casación, que también oficiaría de presidente del Consejo Supremo Judicial. Actualmente es el Ministerio de Justicia el que decide la composición del Consejo Supremo Judicial.